El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia sobre la legalidad de las obras de ampliación de la M-30. Los argumentos expresados en la sentencia son rotundos, y da la razón a Ecologistas en Acción* en todos y cada uno de ellos: el hecho de que una autovía se declare como urbana no la exime del cumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental; tampoco es admisible que se troceara en diferentes proyectos para eludir esta misma evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones y recursos administrativos ante el Ayuntamiento.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que no tenía obligación de someter a evaluación de impacto ambiental previa a este enorme obra en la M-30 por tratarse de una “vía urbana”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como resultado de esta cuestión prejudicial, el más alto tribunal europeo acaba de dictar su sentencia, que resulta demoledora para las tesis del Ayuntamiento, mientras que da la razón a todos los argumentos expresados por Ecologistas en Acción.
Efectivamente, la sentencia concluye con rotundidad que “los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada”, por lo que no cabe eximirlos de evaluación ambiental previa. Del mismo modo, la sentencia concluye que no es admisible el troceado en 15 proyectos que realizó el Ayuntamiento para evitar que alguno de ellos tuviese una longitud superior a 5 km (lo que infringiría la ley autonómica) o 10 km (que es el límite para realizar evaluación de impacto según la normativa estatal y europea). Efectivamente, el Tribunal Europeo concluye que “el objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.
Por otro lado, la sentencia echa por tierra otros argumentos defendidos (y nunca demostrados) por el Ayuntamiento, como el hecho de que las obras tendrían una influencia positiva en el medio ambiente. Así, para el Tribunal de Luxemburgo “la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental”.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria ha sido tremendamente contundente contra las argumentaciones del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, será el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 quien dictará su sentencia. Pero, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un claro refrendo de su ilegalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 25 de julio 2008
Foto: Madrid, túnel M30 - ayto. Madrid
Madrid: Las obras de la M-30 incumplieron la ley, según el Tribunal de Justicia
Los municipios gallegos, los que menos suelo destinaron a vivienda protegida
FARODEVIGO* : Sólo el 3,9% de los terrenos de los concellos se usan para pisos oficiales. Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida.
Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.
Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.
Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.
A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 25.07.2008
Foto: Gráfico - AARÓN DÍEZ, farodevigo.es
¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?
SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.
¿Ayuda encubierta?
El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?
Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.
Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.
En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.
Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas
Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.
En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia
Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.
Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel
ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.
Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.
Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.
Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.
* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala
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LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.
La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
