CINCODÍAS* : España no aprende. Un año más, Transparencia Internacional (TI) ha puesto el dedo en la llaga: la corrupción urbanística se ha disparado en nuestro país (no ha dejado de crecer desde 2005) y los españoles comienzan a pensar que detrás de cada político y de cada empresario hay un ciudadano corrupto.
Esta organización no gubernamental, con sede en Berlín, presentó ayer en Madrid el Informe Global 2008 sobre la Corrupción (178 países); y España no podía salir peor parada: el documento es una crítica demoledora y ácida sobre los últimos escándalos y abusos ligados al negocio del ladrillo y sobre sus consecuencias sociales.
El estudio recuerda el trabajo de Greenpeace Destrucción a toda costa (junio 2006) que contabiliza 102 escándalos o sentencias condenatorias de gobiernos locales por incumplimiento de la normativa; reseña 30 supuestos delitos urbanísticos (sólo el caso Estepona queda fuera de la lista, por el simple hecho de que estalló hace apenas una semana) y suma seis casos de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos. 'La corrupción en el ámbito municipal es muy preocupante, en el 70% de los ayuntamientos imputados el alcalde fue reelegido, en algunos casos con más votos', recordó ayer Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España.
Pese a la existencia de cierta tolerancia, crece entre los españoles la percepción de que aumenta la corrupción y de que ésta afecta a amplias estructuras del Gobierno y los negocios. Una gran mayoría, casi el 60%, opina que el Ejecutivo hace poco o muy poco por frenar los abusos urbanísticos: el 36% asegura que las medidas gubernamentales están resultado ineficaces, el 13% afirma que este Gobierno no lucha contra la corrupción y el 10% va más allá en su juicio y advierte que no sólo no lucha, sino que los fomenta. Con todo, España es uno de los tres países de Europa, junto a Dinamarca y Reino Unido, que cuenta con amplio grupo de ciudadanos (el 18%) que considera muy eficaces las actuaciones administrativas.
En el mismo sentido se orienta la reflexión de Manuel Villoria, quien asegura que 'del análisis de las últimas leyes aprobadas, la principal conclusión que se puede sacar que es que el Gobierno está preocupado y está poniendo los medios para erradicarla'.
En cualquier caso, parece que hay demasiados supuestos delitos en la prensa y en los juzgados como para que la ciudadanía no se preocupe. 'El panorama es desalentador', dice el informe: la corrupción no sólo destruye el capital social sino que socava la confianza en los demás. Sólo un 30% de los españoles confía en sus conciudadanos. El fenómeno está provocando, además, una progresiva deslegitimación de las instituciones. Así, el 63% de los encuestados considera los partidos políticos bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 41% considera a los legisladores bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación.
Deterioro medioambiental
En cuanto a los servicios públicos en general, el 40% considera bastante corrupto o muy corrupto al poder judicial, el 29% a la policía y el 37% a la recaudación de impuesto.
Por último, señala que la construcción 'detrae recursos de los sectores productivos a uno que no lo es' y recuerda, siguiendo al BBVA, que 'aunque la riqueza ligada al sector inmobiliario aporta el 32% de los ingresos municipales, genera en sus arcas un gasto del 36%'. A juicio de los expertos, este asunto está detrás del alarmante deterioro medioambiental y del sobreprecio de la vivienda 'y ambos efectos expresan una ruptura del pacto intergeneracional'.
Los negocios del agua amenazan el desarrollo mundial
Más de mil millones de personas en el mundo no tienen acceso garantizado al agua y más de 2.000 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. De ahí que la corrupción en el sector del agua es una amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad.
'El agua es un recurso insustituible. Es primordial para nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, el futuro de nuestra energía y nuestro ecosistema. Pero la corrupción plaga la gestión y el uso del agua en todas estas áreas', señala Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.
El informe explora el impacto y el alcance de la corrupción en los distintos segmentos del sector del agua e identifica una serie de problemas, desde el pequeño soborno en el suministro hasta el saqueo relacionado con la obtención de contratos de regadío y los fondos hidroeléctricos, sin olvidar el encubrimiento de la contaminación industrial así como la manipulación de la gestión del agua y de las políticas de distribución.
El informe incluye recomendaciones, entre ellas, que la transparencia y la participación sean los principios fundamentales en todos los aspectos de la gobernabilidad del agua, reforzar el control regulador y garantizar una competencia justa en los proyectos del agua.
En el caso español, el agua es una cuestión emocional y política. Ninguno de los casos de corrupción clásica se refiere al agua, sino que según el catedrático de Geodinámica de la Complutense M. Ramón Llamas, los conflictos del agua están relacionados con las subvenciones perjudiciales; la falta de transparencia en la información sobre el agua y el actual caos en la gestión del agua subterránea.
* Cinco Días - M. Matute / MADRID (26-06-2008)
Viñeta: Exposición 'especula en accion' - Jobi
Los escándalos urbanísticos disparan la alarma social
Estepona: Deudas, fontanas y confianza perdida
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ELPAÍS/Málaga* : Los agentes que investigan la trama de corrupción urbanística en Estepona siguieron tomando declaración a empresarios y cargos públicos locales en la comisaría. Ayer le llegó el turno al empresario Ángel González, uno de los industriales más potentes de la localidad.
González es padre del apoderado de la empresa Nagore Inversiones SL. El pasado 23 de mayo, el Pleno municipal dejó en el aire un reconocimiento de deuda con esta promotora inmobiliaria de 915.000 euros por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar. Esta obra fue adjudicada en 2005 por el concejal posgilista Ignacio Crespo, en prisión provisional .
Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, los trabajos, terminados antes de las pasadas elecciones, se contrataron sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido". El interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, pero alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado.
Otro reconocimiento de deuda por el que han preguntado los investigadores es el que mantiene el Ayuntamiento con la empresa World Collection. El consistorio ha reconocido una deuda de 300.000 euros por una gran fuente construida a la entrada de la avenida Juan Carlos I, frente a la playa. Esta fontana, en un primer informe de tanteo elaborado por técnicos municipales, se tasó en sólo 36.000 euros, según fuentes municipales.
Uno de los elementos que han cimentado el silencio sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona es la gran cantidad de empleados municipales, algunos con grandes sueldos, que los responsables políticos han fichado en la localidad. El pasado 23 de junio, los agentes citaron como testigo al consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona S.L, Juan Carlos Gurrea. Ayer, tres días después de prestar testimonio, Gurrea fue despedido por el edil de Hacienda, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros y que sigue al frente de todas las empresas municipales de Estepona. Zamorano, expulsado del PSOE, envió una carta a Gurrea informándole que ha "desaparecido la confianza" que se depositó en él cuando fue fichado en 2003.
[Por otro lado, el abogado Ignacio Pérez de Vargas, aseguró ayer que su relación con la promotora Valle Romano es "inexistente", como informó por error EL PAÍS el jueves.]
* ELPAIS.com - F. J. P / J. V. - Estepona - 27/06/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Proyectar el área metropolitana
ORIOL BOHIGAS* : En las críticas más o menos solventes sobre el urbanismo de Barcelona aparece, desde hace años, el asunto del área metropolitana, como el más trascendental por su carácter estructural, por su envergadura dimensional y por su contenido social. Es un problema del que se deducen infinidad de temas secundarios que afectan a la forma de vivir y convivir de toda la comunidad. La inestabilidad del área en sus propias fases de planificación, la ineficacia funcional de sus redes de comunicación, la falta de continuidad y homogeneidad social, morfológica y simbólica, la degeneración suburbial, las periferias degradadas tienen una repercusión inmediata en la vida de cinco millones de catalanes.
El tema se arrastra desde la década de 1950. Ante la prohibición por parte del Gobierno central de agregar a Barcelona directamente los municipios colindantes -tal como se hizo aquellos mismos años en Madrid- la capital catalana tuvo que buscar soluciones de coordinación -forzadas, inconclusas y, al fin, inútiles- entre los diversos núcleos autónomos. Estas soluciones se han sucedido en una dramática línea de fracasos y, a veces, incluso, originando problemas complementarios.
El primer intento fue el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia (1953), un documento conocido habitualmente como Plan Comarcal que comprendía 27 municipios. Sirvió sólo para algunas operaciones concretas y para suscitar en 1956 el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, que incluía 162 municipios. Este plan presentaba un conjunto de trabajos muy interesantes, con escasa propuesta proyectual, pero con abundantes análisis científicos, publicados en 27 volúmenes, que son, todavía, referencia y muestrario de la nueva generación de equipos pluridisciplinares en el campo del urbanismo. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica un nuevo concepto del Área Metropolitana, referida más a una red de interdependencias y a unas relaciones de residencia y trabajo que a la simple proximidad física. Pero los procesos de aprobación y los instrumentos de aplicación no funcionaron y los esfuerzos administrativos se dirigieron hacia una nueva etapa: el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. Se aprobó en 1976 y se creó la Corporación Metropolitana como ampliación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios. El plan y la estructura administrativa empezaron a funcionar en un área que sólo comprendía 27 municipios, muy pronto insuficiente para la expansión real.
En 1987 la Generalitat cometió el grave error de suprimir la Corporación sin ninguna razón más allá de los presuntos desequilibrios electorales. El plan se ha mantenido, sobre todo en la ciudad central, pero la totalidad del área ha seguido desatendida con escasas consecuencias proyectuales. Se inician los trabajos para un plan territorial que se desarrollan bajo la dirección del ingeniero Albert Serratosa y se prolongan hasta 1998. Sus autores se esfuerzan en divulgarlo e incluso lo publican muy concienzudamente, aunque sin alcanzar una aprobación definitiva.
En 2004, con el tripartito, la historia recomienza. El Departamento de Política Territorial inicia los estudios para un nuevo plan del área global: 164 municipios, 3.200 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes. Hace pocas semanas el anteproyecto ha sido presentado a información pública, una publicidad todavía informal pero suficiente para recoger la opinión de la ciudadanía y de los técnicos pertinentes. Al cabo de tres meses, la propuesta ya adaptada pasará a la aprobación inicial, a la reglamentaria información pública y a la aprobación definitiva. ¿Cuántos meses va a durar, todavía, ese atribulado proceso?
El lector se extrañará de que me haya detenido en esta historia de trámites casi inútiles. Pero es esta historia la que permite derivar observaciones críticas, quizá más que el contenido del anteproyecto, sin duda lleno de propuestas plausibles. Esos largos años de incertidumbre han sido decisivos en el creciente descrédito de nuestros políticos del Gobierno y de la oposición: o no se han interesado realmente por el problema urbano más grave del país -por razones partidistas- o no han sido capaces ni siquiera de iniciar su gestión -por razones de ineficacia. La supresión de la Corporación barrió posibilidades y destruyó la unidad política de gestión y proyecto. Con tanta frustración acumulada es lógico que algunos ciudadanos desconfíen y exijan una recomposición de las instituciones y los instrumentos. Que pidan programas más precisos, que los políticos concreten calendarios y expliciten su interés por la metrópoli y lo sepan comunicar a la ciudadanía como un tema prioritario, urgente, indiscutible. De momento, es muy buen síntoma ese anteproyecto. Pero hay que insistir en él, aunque no acabe de ser asimilado con entusiasmo ni siquiera con entusiasmo crítico. Ésa es la transformación básica para la total reordenación territorial de Cataluña, la transformación a la que el Gobierno debe reclamar una profunda participación popular. Es más fácil entretenerse en la polémica de los túneles, en la denuncia de los fallos ferroviarios, en las insuficiencias aeroportuarias, en el detalle de ciertas infraestructuras, pero hay que tener presente que todo ello depende directamente de las grandes decisiones territoriales, la primera de las cuales es, precisamente, el Área Metropolitana de Barcelona. De momento no oigo el ruido de la polémica ni el rumor del diálogo en la política y la ciudadanía. ¿Y los medios de comunicación seguirán en sus silencios no comprometidos?
Espero que el Departamento de Política Territorial maneje adecuadamente ese anteproyecto y lo catapulte acompañado de un programa de gestión en la perspectiva de una nueva Corporación o un megaayuntamiento con altas responsabilidades políticas, elegido democráticamente, para gobernar una gran ciudad regida y reglamentada unitariamente.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - Cataluña - Opinión - 25/06/2008
