Por un buen puñado de ladrillos

ELCORREO/Lugo* : Si los muertos se levantasen de sus tumbas... Nuestros antepasados celtas duermen bajo nuestros pies, en inmensos cementerios ocultos por las colinas. Pero en pleno imperio del ladrillo, los osados vivos levantan grandes urbanizaciones residenciales sobre los campos de Breogán. El neblinoso paisaje de A Mariña lucense sufre las afrentas de los señores del cemento. Lo más impactante: la construcción de 100 viviendas sobre el castro de Atalaia, en Cervo.

La entidad Adega relata los hechos, propios de un western moderno y ecologista. El Ayuntamiento de Cervo le otorgó tres licencias al constructor, "cando ambos os dous sabían que no terreo hai un importante xacemento arqueolóxico". Patrimonio ordenó la paralización de las obras, pero el Ayuntamiento no comunicó el mandato hasta cuatro días después. Según Xosé Chao, portavoz de Adega en A Mariña, "a construción parou durante un tempo, pero xa desfixera o castro e ó final mesmo a Xunta permitiu que seguise a urbanización".

Adega denuncia además la aparición de auténticas piezas de gran valor arqueológico en las escombreras de la constructora Promociones San Ciprián. Las palas devoraron los restos del castro, y depositaron cerámicas celtas en la basura, según los ecologistas, que también denuncian aberraciones en Cervo. Sólo con realizar un viaje en tren hasta Ribadeo se advierten polvorientas sorpresas: fábricas de aluminio junto al mar, urbanizaciones de chalés abandonados en los acantilados...

Entre las peores pesadillas para un amante de la naturaleza figuran los vertidos en la ría de Foz. Según Chao, "a situación é moi grave, nunha zona de bastantes turistas, onde tódolos verquidos chegan directamente ás augas da ría". Los morbosos pueden consultar esta realidad en un vídeo colgado en YouTube. ¿Otro litoral en peligro? Atención a esta posibilidad, purita contradicción: se planea la instalación de una nave de descarga de madera en la ría de Ribadeo. Sí, en plena reserva de la biosfera.

Y como señales de un mundo mejor nos quedan las obras paralizadas en los concellos de Foz o Barreiros, gracias al talante de Política Territorial. Solamente así los muertos se pueden tomar su esperada venganza, como en una recreación celta de Infierno de cobardes.

Los Razzies del cemento, ese premio Dioxina: Los ecologistas también tienen sus Premios Naranja y Limón. El más agrio recibe el nombre de Dioxina, una especie de Razzie o Anti-Oscar a la agresión ambiental del año. Y en 2007 lo recibió el alcalde de Foz, Alfonso Villares, "por cómplice do estragamento do castro da Atalaia". Aquí lo tienen, acorralado junto al mar frente a las obras más voraces.

Tesoros entre la basura y las palas

Aquí vemos la excavadora de la empresa campando a sus anchas sobre el castro. Adega recogió piezas de molinos y cerámicas de las escombreras, y las entregó al Seprona. Fechas para olvidar: del 10 al 14 de diciembre 50 camiones vaciaron arenas con restos arqueológicos frente a la gasolinera de Cervo. Se han encontrado desde columnas a tejas romanas. Incluso se teme que las futuras voladuras para continuar con la urbanización afecten aún más al castro. Las zonas intactas están junto a los barrenos.

En plena Reserva de la Biosfera

Con gaitas y empanada se celebró la declaración de la ría de Ribadeo como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Pero ahora se teme la instalación de una nave de descarga de madera en el muelle comercial. Los trámites partieron de Portos de Galicia. Los pescadores ya han mostrado su oposición. Ahora resulta difícil regenerar lo erosionado en el norte. Pese al derribo de las antiguas casetas en las playas, en los 90 se aumentó el volumen de las edificaciones. Muchas dunas se han perdido por el camino.

! EN CLAVE

Diez años de paseo marítimo en Xove

Sólo una década duró el paseo marítimo de Xove, con sus estructuras sobre la playa de Esteiro. Según recuerda Adega, "foi tumbado polo mesmo organismo que o construiu, a Dirección Xeral de Costas". Los antiguos paseos de cemento y losas, donde sólo faltan las gárgolas, desaparecen de nuestra fachada norteña. Poco a poco se ha optado por ligeras pasarelas de madera y senderillos camuflados entre la arena de las playas.

Aquellos hoteles ahora en ruinas

No tenemos que estrujarnos mucho el cerebro para acordarse de algún rascacielo junto a la playa. O incluso sobre una isla pequeña como una finca de pastar las vacas. Adega cita como cambio de rumbo en A Mariña la demolición de la estructura de seis plantas de un hotel en Foz. Se alzaba inconcluso en la playa de Areora, y se cayó preso de su propia ambición.

El simbólico caso de los 300 de Barreiros

Un buen día la actual Xunta decidió poner freno al urbanismo caníbal. Interpuso contenciosos contra cuatro promociones de Barreiros, ya vendidas y en distintas fases de construcción. En un principio, la medida afectaba a 300 viviendas. Pero se sumaban a otras 350 denunciadas anteriormente. La cifra real podría llegar a 3.000.

Un viaje contra la muerte del bosque

Muchos domingos, Adega organiza rutas por el paisaje de A Mariña: en bus, en tren y a pie para ofrecer alternativas a los paseos marítimos. No se olvidan los impactos: las futuras piscifactorías en Ribadeo. Y se vigila la conservación del pasado: castro das Grobas, donde se localizó la Diadema de Ribadeo expuesta en el Louvre.




* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA • A MARIÑA (LUGO) - 26.05.2008
Foto: Cervo (Lugo), viviendas sobre castro - elcorreogallego.es

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En Ciudad del Campo se edifica un barrio para 5.000 vecinos sin parques ni colegios

LAPROVINCIA/LasPalmas* : La nueva Ciudad del Campo ha pasado de ser una loma deshabitada rodeada de vegetación autóctona a convertirse en un auténtico barrio dormitorio en el que se edifican varios bloques de edificios que en un futuro muy próximo acogerán al menos a 5.000 habitantes.

Esta masificación de viviendas, sin embargo, no viene acompañada por los lógicos equipamientos sociales, culturales y deportivos y los pocos espacios libres que recoge el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) se localizan en laderas muy empinadas y poco propicias para parques.

Colectivos ecologistas e incluso los futuros inquilinos de las viviendas que aún se edifican en la zona piden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tome alguna medida para evitar que el barrio se siga colmatando y se convierta en una especie de Manhattan en medio del campo, un campo con protección medioambiental. "Todos estos edificios se están construyendo dentro del Paisaje Protegido de Pino Santo y corremos el riesgo de que se sigan dando licencias de construcción y que el cemento acabe invadiendo el suelo de protección paisajística que rodea a Ciudad del Campo y llegue hasta San José del Álamo", advirtió Fidel Suárez, del colectivo ecologista Atamarazayt.

El Plan Parcial Ciudad del Campo comprende una superficie superior a los 200.000 metros cuadrados para construcción y sólo 45.000 metros para espacios libres, casi todo suelo en pendiente. Además, incluye una parcela de 17.000 metros de uso cultural, justo el cenit de la loma, donde se hallan los restos de una ermita y un yacimiento declarados bien de interés cultural y que los ecologistas lograron salvar del cemento.

La mayor parte de las nuevas edificaciones están promovidas por el Gobierno de Canarias a través de Visocan y el Instituto Canario de Vivienda, que han encargado un millar de casas de protección oficial y promoción social. Se espera que en un año se instalen en el barrio hasta 4.000 personas en estas casas, a las que hay que añadir las de las promociones de venta libre (edificios y dúplex) con casi un millar más de viviendas.

Todas estas familias no contarán con colegios, ni parques, ni centros de salud, ni canchas deportivas, ni local social. Aunque el PGMO recoge espacio para esas dotaciones, ninguna administración se ha molestado en promoverlas al mismo tiempo que las viviendas, como hubiera sido lógico.





* La Provincia - RAÚL GIL - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 26.05.2008
Foto: Vista de Ciudad del Campo, con viviendas en construcción. ANDRES CRUZ, laprovincia.es

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San Roque: Verdemar-EA denuncia un presunto delito contra el patrimonio histórico

SUR/Cádiz* : Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que ha presentado una denuncia por un presunto delito contra el patrimonio histórico ante la Fiscalía de Medio Ambiente informando de la aparición de «numerosos restos arqueológicos» en las obras de un emisario submarino de la Central Térmica Bahía de Algeciras, en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga, donde «no existe seguimiento arqueológico».

En la denuncia, los ecologistas aludieron a la construcción de este emisario submarino para el vertido del agua de refrigeración de una nueva central térmica de ciclo combinado, promovida por Viesgo Generación S. L., «ocasionando grandes movimientos de tierra y perforaciones en el medio marino».

Con motivo de estas perforaciones a ras del mar «están apareciendo numerosos restos arqueológicos, consistentes en restos de ánforas, platos, restos de tumbas, etcétera». Algunos de ellos están siendo recogidos por los vecinos que, según indicaron al colectivo, están entregando a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Debido al «alto potencial arqueológico de la zona», el colectivo ecologista consideró que podría tratarse de «un asentamiento de gran interés» y, sin embargo, «no existe seguimiento arqueológico, ni por responsables del Ayuntamiento de San Roque ni por la Consejería de Cultura».

Asimismo, matizó que «tampoco ha existido un estudio arqueológico previo al inicio de las obras», basándose en los hallazgos aparecidos.

Por ello, solicitó a la Fiscalía que, tras realizar las primeras e indispensables actuaciones averiguatorias, ordene la paralización de las obras en vías de la preservación del patrimonio histórico de la zona, así como su estudio y, en caso necesario, su puesta a disposición de la administración competente.

En esta zona sanroqueña, próxima al yacimiento arqueológico de Carteya, es muy común la aparición de restos de civilizaciones asentadas en la comarca.




* SUR - 26.05.08 -AGENCIAS
Foto: San Roque (Cádiz), Puente Mayorga - mma.es

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Los ayuntamientos y el Consell han dejado de pagar decenas de millones de la «ecotasa»

LEVANTE/Valencia* : La caja común que iba a nutrirse del dinero que ingresaran las administraciones más consumidoras de suelo, agua o energía para distribuirla entre los ayuntamientos más modestos, como si fuera una especie de Robin Hood urbanístico, no arranca. Como se trata de que la Generalitat y los ayuntamientos se rasquen los bolsillos, la apatía es total.

Esta especie de caja común con fines sostenibles se creó en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp), en vigor desde julio de 2004.

El denominado Fondo de Equidad Territorial debía nutrirse de las cuotas de sostenibilidad que se pagarían por reclasificar suelo (de rústico a urbano), y consumir agua, energía o generar gases contaminantes de efecto invernadero más allá de unos límites que debían ser establecidos por el Consell. Aún se tardarían dos años, en mayo de 2006, en aprobar los «umbrales de sostenibilidad» previstos el Rogtu (el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística). Esta ecotasa (palabra que rechaza el Consell) se calculaba con una fórmula matemática. Y el resultado era que cada ayuntamiento tenía que pagar 6 euros por cada metro cuadrado de suelo reclasificado (si el nuevo sector superaba el 20% de su superficie urbanizada). Este dinero debía abonarlo el consistorio implicado por su cuenta y no podía repercutirlo ni a los promotores ni a los propietarios del suelo.
La Generalitat también debía colaborar en el Fondo de Equidad Territorial. Según la Lotpp «el 2% del presupuesto asignado por las administraciones públicas locales y autonómicas destinado a la ejecución de cualquier tipo de proyecto de infraestructuras sobre suelo no urbanizable (carreteras, ferrocarril, a excepción de las agrarias) debía ingresarse anualmente en esta especie de caja común para la sostenibilidad.
El PP también incluyó el Fondo de Equidad Territorial en las 1.700 propuestas de su programa electoral donde se comprometía a que los municipios que menos contaminaran (propuesta 1.159), la política forestal (propuesta 1.229) o los programas de restauración paisajística (propuesta 1.278) recibieran cada uno, «al menos» el 30% de los recursos anuales destinados al fondo.

Cuatro años después de que entrara en vigor la Lotpp, otros dos desde la aprobación del Rogtu y uno después de la victoria electoral del PP... ¿Cuánto dinero se ha ingresado? «Sólo se ha previsto un ingreso de Fondos Feder de la Unión Europea para el ejercicio de 2008 de 116.000 euros», según ha admitido el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, al diputado socialista en las Corts Francesc Signes, en una respuesta parlamentaria.

La Generalitat calculó en sus presupuestos que los ayuntamientos ingresaran 2,8 millones de euros en 2007 y 2 millones en 2008, «pero lo cierto es que no consta que se haya recaudado cantidad alguna por la inacción autonómica». Del mismo modo, «la Generalitat ha incumplido la obligación legal de destinar el 2% del presupuesto total destinado a infraestructuras viarias, ferroviarias o portuarias al Fondo de Equidad Territorial», según Francesc Signes. ¿De qué cantidades hablamos? En 2005, la Conselleria de Territorio calculaba que se reclasifican unas 3.000 hectáreas de suelo anuales (300 millones de metros cuadrados). A seis euros por metro cuadrado reclasificado, (aunque no se pagaría por todos) el Consell podría ingresar entre 900 y 1.800 millones. El presupuesto de la Conselleria de Infraestructuras en 2008 era de 509 millones de euros. El 2% son 10,1 millones de euros.

Signes: «Es un año perdido»

«Ni han ingresado ni han recaudado nada para el Fondo de Equidad Territorial, según admite conseller de Medio Ambiente en una comparecencia parlamentaria del día 15 de abril», asegura el diputado socialista, Francesc Signes. Además de admitir que «no se ha aportado cantidad alguna para dichos Fondos también reconoce que ni tan siquiera se ha aprobado Plan o programa de sostenibilidad alguno», explica el representante del PSPV. Si a ello se le une «que por cualquier proyecto que se le pregunta como el PAT de l´Horta, del litoral, el de riesgo sísmico o la Estrategia Territorial, el conseller sólo responde: "Estamos trabajando en ello", la conclusión es que el primer año de García Antón al frente del Urbanismo es un año perdido», critica Signes.






* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 26.05.2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Los vecinos de Jaén recelan ante la demolición de chalés inundables

ELPAÍS* : Pedro de la Torre lleva más de 20 años viviendo en la barriada jiennense de Los Puentes, junto a los ríos Eliche y Quiebrajano, y desde entonces, dice, viene escuchando una promesa tras otra de los políticos locales y nacionales para acabar con la situación de zozobra permanente que padecen los centenares de ciudadanos que, como él, viven pendientes de que el río se enfurezca.

La última vez que lo hizo fue en la madrugada del pasado día 9, inundando más de un centenar de viviendas y dejando una imagen devastadora en una zona residencial que, desde hace medio siglo, ha ido creciendo de manera desordenada y sin control urbanístico alguno, proliferando los chalés situados a escasos metros del cauce del río ante la pasividad de las distintas corporaciones locales.

"La verdad es que los políticos sólo vienen a echarse la foto cuando hay alguna inundación, pero ellos son los culpables de que esto ocurra por tener abandonados los cauces de los ríos y retrasar año tras otro las obras del nuevo encauzamiento y de la presa de contención", comenta Pedro, que vio cómo la última riada le anegó toda su parcela, en el paraje de Valdecañas, y lo que es peor: cortó los accesos dejándoles sin poder salir durante dos días.

Las inundaciones de hace dos semanas trajeron a la memoria las ocurridas en el verano de 1996, y otras posteriores que se llevaron por delante la vida de una mujer.

Al día siguiente de la riada del pasado día 9, se anunció que en enero comenzarán las obras de la presa de contención y, esta misma semana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado los trabajos para deslindar la zona de dominio público hidráulico, paso previo para acometer un nuevo y más adecuado encauzamiento del río.

El deslinde es, sin duda, la medida más temida por los vecinos, pero también por los políticos. ¿Por qué? Según un estudio de la Confederación del Guadalquivir, habrá que demoler al menos 155 chalés por estar a menos de 50 metros del cauce del río y tener un riesgo alto de inundación.

Consciente de lo controvertida de la medida, la Confederación ha tenido que pedir la colaboración de las asociaciones vecinales para que los trabajos se realicen de la manera más pacífica posible. "Demoler los chalés debe ser la última solución, porque tendrán que darle alguna alternativa a los que sólo tienen esa casa para vivir", asegura Rafael Martos, el dueño de un chalé que tuvo más suerte que otros y apenas resultó dañado.

Resulta curioso cómo proliferan los carteles de empresas ofreciendo sus servicios de desatranques, pero también los de pintores y limpiadoras, conscientes de la premura de los vecinos para tener sus chalés a punto para el verano. Muchos, sin embargo, han decidido poner su vivienda a la venta, sabedores de que tienen las horas contadas una vez se ejecute el deslinde.

Dos semanas después de las inundaciones, la zona del Puente de la Sierra aún conserva las huellas más devastadoras: huertas anegadas, caminos intransitables y un cauce del río lleno de maleza. Desde entonces, los camiones habilitados por el Ayuntamiento se afanan por retirar todo el lodo y los escombros. Cada día son más de 50 los viajes que da un camión de 20 toneladas, es decir, se han retirado más de 15.000 toneladas en dos semanas. En algunas viviendas las manchas en las paredes demuestran que el agua superó el metro de altura. En la única de tienda de comestibles del barrio el agua alcanzó casi el medio metro y dejó inservibles frigoríficos y numerosos víveres.

El deslinde que esta semana ha empezado a realizar la Confederación tendrá una extensión de 40 kilómetros en cinco tramos de los ríos Eliche, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón. Los vecinos tienen un plazo de tres meses para alegar, pero la decisión política de hacer frente a una verdadera patata caliente -las notificaciones del deslinde se han demorado durante cuatro años- para anteriores corporaciones parece imparable.

"Nadie desde el Ayuntamiento ha tenido la responsabilidad política de asumir este tema porque no le ha convenido políticamente, pero por conveniencia política no se puede estar poniendo en peligro por más tiempo la seguridad de la gente", recalcó la alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, tras reunirse con los representantes vecinales.





* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 26/05/2008
Foto: Jaén, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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La Lei de Vivenda no prohibirá al final a los alcaldes ser promotores

LAVOZDEGALICIA* : La Consellería de Vivenda ha tenido que desistir finalmente en su pretensión de que la futura ley gallega del sector prohíba expresamente que los alcaldes puedan compatibilizar esa función con actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria en los municipios que gobiernan, como establecía el artículo 16 del anteproyecto legislativo.

El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas suprimirá ese artículo para favorecer que el borrador, que lleva dos meses estancado a la espera de su entrada en el Consello de la Xunta, pueda superar las objeciones que planteó la Consellería de Presidencia a esa regulación de la figura del alcalde promotor. Presidencia sostenía que el ánimo de Vivenda de legislar en ese ámbito entraba en colisión con la norma que regula la Administración local.

Para vencer esas reticencias, Vivenda ha llegado a un acuerdo con la consellería del socialista Méndez Romeu, por el que Presidencia acepta introducir una disposición adicional en la futura norma que implicará una modificación puntual de la Lei de Administración Local de Galicia 5/1997. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, ese ajuste recoge la obligación de los miembros de las corporaciones locales de ejercer su actividad evitando cualquier acción que ponga en riesgo el interés público o perjudique la imagen que los ciudadanos perciben de sus representantes. Esa fórmula pactada entre los dos departamentos establece también la prohibición de que los miembros de las corporaciones locales puedan invocar sus cargos en el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional vinculada al ayuntamiento del que forman parte.

Sin alusión explícita

Por contra, el artículo 16 determinaba que los promotores que accedan a un cargo representativo o sean personal directivo en un concello «non poderán desempeñar actividades de promoción no mencionado municipio durante o tempo que dure o seu cargo ou mandato».

En definitiva, el ajuste supone un atajo que sustituye la prohibición expresa prevista inicialmente para la Lei de Vivenda de que el alcalde pueda dedicarse a la promoción inmobiliaria por una cláusula en la norma de Administración Local que se limita a abundar en las obligaciones éticas de los munícipes. Con el acuerdo entre las consellerías gestionadas por BNG y PSOE, la alusión explícita a la figura del alcalde promotor no constará en la legislación autonómica.

La intención de Vivenda fue criticada por los alcaldes, si bien la Fegamp, que aún no ha dicho la última palabra sobre el recurso contencioso por las Normas do Hábitat, no planteó batalla sobre ese aspecto concreto. La consellería ya expedientó en el 2007 por cobro de sobreprecios a una promotora vinculada al portavoz de PP en Pontevedra, Telmo Martín.





* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 25.05.2008
Foto: Vigo, Navia - wikimedia.org

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La justicia dicta hoy la primera sentencia sobre la trama urbanística del 'caso Andratx'

ELPAÍS/Mallorca* : La Audiencia Provincial de Palma dictará hoy sentencia, a partir de las doce de la mañana, sobre la primera de las 68 causas penales que abarca el caso Andratx, la trama de corrupción urbanística que afecta al citado municipio mallorquín.

El tribunal resolverá en este primer juicio sobre la construcción ilegal de un chalé en terreno rústico protegido por parte del ex alcalde de Andratx, el popular Eugenio Hidalgo.

La fiscalía ha rebajado año, de seis a cinco, la petición de cárcel por falsedad documental para Hidalgo. Por contra, ha aumentado en dos años por colaboración necesaria en la trama la petición de prisión para el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot (cuatro años de cárcel en total). También ha reducido la petición de pena para el ex inspector de obras Jaume Gibert a cuatro meses de cárcel y multa por confesar y colaborar con la justicia. En primera instancia, la fiscalía había pedido seis años para Gibert.

La defensa, por su parte, reclama la libre absolución de todos los acusados, salvo en el caso de Gibert, para quien ha aceptado la petición de 4 meses de prisión, 10 meses de multa y 18 de inhabilitación, tras acordar su colaboración con la fiscalía en la revelación de otros delitos del caso.

El tribunal ha convocado una vista pública al mediodía en la misma sala de la Audiencia Provincial en la que se celebró el juicio en el que figura como acusado el ex alcalde del PP. A esa hora el ponente de la sentencia dará lectura a una parte de la resolución judicial referente a los hechos probados y el fallo, en una vista a la que han sido convocadas todas las partes personadas en el sumario.

Pinchazos

El caso Andratx es el mayor escándalo político ocurrido de Baleares, porque nunca se había detenido ni encarcelado a una autoridad (un alcalde) y arrestado e imputado a un director general Jaume Massot, cerebro del urbanismo del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Éste y el secretario general del PP y su consejero de Interior, José María Rodríguez, patrocinaron a Hidalgo y se reunieron con él, en la sede del Gobierno, 40 horas antes de su detención. Las grabaciones recogieron una llamada de alerta de Rodríguez a Hidalgo, informa Andreu Manresa

El sumario está segregado en 68 causas penales distintas, según los hechos, construcciones y protagonistas de la supuesta trama delictiva. Andratx es uno de los territorios de las islas donde ha reinado el urbanismo salvaje. Situado en el oeste de la isla de Mallorca, a media hora por autopista de Palma, el municipio tiene 10.000 habitantes y está especializado en el turismo residencial. El caso penal instruido alude a una suma de diversos delitos distintos: contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y delito fiscal.






* ELPAIS.com - EFE - Palma de Mallorca - 26/05/2008
Foto: Andratx, cala Llamp - Reuters

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El juez del ´caso Góndola´ se adentra en el patrimonio de los principales imputados

LAPROVINCIA/GranCanaria* : Mogán -21.000 habitantes y 14 imputados en una presunta trama de corrupción- es un municipio diferente desde que el martes 23 de enero de 2007 agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, varios de ellos con pasamontañas, detuvieron al alcalde, Francisco González. Desde entonces, este turístico pago del suroeste de Gran Canaria no ha parado de oír hablar de la operación Góndola.

Góndola es la típica corrupción -presunta- de pueblo llevada a su versión más cutre. Empadronamientos clandestinos, compra de votos a treinta euros, gestiones para quitar multas de tráfico a los amigos, chanchullos con algunas emisoras de radio locales para "hablar bien del partido" -el PP- y, por supuesto, operaciones urbanísticas incluidas en un Plan General que, a día de hoy, aún no ha sido aprobado definitivamente.

Dos personas forman el epicentro de esta presunta trama de corrupción municipal: el alcalde, Francisco González, y la que fuera su mano derecha en el consistorio, ex teniente de alcalde y hoy retirada de la política, Onalia Bueno. Y una cosa tienen en común González y Bueno, además de las imputaciones: ambos son hijos de ex alcaldes del municipio. El padre de Onalia, Guillermo Bueno, también está imputado por colaboración para negociaciones prohibidas a funcionarios.

En torno a estas dos personas, los máximos responsables del Ayuntamiento, la policía tejió la madeja que hoy en día, con parte del sumario aún bajo secreto, alcanza a un total de 14 imputados. Y la parte aún secreta se centra en recorrer los vericuetos del patrimonio de los principales acusados.
El número 3 de la trama, aunque muchos consideran que es el máximo responsable de los servicios de inteligencia de la Gerencia de Urbanismo, se llama Marcelino Martín, al que llaman el virrey de Mogán. En torno a Marcelino Martín se ha urbanizado el municipio, pues está ligado a la política urbanística de Mogán desde hace ya varias décadas.

DESPACHO. De hecho, él fue el encargado de poner en marcha la redacción del Plan General. El encargo recayó en las manos del despacho de un amigo de Martín, González Jaraba, cuyas oficinas fueron registradas por la policía y con el que, al parecer -pendiente de contrastar por la investigadores-, mantiene algún que otro negocio de tipo urbanístico en unión de un tercero, empresario para mayores señas.

El otro nombre importante en esta trama es el empresario Santiago Santana Cazorla. Se le imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio y del medio ambiente debido a la construcción de una depuradora en Taurito, puesto que parte del suelo es rústico, y también tráfico de influencias. Su detención, en una fase posterior a la del alcalde, fue una de las noticias más impactantes que ha tenido Canarias en los últimos años. El titular periodístico aún retumba en la mente del empresariado local: "La policía detiene a Santana Cazorla". Caía uno de los grandes, pero habrá que esperar al desarrollo de la investigación para conocer la verdadera implicación del empresario en la operación Góndola, si es que la hay.

El resto de los imputados, hasta llegar a catorce, son nombres de segundo o tercer nivel, tanto en la vida pública como en la empresarial de la isla, pero hay algún personaje curioso entre los implicados. Como Álvaro Canales, una especie de intermediario de todo lo que se negocia que ejerce como verdadero conseguidor de las personas que están por encima de él en la trama. Y es que, si había que buscar un piso en Las Canteras para la familia de Onalia Bueno... él se encargaba. Así de fácil.





* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 25 de mayo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), playa-tauro - ecoboletin

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