.jpg)
SUR/Málaga* : Si, tal y como ha anunciado en varias ocasiones, Enrique Bolín tiene intención de volver a la política e incluso presentarse a las municipales de 2011, de momento va a tener que ir aparcando esta idea. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Benalmádena contra la condena de ocho años de inhabilitación como cargo público y una multa diaria de 20 euros durante un año por un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia en una parcela de La Leala Norte en diciembre de 2004.
De esta forma, la sentencia dictada en noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga es firme, si bien Bolín ha vuelto a recurrir, esta vez ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos.
El motivo de la denuncia contra el ex regidor independiente por parte de la Junta de Andalucía tiene su origen en la autorización de dos licencias de obras a una entidad mercantil para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en esta zona de Arroyo de la Miel. El proyecto contemplaba la creación de un edificio en una parcela anexa al colegio La Leala donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares. Todo ello, pese a los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador municipales, que recogían la necesidad de aportar al expediente la modificación del PGOU para el aumento de la edificabilidad y el estudio de detalle para estar dentro de la legalidad.
Las obras, finalizadas
Sin embargo, no fue hasta febrero de 2006 cuando el Ejecutivo autonómico denunció los hechos ante la Fiscalía, después de haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para entonces, el edificio ya estaba construido.
Este periódico contactó ayer con Bolín -se encontraba fuera del país-, quien se limitó a reconocer la desestimación del recurso. Pese a ello, insiste en defender su inocencia.
Durante el juicio celebrado en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal acusó al ex alcalde por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Además, recalcó que la modificación de elementos necesaria se hizo tras conceder la licencia, descartando «la buena fe» del acusado. Por su parte, la defensa ha mantenido que la operación fue «amparada por el Pleno y los informes técnicos», por lo que aseguraron que, en todo caso, pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito.
* SUR - 11.07.09 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Benalmádena: La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico
Callosa: El TSJ anula la adjudicación de un PAI para construir 2.000 viviendas y un campo de golf
+,+ayuntamiento+-+turiscam.gva.es.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal de Justicia de la C.Valenciana ha anulado el acuerdo plenario del 24 de enero de 2006, en el cual se adjudicaba a la empresa "Miragolf" el PAI Anibits-Margequivir, que contempla la urbanización de dos millones de metros cuadrados en el linde con el término municipal de Altea, en la Sierra de Bernia. El fallo del TSJ considera que el PAI fue adjudicado antes de estar aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, instrumento en el que debe basarse el desarrollo urbanístico.
La demanda fue interpuesta por Juan Bautista Sellés contra el acuerdo del pleno al considerar que el Ayuntamiento incurrió en una irregularidad ya que, considera, "no se puede condicionar el acuerdo para adjudicar el PAI, a la futura aprobación del PGOU", así como que con este acuerdo plenario se pretendía "huir de la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana", normativa que fue aprobada a los pocos días de la adjudicación, según indica la sentencia.
Por su parte, el alcalde del municipio, Bautista Saval, señaló que está preparando una propuesta para el pleno municipal sobre la aceptación de la sentencia que anuló el acuerdo plenario, y una vez hecho este trámite volverá a pasar por el pleno la aprobación y adjudicación del citado plan urbanístico.
Este PAI es el más importante de los que se contemplan en el PGOU de Callosa, ya que prevé la urbanización de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona de la Sierra de Bernia, en la partida de Margequivir, con una inversión superior a los mil millones de euros. Esta inversión obedece a que el plan urbanístico contempla la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de gran lujo y unas dos mil viviendas, según precisó el primer edil.
Saval destacó que el plan urbanístico cuenta con todos los informes favorables y está a la expensa únicamente de que el pleno proceda a su aprobación y vuelva a adjudicarlo.
* Información - V. ZARAGOZA - 10.07.09
Foto: Callosa d'En Sarrià (Alicante), ayuntamiento - turiscam.gva.es
Los 31 alcaldes de La Axarquía exigen cambiar la ley urbanística
,+diseminados+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
ELPAÍS/Málaga* : La solución a las más de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarquía puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. Así lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinción de color político, que el pasado miércoles aprobaron por unanimidad una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar también el Plan de Ordenación del Territorio.
Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboración de la LOUA, que entró en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petición ahora en dar "garantía jurídica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales".
Y es que los alcaldes axárquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificación urbanística del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.
El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Muñoz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situación de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la parálisis total de la actividad de la construcción en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones públicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía.Los alcaldes de La Axarquía buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jurídico por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuestión de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ámbito de lo contencioso-administrativo, y no en la vía penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricación, como tipifica el Código Penal.
Al menos 19 munícipes de la comarca están implicados en procedimientos penales por concesión de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupción en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con esta petición de no aplicar la acción penal se excluía explícitamente el caso de Alcaucín, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urbanísticos presuntamente tejida por José Manuel Martín Alba, que dimitió como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.
En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creación de una mesa de diálogo entre ayuntamientos, Junta y Diputación para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se creó en junio de 2008, justamente pocos días después de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuación penal y pidiendo el mismo diálogo.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dejó claro que no habrá una legalización masiva ni una amnistía. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspección y normalización para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situación jurídica y urbanística; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qué condiciones dentro de los planes de ordenación urbanística que se han de elaborar -ningún municipio del interior tiene plan general-. En principio sólo quedarían fuera de ordenación las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.
Acuerdo unánime
- "Para garantía jurídica de los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales, solicitamos a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la adopción de las medidas oportunas que permitan la modificación de la LOUA y su correspondiente desarrollo reglamentario tal y como prevé la propia norma andaluza aprobada hace siete años. Así como acometer las modificaciones pertinentes que se establezcan en la mesa de trabajo propuesta del Plan de Ordenación Territorial de La Axarquía".
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 11/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
El Consell impulsó el PAI de Ulibarri en Xilxes con 4 informes en contra
,+playa++-+mma.es.jpg)
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana impulsó la aprobación condicionada del PAI Xilxes Golf, promovido por un empresario imputado en la trama Gürtel junto al presidente del Consell, Francisco Camps, a pesar de que existían 4 informes desfavorables de distintas Administraciones y decenas de objeciones motivadas por el impacto ambiental y patrimonial del proyecto, según los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente.
Xilxes Golf emergió como una inversión millonaria presentada al Consell por la firma UFC que preside de José Luis Ulibarri, hombre de negocios imputado por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción que implica a varios empresarios y altos cargos del PP entre los que sobresalen el presidente Camps, el diputado Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell y antigua mano derecha de Carlos Fabra, Víctor Campos.
Los trámites para proponer la aprobación definitiva "condicionada" de este PAI de 1,8 millones de m2 en zona de marjal habían sido aprobados por el ayuntamiento en 2005 y fueron respaldados en mayo de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo, que ofreció un apoyo a medida con decenas de requisitos previos y escenificó incluso una discrepancia con el vocal del Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo de la Generalitat utilizó la mayoría del PP para dar luz verde al proyecto con más de 30 condiciones pese a la existencia de informes negativos del Servicio de Carreteras de la Diputación de Castelló, la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras , la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este último caso, el organismo de Cuenca rechazaba el proyecto urbanístico porque no quedaban garantizados los recursos hídricos que exige la legislación ambiental. Las cuatro resoluciones mencionadas se completan con un informe de la Dirección del Paisaje que advierte sobre "un impacto visual y paisajístico sobre el ámbito de la marjal" y "un efecto barrera", la presión urbanística sobre el humedal y las conexiones del ecosistema con el municipio.
Condicionantes a medida
Las trabas técnicas y ambientales al proyecto eran tales que el Consell tuvo que imponer un listado de 18 condicionantes ambientales para salvar el trámite preceptivo de la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la conselleria el 20 de mayo de 2008.
Sólo 4 días antes, la Diputación de Castelló que lidera Carlos Fabra había facilitado la tramitación del PAI al rectificar el informe desfavorable de los técnicos alegando la falta de competencias para informar sobre el proyecto "dado que ya no afecta a ninguna propiedad o derecho de esta diputación".
A fecha de hoy, el PAI Xilxes Golf no se ha materializado y duerme sumido en un limbo marcado por el escándalo de la trama Gürtel y un procedimiento judicial que ha tocado el corazón del PP.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 10.07.09
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
