*Ecologistas en Acción presenta la campaña "Ni un metro más de hormigón". Un Mapa de la especulación en constante elaboración visibiliza el seguimiento de los casos especulativos en cualquier punto del territorio. La organización denuncia que asistimos cada día a un nuevo escándalo urbanístico, constantes ejemplos de un, cada vez más generalizado, uso irresponsable y devastador del territorio. "Lo que debía ser un uso racional del suelo se ha transformado en una ocupación especulativa del territorio, generando graves problemas ambientales y sociales y fomentando modelos de corrupción generalizados", sostienen. Hoy el urbanismo y la construcción son las principales causas de destrucción del territorio.
Los datos son elocuentes: Entre 1987 y 2000 la superficie urbanizada en España se incrementó un 29,5%. Se estima que de 1987 a 2005 este incremento alcanzó el 40%. En ese periodo algunas provincias, como Madrid, urbanizaron más del 50% de su superficie urbana previa. El propio Parlamento Europeo, en un reciente informe, califica de "enladrillado" y "expolio de una cultura" la actividad urbanística que se realiza en algunas zonas de España.
Como resultado final de esta actividad frenética, el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE. Somos el país con un ritmo de construcción más alto, pero también paradójicamente el país donde resulta más difícil el acceso a la vivienda: Entre 1987 y 2005 el aumento acumulado del precio de la vivienda fue del 250% y el nivel de endeudamiento familiar alcanzó el 125% de la renta disponible. Hacer frente al préstamo contraído para comprar un piso detrae de media más del 40% del salario. Así pues, "el problema va mucho más allá de que unos cuantos listos se enriquezcan, está en juego la destrucción del medio ambiente, nuestra calidad de vida y nuestro futuro".
Como esta lacra se puede observar en todo el Estado español, Ecologistas en Acción pone en marcha "Ni un metro más de hormigón", una campaña de ámbito estatal que pretende servir para coordinar las distintas iniciativas locales contra la especulación urbanística, dotando a cada grupo de la asociación de herramientas que potencien su trabajo y faciliten su difusión.
La campaña incluye cursos y materiales de asesoramiento jurídico en el ámbito urbanístico así como herramientas de coordinación como el Mapa de la especulación, una aplicación en Internet que permite mostrar y poner en común el seguimiento de los distintos casos de especulación, a través de unas sencillas fichas que describen cada caso registrado en una base
de datos común.
El mapa de la especulación se elabora colectivamente aprovechando la potencialidad de la llamada web 2.0, siendo una plataforma horizontal resultado de la colaboración en red de los distintos responsables locales de urbanismo de Ecologistas en Acción. De esta forma, la asociación comparte información y recursos de la forma eficaz que este problema exige. Por eso mismo, el Mapa de la especulación es un proyecto en continuo desarrollo, que permite un seguimiento informativo y jurídico de las distintas etapas que sigue un caso detectado de especulación urbanística en cualquier punto del Estado español.
*Portaldelmedioambiente.com - Jueves - 10/05/2007
Campaña "ni un metro más de hormigón"
La política de vivienda en la Comunidad de Madrid ‘ha sido un fracaso y un engaño a los jóvenes’
MadridDigital* : "La Plataforma por una Vivienda Digna, Comité territorial de Madrid (PVD), dio a conocer un documento en el cual valora que la política de vivienda de Esperanza Aguirre “ha sido un fracaso y un engaño a los jóvenes”, y que su Plan “no soluciona el problema y usa recursos públicos para apoyar los intereses de promotores y especuladores”. Según la PVD, los problemas de vivienda de los jóvenes madrileños “no tienen visos de solucionarse a corto y medio plazo por las iniciativas de la Comunidad de Madrid”, ya que el Plan de Vivienda Joven 2005/2008 publicado recientemente por la plataforma, es “un mero instrumento para aparecer en los medios de comunicación anunciando viviendas de promoción pública, mientras se apoyan los intereses de promotores y constructores”.
La Plataforma señala además que, en cualquier caso, las viviendas prometidas para esta legislatura no se han construido. Según un portavoz de la organización, “de las 79.000 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para menores de 35 años prometidas por Esperanza Aguirre para 2007, apenas se han hecho realidad unas 400”.
La PVD considera que, de todas formas, “la solución no está sólo en construir más vivienda sea del tipo que sea”, sino en efectuar reformas en aspectos como la ley del suelo, la regulación de las cooperativas, la inspección del fraude, la protección de zonas de valor ecológico, la penalización fiscal de los pisos vacíos, rebajar el módulo de la VPO, “aspectos sobre los que Aguirre nunca se pronuncia”.
En cuanto al contenido del Plan, la Plataforma destaca en su análisis los siguientes puntos.
- En vez de viviendas protegidas, precios protegidos
Las viviendas protegidas del Plan de Vivienda Joven 2005/2008, en prácticamente todas sus modalidades, son tan caras que son difícilmente pagables por un titular que cumpla los requisitos de renta para acceder a ellas.
En concreto, todas las viviendas del plan tienen precios que oscilan entre los 138.000 y los 213.000 euros, a lo que se sumarían los gastos de escrituración y seguros. Teniendo en cuenta los umbrales máximos de renta necesarios para acceder a los sorteos, un gran número de los pocos “agraciados” se ve en la situación de que una vez que le ha correspondido la vivienda, no pueden pagarla.
Sabiendo además que más del 70% de los jóvenes madrileños entre 18 y 29 años tienen un contrato temporal, tras los sorteos, otra consecuencia frecuente es que aquellos a los que les ha correspondido una vivienda sólo puedan pagarla si tienen aval y se hipotecan a 50 años "y eso dejando para la vivienda un porcentaje muy elevado de su sueldo”, afirma el representante de la PVD.
“Recordemos que esto ocurre porque el ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre, ayudado por la permisividad del Ministerio de la Vivienda, ha subido el precio oficial de las viviendas protegidas dos veces en la última legislatura, hasta duplicarlo”, agrega.
Según la PVD, lo que ofrece este plan “no puede llamarse vivienda de protección pública, que por definición ofrece viviendas de coste bajo para personas de rentas bajas. Lo único que realmente protege la Comunidad de Madrid es el precio de la vivienda en general”.
- En vez de ayudas a jóvenes, ayudas a promotores y propietarios
Otro de los aspectos que resulta incomprensible para la PVD dentro del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid son las ayudas económicas directas a personas que ya son beneficiarias de una vivienda protegida. Según la Plataforma en defensa del artículo 47 de la Constitución, el hecho de que alguien a quien ya ha correspondido una VPP necesite recibir una ayuda directa para poder pagarla es una confirmación de que el precio es demasiado alto.
“Nos parece escandaloso, ya que estas ayudas directas (cheque vivienda) en realidad acaban en el bolsillo de los promotores. Lo lógico sería bajar el precio de las VPP y adecuarlo a los niveles de renta requeridos para optar a una de ellas”, sostiene la PVD.
Por otro lado, la Plataforma recuerda que existen en el plan ayudas a promotores para incentivarles en la construcción de vivienda protegida, “como si la construcción de este tipo de viviendas no generase suficiente rentabilidad, cuando el suelo sobre el que se construye no es suelo privado”.
“Si el pocero de Fuenlabrada, un promotor privado, vende viviendas de tres dormitorios a 88.000 euros en suelos del ayuntamiento y no pierde dinero, ¿Cómo se explica que pisos similares en otros pueblos de Madrid, en suelos de la comunidad autónoma o de ayuntamientos, cuesten hasta 200.000 euros y además se ayude económicamente a los promotores?”, se pregunta la Plataforma.
Además, la PVD considera errónea la forma en la que el Plan de Vivienda Joven incluye las ayudas a propietarios para rehabilitar viviendas para el alquiler. En esta categoría de ayudas, “el plan no recoge ningún tipo de regulación que garantice que el posterior alquiler será para personas necesitadas, ni el precio de dicho alquiler una vez rehabilitada la propiedad”.
- Sorteos municipales presentados como autonómicos y lista única engañosa
En muchas de las promociones, tras la firma del convenio pertinente con la CAM, son los ayuntamientos los que establecen los requisitos para poder optar al sorteo de esas viviendas protegidas y llevan a cabo la construcción de las mismas. Muchos ayuntamientos limitan la participación a las personas empadronadas en el mismo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza el sorteo y se anota esas viviendas como suyas. Es decir, “realmente son sorteos municipales pero la CAM los presenta y anota como suyos”.
Por la misma razón, según apunta el informe, la llamada lista única “es un engaño”. La Comunidad de Madrid publicita una lista única de demandantes que optan a todos los pisos protegidos que se construyan al amparo de este plan, pero son los municipios adheridos al mismo los que eligen qué lista –única o propia- utilizar. Así, los incluidos en la “lista única” no participan en todos los sorteos, como intenta transmitir la CAM, sino sólo en algunos.
- Protegida hoy, especulativa mañana
Según el plan de vivienda joven actual, después de 25 años las viviendas pasarían a ser de régimen libre, por lo que sus propietarios podrían venderlas al precio de mercado y sacar beneficio de ellas. “Para la PVD el régimen legal de protección pública no debería ser finito, las viviendas no deberían pasar al mercado libre nunca, ya que esto favorece la especulación, el fraude y desvirtúa el sentido de crear viviendas protegidas”.
Estas son sólo algunas de las conclusiones de la Plataforma por una Vivienda Digna en su análisis del Plan de Vivienda Joven. El texto completo del análisis puede encontrarse en su página web, dentro de la sección de documentos, en el apartado destinado a la Comunidad de Madrid. En él se señalan también contradicciones entre los diferentes decretos en los que se articula el plan de vivienda joven, como es el caso del momento de la solicitud del Cheque Vivienda.
*MadridDigital - 10/05/2007
Foto: manifestación vivienda digna 24 Marzo / viviendadigna.org
Agentes forestales y corrupción municipal
J.García Jiménez/G.Palomo Gallego*.- El País : "Los pelotazos urbanísticos, la construcción ilegal en los montes, el expolio del medio natural, son y serán temas de actualidad en la próxima campaña electoral. Se aportarán las correspondientes promesas electorales redentoras, después de las pertinentes acusaciones de "y tú más", a las que los políticos nos tienen acostumbrados. Lo que nunca será tema de debate, porque no interesa políticamente, es por qué los responsables de las consejerías con competencias sobre la materia establecen criterios de oportunidad y no de legalidad para ejercer las potestades de coacción administrativa; por qué ese interés en anular los controles administrativos, creados con una finalidad disuasoria, para que no sean plenamente operativos; qué motivación lleva a consejeros y directores generales a establecer un funcionamiento para los funcionarios públicos, con misiones de policía, vigilancia e inspección del medio ambiente, basado en que éstos hagan la vista gorda en determinadas ocasiones.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid llevamos ya bastante tiempo denunciando que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no nos deja trabajar. No nos reconoce nuestra condición de Policía Administrativa Especial en materia medioambiental, aun cuando lo marca la Ley 1/2002 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales, para minimizar o anular el ejercicio de coacción administrativa; tampoco nos reconoce la condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes, para que no podamos investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente, a la vez que se nos niega la elaboración de protocolos profesionales, para que no sea eficaz el servicio prestado.
Se nos prohíbe remitir las denuncias por posibles ilícitos penales a los juzgados, por lo que produce la paralización en instancias administrativas de este tipo de denuncias que en raras ocasiones llegan, según prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente.
El asunto no es que los agentes forestales no denunciemos, de lo que se trata es que el comisario político de turno discrimine previamente qué denuncias se tramitarán y cuáles no, con la finalidad de que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles y personajes públicos relevantes del propio partido político.
*Jesús García Jiménez y Gregorio Palomo Gallego (El primero, secretario general del Sindicato de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid; el segundo, vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales.)
ELPAIS.com - 10/05/2007
