DIARIODEMALLORCA* : Se imaginan a todos los habitantes de Escorca (276 almas), multiplicados por dos e imputados en enrevesadas y millonarias causas judiciales, ese es el balance de los veinte principales casos de corrupción en las administraciones públicas y de tramas de evasión fiscal que tramitan los juzgados de Balears. Los quinientos encausados en unos sumarios de gran complejidad variarán a lo largo de este nuevo año. No será hasta la fase final de la instrucción, coincidiendo con la calificación provisional de las acusaciones, cuando se sepa la cifra exacta de encartados. Las veinte causas aún "vivas" sobre presuntas corruptelas en Ayuntamientos, Consells insulares, Govern y otras administraciones públicas, cometidas en las pasadas y la actual legislatura, son las siguientes: Bomsai; Inestur-Voltor; Palma Arena; Andratx; Can Domenge; Son Oms; Maquillaje; Ibatur; Peaje-Carreteras; Fundació Illes Balears-Torre de Sant Elm; Scala-Consorcio per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB); Bitel-2; Turismo Jove; Ibatur; Funeraria de Palma-EFM; Ayudas del Consell de Mallorca; Mar Blau-Puertos del Estado; Relámpago; Canteras del Govern e Eivissa Centre.
En el año 2010 se archivaron 2 sumarios y también se dictó el sobreseimiento para unos cuantos encausados en otros casos. Las causas archivadas fueron las del Plan Territorial de Mallorca y la última viva contra la ex alcaldesa socialista de Calvià Margarita Nájera, por un solar urbanizable comprado por su ex marido Manuel Barajas hace ya casi 10 años.
140 imputados en Andratx
El caso que, con diferencia, ha dado lugar al mayor número de imputados ha sido el de Andratx, la cada vez menos presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de dicha localidad. La también conocida como Operación Voramar se ha saldado nada menos que con unos 140 imputados, en las 77 piezas separadas abiertas para esclarecer un sinfín de corruptelas urbanísticas. Los principales encausados, algunos de ellos ya en prisión, son: el exalcalde de Andratx por el PP, Eugenio Hidalgo; el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el antiguo celador municipal de obras, Jaime Gibert.
El segundo sumario con más implicados es el bautizado como Operación Maquillaje, hijuela del caso Son Oms y que ya tiene 63 imputados. Las previsiones apuntan a que esta supuesta trama de desvíos millonarios de fondos públicos a empresas afines a UM y militantes de ese partido seguirá creciendo.
Los acusados de mayor relumbrón constituyeron en su día la cúpula de UM: María Antònia Munar; Miquel Nadal; Miquel Àngel Flaquer; Bartomeu Vicens; Josep Lliteres; Miquel Àngel Grimalt; etc. Junto a ellos son sospechosos un carrusel de testaferros, parientes y empresarios, entre ellos el esposo de Munar, Miguel Munar, y los primos de Nadal, Miquel Sard y su esposa.
La tercera causa más poblada es el Palma Arena, un presunto entramado de desvío de fondos y financiación irregular del PP a través de las obras y eventos del velódromo del mismo nombre. Ya casi nadie se acuerda de que el Palma Arena nació como Operación Espada, en honor a la mítica bicicleta de Induráin. Hoy, ronda el medio centenar de encausados. Su imputado más famoso, y más fotografiado, es el expresident del Govern Jaume Matas, quien comparte sumario con su esposa y su cuñado (extesorero del PP).
* Diario de Mallorca - 2.01.11
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com
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MADRIDIARIO* : El albergue juvenil de Santa María del Buen Aire, dependiente de la Dirección General de Juventud y ubicado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, echa el cierre este viernes. Los doce trabajadores que han sido despedidos aún no se explican la fulminante decisión, mientras que el director del centro, funcionario regional, será reubicado en otro albergue. El albergue para jóvenes Santa María del Buen Aire dejará de funcionar este viernes, 31 de diciembre. Utilizado de manera habitual para acoger jornadas de convivencia o campamentos, está emplazado en un paraje natural envidiable, rodeado de amplias praderas y a espaldas del monasterio de El Escorial. Se reinauguró, tras una reforma, hace cinco años, en concreto el 27 de mayo de 2005.
Venía siendo utilizado con frecuencia por asociaciones que trabajan por la integración de jóvenes discapacitados como CEPRI -especializada en el tratamiento de personas con autismo- o APAMA -Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas- por su "excelente emplazamiento libre de coches y baños y habitaciones adaptados", explica un trabajador de CEPRI.
Ahora, nadie se explica el por qué del cierre. Rosa Ariza, una cocinera que llevaba varios años prestando allí sus servicios, se enteró "hace menos de una semana" de su despido: "Estamos muy indignados porque no sabemos nada, nadie nos ha dado ninguna explicación". Igual que ella, otros once trabajadores de Gastronomía Las Murallas -empresa que tenía adjudicada la gestión del centro- se han quedado sin trabajo "de la noche a la mañana".
Muchas son las especulaciones sobre el cierre. La crisis o la intención de la Comunidad de privatizar el centro son algunas de las que más suenan entre los afectados. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura y Deporte, organismo del que depende la Dirección General de Juventud y la red regional de albergues y refugios, se aseguró a este digital que la intención no es otra que la de "realizar un cierre temporal para estudiar la viabilidad y mejora de los servicios que venían prestándose en este albergue, puesto que en los últimos años ha experimentado una progresiva disminución en la ocupación y demanda".
Y es que, según datos facilitados por la Dirección General de Juventud, "en 2008 el porcentaje de ocupación fue del 45,53 por ciento, en 2009 del 44,35 por ciento y en 2010 la media de ocupación es del 40,23 por ciento". Estas cifras contrastan con la opinión de los trabajadores, quienes afirman que "el sitio está muy preparado y siempre estaba lleno de gente, no entendemos el por qué de la decisión, aunque es verdad que desde primavera ya no se aceptaban reservas para enero".
La Comunidad de Madrid quiere además hacer constar que dispone de otro albergue en San Lorenzo del Escorial: "Estas instalaciones podrían absorber la posible demanda que se presentara durante el cierre temporal".
José García, coordinador de CEPRI, por su parte lamentó la decisión porque "el sitio se había convertido en un albergue ideal para venir con chicos con discapacidad intelectual y, a diferencia de otros, éste estaba abierto todo el año a excepción de Nochebuena y Nochevieja". "Es una verdadera pena", concluyó.
* Madrididiario - 30.12.10
Foto: San Lorenzo del Escorial, albergue juvenil cerrado - madridiario
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LAOPINIÓN* : La plataforma 'Galiza non se vende', que aglutina a diferentes asociaciones, ha hecho público un manifiesto en el que reclama una "huelga general urgente" que sea continuada con más protestas, como paros, boicots y activismo, para lograr un "cambio de rumbo en las políticas sociales y económicas". En un comunicado, critica que "desde el Gobierno central y la Xunta se subvenciona, como siempre y sin contar con el pueblo" a los bancos, a las grandes empresas y a instituciones como la eclesiástica y la militar. Al mismo tiempo, ha reprochado, "se están recortando todos los gastos sociales". Además, la plataforma ha considerado que la Xunta desarrolla una legislación que se basa en "la desprotección del territorio" y "agrava la actual permisividad" en el urbanismo.
"Son normativas pensadas, ideadas y preparadas para entregar lo que es patrimonio de todas y todos a las manos del capital, con todas sus caras", ha denunciado y ha citado, entre otras normas, el Plan de Ordenación del Litoral, la modificación de la Ley del Suelo, la Ley de Montes, las Directrices de Ordenación del Territorio, el plan de acuicultura o el de gestión de residuos.
Asimismo, ha criticado que el decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza "menosprecia" la lengua propia de Galicia y "toda" su cultura. "Este modelo es inviable; necesitamos otro modelo que ponga en el centro al medio ambiente, la cultura y las personas", ha reclamado el colectivo.
* La Opinión - 31.12.10
Foto: galiza_non_se_vende
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SUR* : La imagen del edificio de Urbanismo, al que durante mucho tiempo se conoció como 'el otro Ayuntamiento', está ligada por asociación a la figura de Juan Antonio Roca. Entrar en su día en el inmueble suponía adentrarse en los dominios del principal acusado del 'caso Malaya', los despachos desde donde el ex asesor municipal supuestamente manejaba a su antojo el urbanismo de Marbella. Sin embargo, antes de que Roca los convirtiera en su fortaleza, los dos locales comerciales que el Consistorio cederá a la Junta de Andalucía ya estaban marcados por la polémica. Tanto, que las operaciones llevadas a cabo para la adquisición del edificio derivaron en un procedimiento penal por los presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y falsedad en documento oficial: el denominado 'caso Sermosa'. Según la Fiscalía Anticorrupción, la compra de los locales por parte de la Administración local presidida por Jesús Gil a una sociedad del propio alcalde supuso un perjuicio de más de 1'2 millones de euros -200 millones de pesetas- para las arcas municipales.
La causa judicial tiene su origen en la denuncia presentada en 1994 por la entonces edil socialista Isabel García Marcos, que en la actualidad comparte banquillo con Roca en el 'caso Malaya', aunque los hechos se remontan a 1991. Según Anticorrupción, en octubre de ese año Gil y el propietario de la mercantil Servicios Monetarios SA (Sermosa), Benigno Vázquez, acordaron enajenar los bienes de dicha sociedad para evitar que fueran embargados por los acreedores. Para ello, el Club Financiero Inmobiliario, empresa propiedad de Gil, compró a Sermosa dos inmuebles en Madrid y siete en Marbella -los dos locales de Urbanismo y cinco plazas de garaje- por 2.295.866 euros.
Nuevas escrituras
Dos meses después, el ex alcalde y Vázquez anularon la operación y firmaron unas nuevas escrituras por las que los inmuebles de Marbella se vendían a la empresa municipal Contratas 2000. Según el Ministerio Público, en la operación se fijó un «precio ficticio» de 3 millones de euros, «superior en más de 200 millones de pesetas al fijado para las mismas fincas dos meses antes». De esta forma, según la Fiscalía, los bienes de Madrid «pasaron a la propiedad de Gil sin que éste pagara cantidad alguna por ellos, pues el desembolso lo efectuó el Ayuntamiento de Marbella mediante el sobreprecio ficticio que se le impuso».
El fiscal solicitaba seis años de prisión para los tres acusados en el procedimiento: Gil, Vázquez y José Luis Jiménez, hombre de confianza del ex alcalde y que participó en la operación como gerente de Contratas 2000. El juicio por el 'caso Sermosa' dio comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2003, pero, tal y como habían solicitado los acusados en las cuestiones previas, la causa se remitió finalmente a la Audiencia Nacional al considerar el tribunal que los supuestos delitos tenían conexión con los hechos investigados en el 'caso Saqueo'.
Finalmente, en junio de 2009, fallecidos ya Jesús Gil y José Luis Jiménez, la Audiencia Nacional condenó a Benigno Vázquez a seis meses de arresto mayor por un delito de apropiación indebida.
* Sur - 31.12.10
Foto: El edificio de Urbanismo, registrado por la policía el 29 de marzo de 2006, día en que estalló la 'operación Malaya'.- sur
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LAVOZDEASTURIAS* : A pesar de las críticas que recibe por parte del concejal de Urbanismo de Oviedo, el presidente del Comité Internacional de Icomos sobre Itinerarios Culturales, Víctor Fernández Salinas, acude a la ciudad para analizar la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) y sus repercusiones sobre los edificios catalogados que ahora quedan desprotegidos. El asesor de la Unesco en España sobre aspectos de patrimonio es claro: “El conjunto histórico de Oviedo no es sólo patrimonio de la ciudad, lo es de todo Asturias”, comentaba en alusión a la decisión del PP de revocar la protección a 600 inmuebles. Una catalogación que daba la propia norma municipal. “Llama poderosamente la atención que un PGOU de 2005 se tenga que cambiar para permitir actuar en los inmuebles catalogados; es una deslegitimación de la propia norma”, sentenció. “Aquí lo que se está haciendo es fomentar la actividad del constructor a costa del patrimonio”.
El asesor de Icomos, profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, visitaba el casco antiguo de Oviedo y se fijaba en el edificio que será el primero de los afectados por la nueva norma municipal: San Isidoro 22, en la plaza del Paraguas. Este inmueble catalogado será derruido completamente para volver a ser reconstruido; eso sí, recreando la fachada. “Este tipo de actuaciones va en contra de la protección del patrimonio; lo que se hace es crear una ciudad de mentira”. Fernández Salinas señala que, desde Icomos, poco se puede hacer ya para salvar el edificio. Pero no se rinde. Una de las medidas que va a solicitar al director general de Patrimonio en Asturias, con el que se va a reunir el próximo mes de enero, es ampliar el ámbito que, en la actualidad, comprende el casco histórico, protegido por ser Bien de Interés de Cultural (BIC). El asesor de la Unesco considera que este ámbito de protección es muy reducido. “Aún así, hay edificios incluidos en el catálogo municipal que están dentro del área de protección y, que según la modificación del PGOU, pueden ser también derruidos”. El profesor recuerda que la Ley de Patrimonio prohíbe el derribo de inmuebles que estén dentro de un BIC, salvo que se encuentren en situación de ruina.
Fernández Salinas adelanta que Icomos redactará un informe que será remitido a la Consejería de Cultura, al Ministerio, a la Unesco y al propio ayuntamiento, alertando de los riesgos que conlleva la desprotección de los edificios. “El valor de los inmuebles, aunque no sean monumentales, se tiene que dar aquí mismo; tienen que ser los propios ovetenses quienes tienen que valorar lo que poseen”, añadió. “Nos gustaría hablar con el ayuntamiento, pero con cualquiera que no sea Mortera -el concejal de Urbanismo-. Este señor nos insulta y no tiene conocimientos sobre aspectos de patrimonio”, afirma. Y es que para Fernández Salinas, una persona como Mortera que “defiende el modelo del Fontán”, una plaza porticada que fue completamente derruida y reconstruida posteriormente, “no puede ser un interlocutor válido”.
Quiso también responder a las acusaciones de Alberto Mortera. “No, no tengo el carnet del PSOE”, comentaba. “Pero tampoco tengo el del PP, algo de lo que también nos acusa el Gobierno local de Sevilla por criticar la construcción de la torre de Cajasol”. Mortera acusaba, recientemente, a Fernández de tener “menos credibilidad que Paloma Sainz presentando el palacio de Justicia en El Vasco”. El responsable popular acusó al asesor de la Unesco de estar politizado; “todo el mundo sabe que se encuentra en las antípodas de las posturas del PP”. Y Mortera puso como ejemplo que, mientras Salinas se moviliza con cualquier movimiento que realiza el equipo de Gobierno del PP, “se pierden murales del siglo IX en San Miguel de Lillo sin que diga nada”, aludiendo a que no ataca al Principado.
* La Voz de Asturias - 2.01.11
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org
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MONCHO ALPUENTE* : La noche del 24 de diciembre se hizo la luz en las cuatro torres de la Castellana, cuatro menhires erigidos a mayor gloria de la especulación inmobiliaria y monumento póstumo al Señor de los Ladrillos, supremo urbanizador de la Tierra Media (la que media entre dos terrenos previamente edificados), gran Mammón (deidad aramea de los bienes materiales), insaciable Moloch (dios de los fenicios, adicto a los sacrificios humanos). Cuatro torres entre paréntesis y en entredicho, torres de Babel milagrosamente culminadas cuando sus constructores empezaban a no entenderse y se mezclaban sus lenguas y sus cifras, soberbios pináculos que se elevaron sobre suelo común, patrimonio de todos los madrileños, suelo expoliado. La tierra para el que se la trabaja con herramientas financieras, con exenciones, subvenciones y recalificaciones. Las torres inclinadas de la plaza de Castilla fueron nuestras horcas caudinas bajo las que pasamos todos con la cerviz humillada, torres de KIO que nacieron de la estafa y fueron prontamente barridas del skyline de Madrid por la prepotencia de las cuatro torres: Espacio, Sacyr Vallehermoso, Torre de Cristal y Torre Caja Madrid.
Durante tres horas y media brillaron las cuatro luminarias, como cuatro cirios votivos de las Pascuas más infelices de las últimas décadas. No brillaron más por criterios medioambientales y de economía de costes pero sus luces alumbraron las nuevas tarifas eléctricas que llegarán con el Año Nuevo de nuestras desdichas.
A la deslumbrante ignición de las torres de la frontera norte se contraponía el persistente apagón de los primigenios rascacielos de la plaza de España, símbolos que fueron del desarrollismo franquista. El edificio España con reminiscencias imperiales y la esbelta Torre de Madrid cubren hoy de sombras la amplia explanada, huyen don Quijote y Sancho hacia la Casa de Campo para escapar del mercadillo instalado en sus dominios, la celebrada Gran Vía desemboca en este agujero negro que absorbe y diluye su energía. De Madrid al cielo, de Madrid el suelo, tierra de nadie con la que todos especulan. ¡Todos al suelo!, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha levantado la veda y ha suprimido el "impuesto revolucionario", así llamó la consejera del ramo a la cesión del 20% que las inmobiliarias y promotoras que construyen en Madrid hacían a la Comunidad para hospitales, carreteras, parques o viviendas públicas. Puro chantaje según las autoridades comunitarias, injusto peaje que obstaculizaba la libertad de los constructores, una ofensa grave a los principios fundamentales del post-neoliberalismo que pregona y predica con sus actos y sus pactos la presidenta Aguirre, cuyo lema habría pasado del clásico "Dejar hacer, dejar pasar" al "Pasemos de todo y que hagan lo que les dé la gana". En un artículo publicado el pasado domingo en estas páginas, el arquitecto Eduardo Mangada calificaba las recientes modificaciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid como perversas y retrógradas. Bajo el expresivo título de Incultos y sin vergüenza, Mangada denunciaba la ley de acompañamiento de los Presupuestos comunitarios, subterfugio y artimaña que el Gobierno regional ha utilizado para colar de matute, con auto-enmiendas y disposiciones transitorias nuevas y escandalosas restricciones de los intereses públicos para mayor provecho de los intereses privados. Incultos y sin vergüenzas, nuestros gobernantes han decidido "flexibilizar el procedimiento para la modificación de los usos asignados" a los suelos cedidos por las inmobiliarias y promotoras, que ya no tendrán que ser destinados obligatoriamente a servicios y equipamientos públicos. Como avisa Mangada: "Cuando la derecha utiliza los mantra, 'agilizar' y 'flexibilizar' para conquistar una mayor 'eficiencia' está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones".
Esperanza Aguirre nos quita el suelo que pisamos, nos agiliza y nos flexibiliza, utilizando su mayoría absoluta para aplastar nuestros derechos y libertades que terminan donde empiezan los suyos y los de los suyos, por donde pisan sus caballos no volverá a crecer la hierba pública, los prados comunales en los que hoy pacen sus vacas sagradas. Una vez agilizado y flexibilizado, cautivo y desarmado, desmantelado y privatizado el patrimonio común, Esperanza Aguirre podrá dimitir en paz y dejar a sus sucesores la administración del corralito restante, la educación y la sanidad públicas volverán a ser, como antes patrimonio de la Beneficencia.
* El País - Opinión - 29.12.10
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