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DIARIODESEVILLA* : Después de meses de aparente tregua entre los colectivos conservacionistas del Aljarafe y de Valencina y el gobierno socialista de la localidad, las espadas vuelven a estar en alto. El detonante de lo que se espera que sea otra importante movilización en contra de la política urbanística que consideran perjudicial para los valores paisajísticos y culturales del Aljarafe Norte ha sido una modificación puntual de las normas urbanísticas de 1987, para permitir la construcción del centro de interpretación del Calcolítico.
Pero, a pesar de que éste sólo ocupará 2.000 metros junto al dolmen de la Pastora, se van a "desproteger" hasta 2.000.000 metros que hasta ahora estaban calificados en las normas como no urbanizables de especial protección del paisaje. Se ubican en dirección a Sevilla, junto a la Cornisa.
Con el cambio se deja claro que esos suelos sólo podrán acoger equipamiento de uso público, relacionado con el medio ambiente y la cultura, pero la denominada Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y el Yacimiento de Valencina está convencida de que supone abrir la veda para la construcción en una zona que, hasta hace poco, estaba también protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia y en la que el grueso del suelo está además en manos privadas.
La modificación se aprobó en el Pleno el 30 de julio por el PSOE, el PP y el Partido Socialista Independiente y todas las alegaciones han sido desestimadas, con lo que volvió a pasar por Pleno el 25 de noviembre y sólo queda el visto bueno definitivo de la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio. Para rizar el rizo, la propuesta se aprobó esta vez por unanimidad, aunque hay dos ediles que aseguran que se confundieron: el ex edil del PP, ahora de UPyD, Alejandro Baeza, y el de IU, Francisco Arellano, quien incluso puso ayer su cargo a disposición de la federación, que había presentado alegaciones.
La mesa ciudadana, en la que se integran las asociaciones Los Dólmenes, Valencina Habitable, el Ateneo de Valencina, Forestier de Guzmán y en Defensa del Territorio del Aljarafe, ha presentado escritos alertando de sus temores ante el presidente de la Junta, el Defensor del Pueblo, las consejerías de Medio Ambiente, Cultura, Vivienda y Turismo, el presidente de la Diputación y el de la Mancomunidad de Fomento y del Aljarafe, además de ante el alcalde y los grupos políticos. En ellos exige que la Junta cumpla su papel de "garante del patrimonio" e impulse la declaración como BIC de la zona y el Parque Arqueológico y Paisajístico. Al Ayuntamiento le exige que replante el lugar elegido para el centro de interpretación de los dólmenes. Además, el colectivo anuncia un calendario de movilizaciones.
* Diario de Sevilla - Trinidad Perdiguero - 2.12.09
Foto: Valencina (Sevilla), ayuntamiento - asociacionlosdolmenes.blogspot.com
Aljarafe: Nuevas protestas por la desprotección de 200 hectáreas junto a la Cornisa
Nuevo tropiezo para expropiar el hotel del Algarrobico
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ELPAÍS/Almería* : El desistimiento del Estado de continuar con el proceso de expropiación del hotel del Algarrobico, ubicado en terrenos protegidos del Parque Natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar, ha quedado suspendido "por imperativo legal", según Greenpeace, colectivo que interpuso un recurso de alzada para paralizar esta decisión en junio pasado.
Tras medio año a la espera de una resolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la responsable de Costas del grupo ecologista, Pilar Marcos, informó de que la decisión de frenar la expropiación carece de validez al haber incumplido el gabinete que encabeza Elena Espinosa la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que fija en 30 días el plazo para responder a estas cuestiones. "La falta de respuesta al recurso es una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", subrayó Marcos antes de señalar que Greenpeace ha instado nuevamente a Medio Ambiente a aclarar la situación del expediente del hotel, cuyos 65.000 metros cúbicos de hormigón afectan a suelos de especial protección, además de invadir el dominio público.
"Los motivos que en 2005 fundamentaron la declaración de utilidad pública de los terrenos" sobre los que se alza el edificio promovido por Azata "no han desaparecido", ahondó la responsable del colectivo, que acusó directamente a la Administración central de incumplir la ley en el caso del polémico hotel.
Fuentes del ministerio informaron, por su parte, de que la resolución al recurso planteado por Greenpeace es inminente y recordaron que el desistimiento de la expropiación se produjo a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva los recursos planteados a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que en septiembre de 2008 ordenó la revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerarla nula de pleno derecho.
Estas fuentes señalaron que una vez el alto tribunal dicte su resolución, con la que la situación jurídica del inmueble podría alterarse totalmente, la expropiación se retomaría en el caso de que fuera necesario, puesto que la voluntad del Gobierno y de la Junta sigue siendo la demolición del edificio.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 04/12/2009
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)
El juez multará al alcalde de Sant Josep si no procede al derribo de los apartamentos Residencial Cala Pinet
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca impondrá multas de mil euros mensuales al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, si en cuatro meses no se ejecuta la sentencia de demolición que pesa sobre los apartamentos, Residencial Cala Pinet, de Cala de Bou.
Se trata de una sentencia del Tribunal de Justicia de Balears (TSJB) que data del 2006, y cuya resolución hace referencia a un problema entre una promotora urbanística y un vecino que acusa a la empresa de invadir su propiedad al incumplir el retranqueo. Ese año, el TSJB pidió al Ayuntamiento que actúe «con la máxima celeridad y urgencia» y se «pronuncie respecto a la reposición y demolición en su caso de la parte que invade la finca vecina».
En este sentido, ahora el Juzgado de lo Contencioso asegura que de incumplirse el plazo de cuatro meses para «la restauración de la legalidad infringida», se procederá a «la compulsión coercitiva sobre la persona del alcalde y demás miembros del Consistorio que lo incumplieren» mediante «multas pecuniarias sobre su patrimonio particular» de mil euros mensuales los tres primeros meses y a razón de setecientos semanales, transcurrido el primer plazo.
Sant Josep recurrirá
Desde el Consistorio explicaron ayer que presentarán el recurso de apelación debido a que «la sentencia no decía que había que demoler». Asimismo, el alcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, explicó que hace unos meses desde el Consistorio remitieron al Juzgado una consulta para restablecer la legalidad de el caso, de la que sólo obtuvieron por respuesta este auto sobre las multas. Además, desde el Ayuntamiento destacan que el inmueble está habitado, por lo que «habrá terceros afectados».
Un pleito histórico
La historia comienza, según una portavoz del Ayuntamiento, con una licencia municipal otorgada en 1988 para construir este edificio. Según detalla, debido a la crisis de 1991 la promotora paraliza la obra y negocia con el vecino para «cederle un trozo de terreno». Cuando continúa la obra a manos de otra promotora, el vecino decide interponer una denuncia argumentando que el edificio incumple el retranqueo. «En primera instancia pierde pleito, y luego, en la segunda instancia, contra la que ya no cabe recurso lo gana. Algo que nos dejó perplejos a todos», explica la portavoz. «La sentencia dice que hay una infracción urbanística pero no dice nada de demolición», agrega, y detalla que para entonces, «los apartamentos se habían vendido».
Según Agustinet, para cumplir la decisión judicial el Ayuntamiento pidió un informe al Consell que recomendó «que se volviera al origen del problema». «Es decir, deshacer la segregación de la parcela», detalló el alcalde, quien agregó que este es el motivo de la consulta que se remitió al Juzgado, «que antes de responder nos envía esto», se quejó sobre el auto de las multas.
Con respecto a la sentencia sobre las multas, el alcalde Josep Marí Ribas 'Agustinet' aseguró que «habrá que asumirla y acatarla» pero destacó que hará «jurídicamente todo lo que pueda para detenerla». «Porque pensamos que tenemos razón y que estamos en una cierta indefensión. Creo que nosotros también debemos exigir que los servicios judiciales que se nos conteste y ésta es la línea que nosotros seguiremos», explicó el alcalde, quien aseguró que no está nada «contento» de que le vayan a multar por algo de lo que «no somos culpables».
* Última Hora Ibiza - LUCIANA AVERSA - 4.12.09
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
La trama 'Pretoria' pagó comisiones millonarias para infiltrarse en la Generalitat
HERALDO/Barcelona* : La trama 'Pretoria' llegó a tocar a la Generalitat y a base de millonarias comisiones consiguió que la dirección del Instituto Catalán del Suelo, la institución que precisamente debía controlar los posibles 'pelotazos' y desmanes, se convirtiera en un fiel aliado. Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que la red que dirigía el ex parlamentario socialista Luis García Sáez, 'Luigi', llegó a tener en nómina, como si se tratara de un empleado más del holding, al ahora imputado Emili Mas Margerit, gerente de Incasol y uno de los máximos responsables de urbanismo del Gobierno del socialista José Montilla.
En los millares de páginas que ya suman las diligencias previas que instruye Baltasar Garzón hay, según fuentes judiciales, pruebas que apuntan a que 'Luigi', el presunto 'capo' de esta trama, había 'comprado' a Emili Mas, hasta el punto de que el alto cargo se había convertido en un suerte de soplón que anticipaba a la red corrupta cualquier movimiento del Gobierno catalán para la fiscalización de proyectos urbanísticos. Los 'pinchazos' de la Guardia Civil, de los que se hace eco Garzón, apuntan a que Mas tenía "una fluida relación" con 'Luigi' y que buena parte de sus conversaciones giraban en torno a "cuestiones inmobiliarias" en Santa Coloma de Gramanet, el municipio epicentro de la actuación de 'Pretoria'. Sólo en esa población, según las primeras estimaciones de Anticorrupción, 'Luigi' y los suyos, con la supuesta connivencia del alto cargo de la Generalitat, saquearon no menos de 13 millones de euros de las arcas municipales en la denominada 'operación Pallaresa', la edificación de un centro comercial entre 2001 y 2005.
Mas, a pesar de la alta responsabilidad que ostentaba en el Gobierno de Montilla, no dudó en aceptar 'trabajos por encargo' de 'Luigi' y de su mano derecha, el ex alcalde de Santa Coloma y también encarcelado, Bartomeu Muñoz. El gerente, sin renunciar a su cargo en la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, aceptó firmar como "economista" y "asesor externo" del consistorio de Santa Coloma un informe para que 'Gramepark', la empresa de urbanismo del consistorio colomense, gestionara otro 'pelotazo', el proyecto conocido como 'Ciba III', construcción de varios bloques de viviendas en un antiguo recinto industrial, entre ellos una torre de 20 pisos.
Gramepark, a pesar de que todos los demás estudios desaconsejaban que se hiciera con la obra, fue finalmente la adjudicataria, si bien el Ayuntamiento de Santa Coloma, tras el encarcelamiento de Muñoz, ha paralizado este proyecto urbanístico.
Muñidor
Pero el gerente de Incasol fue todavía más allá. Según las investigaciones, los oficios de Mas Margerit, como vicepresidente de la entidad Marina Badalona, una de las empresas claves del entramado corrupto, fue el gran artífice para conseguir que 'Luigi' y los ex altos cargos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta se incorporaran a dos operaciones urbanísticas multimillonarias en Cedanyola del Vallés y el Prat de Llobregat, dos municipios que hasta ahora aparecían al margen de los tentáculos de 'Pretoria'.
Garzón sostienen que el gerente de Incasol tuvo un "papel relevante" en ese juego de "relaciones e influencias" y que sus favores tuvieron recompensa en forma de "comisiones". Mas, apuntan los atestados policiales, puso en bandeja de plata el doble 'pelotazo' a la empresa vendedora de las dos fincas, Espais, el grupo inmobiliario que presidía el también imputado Lluís Casamitjana, quien, curiosamente, fue promotor de otro de los negocios bajo sospecha, las obras del frente marítimo de Badalona, que gestiona Marina Badalona.
Esta sociedad aparece una y otra vez en las investigaciones de la Guardia Civil. De hecho, Garzón ha imputado esta semana a Juan Felipe Ruiz i Sabido, el consejero delegado de esta empresa, por sus supuestos enjuagues con 'Luigi'.
'Conexión Niesma'
Además de las supuestas irregularidades de Mas y de la implicación cada vez más profunda de la sociedad del puerto de Badalona, las pesquisas de Garzón se centran ahora en un apéndice que los investigadores denominan 'Conexión Niesma' y con la que están relacionados buena parte de los nuevos imputados en 'Pretoria'. En los documentos que obran en la causa figura en un lugar preferente Niesma Corporació como sociedad del grupo de 'Luigi'.
Niesma -en la que García tenía como socio al abogado Francisco Alejando Petrus, cuyo apellido da nombre a la operación- sirvió al 'capo' para dar un 'pelotazo' de cinco millones de euros en 2005 en Sant Andreu de Llavaneres con la compra y venta de unos terrenos urbanizables de más de 7.500 metros cuadrados. La investigación de la Guardia Civil ha constatado que entre 2003 y 2007 esa 'Conexión Niesma' consiguió la modificación del Plan de Urbanismo de Llavaneres para embolsarse 17,6 millones.
Según los atestados, 'Luigi' consiguió doblegar la voluntad del entonces alcalde y recién imputado, Víctor Ros Casas, del PP, quien gobernó los cuatro años bajo sospecha. "Durante su mandato -dice Garzón- tomó decisiones que favorecieron a algunos de los procesados en perjuicio del propio ayuntamiento". Ros tuvo como fiel aliado al que fuera concejal de urbanismo de Llavaneres, Antonio Jiménez, al que el juez de la Audiencia Nacional también acusa de haber sido corrompido.
La cantidad de dinero que movió 'Niesma', según fuentes de la investigación, se convirtió en una "máquina de comprar voluntades de políticos". Otro de los nuevos imputados, Genís Cargo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, también se puso al servicio de 'Luigi' y los suyos. Su precio fue 244.000 euros.
Dinero que pagó Niesma por favorecer a la trama a la hora de modificar planes urbanísticos relacionados con el metro.
Esa marea de dinero ha provocado más de un dolor de cabeza al juez instructor y a los investigadores. Según las últimas pesquisas de los analistas de la Guardia Civil, millones de euros de la red 'Pretoria' están dispersos por el extranjero, en al menos seis países: Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Madeira y las islas Caimán. En ese entramado de blanqueo, lavados y personas interpuestas tienen un papel relevante como 'pantallas' las tres mujeres imputadas en la causa en los últimos días, Doris Malfeito, María Lluisa Mas, esposas de los altos cargos de Jordi Pujol, y la anciana madre del alcalde de Santa Coloma, Josefina Calvet, enferma de Alzheimer. Las tres habrían sido utilizadas como testaferros en empresas de la trama para sacar grandes cantidades de dinero fuera de España.
* Heraldo.es - Colpisa - 4.12.09
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Generalitat_de_Catalunya_- wikimedia.org
Afectados por las demoliciones en A Guarda instan a Urbanismo a sancionar al Concello
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FARODEVIGO* : Los propietarios de las casas sentenciadas al derribo reclaman a la Xunta que actúe ahora contra el Ayuntamiento "con la misma contundencia" que tuvo con ellos, por dar licencias. Propietarios de las 21 viviendas unifamiliares condenadas al derribo y situadas en las zonas de As Loucenzas y Catanga, del municipio de A Guarda, manifestaron ayer su decisión de "depurar responsabilidades".
Por ello se dirigirán a la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta para "que actúe contra el Concello de A Guarda con la misma contundencia que la empleada con nosotros", pues consideran responsable a la Administración local por haberles dado licencia de construcción en suelo especialmente protegido, lo que se tipifica como un delito contra la ordenación del territorio en el artículo 319 y 20 del Código Penal, que conlleva su demolición, como sentenció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Consideran que la actuación del Concello ha originado la difícil situación en que se encuentran, con sus casas derribadas o a la espera de serlo, y sin saber cuándo y cómo cobrarán las indemnizaciones que les pertenecen y que inicialmente están valoradas en 7.492.000 euros.
José Elías Rebollar, que ejerce como portavoz y es el propietario de una de las tres viviendas demolidas el pasado día uno por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, informó ayer de esta decisión, en la que ha pesado el consejo de Eduardo Canabal Sanz, asesor urbanístico que les atiende de forma altruista.
"Nos dijo que nuestros abogados continuasen con los procesos en curso y que nos constituyésemos en asociación de afectados, algo que vamos a hacer en breves días", anunció. Destacó además que "los propietarios de las 21 viviendas estamos unidos y nos apoyan todos los vecinos de A Guarda". Se percatan de ello por las frases de ánimo y llamadas telefónicas que reciben, algunas incluso de fuera de Galicia.
Por su parte, el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, indicaba ayer que el servicio jurídico del Concello está trabajando en la demanda que se va a presentar contra la Xunta de Galicia "por inacción", al no haber actuado cuando debía hacerlo, lo que pudo evitar en su día la concesión de más licencias y no habrían tantos afectados. "Tengo que defender los intereses de todos los vecinos de A Guarda. Si hay corresponsabilidad por parte de otra Administración, se debe traducir en dinero para las indemnizaciones, pues nosotros entendemos que la Xunta tiene toda o parte de responsabilidad en este caso". A día de ayer, la posibilidad de adelantar el pago de las indemnizaciones, a la espera de percibir su importe por parte de la Xunta de Galicia, se ha tenido que descartar, dado que "los Concellos sólo pueden endeudarse hasta donde la Ley se lo permite". En este caso, el presupuesto municipal del año 2009 asciende a siete millones de euros, seis de los cuales se destinan a costear el personal.
Freitas informó también que el día 21 de este mes finaliza el plazo de presentación de gabinetes para redactar el proyecto de demolición de otra de las 21 viviendas, en Catanga.
* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ - A GUARDA - 4.12.09
Foto: El momento más duro de la jornada fue cuando las palas arremetieron contra el hogar de Generoso Ameal y su mujer - lavozdegalicia.es
