+-+Paisajes+Espa%C3%B1oles+SA.++-+orxeta.org.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El juzgado número dos de La Vila Joiosa ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, ambos del PSPV, por los supuestos delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios derivados de la compraventa de un terreno rústico incluido luego en la masiva recalificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
La denuncia también se extiende al hermano de Olcina, ex dirigente socialista y, a su vez, cuñado del alcalde. El querellante basa la acusación en supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 y pendiente de la autorización definitiva por parte del Consell. El documento prevé 3.500 nuevas casas y un campo de golf.
La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950,39 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret Sellés, hermano del entonces concejal de Urbanismo, y a su vez cuñados del alcalde. Los cuatro compradores vendieron el terreno un año después, el 23 de julio de 2004, a la mercantil Balcón de la Florida, del constructor Vicente Pastor, presidente del Benidorm CD, por un precio casi cinco veces superior, 2.614.453 euros. El suelo continuaba siendo rústico. El precio inicial, sin embargo, estaba sometido a unas condiciones suspensivas -cláusulas de regularización- en las que se pactaba lo siguiente: En caso de aprobarse por el Ayuntamiento de Orxeta un instrumento urbanístico que clasificara la superficie de la finca como suelo urbanizable en los cinco años y medio siguientes se incrementaba el precio en 1.789.909 euros, a los que habría que sumar otros 681.241 si la edificabilidad mínima era de 193.000 metros cuadrados de techo, o 408.744 si fuera al menos la mitad.
Según relata la querella, previamente al otorgamiento de la escritura pública de la segunda compraventa, el alcalde firmó un convenio urbanístico con la mercantil Balcón de la Florida por el que acuerda reclasificar los terrenos. El convenio se firmó el 5 de mayo de 2004 y en él se reconoce que dicho suelo será objeto de reclasificación urbanística en el nuevo PGOU e incluso asigna las tipologías edificatorias. En el pleno municipal votaron a favor del convenio los dos ediles.
La querella añade otros elementos. El 19 de abril de 2004 el Ayuntamiento sometió a información pública la alternativa técnica presentada por la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L. (CVC) para el PAI Sur-5, en el que se encuentran los terrenos ahora propiedad de Balcón de Florida. CVC subrogó ese mismo año los derechos a Residencial Golf Orxeta S.L., creada ex profeso. En la querella se señala que esta sociedad se creó el 2 de julio de 2004, de forma paralela a la venta de los terrenos y el convenio urbanístico de Balcón de Florida. El PAI no se tramitó de forma independiente y se incorporó en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 con los votos del PSPV-PSOE, que gozaba entonces de mayoría absoluta. Tras las elecciones los socialistas perdieron la mayoría absoluta y José Olcina dejó el área de Urbanismo para gestionar la de Fiestas.
La querellante estima que los primeros compradores conocían que los terrenos "iban a ser objeto de reclasificación", por la "necesaria connivencia" del alcalde y el responsable de Urbanismo, José Olcina, que era hermano del comprador. El edil además "recibió un préstamo de CVC en paralelo a la tramitación de la alternativa presentada por ella", lo que "no le impidió intervenir y participar con su voto en los plenos municipales en los que se decidía la cuestión".
El alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, declinaron ofrecer su versión al desconocer el contenido de la querella y no haberles sido notificada su admisión, que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre. Llinares, enfrentado con el PSPV-PSOE de La Marina Baixa, manifestó que la tramitación se ha realizado "con absoluta transparencia" y "siguiendo los trámites marcados por el PGOU".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 09/01/2008
Foto: Orxeta (Alicante) - Paisajes Españoles SA. - orxeta.org
El juez investiga al alcalde de Orxeta por una estafa urbanística
El TSJC anula otra licencia para un hotel de más de 900 habitaciones en Costa Teguise
+-+lavozdelanzarote.com.jpg)
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido anular otra licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Teguise en 1999 a la mercantil Dalmadu SL. La licencia era para un hotel, que no se ha llegado a construir, de 912 habitaciones en la avenida Islas Canarias en la parcela 244-F de Costa Teguise. La Sala, en una sentencia del pasado mes de noviembre, da la razón a la Fundación César Manrique, que fue la que interpuso el recurso, y anula la licencia que otorgó Juan Pedro Hernández cuando era alcalde de Teguise a la mercantil Dalmadu SL.
Además del Ayuntamiento, figuraba como codemandada la empresa Millenium Hoteles SL.
El Tribunal, en la sentencia, asegura que en la tramitación municipal "destaca la ausencia de estudio técnico y/o jurídico adecuado que certifique la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, el planeamiento aplicable a la licencia y los detalles del caso, en concreto si se habían comenzado las obras en el plazo otorgado para la licencia de 1998". Señala el Tribunal que "las cosas son lo que son y no lo que se las llame: por mucho que se llame al acto impugnado reformado de conjunto es en realidad el acto que posibilita la construcción de los apartamentos, dada la obsolescencia de las licencias anteriores".
Se destaca igualmente que no existe informe jurídico para otorgar la licencia y que ese trámite es preceptivo y se recuerda en el texto "la responsabilidad del secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico".
El Cabildo también se querelló contra el otorgamiento de la licencia para este hotel, que, de haberse construido, sería uno de los más grandes de Costa Teguise. Ese procedimiento aún no se ha resuelto.
Son ya más de 20 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias favorables tanto a la Fundación César Manrique como al Cabildo de Lanzarote anulando licencias otorgadas por los alcaldes de Yaiza y de Teguise, contra los que se sigue además un procedimiento penal.
Los magistrados, en esta sentencia, señalan que es innecesario examinar otros motivos de impugnación, en particular los referidos a la incompatibilidad de las licencias con las determinaciones del Plan Insular.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 09 de enero de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - lavozdelanzarote.com
Valencia: Fórmula Verda ve indicios de fraude de ley en la construcción del circuito
LEVANTE* : La Coordinadora Fórmula Verda estudia iniciar acciones judiciales para impedir la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula Uno, al considerar que hay "indicios suficientes de fraude de ley" que la Generalitat, según denuncian sus responsables, "está intentando borrar". Fórmula Verda, integrada por asociaciones vecinales, grupos ecologistas y organizaciones de defensa del territorio, estudia acudir a los tribunales tras haber llevado el caso ante la Sindicatura de Greuges y la Comisión Europea, que ya ha admitido a trámite su denuncia.
Según ha manifestado a EFE su portavoz Vicente Gallart, la plataforma "está trabajando en la presentación de denuncias judiciales" ante "las evidencias de que se está invadiendo la ley".
En primer lugar, denuncian que "no se ha presentado a información publica un proyecto global", sino que se ha dividido en varias fases e "intervenciones parciales" con las que, según Gallart, "se está camuflando todo" y generando una "falta de claridad".
En este sentido, ha indicado que el trazado del circuito "invade" catorce metros de suelo calificado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia del antiguo cauce del Túria, con el "agravante" de que se trata de un espacio de "desagüe fluvial".
"Están acelerando las obras sin modificar el PGOU", por lo que la coordinadora "intuye" que se está "ante un fraude de ley porque estaban eludiendo la presentación de un proyecto global".
Para Gallart, así se demostró en la visita de representantes de la coordinadora al Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP) para consultar los proyectos constructivos del circuito.
Según el portavoz de Fórmula Verda, fue "una visita muy frustrante" porque los responsables del ente público, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, impidieron a los representantes del colectivo obtener documentos ni fotocopias o fotografías de los mismos: "no nos dieron ni una sola hoja y se negaron a darnos ni un solo plano", lamenta.
Por contra, Gallart asegura que cuando un ciudadano solicita información a la Administración, ésta suele "grabar en un DVD todos los proyectos a cualquiera interesado en la información de un proyecto".
Así, critica, "se demuestra el interés de la Generalitat en hacer pública esa información", ya que es "consciente de que está vulnerando la ley".
Además, ha recordado que las obras del circuito se iniciaron el pasado octubre sin un estudio previo de impacto ambiental, motivo por el cual la Comisión Europea admitió a trámite el pasado 19 de diciembre una denuncia de la Federación Valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la Coordinadora Fórmula Verda.
Junto a la posibilidad de presentar una denuncia judicial, Fórmula Verda ha organizado una marcha ciclista por el jardín del Túria para el próximo día en protesta por las obras del circuito.
Para Gallart, los ciudadanos necesitan saber "cuánto cuesta, quién lo pagará y para qué servirá" el circuito, que, según dice, "se está saliendo del área prevista en el PGOU e invadiendo el cauce".
El colectivo ecologista se constituyó el pasado noviembre para reclamar a las Administraciones toda la información necesaria para que los ciudadanos conozcan los beneficios, costes y repercusiones del circuito, que acogerá el 24 de agosto de 2008 y, al menos, hasta 2014, el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno.
* Levante-EMV - EFE - 09 de enero de 2008
Foto>: El puente levadizo del puerto será trasladado para construir el circuito /Fernando Bustamante, levante-emv.com
Cantabria: La piqueta de la justicia no funciona
,+masificaci%C3%B3n+-+S.Cirilo,+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Reportaje* : Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro. Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm.
El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.
El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.
Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".
Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.
Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.
"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.
Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.
Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.
El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 09/01/2008
Foto: Masificación en Castro Urdiales- SANTOS CIRILO, elpais.com
Los implicados en la 'Operación Guateque' aprovecharon la falta de controles del ayuntamiento
SER/Madrid* : Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la 'Operación Guateque' aseguran en un documento que los implicados aprovecharon la falta de controles en el Ayuntamiento de Madrid para montar una trama de cobro de comisiones ilegales. Los agentes entregaron este documento al juez el pasado mes de noviembre. En el informe dan por seguro que hay una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero.
Los funcionarios y los empresarios implicados conocían los complejos mecanismos administrativos para la concesión de licencias y además la certeza de que las penas que acarrean estos delitos no suponen un gran perjuicio para ellos. A pesar de todo, en el documento se subraya que no se ha tenido conocimiento de que las personas implicadas en la 'Operacion Guateque' ostenten algún cargo o tengan vinculaciones políticas.
El informe en el que se hacen todas estas afirmaciones está fechado el 6 de noviembre. Los agentes llevaban desde junio investigando e interviniendo comunicaciones y teléfonos de un caso que comenzó casi por casualidad. Cuando el propietario de una tienda de animales situada en pleno rastro de Madrid denunció ante el juez que alguien que se identificaba como gerente de urbanismo le había pedido 72.000 euros. Es el precio que los presuntos delincuentes habían puesto para evitar que el negocio de este comerciante fuera precintado por el ayuntamiento. Quien pedía esa cantidad de dinero resultó no ser el gerente de urbanismo, sino uno de los principales cabecillas de la trama, relacionado en su día con el ayuntamiento y que a los pocos días pasó su primera noche en la cárcel.
Últimas novedades
La Guardia Civil ha encontrado más de 100 mil euros en metálico en el registro del domicilio de Carmelo García, detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid. El juez Torres señala a García como el intermediario entre AC 93, principal empresa implicada en el caso, y el Ayuntamiento.
Los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en la vivienda de Carmelo García y la sede de la empresa AC 93 fueron prácticamente simultáneos. En casa de García, los agentes encontraron 101.405 euros en metálico ?más de 16 millones de las antiguas pesetas- y en la sede de la empresa AC 93, 275 billetes de 20 euros, es decir, 5.500 euros.
Tal y como les adelantó la Cadena SER el pasado viernes, el Juez Torres considera que Carmelo García era el intermediario entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa AC 93. Según el juez, García que fue funcionario de la Gerencia de Urbanismo hasta el año 2003, forma parte de una trama estructurada y organizada que cobraba comisiones a cambio de agilizar la concesión de licencias y que sobornaba a funcionarios para conseguir sus propósitos.
Más de 20 de los 187 expedientes que investiga el Juez Torres fueron tramitados por la empresa AC 93.
* CadenaSER - PEDRO JIMÉNEZ / 08-01-2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
El TSJA mantiene la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla
ABC* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mantenido la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla, aunque ha admitido el recurso del Ayuntamiento y ha levantado dicha suspensión sobre otros 6 artículos inicialmente paralizados en noviembre pasado. La medida se ha dictado a petición de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (ADEPA) y, según fuentes de dicha entidad, la suspensión afecta a la casi totalidad del casco histórico sevillano que carece de un plan especial de protección.
El TSJA paralizó dichos artículos por entender que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no puede suplir a los planes especiales de protección en las zonas que aún carecen de este tipo de normativa.
Inicialmente el alto tribunal había suspendido 18 artículos del PGOU pero ahora ha admitido el recurso del Ayuntamiento y lo ha levantado respecto a 6 artículos, a la vez que ha rechazado la totalidad de las alegaciones de la consejería de Obras Públicas.
Cuatro sectores paralizados
El auto mantiene la paralización en lo referente a los sectores de Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y Calzada. Según las citadas fuentes, el TSJA cree que el Plan General "no puede entenderse que supla el planeamiento de especial protección" y por tanto "no puede afirmarse que los citados sectores cuenten con instrumentos urbanísticos de especial protección".
El alto tribunal suspende el articulo que determina la densidad de viviendas "y por ende establece la posibilidad de un aumento de edificabilidad", y el que permite obras de sustitución y nueva planta, pero autoriza el artículo que "habilita para la redacción de futuros planes especiales, que como tal no produce perjuicio".
También autoriza otros artículos que regulan las condiciones de uso de los garajes, las garantías de estudios previos de fachadas o la existencia de hueco de acceso en el edificio original, así como el artículo que permite excepcionalmente para usos de interés público las obras de reconstrucción y ampliación.
La sala de lo Contencioso del TSJA, por otra parte, rechaza la argumentación de la Gerencia de Urbanismo municipal de que no fue notificada oficialmente del trámite de alegaciones, y precisa que el escrito que recibió el 31 de julio de 2007 era una notificación y no un mero trámite informativo del plazo dado a la consejería de Obras Públicas.
* ABC - AGENCIAS. SEVILLA - 8 de enero de 2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
El juez imputa de nuevo por prevaricación al alcalde de Oropesa (Castellón)
,+edificio+Mar+-+R.Mu%C3%B1oz+(Levante).jpg)
ELPAÍS* : El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003, durante la que Albert aún no era alcalde. Sin embargo, en agosto de 2005, el popular convocó un pleno urgente para cambiar la calificación del suelo y, de esta manera, legalizar la obra.
La convocatoria se realizó en un día en el que el edil del Bloc, Josep Lluís Romero, el único que ha mantenido una actitud crítica en el Ayuntamiento, no podía acudir al Consistorio, tal como había manifestado con anterioridad. Pese a ello, el pleno se celebró y el equipo de gobierno del PP aprobó la recalificación.
Poco después, Romero presentó alegaciones a la celebración del pleno pero no únicamente por la urgencia, no razonada, sino porque la propuesta de acuerdo no incluía los metros que cambiaban de calificación. Finalmente, el Ayuntamiento anuló el pleno al aceptar que la urgencia no estaba justificada pero no entró a valorar los otros defectos alegados por el concejal del Bloc. Para entonces, un particular ya había presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 4 de Castellón, en la que acusaba a la Corporación que gobernó entre 1999 y 20003 de un presunto delito de prevaricación. Tras más de un año de diligencias, el juez imputó al ex alcalde, el independiente Francisco Garrido, a tres ex concejales y el arquitecto municipal ante la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.
Bañuelos, pendiente
Ahora, ha extendido la imputación al actual alcalde de Oropesa, Rafael Albert, mientras está pendiente de que decida si acepta la solicitud realizada por la fiscalía de imputar también a los promotores y constructores del edificio, entre los que se encuentra el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos. Albert ya declaró por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries.
* ELPAIS.com - M. F. - Valencia - 08/01/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
No es “renta básica”, no es “de emancipación”
JOSÉ MIGUEL SEBASTIÁN* : No es la primera vez que el establishment se apropia nominalmente de las reivindicaciones de los movimientos sociales alternativos, para vaciarles de contenido; basta recordar el uso y abuso que del término “desarrollo sostenible” hacen las corporaciones multinacionales más depredadoras del medio ambiente. O la denominación como Renta Básica de las rentas de inserción condicionadas que están vigentes en algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco o Asturias. No obstante, resulta muy llamativa la rimbombante denominación de “Renta de Básica de Emancipación” con que el Ministerio de la Vivienda ha bautizado a las ayudas a jóvenes para el alquiler...
... aprobadas por Real Decreto 1472/2007 de 2 de noviembre que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, más cuando hace escasamente tres meses el PSOE votó en el Congreso en contra de la toma en consideración de las proposiciones de ley de ERC e IU-ICV para la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía.
En realidad, poco tiene que ver la medida del Gobierno con la Renta Básica. Y es que, sin ánimo de atribuir a nadie en exclusiva el copyright sobre el concepto, con arreglo a la definición de la Basic Income Earth Network (BIEN), la Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.
La Renta Básica, como el derecho de sufragio, se caracteriza por su universalidad, mientras que el subsidio a los arrendatarios jóvenes aprobado por el Gobierno únicamente afecta a los ciudadanos entre 22 y 30 años.
La Renta Básica se define igualmente por su incondicionalidad, mientras que en la presunta renta de emancipación se exige que sus perceptores sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual, estén al corriente en el pago del alquiler, tengan de unos ingresos regulares o un patrimonio, en todo caso inferiores a 22.000 euros y no dispongan del uso o disfrute de una vivienda de la que sean titulares.
La Renta Básica se propone como un derecho subjetivo individual, mientras que este auxilio económico habrá de dividirse entre los titulares del contrato de arrendamiento en el caso de ser varios.
La Renta Básica se plantea, en principio, como un derecho “vitalicio”, esto es, va unida a la condición de ciudadano o residente legal, mientras que esta ayuda se recibirá por un máximo de cuatro años.
En suma, el Gobierno pretende dar respuesta al problema de la emancipación de los jóvenes y el derecho a la vivienda desde una posición asistencialista, en vez desde la perspectiva de los derechos sociales. Estamos ante un subsidio condicionado más, que no permitirá a sus perceptores desarrollar de forma efectiva sus respectivos planes de vida por su escaso importe y que, incluso, puede provocar cierta espiral de dependencia en muchos de sus beneficiarios, ya que el mantenimiento del mismo exige que persistan los requisitos que habilitan para su reconocimiento. Y en cualquier caso, supondrá un incremento del gasto burocrático al requerir más medios humanos y materiales para su tramitación y control y, probablemente, fomentará la picaresca asociada a este tipo de ayudas.
Por el contrario, una Renta Básica Universal de Ciudadanía, en cuantía suficiente para permitir cubrir las necesidades básicas, generalizaría un nivel razonable de independencia económica de todos los ciudadanos y aumentaría su libertad para vivir su vida con dignidad y respeto, especialmente para los sectores más vulnerables, entre los que se hallan los jóvenes “mileuristas” a los que va destinada la medida electoralista del Ministerio de la Vivienda contenida en el Real decreto 1472/2007.
El desempleo y la precariedad laboral afectan más directamente a los jóvenes que a cualquier otro sector de la población. Una Renta Básica Universal, por tanto, beneficiaria a los ciudadanos jóvenes, puesto que les permitiría rechazar contratos laborales, en condiciones desfavorables de trabajo o remuneración, que actualmente muchos se ven obligados a aceptar y, al mismo tiempo, incrementaría, su poder de negociación, individual y colectivo, a la hora de negociar con los empleadores, al dotarles de una autonomía económica que les permitiría oponerse a acuerdos desfavorables. Por el mismo motivo, les facilitaría la posibilidad de emanciparse de la vivienda paterna.
Pero, para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda, como la del resto de derechos sociales constitucionalmente reconocidos, un ingreso ciudadano universal es garantía necesaria, pero no suficiente por sí solo. Es imprescindible que vaya acompañada de políticas públicas que preserven el contenido mínimo de los derechos sociales y que defiendan a los ciudadanos titulares de esos derechos frente a la especulación y los intereses de los prestadores privados de los recursos y servicios que constituyen el objeto de los mismos En el caso del derecho a la vivienda, los propietarios de suelo o viviendas, constructores y promotores.
Por ello, una decidida política de promoción pública de la vivienda social en alquiler, unida a un incremento severo del I.B.I. a los propietarios de viviendas desocupadas y, en general, un mayor control público del mercado inmobiliario, junto a una Renta Básica de Ciudadanía medianamente generosa, garantizaría más eficazmente el acceso de los jóvenes al disfrute de una vivienda digna, fomentado una más temprana emancipación y, por ende, el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos.
* José Miguel Sebastián es colaborador del Observatorio de Renta Básica de Attac-Madrid
* Rebelión - 08-01-2008
