LAOPINIÓN/A Coruña* : La constructora de Muxía Ogando pagaba dinero en metálico a alcaldes, concejales y funcionarios municipales, además de agasajarlos con suculentos regalos, para hacerse con obras en los tres concellos implicados en la operación Orquesta -Cee, Fisterra y Mazaricos-. En la investigación sobre la presunta trama de corrupción en A Costa da Morte se citan varios ejemplos, tal y como se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas a los empresarios y políticos. En una de las charlas referidas a la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Fisterra, que financió la Diputación de A Coruña con un presupuesto de 350.000 euros, los dos empresarios de Ogando -padre e hijo- hablan sobre la construcción de la obra antes de ser adjudicada y los "problemas" que puedan surgir. El padre asegura que, según le habían comunicado desde el Concello, el secretario municipal es "quien tiene mano en eso". "El secretario puede abrir los sobres, vosotros le dais también, os puede ayudar, ¿entiendes?". Se puede mirar los sobres antes de abrirlo", comenta a su hijo.
"Y, como, bueno, no se puede hacer, bueno, paga la Virgen, puede ser", continúa diciendo el constructor a su hijo. Después de esta conversación la investigación confirma que el padre ha hablado "con un tal Moncho -presumiblemente el concejal de Urbanismo de Fisterra- quien presumiblemente le ha dicho que quien tiene mano ahí es el secretario, se deduce que del Concello, el cual les podía ayudar a la consecución de la obra mencionada". En vista de la conversación entre padre e hijo "queda patente que para la adjudicación de las obras es norma común en la empresa pagar por ellas", según concluye la investigación en el sumario.
En otra de las llamadas se refleja que los Ogando retiraron 10.000 euros de una entidad bancaria el 30 de diciembre del pasado año, por lo que la investigación también sospecha que podría ser para un presunto pago de favor por la adjudicación de las obras del campo de fútbol del Concello de Fisterra. Los dos constructores imputados ya reconocieron en su declaración ante el juez que habían pactado un porcentaje de un 5% en las obras de la Casa de Cultura de Cee para el alcalde, Ramón Vigo. Las distintas obras efectuadas en el edificio rondan el millón de euros. En una de las conversaciones entre Ogando y el empresario de espectáculos Jorge López, también imputado, el constructor le dice: "Yo ya le dije, arriba de 15.000 nada...", aunque todavía no se han contratado todas las fases. "Está contratado la mitad de lo que me dijo, porque hablamos de un millón de euros", cuenta Ogando a Jorge López. La investigación sospecha que incluso pudo pactarse un porcentaje superior, ya que se pregunta: "¿qué porcentaje ha tenido que pagar Daniel Ogando) al alcalde de Cee, el 5 o el 10%, y qué concierto de los tres contratados le va a pagar a cambio?".
Las irregularidades que había en los procedimientos de contratación aparecen reflejadas en el sumario, ya que la constructora Ogando presumía de que iba a ser la adjudicataria antes de resolverse el concurso. Uno de los casos más recientes corresponde a las últimas fases de la Casa de Cultura de Cee, en la que aún está pendiente la instalación de butacas en el auditorio. En enero la constructora ya negoció con otra empresa su adquisición. Daniel Ogando afirma en una de las conversaciones que, según le comunicó el alcalde, "saca el negociado con unas condiciones que va a ser difícil que lo lleve otro".
* La Opinión Coruña - 12.04.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz
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LAPROVINCIA* : Cuatro grandes operaciones urbanísticas en la capital grancanaria con una inversión superior a los 200 millones de euros que fueron impulsadas durante los mandatos de los populares José Manuel Soria y Pepa Luzardo continúan en limbo, tras ser tumbadas en la mayoría de los casos por los tribunales. Es el caso de las promociones inmobiliarias del Canódromo, el Gran Guanarteme y Pavía. La entrada en escena de la crisis económica paralizó la reforma del edificio del antiguo Banco Exterior, que fue comprado en 2005 al Ayuntamiento por la empresa Entecan para hacer oficinas. En el inmueble no se ha movido una piedra desde entonces. Las grandes torres del Canódromo, el Gran Guanarteme y Pavía continúan empantanados por sendas sentencias judiciales.
La empresa Realia logró levantar una de las dos torres antes de que una sentencia judicial la tumbara. Pero no le ha servido de mucho. La promoción está paralizada desde 2008, tras una denuncia de los vecinos, por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anularon el Plan Especial que ampara la operación y la licencia de construcción. El caso está pendiente del Supremo.
Esperando por el Supremo está también la anulación en 2010 de la construcción del Gran Guanarteme. Martinsa-Fadesa, que acaba de salir de la mayor suspensión de pagos de la historia española, quería hacer en el solar de la plaza de América varias torres de 13, 10 y nueve plantas para 300 casas, pero el TSJC tumbó la operación. Los vecinos que ganaron este pleito acaban de presentar su rechazo al recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Supremo, el único que recurrió, ya que Martinsa-Fadesa renunció a ello. El nuevo Plan General, pendiente de aprobación, rebaja a 10 las plantas del edificio, a cambio de ceder a la promotora un espacio libre.
Más laberíntico es el caso de Pavía, donde en su día se habló de construir un gran rascacielos. El Ayuntamiento acaba de presentar un incidente de inejecución de sentencia, porque el TSJC le obliga a devolver el solar a los dueños que fueron expropiados en 1991. La parcela de la familia Reyes fue expropiada para hacer un equipamiento deportivo, pero en 2000 se recalificó como zona residencial, lo que motivó que sus iniciales propietarios acudieran a los tribunales. Los Reyes ganaron el pleito y han obligado al Ayuntamiento a revertir la parcela. Pero la parcela ha cambiado de dueños. En 2004 fue moneda de cambio de El Confital y permutada a la empresa Confitalsa, quien la vendió a Evemarina. En la actualidad, el solar pertenece a la Caja, por impago de Evemarina.
Oficinas paralizadas
La operación del Banco Exterior y su parálisis no tienen que ver con ningún pleito judicial. Fue comprado por Entecan durante el mandato de Luzardo, dentro de un paquete en el que se incluyó una parcela de Las Torres para hacerlo atractivo, porque en la primera subasta quedó desierto. El Ayuntamiento cobró 24 millones por esta operación. Entecan vendió la parcela de Las Torres a Santana Cazorla, que hizo una urbanización, pero el edificio de oficinas que estaba previsto hacer en el Exterior, sigue paralizado, debido a la crisis.
* La Provincia - 12.04.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo sin acabar (archivo) - canarias7.es
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HUELVAINFORMACIÓN* : Los ediles imputados son los de Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal. Un juzgado de Valverde del Camino (Huelva) ha imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos a los nueve alcaldes que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero -ocho del PSOE y uno del PP- tras una denuncia presentada por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería. La juez que instruye el caso ha dictado una diligencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se cita a declarar como imputados a estos nueve alcaldes entre el 4 de octubre y el 1 de diciembre de este año.
La denuncia fue presentada el 27 de julio de 2010 contra el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de los municipios que la componen y está relacionada con la adjudicación a Novasoft del contrato sobre prestación de servicios de teleasistencia al ciudadano.
La adjudicación se realizó por un importe de 468.097 euros en un contrato que se formalizó el 19 de mayo de 2007.
La implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones y la Mancomunidad de Municipios de Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008.
Los problemas, según indica en la denuncia, surge en el momento de abonar el importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se produjo pago alguno, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación de 418.823 euros.
Novasoft sospecha que estos fondos hayan sido desviados a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos y entiende que estas personas podrían haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Los alcaldes imputados son los de Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal.
* Huelva Información - ep. - 11.04.11
Foto: Alosno (Huelva) - andaluciaturismodigita
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ELPAÍS/Reportaje* : Caía la tarde del 19 de junio de 2010 en el estadio del Real Unión (Irún), cuando el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, levantaban los brazos al cielo. El buque insignia del deporte de Alicante, el Hércules CF, había consumado, después de casi tres lustros de frustraciones, el anhelado ascenso a Primera División. La gesta del Hércules completó el escaparate de oropel con el que el poder alicantino (político, económico y financiero) adornó el periplo hacia su particular Arcadia. Nada más superada la resaca de los alicantinos por el éxito del Hércules y ahítos de repetir Somos de Primera, el viaje se vio afectado por tres vías de agua. La primera desencajó a los cargos públicos más destacados (líderes del PP locales y provinciales, hegemónicos en el poder desde mediados de los noventa); la segunda fulminó a los empresarios más influyentes y afines a los primeros; y la tercera desorientó al poder financiero.
Un año después, los tres pilares del poder alicantino arrojan este abrumador y negativo balance: 25 instituciones públicas (entre ellas la Diputación y el Ayuntamiento de la capital) en los juzgados por supuesta corrupción; más de medio centenar de cargos, liderados por el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y la referente del sector opuesto -los campistas- en la ciudad, la alcaldesa Sonia Castedo, imputados o acusados en los distintos sumarios; otra larga lista de empresarios imputados, con el promotor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, y el industrial Ángel Fenoll a la cabeza; y la primera entidad financiera, la CAM, apelando al Banco de España para estabilizar su futuro, tras el estrepitoso fracaso de fusión fría con otras tres cajas de aparente menor potencial.
El 6 de julio de 2010 afloró la primera causa del estallido de la burbuja alicantina y dejó al descubierto las miserias de su trastienda. El lastre de sus pilotos pesaba como el ladrillo y el aire con el que se había llenado pasó de una ligera contaminación a la descomposición. Ese día, la justicia puso en marcha la segunda fase de la operación del caso Brugal, investigación gestada durante tres años que destapó la promiscuidad, rayana a veces con la obscenidad, entre el poder fáctico y electo de la ciudad. Las bases de esas viciadas relaciones eran las contratas de la basura y el urbanismo. Nada sorprendente. Ambas actividades florecieron en paralelo y sin control a la sombra del fácil y boyante negocio del urbanismo salvaje.
Esa primera semana de julio de 2010 fueron arrestados Ripoll, Ortiz y Fenoll por el caso Brugal. Los tres están imputados por cohecho, fraude y tráfico de influencias derivado de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que la operación supuso a Ripoll una ganancia, no justificada, de 1,3 millones de euros. La familia Ripoll se ha gastado la calderilla (300.000 euros) en compras abonadas en metálico en tiendas de lujo, y en viajes. Esa vertiginosa carrera consumista la dirigió alegremente la mujer del líder provincial del PP, Margarita de La Vega. Políticos y empresarios solían celebrar el cierre de estos ventajosos pactos, según la investigación policial de Brugal, con paradisíacos cruceros a bordo del yate Helena, propiedad de Ortiz.
El sumario Brugal, la mayor causa sobre corrupción destapada en la historia de Alicante, incluye otra pata no menos capital. Un posible trato de favor al promotor Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Por estos hechos, el fiscal acusa, entre otros, al promotor y a los dos alcaldes del PP de Alicante, Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. El ministerio público les atribuye los supuestos delitos de cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información. Esta pieza de Brugal salpica a dos directivos de la CAM, entre ellos su expresidente Vicente Sala, acusado por el fiscal por supuestas ilegalidades en operaciones de compra de suelo del promotor Ortiz durante el trámite del PGOU de Alicante.
Las primeras diligencias secretas del caso Brugal que trascendieron fueron unas escuchas telefónicas que desvelaron la compra de al menos cinco partidos por parte de Enrique Ortiz para asegurarse el ascenso del Hércules a Primera. La causa se archivó porque esas prácticas no han pasado a ser delito hasta la reforma del Código Penal el pasado mes de diciembre.
El amaño de los partidos del Hércules por parte de su dueño y su arresto e imputación por el cohecho de la basura llevaron al popular empresario a dar un paso atrás. Ortiz, consciente de que su imperio económico estaba tocado, ha mudado su rampante protagonismo en la vida económica y social de Alicante por un discreto segundo plano.
En el mundo político la aguda sospecha de corrupción que envuelve a 25 instituciones de la provincia apenas ha hecho mella entre los cargos públicos. Solo dos dimisiones. Y ambas en el bando socialista: los portavoces del PSPV en la Diputación y en el Ayuntamiento, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente, por su implicación en Brugal.
En el tercio popular, que acapara la mayoría de imputaciones y acusaciones, todos siguen aferrados a sus puestos. El paradigma de esta indolencia de los cargos populares implicados en causas de corrupción ha sido la pugna de Ripoll con sus rivales campistas por revalidar la presidencia de la Diputación. Los paganos de las supuestas tramas corruptas que salpican al PP son tres ediles populares de Orihuela, arrestados e imputados en Brugal, que no repetirán en la lista que, en cambio, lidera Mónica Lorente, implicada en Brugal e imputada por otro juez por supuesta prevaricación.
Los políticos populares de Alicante siguen inmersos en la carrera para revalidar sus puestos sin entonar el más mínimo mea culpa y sin hacer gestos de apostar por una ética diferente. En su subconsciente prima el hecho de que hasta ahora el lastre de la corrupción no les ha pasado factura en las urnas y de que la justicia tampoco les ha echado el lazo. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante no ha podido en seis años (por una objetiva y alarmante falta de medios y por la ausencia de juzgados especializados en la materia) llevar al banquillo de los acusados a ninguno de las decenas de cargos públicos que ha imputado.
En el seno de la sociedad alicantina ya surgen voces contra el intento de los políticos de prolongar la idílica imagen de la capital. "Es evidente que algo estamos haciendo mal", comentaba recientemente un destacado empresario alicantino en alusión al estrepitoso desplome del poder alicantino. "Los culpables somos todos. Es el momento de abrir un debate sobre esta cuestión", añadía.
El 22 de mayo los ciudadanos vuelven a tener la palabra.
* El País - 11.04.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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ELMUNDO* : El acceso a una vivienda en España sigue siendo "demasiado caro" y los precios siguen sin ser "razonables", según el Informe Anual de de 2010 del Defensor del Pueblo [Pdf: Lea el documento]. Esta institución solicita en este sentido la construcción de más pisos protegidos (VPO) para garantizar el derecho de una vivienda digna a los ciudadanos más desfavorecidos. Según el Defensor del Pueblo, persiste la "difícil" relación entre la renta familiar y el precio de la vivienda para muchas familias. Apunta que éstas "no pueden acceder en modo alguno a la vivienda apropiada a causa de unos precios tan elevados que convierten este bien de primera necesidad en un bien suntuario". Además, el informe lamenta que los recortes presupuestarios, que han llevado a la reprogramación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que incluyen la eliminación de la ayuda directa a la compra de VPO, hayan dado lugar a un "aumento de las dificultades".
De este modo, apunta que "la presión de los precios está provocando que algunas de la viviendas protegidas no las quieran ni los suplentes de los que habían resultado adjudicatarios". Además, añade que "muchos de los beneficiarios de viviendas protegidas no pueden acceder a las subrogaciones de las hipotecas y a otros créditos, al exigir las entidades financieras garantías adicionales".
El Defensor del Pueblo explica también que existe un "bloqueo financiero" a miles de familias por el deterioro de la situación económica". Precisa que, "aunque la intermediación financiera ha evitado miles de ejecuciones hipotecarias en España, un 30% de esos casos podría haberse evitado mediante refinanciación".
Por otro lado, la institución señala que "no puede aceptar sin más, ni permanecer impasible" a que las administraciones tengan por bueno que la demanda de residencia ha caído, cuando lo cierto es que la necesidad de una vivienda a "un coste razonable" sigue sin verse satisfecha. Así, considera que las políticas de vivienda "deberían dejar de moverse en la improvisación y en lo coyuntural del corto plazo", y pasar a una "planificación a medio y largo plazo".
Concretamente, la institución ve necesario aumentar "considerablemente" las viviendas de protección oficial e insta a que los esfuerzos de las administraciones por aumentar el parque de estas viviendas se dirijan específicamente a personas en situación más vulnerable.
* El Mundo - Ep. - 11.04.11
Foto: Vivienda Digna, manifa ladrillo y presos
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FRANCISCA BLANCO* : Durante el fin de semana ha sido asaltada y quemada la sede de Ecologistas en Acción - Cáceres. Los actos vandálicos, con un contenido claramente intimidatorio, pueden estar relacionados con los casos de acoso a activistas de la organización que se vienen desarrollando en la provincia. En Cáceres, Ecologistas en Acción comparte local con Setem, Foro Social de Cáceres, Intermón-Oxfam y Visiones. Durante la noche del sábado fue asaltado el local de forma premeditada y preparada. Tras el asalto han sido sustraídos dos ordenadores propiedad de Setem. Sin embargo los destrozos se han realizado únicamente en la dependencia de Ecologistas en Acción - Cáceres. Allí las personas asaltantes quemaron todos los libros, revistas, camisetas y materiales de la organización ecologista provocando un incendio que pudo tener consecuencias mucho más graves. Las dependencias del resto de organizaciones no sufrieron mayores daños. En los últimos años, Ecologistas en Acción viene denunciado el acoso al que está siendo sometido en la provincia como consecuencia a su oposición al proyecto urbanístico Isla de Valdecañas. Recientemente los abogados de la organización han conseguido que se declare ilegal este proyecto y. Este acoso ha incluido el lanzamiento de artefactos incendiarios a la casa de una activista de Ecologistas en Acción y numerosos destrozos materiales en su coche y vivienda.
Pero este no es el único caso de acoso en esta provincia, este mismo fin de semana, durante una chara antinuclear en Valencia de Alcántara, activistas de Ecologistas en Acción han tenido que soportar un intento de boicoteo de la misma por parte de diversas personas.
Desde Ecologistas en Acción calificamos estos hechos de muy graves. Son actos que se pueden calificar, sin ninguna exageración, de mafiosos e intimidatorios, e indican que actitudes fascistas se van abriendo espacio en la provincia de Cáceres. Es responsabilidad de la Delegación del Gobierno y de los Gobiernos locales, provinciales y autonómicos tomar las medidas oportunas para garantizar la libre expresión de la ciudadanía extremeña.
Ecologistas en Acción se reafirma en seguir trabajando y defendiendo una nueva ética en las relaciones de los seres humanos entre sí y con los demás seres vivos y sus hábitats. La organización no dejará de realizar denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañen el medio ambiente y que conlleven situaciones de grave injusticia social y ecológica. Ni la quema de sus locales, ni las amenazas que sufren les van a parar en su trabajo por un mundo más justo, sostenible y democrático.
Desde Ecologistas en Acción de Cáceres y Comarca queremos denunciar el robo y la quema de nuestra Sede en la noche del viernes al sábado último, robo que también se ha perpetrado en la ONG solidaria SETEM de donde se han llevado un ordenador, e intentado en los demás colectivos del piso (Foro Social de Cáceres, INTERMON, VISIONES).
Desde Ecologistas en Acción lamentamos estos hechos, que se repiten por segunda vez en menos de un año y nos reafirmamos en seguir trabajando y defendiendo una nueva ética en las relaciones de los seres humanos con los demás seres vivos y sus hábitats, así como denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañen el medio ambiente y que conlleven situaciones de grave injusticia social y ecológica.
Estos hechos, además, se unen a otros que han sido ya denunciados por todo el territorio del Estado y de Extremadura (ver: http://www.ecologistasenaccion.org/article19454.html ). Por ello pedimos al Ayuntamiento de Cáceres y a la Subdelegación del Gobierno, más vigilancia en la zona, ya que ataques de este tipo no se pueden permitir.
* Kaos en la Red - Ecologistas en Acción - Opinión - 10.04.11
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