DIARIODEMALLORCA* : Una pandemia de imputaciones judiciales asola las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma. La enfermedad muestra su cara más visible en presuntas corrupciones de nombre variopinto: Peaje, Ibiza Centro, Can Domenge... Los afectados suelen contagiarse a causa de una intensa exposición a los proyectos urbanísticos o a los planes de carreteras, como ha sucedido esta semana en el Consell de Mallorca.
Otra variante menos común de la infección se manifiesta en supuestas malversaciones de fondos públicos sin que intervengan patógenos urbanísticos; los casos Ayudas y Scala son los ejemplos más elocuentes.
La epidemia estalló hace un par de años con virulencia en torno al municipio de Andratx y su ex alcalde Eugenio Hidalgo. La situación ha derivado en pandemia cuando la contaminación ha saltado de los ayuntamientos al resto de instituciones políticas. El último colectivo que quedaba a salvo de la propagación, el Govern autonómico, ha sucumbido esta misma semana a través del conseller de Turismo y presidente de UM, Miquel Nadal, encausado por la venta del solar de Can Domenge.
Las tres principales instituciones -Parlament, Govern y Consell- acogen imputados en su seno. La investigación a todos ellos deriva de las decisiones que adoptaron en la pasada legislatura. Se podría decir que Francesc Antich y Francina Armengol sufren los síntomas incubados durante el pacto de gobernabilidad sellado por Matas (PP) y Munar (UM), salvo en el asunto de Eivissa, donde el proceso vírico se ha desatado en el seno socialista. A día de hoy, el único cuerpo exento de encausados se circunscribe al Bloc, una formación política con baja exposición a los departamentos con presupuestos millonarios o ligados al movimiento de tierras.
Los ocho políticos salpicados por la pandemia son: Miquel Nadal, Antoni Pascual, Miquel Àngel Flaquer, Dolça Mulet y Bartomeu Vicens, todos ellos de Unió Mallorquina; Josep Juan Cardona y Jaume Font, del Partido Popular; y el presidente del Consell de Eivissa, Xico Tarrés (PSOE). La consellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, está pendiente de la vistilla que celebrará en mayo la Audiencia de Palma. Este tribunal decidirá sobre su implicación en el caso Ayudas, un presunto entramado de corrupción en torno a las subvenciones concedidas por el Consell a las asociaciones culturales y deportivas próximas a Unió Mallorquina. El magistrado Pedro Barceló ordenó el archivo parcial de este asunto y ahora será la Audiencia quien determine su reactivación.
La institución más aquejada es el Consell de Mallorca. Cada vez que se produzca un pleno, su presidenta, Francina Armengol, se sentará junto a su vicepresidente, Antoni Pascual, sobre quien pende una querella de la fiscalía anticorrupción por el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. Si gira su cabeza hacia la derecha se topará con la bancada del PP y su portavoz, Jaume Font, quien tuvo que declarar en mayo del año pasado sobre la inclusión de la finca de es Crevers, propiedad del promotor Mateu Sastre, en el Plan Territorial de Mallorca. Un vistazo hacia la izquierda y cruzará la mirada con Dolça Mulet y Miquel Ángel Flaquer, portavoz de UM en la institución insular que expuso a la magistrada de instrucción 12 su versión sobre el proceso de adjudicación de los terrenos de Can Domente. Hasta ahora, nadie ha encontrado un remedio para la pandemia de imputados. Por tanto, su expansión no es improbable.
* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 21.03.09
Foto: Imagen de un pleno del Consell, con hasta cuatro imputados por presunta corrupción. - B. Ramón, diariodemallorca.es
Baleares: Pandemia de imputados
Miles de casas sin licencia se librarán del derribo en situación de "alegalidad"
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DIARIODESEVILLA* : Ni legales ni ilegales, sino "alegales". Buena parte de las construcciones levantadas a lo largo y ancho de Andalucía en las últimas tres décadas sobre suelo no urbanizable podrían quedar sujetas a una suerte de limbo si prospera el proyecto puesto en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con el acuerdo de los ayuntamientos afectados por este problema.
El plan recoge tres posibilidades para dichas edificaciones: las dos primeras son conocidas, la legalización o la demolición, pero la tercera y más novedosa es situarlas "fuera del ordenamiento urbanístico" de cada municipio, a la espera de que en un futuro no fijado puedan regularizarse.
Según la consejería, el llamado Plan de Inspección Municipal 2009-2012, aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre pasado y al que de momento se han acogido en la provincia de Sevilla seis ayuntamientos -Castilblanco de los Arroyos, Pilas, El Cuervo de Sevilla, Guillena, Lora de Estepa y Arahal- prevé que los consistorios lleven a cabo un diagnóstico de la situación en sus respectivos términos municipales y que sean ellos mismos los que determinen, sujetos al asesoramiento y a la supervisión de la Administración autonómica, qué edificaciones pueden permanecer el pie -bien regularizadas, bien fuera de ordenación- y cuáles deberán ser demolidas.
El primer paso de ese diagnóstico es la realización de un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable, consistente en la elaboración de fichas en las que se identifica claramente la situación de cada construcción, incluyendo su ubicación física exacta (en suelo rústico, paraje natural, zona arqueológica...), su situación legal (con licencia, sin licencia, denunciada o no) y su uso preciso (vacía, primera residencia o segunda residencia). Será entonces cuando los ayuntamientos determinen el futuro de cada una de ellas en función de las tres vías descritas.
Hasta esta semana, en la provincia de Sevilla han sido presentadas ante la Dirección General de Inspección de la consejería 445 fichas de edificaciones en suelo no urbanizable. "Esto no quiere decir que todas las casas sean ilegales, sino que debe ser el plan de inspección municipal el que determine su situación y su futuro", manifestó un portavoz del citado departamento.
Este planteamiento es consecuencia del convencimiento de que no se pueden ni legalizar ni echar abajo las decenas de miles de construcciones levantadas sin permiso en toda Andalucía. El enorme número de edificaciones en esta situación, el proceloso proceso de tramitación administrativa que supondrían el derribo de todo aquello que se haya levantado sin licencia y, también, el coste político que conllevaría una operación semejante han sido determinantes en la decisión tomada por la Junta y los ayuntamientos.
Los pasos dados ahora por la consejería desarrollan lo previsto desde 2002 en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), en cuya disposición adicional primera se dispone que las construcciones e instalaciones existentes en el momento de aprobación de los instrumentos de planeamiento municipal, siempre que resultaren disconformes con éstos, "quedarán en situación legal de fuera de ordenación".
La LOUA determina que será en los PGOU donde se definan "los actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes construcciones". La situación legal de "fuera de ordenación" urbanística se aplicará, según la citada ley, "en las actuaciones [...] ejecutadas de forma clandestina o ilegal en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor con anterioridad a esta Ley o en contradicción con ella, respecto de las que ya no sea legalmente posible, al tiempo de entrada en vigor de esta ley, medida alguna de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido".
Según la literalidad de esta norma, sólo quedarían bajo el epígrafe de "fuera de ordenamiento", -pero a salvo de la piqueta- aquellas construcciones existentes con anterioridad a diciembre de 2002, fecha de entrada en vigor de la LOUA, aunque el margen de maniobra temporal será previsiblemente más amplio puesto que es ahora cuando la mayoría de los ayuntamientos están iniciando la elaboración de los inventarios de las viviendas levantadas sin permiso.
La consejería apunta que para este trabajo de inventariado está dando su apoyo a los ayuntamientos a través del cuerpo de inspectores, que asesora y ofrece apoyo técnico y humano a los consistorios.
El Plan General de Inspección establece unos ámbitos geográficos considerados prioritarios. En la provincia de Sevilla, estas zonas son el área metropolitana, el Bajo Guadalquivir y la Campiña-Sierra Sur.
No obstante, el plan prevé la posibilidad de trabajar en municipios que no están incluidos en estas tres zonas y en los que se han detectado fenómenos de construcciones en suelo no urbanizable que merecen una intervención específica de la consejería. Es en estos territorios donde se desarrollan "actuaciones singulares del plan".
Miguel Ángel Márquez (IU), alcalde de Arahal, admite que el caos existente en determinadas áreas "obligaba a las administraciones a dejar de mirar hacia otro lado". Según los cálculos del gobierno local, sólo en el término municipal arahalense existe entre 1.500 y 2.000 parcelaciones al margen de la ley que podrían ser susceptibles de alegalización. "Lo ocurrido es culpa de quienes han construido sin licencia, pero también de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía", afirma.
Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. El Pleno del Ayuntamiento aprobó hace dos semanas la elaboración de un plan de inspección a la vista, según el acuerdo suscrito por todos los grupos municipales, de que "la normativa urbanística autonómica se ha demostrado ineficaz".
La aplicación del plan dejará constancia de la existencia de las casas al margen de la ley y las autoridades municipales quedarán teóricamente y partir de ahora a salvo de ser imputados por omisión en sus labores de control urbanístico.
"Una vez se realice el plan de inspección, se haga el inventario de construcciones y se delimité cuáles son legalizables, cuáles se derriban y cuáles quedan al margen del ordenamiento urbanístico, este Ayuntamiento ejercerá sus potestades disciplinarias. Si queremos que la Fiscalía deje de actuar contra los propietarios, debe ser el Ayuntamiento quien marque la raya que nadie debe pasar". Quien así se expresa es Miguel Ángel Márquez, alcalde de Arahal desde 2007. Cuando aterrizó en el cargo se encontró con una situación insostenible desde cualquier punto de vista, tanto urbanística como ambiental, pasando por la sanitaria.
Las casas construidas carecen de redes de agua potable y alcantarillado y se surten de pozos cercanos a fosas sépticas de cuyas condiciones sólo saben los dueños de las parcelas. "No vamos a legalizar ni a regularizar ninguna casa que no cuente con estos servicios y, desde luego, el Ayuntamiento no puede acarrear con ese coste. Van a figurar en el PGOU como fuera de ordenación", apunta el regidor. Sólo se les exigirá que no estén situadas en zonas sensibles (un paraje protegido o en un área con peligro de riada o inundación) y que cumplan con unos servicios mínimos, como la regularización de los pozos y de las fosas sépticas, para que sean estancas.
Un breve paseo por cualquiera de los 26 pagos de Arahal en los que se han llevado a cabo parcelaciones ilegales basta para comprobar que la construcción o ampliación de muchas viviendas se mantiene a pleno rendimiento, incluso de noche, y que no es difícil tampoco encontrar carteles de "en venta", aunque es imposible que existan unas escrituras notariales fieles a la realidad. Los precios, entre 90.000 y 100.00 euros.
Luis Luna y José Paredes, pequeños empresarios locales hechos a sí mismos, afirman vivir con una congoja permanente desde que hace tres años fueron detenidos por la Policía Judicial e imputados. "Estuve hora y media llorando sin parar, diciéndole al juez que yo no había hecho nada, que todas las veces que fui al Ayuntamiento me dijeron que podían seguir con las obras, que no pasaría nada", rememora Paredes.
Su testimonio es muy similar al de su amigo, quien sostiene que varios antiguos cargos municipales, empezando por el ex alcalde y ex consejero de Agricultura y Pesca, Miguel Manaute, y el ex primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Sebastián Brenes -ambos del PSOE- también construyeron en suelo no urbanizado. "Así se lo dije al juez", asevera.
La situación de las urbanizaciones, clave en la victoria de IU en las pasadas elecciones, ha pasado factura en un pueblo donde todos se conocen. El mismo Luna admite sin tapujos que fue él quien denunció al exconcejal Brenes, "pero a nadie más". A estas alturas no se explica cómo la Fiscalía de Medio Ambiente ha actuado contra él pero no contra los propietarios de las fincas colidantes, donde también se han autoconstruido casas similares a la suya, paso a paso, aprovechando los tiempos muertos, arañando el tiempo a los fines de semana. La sensación que les inunda es de que son cabezas de turco.
* Diario de Sevilla - Javier Chaparro / SEVILLA / J. Ch. / SEVILLA - 20.03.09
Foto: Una de las viviendas construidas sin permiso en suelo agrícola en la urbanización Valle Verde, en Arahal. - diariodesevilla.es
La Plataforma Cabueñes pide una auditoría independiente
EFE/Gijón* : La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes ha pedido hoy una "auditoría independiente" que investigue a la Concejalía de Urbanismo de Gijón, por considerar que existen "gravísimas sospechas" vinculadas con el "pelotazo" atribuido al ex arquitecto jefe municipal que obtuvo un beneficio de más de medio millón de euros con la venta de una finca.
La organización de vecinos rechaza las declaraciones del Consejero de Infraestructuras de Asturias, Francisco González Buendía, y del concejal de Urbanismo de Gijón, Pedro Sanjurjo, en el sentido de que la venta de la parcela por el ex jefe del servicio "es un asunto personal".
En un comunicado, la Plataforma asegura que "tal afirmación deja al margen el principio general de control de la actividad en las administraciones" y que "cada día parece más evidente que el Plan de Cabueñes no se planteo sino para ganar dinero ilegalmente".
El ex arquitecto jefe de urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón Ovidio Blanco, que está en excedencia desde diciembre del 2003, supuestamente ha vendido una parcela de 2.500 metros cuadrados afectada por el Plan de Cabueñes en 600.000 euros después de comprarla por unos 20.000 euros.
"Reiteramos que quien respaldó y defendió a Ovidio Blanco como lo hizo Sanjurjo el pasado lunes no mantiene los mínimos exigibles para dirigir el urbanismo de Gijón mientras se investiga", expresa el texto de la asociación vecinal.
La Plataforma ha considerado como "contradicciones" las declaraciones formuladas esta mañana por el concejal Sanjurjo que admitió la posibilidad de abrir un expediente disciplinario al funcionario para evitar que pueda optar a recuperar el puesto.
"Respondiendo a las declaraciones realizadas por Sanjurjo y la alcaldesa acerca de que el Plan de Cabueñes continuará su tramite con normalidad, queremos subrayar la bochornosa contradicción que existe en esas afirmaciones porque normal ya no es un termino utilizable en el presente caso y es incompatible con el traslado del mismo a la Fiscalía", añade.
La Plataforma ha acusado además a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, de haber "faltado a la verdad" al declarar que este organismo no le había solicitado ninguna entrevista personal y le ha pedido "una rectificación pública al respecto".
"En reiteradas ocasiones se solicitó esa entrevista, verbalmente y por escrito, a través del registro municipal, siendo la misma rechazada, y no nos parece anecdótico que la alcaldesa oculte la verdad dejando por mentirosos a los vecinos", expresa el comunicado.
* La Nueva España - EFE - 19.03.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com
El Partido del Ladrillo
ANXEL VENCE* : Día sí y casi día también los guardias detienen a algún alcalde en España bajo la acusación de haber ganado pasta gansa a cambio de favorecer ciertos negocios inmobiliarios. Es la resaca de la tremenda borrachera del ladrillo que se vivió en esta parte de la Península durante la última década. A partes más o menos proporcionales, los arrestos afectan a gobernantes del partido conservador, del socialdemócrata, de los nacionalistas y de casi cualquier otro con mando en plaza. Poco o nada pintan las ideologías cuando el olor del dinero trastorna a los políticos hasta llevarlos por la senda del mal común y del bien de su propia cuenta corriente. Cuando el vil parné anda de por medio, cualquier jerarca –sea de izquierdas o de derechas- puede caer bajo la tentación de ingresar en el monolítico Partido único del Ladrillo.
Es natural. Ya el agudísimo y malicioso Quevedo advirtió hace cuatrocientos años que el Poderoso Caballero Don Dinero obra prodigios del todo asombrosos pero no por ello menos ciertos.
Si los cuartos ejercían entonces la magia de recoser virgos, ahora siguen siendo condición indispensable para dotar de pecho a las mujeres despechadas por la a menudo ingrata genética. Y no sólo eso. Un buen fajo de billetes basta también para enderezar por narices los apéndices nasales de las princesas, además de permitir que algunos políticos hagan verdaderos milagros con su presupuesto doméstico. Casos se han visto en esta última y prodigiosa década de gobernantes que consiguieron amasar patrimonios multimillonarios con sueldos mensuales de apenas un millón. Producto sin duda de alguna herencia, contra lo que algunos pudieran malpensar.
Poderoso en verdad, el señor Don Dinero engrasaba cuatro siglos atrás las plumas de jueces y escribanos en opinión del maledicente Quevedo, que acaso no anduviera en buenos tratos con esos estamentos y magistraturas. En el “Sueño del juicio final” el ingenioso Don Francisco aseguraba haber visto a un juez que se lavaba una y otra vez las manos en un arroyo para limpiárselas de lo mucho que se las habían untado en vida.
Felizmente, esas prácticas irregulares han pasado ya a la Historia y sólo las gentes de colmillo retorcido podrían creer que sigan produciéndose a estas alturas del tercer milenio. Cuestión distinta y en modo alguno reprobable es que los narcotraficantes gallegos hayan recurrido ocasionalmente –en su legítimo derecho de defensa- a los servicios de bufetes vinculados a antiguos altos cargos del Supremo o de otros organismos del poder judicial. Pero no hay que confundir churras con merinas.
Paradójicamente, el escalón de poder más beneficiado por la seducción de Don Dinero fue en estos últimos años el municipal que, en apariencia, vendría a ser el más modesto de todos. O al menos, eso sugiere el constante goteo de detenciones de alcaldes, concejales y merodeadores de los consistorios que se viene produciendo durante las últimas semanas.
Todo tiene su explicación, naturalmente. Aunque ayuno de competencias de fuste como la economía o la política de asuntos exteriores, el poder municipal contaba –y cuenta- con una facultad que ha demostrado ser de lo más productiva en la Era del Ladrillo de Oro, cuando aquí se ataban los pisos con longanizas en forma de billetes de 500 euros. No ya un alcalde, sino un mero concejal de Urbanismo pasaba a ser entonces por razón de su cargo un mago dotado de la varita mágica capaz de convertir un monte sin valor en un terreno edificable donde los billetes crecían verdes como lechugas.
Algunos o tal vez muchos cayeron en la tentación de usar la varita y ahora pagan aquellas magias de orden urbanístico con la carga del procesamiento y a veces la del presidio. “Pues que da autoridad al gañán y al jornalero, Poderoso Caballero es Don Dinero”. La España de Quevedo no está tan lejana como parece indicar el calendario.
* Faro de Vigo - Opinión - 19.03.09
