En el último año, se ha continuado con el modelo basado en la degradación del litoral, con un balance de 67 casos de corrupción urbanística; si en 2007 se proyectaron tres millones de viviendas en la costa, ahora se le suman 137 nuevas actuaciones en infraestructuras portuarias, GREENPEACE* ha presentado hoy la octava edición del informe Destrucción a Toda Costa en el que se repasa la situación del litoral.
El documento analiza los 100 casos que revisten mayor gravedad en relación con el número de kilómetros de costa de cada una de las comunidades y ciudades autónomas.
Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, comparten este año el primer puesto de un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. Euskadi, Cantabria y Asturias les siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo.
La organización ecologista ha analizado en cada una de las regiones el estado de conservación de sus costas:
Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.
Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.
En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.
Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.
Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).
Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.
Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.
Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.
Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros.
Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.
En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.
Greenpeace considera que es el momento de cerrar la puerta a la sinrazón urbanística vivida en los últimos años. La importante crisis económica debería llevar a los gobernantes a tomar medidas contundentes. Factores como el descenso de la inversión extranjera, sobre todo la británica (donde ya no desgrava comprar una segunda residencia) o la aparición de nuevos destinos turísticos en el Mediterráneo, se han traducido en un acusado declive de ventas de casas en la playa de hasta un 70% como es el caso de Alicante.
Las administraciones son, o deberían ser, conscientes de esta realidad pero no hacen nada por remediarla, o cuando lo intentan ya es demasiado tarde. Durante 2008, se ha seguido sin poner freno real a las mayores amenazas de nuestro litoral.
El mayor problema de nuestras costas sigue siendo el urbanismo. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio -incluidos espacios naturales protegidos- para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables.
Los 67 casos de corrupción urbanística en los tribunales, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos, contabilizados durante 2008, ponen de manifiesto la enorme extensión y gravedad de la falta de transparencia y buena gestión llevada a cabo por los responsables.
La demagogia que rodea a las infraestructuras involucra a todas las administraciones. Como ejemplo, los puertos deportivos, ya que no existe ni una sola región que piense limitar el número de amarres. Tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales.
En algunos puntos de la costa, los elevados niveles de contaminación alcanzan cotas alarmantes: los polos químicos de Huelva y Tarragona o el estado de las rías gallegas deben ser solucionados sin dilación.
Mientras el desarrollo en la franja litoral siga parámetros insostenibles, jamás habrá agua para abastecer a visitantes y residentes. Se sigue permitiendo regar campos de golf con agua sin reciclar y las confederaciones hidrográficas consienten que se continúe robando agua.
El cambio climático está ya afectando a nuestro litoral con la aparición de numerosas especies marinas propias de los trópicos. La subida del nivel del mar provocará un retroceso de la línea de costa tanto en el Atlántico (con una subida estimada en 35 centímetros) como en el Mediterráneo (donde la elevación se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050).
El modelo de desarrollo económico basado en la construcción ilimitada a costa de los recursos y patrimonio natural de todos está, a la vista de los datos económicos, muy en entredicho. Greenpeace aboga por la urgente puesta en marcha de las siguientes medidas:
Finalización de la expansión ilimitada del urbanismo. Proteger la primera franja de 500 metros de la urbanización.
Aplicación de la Ley de Costas, terminar la delimitación del dominio público, eliminar las construcciones ilegales en el litoral y conservar los espacios costeros.
Puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales implicados.
Acabar con los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas y los espacios costeros. Fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
Creación de reservas litorales y marinas que permitan conservar amplios tramos y aseguren la recuperación de especies, muchas de las cuales tienen un elevado valor comercial.
La incógnita en este año es saber cuál va a ser la política de costas del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Greenpeace insta al nuevo Ministerio a que comience su andadura derribando el hotel construido ilegalmente en El Algarrobico (Almería), convertido en símbolo de la degradación costera de este país.
* Greenpeace - 02 julio 2008
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias./greenpeace.org
Greenpeace señala los puntos màs amenazados de la costa española por el urbanismo, las infraestructuras y la contaminación
Un juez ´tumba´ el programa que desarrolla otro plan parcial en La Vila
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INFORMACIÓN/Alicante* : La sección segunda del Tribual Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado la programación fijada para e desarrollo del plan parcial 15 "Poble Nou" en La Vila por considerar que el incremento de las cargas de urbanización, aprobadas en Pleno en 2004, son contrarias a derecho.
El edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, anunció ayer que desde el Consistorio de La Vila se van a revisar los sectores urbanísticos que sean susceptibles de haber caducado su procedimiento, es decir, que todavía no se hayan finalizado. Y es que el Plan General municipal de 1999 contemplaba 37 sectores a construir, pero sólo se han ejecutado cuatro. En este sentido también se pronunció el Diagnóstico del Plan General, que se expuso públicamente hace unos días en el Hogar del Pensionista del municipio vilero.
La sentencia implica que hay que recalcular las cargas urbanísticas de nuevo y descontar los honorarios por el seguimiento municipal y de la previsión de indemnizaciones del dinero, que tienen que pagar los vecinos afectados. Ahora deberá ser el urbanizador quien asuma estos gastos y no el vecino, como aprobó el Ayuntamiento en febrero de 2004.
La previsión de indemnizaciones hace referencia al pago por la eliminación de aquellos elementos existentes en el sector, que son incompatibles con la nueva urbanización, como por ejemplo, vallas, arbolado o edificaciones abandonadas. Estos gastos los asumirá el urbanizador tras la sentencia judicial. La sentencia desestima que se haya vulnerado el principio de pública concurrencia al "no apreciar beneficio alguno para el urbanizador que implique trato de favor a éste".
El edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, que fue quien interpuso el recurso contra la decisión del Ayuntamiento en 2004, gobernado por el PP, manifestó que "este conjunto de sentencias viene a demostrar la ligereza con la que el PP iba programando y desarrollando los sectores de planeamiento. Al fin y a la postre esta ligereza está dando unos resultados buenos para los vecinos y malos para los urbanizadores. Esperamos que no sea la última sentencia desfavorable, porque estamos pendientes de algún fallo judicial más".
El sector "Poble Nou" tiene una superficie de 41.169 metros cuadrados y es de uso turístico intensivo. El número de viviendas que contempla el citado plan parcial es de 30 viviendas por hectárea, por lo que sólo se edificarían unas 120 viviendas. Los metros cuadrados de techo del aprovechamiento, ya que todavía no está aprobado el proyecto de reparcelación, son 16.468.
* Información - C. F. - 02 de julio de 2008
Foto: Una imagen de ayer del sector PP-15 de La Vila, afectado por una nueva sentencia judicial/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
Madrid: El Ayuntamiento paga tres millones por un aparcamiento que iba a ser gratuito
ELPAÍS* : La falta de planificación y las prisas por acabar las obras antes de las pasadas elecciones le han supuesto al Ayuntamiento de Madrid pagar bastante más de tres millones de euros por un aparcamiento que en principio iba a salirle gratis. La historia tiene su miga.
Durante la pasada legislatura, la Concejalía de Seguridad y Transportes decidió construir un aparcamiento para residentes en la calle de Cándido Mateos, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. La idea consistía en adjudicar la obra a una empresa, que se haría cargo de la inversión, a cambio de que ésta fuera la que luego comercializara las plazas de aparcamiento. Pero el proceso tuvo irregularidades desde el principio.
El 7 de julio de 2005, el Ayuntamiento adjudica a la unión temporal de empresas Grupo Dico Obras y Construcciones-Aglomerados Daimiel la construcción de un aparcamiento con 547 plazas por 3,9 millones de euros. La empresa asume la obra y comienza los trabajos tras el verano de 2005.
Pero año y medio más tarde, a seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2007, la concejalía que dirige Pedro Calvo ordena modificar el proyecto porque se vincula la construcción del aparcamiento al túnel que se está construyendo entre la calle de Sor Ángela de la Cruz y la M-30. El Consistorio quiere que el estacionamiento vaya debajo de este túnel, por lo que se tiene que modificar el proyecto, y con él los plazos. La modificación supone un incremento del presupuesto de 3.382.408 euros. Un dinero que tiene que pagar el Consistorio, porque la modificación no aparecía en el proyecto firmado por las empresas cuando se les adjudicó la construcción del aparcamiento, y, por tanto, éstas no están obligadas a asumir el gasto extra.
Y hay que hacerlo rápido. El túnel y, por tanto, el aparcamiento tienen que estar terminados el 14 de abril, un mes antes de los comicios. Y ya se sabe lo bien que lucen las inauguraciones en época electoral.
El director general de Movilidad del Ayuntamiento, Fernando Autrán, explica que hubo que cambiar el diseño del aparcamiento. "Se estaba haciendo con la técnica habitual a cielo abierto. Pero el nuevo subterráneo obligó a cambiar el proyecto y hubo que hacerlo en mina [como un túnel]", explica Autrán, que reconoce el hecho: "Al modificar el proyecto, tuvimos que asumir el nuevo coste".
El concejal de IU responsable de Obras e Infraestructuras, Daniel Álvarez, califica el asunto como "una chapuza del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que sale muy cara a los madrileños". Y agrega: "Es un ejercicio más del descontrol y la descoordinación de este Ayuntamiento y un ejemplo del interés que para este alcalde tienen las arcas municipales, que utiliza para su interés electoral".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalaba en mayo de 2007 que "el Ayuntamiento convocó el concurso en 2005 sin seguir todos los trámites administrativos". Y, según reconocen los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, "la urgencia en la realización de estas obras impidió el cumplimiento jurídico-administrativo correspondiente". Así lo reconoce también el Tribunal Superior, que establece en una sentencia, motivada por una denuncia del Grupo Socialista, que "la contratación fue aprobada y el anuncio de licitación publicado antes de que hubiera concluido el trámite de información pública".
Los responsables municipales no expusieron el concurso a información pública para ganar tiempo. Una chapuza administrativa que costó más de tres millones de euros.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 02/07/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
El Consell aprueba el PAI de 1.200 casas de Montserrat sin el informe de la CHJ
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LEVANTE* : La Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de la Generalitat Valenciana ha dado luz verde al programa de actuación integrada (PAI) que prevé la construcción de más de 1.200 viviendas y un campo de golf en los municipios de Montserrat, Torrent y Picassent a pesar del informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre los recursos hídricos, que señalaba que "no ha quedado acreditado el origen de los recursos hídricos".
El portavoz del Ministerio de Medio Ambiente en la CTU celebrada el 28 de mayo hace suyo el rechazo de la CHJ y recuerda que la Ley de Aguas "exige [...] el informe previo preceptivo de la confederación hidrográfica".
Con estas palabras desautoriza el informe de disponibilidad de recursos hídricos presentado por la promotora de este PAI, Mas Vilanova SA, y realizado por la suministradora Aquagest Levante, que alega que la compra por parte de la promotora del Pou del Vicari garantiza no sólo los recursos suficientes sino "la capacidad de cederlos, como [...] se ha venido haciendo para el riego, sin poner en riesgo la disponibilidad futura de recursos hídricos del mismo ni causar sobreexplotación". Sin embargo, el representante del ministerio hace referencia al reciente auto del Tribunal Superior de Justicia sobre la aprobación del plan parcial El Pinaret de Ador, que establece que el informe del organismo de cuenca es preceptivo y que el informe que pueda emitir una entidad suministradora "no puede sustituir" al del organismo de cuenca y que el estudio previo de la CHJ "es requisito necesario" para aprobar un instrumento de planeamiento.
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó, Alzira - 02 de julio de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
El fiscal denuncia al alcalde de Otura por prevaricación
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ELPAÍS/Granada* : Un promotor dio a conocer los hechos que han llevado al fiscal a denunciar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), y a cuatro ediles más por supuesta prevaricación. Fue un contraataque.
Previamente, el regidor había acusado de extorsión al promotor, después de que éste presentara un recurso en el Ayuntamiento en el que se oponía a la entrega de unas viviendas de su empresa porque tenían "defectos" que debía subsanar la constructora Alcuba, que estaba a cargo de las obras.
Según el empresario, la Junta de Gobierno local había acordado por unanimidad conceder licencias de ocupación a las viviendas sin haber finalizado la obra de urbanización. Además, según la denuncia, los ediles prescindieron, a su vez, del preceptivo informe jurídico sobre la legalidad de los hechos, pese a la advertencia del secretario municipal. Lo hicieron dos veces para conceder en total licencias de ocupación a 50 viviendas.
"Múltiples deficiencias"
Además de que no estaban terminadas tenían "múltiples deficiencias", según la denuncia presentada por el empresario. Sin embargo, el Ayuntamiento les dio luz verde después de que los solicitara la constructora Alcuba. La empresa pidió después la recepción parcial de las obras de la urbanización, pero el arquitecto municipal emitió un informe negativo.
Entre otras cosas, según el empresario, la obra no se ajustaba a los plazos y ni la red de abastecimiento ni la de saneamiento estaban a punto. Pese a ello, la Junta Local acordó recepcionarlas, sin hacer referencia a su carácter parcial, lo que supuestamente obliga a la constructora a subsanar las deficiencias en 90 días.
El empresario sostiene que después de pasados sólo 15 días y el alcalde ordenó al técnico municipal que emitiera un informe sobre la subsanación, aunque para ello no le permitiera ni siquiera realizar una inspección de las obras. El informe volvió a ser negativo, pero el alcalde dictó una resolución dando por subsanados todos los defectos.
Finalmente, la obra se recepcionó pese a carecer de los "mínimos elementos necesarios", según el fiscal, que cree que la "voluntad personal" del alcalde se impuso contra todo criterio jurídico y aplicable en este caso. El PSOE ha solicitado ya la dimisión de Fernández-Sanz.
+ ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 02/07/2008
Foto: Otura (Granada), ayuntamiento - foro-ciudad.com
Tapian con ladrillos una de los locales de Triball en Ballesta para criticar la 'privatización' del barrio
EUROPAPRESS/Madrid* : El grupo activista 'Rompamos el Silencio' tapió con ladrillos anoche la fachada del local situado a la altura del número 9 de la calle Puebla, en Madrid, perteneciente al grupo empresarial TriBall, con el objetivo de "señalar a los especuladores" y criticar a quienes "intentan eliminar la vida pública mediante la privatización de los barrios".
La acción ha transcurrido con absoluta normalidad y sin incidentes, en tiempo récord. "Estaba preparada para ser realizada con publicidad, de cara al vecindario, puesto que queremos que sepan que es un acto legítimo", indicaron los organizadores.
La empresa TriBall ha procedido en los últimos meses a la compra de numerosos locales en la zona del Triángulo de Ballesta con la intención de modernizar y revitalizar el barrio a través de la instalación de tiendas.
'Rompamos el silencio' criticó que este grupo de empresarios ha "comprado" el barrio mediante estrategias de "mobbing inmobiliario" con la intención de "privatizarlo". "Quieren hacer un barrio para nuevos ricos, en el que sólo quepan locales de vanguardia, galerías de arte y donde el vecindario no tenga opción de opinar cómo quieren que sea su barrio. El mejor ejemplo es que la empresa ha negado espacios a ciudadanos chinos para la instalación de locutorios o tiendas de alimentación porque no los quieren en el barrio", señaló.
Según la organización, TriBall cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y desde su llegada la presencia policial se ha intensificado, han instalado cámaras de vigilancia y se ha procedido a peatonalizar algunas calles.
"Queda claro el sesgo elitista, excluyente e incluso xenófobo del proyecto. Por ejemplo, TriBall aclara que no va a alquilar locales para tiendas de alimentación regentadas por ciudadanos chinos o locutorios para la comunidad latinoamericana, ya que ese tipo de negocio no encaja en la filosofía de barrio que pretendemos extender", concluyeron los activistas anticapitalistas.
* Europa Press - MADRID, 1 Jul 2008
Foto: Madrid, contra especulación Triball - rompamoselsilencio.net
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rompamoselsilencio.net
