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LAVOZ/Cádiz* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha visto indicios de delito en la construcción de las promociones ilegales en los diseminados de Los Perales, Las Siete Pilas y Montes de Oca. En este sentido, la fiscal jefe de la audiencia provincial, Ángeles Ayuso Castillo, ha remitido el sumario al juzgado de instrucción número tres de El Puerto para que «abra diligencias previas contra los responsables de este presunto delito contra la ordenación del territorio y de falsedad en documento oficial».
Ampliación de denuncia
Estas tres nuevas causas amplían la denuncia realizada por el grupo municipal de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción durante el pasado año y que abarca un total de catorce procesos que permanecen abiertos. El dirigente ecologista Juan Clavero ha querido recordar que «sin las licencias de luz y agua que el equipo de Gobierno de IP otorgaba, estos diseminados irregulares no podrían haberse desarrollado».
En el diseminado de Los Perales se construyeron catorce viviendas sobre suelo no urbanizable con supuestas certificaciones de antigüedad que no se ajustan a las ortofotos tomadas durante los años 2000 y 2004.
De hecho, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida Ignacio García subraya que «podría tratarse de un nuevo escándalo del fraude de Obra Nueva». Asimismo, la promoción de Las Siete Pilas presenta un agravante más, al haber sido construida sobre una cañada pública.
Conductas delictivas
Por todo ello, la Fiscalía provincial señala que «se procederá a la oportuna investigación judicial para depurar responsabilidades entre los promotores y los responsables municipales a fin de esclarecer las presuntas conductas delictivas». El ex alcalde de la formación de Independientes Portuenses, Hernán Díaz, y el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, son los principales responsables de la política urbanística durante esta fecha.
De hecho, Juan Carlos Rodríguez precintó la promoción de Los Perales en junio de 2005 para posteriormente volver a desprecintarla. En este sentido, el ex concejal ha preferido no hacer declaraciones en relación a esta nueva causa abierta.
Hernán Díaz sí ha defendido su inocencia en relación a la apertura de estas tres causas. El ex alcalde ha subrayado que «yo no tenía las competencias urbanísticas, que estaban delegadas en Juan Carlos Rodríguez. Por tanto, no tengo nada que ver con este asunto».
Además, Díaz ha querido dejar claro que «nuestra formación actuó de forma directa sobre la promoción de Los Perales ya que impusimos una multa coercitiva de un millón de euros a los promotores de Chiclana».
* La Voz Digital - 01.02.08 - IVÁN BERNAL
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
El Puerto: La Fiscalía ve indicios de delito en tres promociones urbanísticas
San Roque: La Fiscalía Anticorrupción denuncia a Vázquez, Ledesma y Gavino
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EUROPASUR/Cádiz* : La fiscal Anticorrupción de la provincia de Cádiz, Virginia Alonso, ha formulado una denuncia criminal por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias supuestamente cometidos por varios miembros del gobierno municipal de San Roque y de la empresa municipal Emroque, así como de la promotora Bahía Luz. Los hechos se refieren a la construcción del parque del arroyo de la Madre Vieja, cercano al casco urbano sanroqueño, y las contraprestaciones por dichos trabajos.
El decreto emitido el pasado mes de diciembre por la fiscal, al que ha tenido acceso este diario, es consecuencia de un proceso judicial iniciado por el PP. Alonso determina formular las correspondientes denuncias contra los consejeros delegados de Emroque Ángel Gavino y José Antonio Ledesma; el gerente de Emroque, Luis Crespo; el alcalde de San Roque, José Vázquez y el representante de la promotora Bahía Luz Juan Muñoz Támara.
La fiscalía considera que existió trato de favor hacia Bahía Luz, que recibió de manera directa -sin concurso- una parcela que era propiedad de Emroque como contraprestación por construir el parque de la Madre Vieja, también en suelo público. El suelo recibido tenía un valor inicial que superaba en algo más de 130.000 euros el precio que finalmente tuvo la construcción del parque.
Según el documento, la parcela que recibió Bahía Luz por el convenio, destinada originariamente a la construcción de viviendas protegidas, estaba valorada en 271.600 euros según la escritura fechada en marzo de 2005.
Un mes después de escriturarse la parcela a nombre de Emroque, el gerente de la empresa municipal, Luis Crespo, cambió la valoración del suelo basándose en un nuevo uso previsto hasta los 120.547,73 euros contando para ello con el beneplácito del alcalde sanroqueño.
La fiscal entiende que la parcela -que fue entregada a Bahía Luz como parte del pago por hacer el parque de la Madre Vieja- se hizo de manera arbitraria, así como la construcción del espacio público ya que ambos suelos eran de titularidad municipal y debía mediar concurso. Además, no consta que la diferencia entre los valores inicial y el modificado haya revertido en las arcas municipales.
Los hechos relatados en el decreto de la fiscal se remontan al año 2004, cuando la empresa municipal Emroque recibió a coste cero una parcela municipal denominada C del área 021-SR (El Calvario) del Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque (PGOU), con una superficie de 656,25 metros y una edificabilidad máxima de 1.132,01 metros cuadrados.
La cesión fue acordada por la Corporación en pleno en noviembre de ese mismo año. El cambio de titularidad a favor de Emroque tenía como objetivo que la empresa pública construyese en ella viviendas de protección oficial en un plazo de cinco años. El acuerdo debía ser revertido -esto es, que volviese a manos del Ayuntamiento- en el caso de no cumplirse con este plazo. La parcela, según consta en el escrito de la fiscal, era producto de una segregación cuyas escrituras están registradas en marzo del año 2005.
La fiscal dice en su escrito que dicha cesión fue legal, pero la supuesta ilegalidad se produce cuando, con posterioridad, se adjudica de manera directa a favor de Bahía Luz.
En las escrituras se recoge que el suelo estaba valorado, a efectos fiscales, en 271.600 euros. Además, el alcalde sanroqueño, José Vázquez, hacía constar en el documento que la empresa Emroque tenía previsto aceptar la cesión próximamente.
Ya en abril de 2005 Emroque recibió la parcela de El Calvario desde el Ayuntamiento -momento en el que se hace efectivo el acuerdo plenario antes citado-. Es entonces cuando Luis Crespo, desde Emroque, realiza un cambio en el valor de la parcela de El Calvario, que queda rebajado a 120.547,73 euros, según el escrito de la fiscalía. En este cambio intervienen José Vázquez y el propio Crespo. Este último fue quien hizo la nueva estimación del valor del suelo basándose en el uso al que iba a destinarse.
Paralelamente, ese mismo día Gavino y Ledesma acuerdan con la empresa Bahía Luz la construcción de un jardín público en las inmediaciones del arroyo de la Madre Vieja -un suelo también propiedad de Emroque- con un coste estimado de 142.457 euros. El convenio incluía como compensación la entrega de la finca de El Calvario y facultaba a Crespo para la firma del acuerdo. Un día después, el gerente de Emroque y Juan Muñoz Támara, como representante de Bahía Luz, firman el contrato de permuta de las parcelas.
Ante estos hechos, la fiscalía ve necesario investigar la procedencia de las distintas valoraciones del suelo efectuadas; el acuerdo a favor de la permuta y la adquisición por parte de Bahía Luz de la finca.
La autoridad judicial solicitó estos datos al Ayuntamiento, a Emroque y a la Dirección General de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Nadie contestó, salvo el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
De los documentos entregados por el Consistorio, la fiscal entiende que sin entrar a discutir si el valor del suelo es el adecuado, ya que faltan las diligencias para determinarlo, los trámites se convierten en ilegales cuando Emroque cede la parcela de El Calvario a Bahía Luz de manera directa y como compensación por hacer el jardín público de la Madre Vieja, también sin concurso. La fiscal entiende que hubo trato de favor hacia Bahía Luz en dos ocasiones ya ambos suelos eran públicos.
Por tanto, la fiscal Alonso ve indicios de delito de prevaricación por la decisión arbitraria; malversación de caudales públicos cometidos por la sustracción de los fondos que las entidades públicas tienen a su cargo y tráfico de influencias.
* EuropaSur - A. Rodríguez / San Roque - 01.02.2008
Foto: Puente sobre el arroyo de la Madre Vieja, donde Bahía Luz construyó el parque a instancias de Emroque, en imagen de archivo - europasur.es
El Juzgado ordena a la Udyco que investigue el patrimonio del alcalde de Yaiza y el ex regidor de Teguise
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife dictó una providencia el pasado mes de noviembre para que la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional investigue el patrimonio del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y del ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, dentro de la causa abierta (ahora en procedimientos separados) contra ambos como presuntos miembros de una trama dedicada a la concesión ilegal de licencias urbanísticas en sus municipios.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia del consejero del Cabildo Carlos Espino basada en un informe sobre irregularidades urbanísticas del abogado que representa al Cabildo en los casos de política territorial y continuó con las diligencias abiertas por la titular del juzgado así como con otras investigaciones de ese mismo cuerpo policial.
La defensa de Juan Pedro Hernández no se ha pronunciado sobre esa petición mientras que la de José Francisco Reyes, representado por Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, asesor de ambos ayuntamientos durante años y a quien se apunta como el cerebro jurídico de esa presunta trama, recurrió la decisión de la juez. La titular del Juzgado número 2 emitió un auto el 20 de diciembre en el que se ratificaba en su decisión. Tanto la acusación popular como el ministerio fiscal solicitaron que se desestimara el recurso de la defensa de Reyes. Fernández Camero presentó otro recurso ante la Audiencia provincial para impedir la investigación de este cuerpo policial. Considera "impertinente" la investigación e "incompetente" a este cuerpo policial para llevar a cabo la investigación en curso.
La Brigada provincial de la Policía Judicial de Las Palmas, Udyco, tuvo pinchados los teléfonos de Reyes y Hernández cuando eran alcaldes (Reyes dejará de serlo el martes si prospera una moción de censura en su contra) e investigó a estos dos políticos y a otras personas por si estuvieran incurriendo en la presunta comisión de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, tal y como figura en un auto de 12 de enero del año pasado de la titular del Juzgado número 2 de Arrecife.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 31-01-2008
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
Madrid: El Ayuntamiento legaliza un hotel que lleva dos años abierto
ELPAÍS* : El hotel Reina Victoria simbolizó ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid esas incongruencias que a veces permiten las leyes. Mientras cientos de ciudadanos han pasado en verano por la terraza de su azotea, y los viajeros han ocupado las habitaciones de este hotel de lujo de la plaza de Santa Ana reabierto en 2006, resulta que hasta ayer el pleno no aprobó el plan especial que permite hacer obras en el edificio ya rehabilitado.
Es, además, un inmueble calificado con la más alta protección en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, como recordó el concejal socialista Pedro Sánchez, que tachó el asunto de "una gota más en el océano de la disciplina urbanística".
Por eso, se deshizo en reproches a la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez: "El Ayuntamiento conocía desde el 8 de noviembre de 2005 que se afrontaban obras de manera irregular. Así lo dicen los informes de los servicios municipales". Explicó además que un decreto del propio Consistorio ordenaba precintar las obras, pero que "una mano invisible" lo paralizó. Y que además el bar-restaurante de la cubierta funciona sin licencia.
A Sánchez todos estos argumentos le sirvieron para acusar a la Concejalía de Urbanismo de "dejación de funciones". "¿Qué alegaciones van a poder presentar los vecinos a un plan especial que ya tiene las obras concluidas?", se preguntaba.
A la responsable de Urbanismo no le quedó más remedio que tirar del discurso didáctico y explicar cómo es el procedimiento que contempla la ley para regularizar una obra cuando no tiene licencia. Aunque a nadie se le escape lo ridículo que resulta aprobar una obra cuando está terminada. "Usted desconoce cómo se resuelve una obra sin licencia. Es un asunto reglado", afirmó la concejal. La vía para hacerlo es presentar un plan especial que recibe el visto bueno de una comisión conjunta entre el Ayuntamiento y la Comunidad. El mismo que ayer aprobó el pleno.
"No quita que el propietario, la dirección facultativa y el constructor sean sancionados", agregó la edil. Luego explicó que existe un decreto para cerrar la actividad de la terraza del hotel. "Pero tiene un plazo de alegaciones y es en lo que estamos", concluyó para obviar que el urbanismo ha funcionado aquí al revés.
* ELPAIS.com - S. A. A. - Madrid - 01/02/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Los promotores reconocen que se construyen el doble de viviendas de las necesarias
ELMUNDO* : El presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Josep Donés i Barcons, asegura que en los últimos diez años se han construido en España "el doble de viviendas de las necesarias", y que una buena parte de ellas se compraron como fuente de inversión.
En el marco de unas jornadas para fomentar el alquiler organizadas por la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), Donés manifestó que una parte importante de estas viviendas que "no están en uso", y que los propietarios compraron porque "no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros", podrían entrar en el mercado de alquiler siempre y cuando "haya garantías".
Al respecto, afirmó que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat "están bien", aunque aseguró que "hay una absoluta inseguridad ante los impagos" que requiere más garantías.
En cuanto al panorama general del sector de la construcción, explicó que "no es verdad" que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que "todo el mundo quiere alquilar", sino que "hay una demanda contenida" que está posponiendo su opción de compra.
Destacó que el futuro del mercado promotor "pasa por la diversificación" y apostó por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, y dijo que, para ello, es necesaria una "seguridad jurídica y económica".
8.000 pisos nuevos sin vender en Barcelona
Donés aseguró que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la APCE llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.
Explicó que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este 'stock' podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán --un precio intermedio que figura en el Pacto y la Ley de la Vivienda--, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida.
Según Donés, esta opción "beneficiará a ambas partes", promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de "acceso directo" porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de "manera inminente".
* El Mundo - Europa Press - Barcelona - 31/01/2008
Foto: Viviendas, obras bloques - europapress.es
Impulsan un manifiesto para pedir a la DGA que suspenda Gran Scala
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La plataforma "Stop Gran Scala" ha impulsado la firma de un manifiesto para que personas a título individual expresen su rechazo al proyecto de ocio y juego que se pretende construir en los Monegros y pidan al Gobierno de Aragón que suspenda cualquier decisión relacionada con el mismo.
Los firmantes, en su mayoría miembros de organizaciones ecologistas y de formaciones de izquierdas, quieren que se abra un debate social que trate las necesidades reales de Aragón y su territorio y que marque las prioridades de desarrollo teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental, económico y financiero de las propuestas desde la perspectiva del interés general.
Con este manifiesto, se expresa asimismo la oposición a un proyecto que "ni en el fondo ni en las formas nos gusta para nuestra comunidad", y hacen un llamamiento a realizar un esfuerzo de reflexión y debate mientras exigen a la DGA "prudencia, sensatez y sentido de la dignidad; especialmente cuando se juega con miles de millones del erario público".
Los ecologistas expresan su preocupación por que "acabe imponiéndose" la "degradación ética y política" que subyace tras este modelo de desarrollo, en el que "manda el dinero de negocios, cuando menos de dudosa moralidad" y en el que "los derechos ciudadanos, sociales y sindicales se diluyen, en nombre de un mal entendido progreso".
También critican la "oleada" de contracciones que suscita respecto al principio de sostenibilidad, que se quiera imponer un modelo de desarrollo social y territorial "tan ajeno al desarrollo rural por el que tanto se ha luchado" o que tras años de conflicto hidráulico se acaben construyendo grandes presas para promover negocios de este estilo.
Quienes suscriben el manifiesto denuncian que se quiera poner como modelo la ciudad de Las Vegas, un ejemplo, a su juicio, de "consumismo, ausencia de principios éticos, desvertebración social, urbanismo especulativo e insostenibilidad".
Según afirman, el proyecto Gran Scala prevé 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, grandes lagos artificiales con orcas, delfines, hoteles y restaurantes subacuáticos, 5 parques temáticos, hipódromo, plaza de toros y campos de golf, como base para desarrollar una futura ciudad de 100.000 habitantes que espera acoger 25 millones de visitantes al año y que va a suponer una inversión de 17.000 millones de euros.
La plataforma "Stop Gran Scala" muestra en una nota de prensa su satisfacción por el aumento de "voces contrarias" a este "macroproyecto" de ocio, anuncia su intención de trabajar "intensamente" para evitar que llegue a consumarse y que impulsarán campañas informativas, de recogida de firmas y debates y seminarios sobre las implicaciones del proyecto en el terreno ambiental, social, laboral, económico, legal, cultural o ético.
* El Periódico de Aragón - Agencias - 31/01/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), torre proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
Condenan a Julián Muñoz y 5 ex ediles marbellíes a seis meses de cárcel por un delito urbanístico
EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a cinco ex ediles marbellíes a la pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia a la empresa Incopromar para construir un edificio de 10 plantas, con 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en suelo público.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al abogado José Luis Sierra, acusado por las acusaciones populares como cooperador necesario, porque la jueza entiende que no quedó acreditado durante el juicio que éste interviniera o colaborara en la concesión de la licencia otorgada o que el informe que realizó fuera elaborado para este expediente, sino que tiene carácter general.
Además, se plasma la absolución del ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, después de que las acusaciones populares retiraran los cargos que había contra él en sus conclusiones finales; y se concreta el sobreseimiento de la causa respecto al ex edil y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, que quedó fuera del procedimiento en las cuestiones previas y no llegó a ser juzgado.
Se considera probado que Muñoz y los ex concejales del GIL Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle y Marisa Alcalá, en unión de otro procesado en paradero desconocido --que es Juan Antonio Yagüe-- decidieron de común acuerdo en la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997 dar licencia de obra a Incopromar en la avenida del Mar sobre la base de la revisión del Plan General "que no había sido aprobado definitivamente".
La jueza estima "por las circunstancias que concurren y la entidad de la infracción" que procede imponer seis meses de cárcel y explica que "en razón de la naturaleza del delito" se entiende justificada la pena de prisión y no la sustitución por multa, aunque recuerda que ella misma optó por ésta en otro asunto, en ese caso por las circunstancias específicas, ya que era una única vivienda.
Además, decreta la nulidad de la licencia otorgada y aunque dice que la decisión de demoler "podría ser la consecuencia lógica", cree que "no es posible en el presente procedimiento puesto que no han sido llamados al proceso los terceros adquirientes de la vivienda que resultaría afectados", que no han sido oidos en la causa ni han tenido oportunidad de intervenir.
Asimismo, en la resolución se aplica la atenuante analógica de dilaciones indebidas, puesto que la licencia fue otorgada en 1997 y el juicio se celebró en noviembre de 2007, pero entiende que no puede ser en su grado máximo, porque asegura que fueron las propias partes "las que han pretendido mantener la paralización del procedimiento".
SUELO.
La juzgadora especifica que el suelo tenía catalogación de viario destinado a uso público según el PGOU de 1968, y de vial y zona verde y con una edificación máxima de cinco plantas, según el del 86; aunque incide en que el permiso de obra se concedió según el llamado plan del 98, que no había sido aprobado "hecho que era perfectamente conocido por todos los imputados en el momento de autorizar las obras".
"Se otorgó la licencia a Incopromar al margen de cualquier planeamiento legalmente aplicable, según el convenio urbanístico pactado y suscrito entre las partes, sobre un proyecto de revisión que se iba adaptando a dichos convenios y a las necesidades urbanísticas de la localidad, según el criterio de la Corporación", concluye la jueza, que apunta que dicho criterio, según declaró el funcionario Jorge González, era de "arbitrariedad".
Explica que en el supuesto de que no haya planeamiento urbanístico se debe aplicar directamente las normas contenidas en la Ley del Suelo de 1992 y determinadas legislaciones autonómicas, aunque concluye que "no se debe conceder ninguna licencia cuando exista una revisión del planeamiento y la calificación del suelo que se prevea no coincida con el anterior planeamiento".
A SABIENDAS.
La jueza manifiesta que los concejales, como integrantes de un órgano colegiado como es la comisión de Gobierno y elegidos en elecciones públicas, "no pueden limitarse a votar según le digan sino que su obligación es la de cerciorarse que aquellas decisiones que tomen se ajusten a la legalidad vigente".
"Los miembros de la Comisión son responsables de sus propios actos, no siendo admisible sus justificaciones o amparo en una actuación automática, siguiendo las directrices de otros para votar favorablemente en un tema tan importante y trascendental para el municipio como son las licencias urbanísticas", precisa.
Además, considera que no pueden alegar que votaban siguiendo las instrucciones del secretario municipal "puesto que éste no estaba obligado a informar y no consta informe alguno" e insiste en que no se puede entender que los concejales "fueran personas totalmente ajenas al desarrollo normal de la actividad municipal".
* Europa Press - MÁLAGA, 31 Ene. 2008
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Poco ruido y muchas nueces
RAMÓN MARTÍN MATEO* : Amablemente mi entrañable amigo el profesor Manuel Alcaraz Ramos, atendiendo a mi solicitud, me ha hecho llegar un ejemplar de la excelente obra por él dirigida y recientemente publicada, titulada: "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística" en la que colaboran cualificados profesores expertos en la materia y profesionales éticamente sensibles ante una problemática que guarda una estrecha relación con múltiples saberes y preocupaciones que no sólo son trascendentes para el Derecho, sino que con ello implican también consecuencias para la economía y el bienestar de las colectividades implicadas.
El propio Estado se ha mostrado perplejo y cuasi inerme ante este fenómeno tomando medidas sorprendentes como la fotografía aérea del territorio nacional, la creación de dispositivos administrativos y judiciales ad hoc y la implicación de cuerpos de elite del Estado, como es el caso de la Benemérita.
Recordemos además que la posibilidad del agio urbanístico desmedido se originó doctrinalmente en una Universidad madrileña y que desde aquí se profundizó en esta línea marginándose en el proceso al propietario del suelo en aras de facilitar la autoría económica del "agente urbanizador". A la postre, tuvo que intervenir Bruselas mandando expediciones y generando disposiciones inefables aunque supuestamente adecuadas.
Entre la manifestaciones singulares de la pasada "pandemia" jurídica, debe constatarse que lo más contundentes progresos por su remedio al respecto fueron los aportados por una ONG denominada Abusos Urbanísticos No, integrada por jóvenes procedentes de distintas naciones europeas.
Por mi parte, he aportado teóricas consideraciones al respecto en una obra sucinta que no ha tenido por cierto una buena acogida extra jurídica.
El tema sigue en pie en toda España, como puede deducirse de las siguientes cabeceras de prensa que he coleccionado al respecto:
"Costas sólo invertirá donde se derriben las casas de la playa"; "La mayoría de PGOU se tramitan sin informe de sostenibilidad"; "Los ayuntamientos aceptan con muchas reservas el "plan Narbona""; "La oposición denuncia que el objetivo del PGOU es recalificar Fabraquer"; "El ladrillo anega las acequias";
"La audiencia imputa ocho delitos al alcalde de Totana y confirma su prisión"; "Una costa salvada hasta ahora de los predadores"; "La costa más virgen, la más amenazada".
Como podrá deducirse allí donde hay externalidades a percibir vía edificación, siguen apareciendo iniciativas preocupantes. La aportación del profesor Alcaraz al respecto como suele decirse da en el clavo.
Parece por todo lo expuesto fácil concluir, que la obra comentada tiene palmaria actualidad, y que son de agradecer y aplicar las lúcidas consideraciones que en ella se hacen, que por lo demás no suponen, sino todo lo contrario, cortapisas para una sólida economía urbana respetuosa con el ambiente lo que es por cierto uno de sus principales atractivos, por lo que no sólo es delito, sino sobre sin sobre todo una palmaria insensatez económica orillar el ambiente.
Por todo lo cual, no puedo por menos que dar por bienvenida a esta importante obra y felicitar calurosamente a los autores de la comentada.
* Ramón Martín Mateo es ex rector de la UA.
* Información - Opinión - 29 de enero de 2008
