LAVERDAD/Alicante* : La asociación de vecinos San Miguel Árcángel considera que el nuevo plan general de ordenación urbanística aprobado en San Miguel de Salinas es un «disparate», ya que declara como suelo urbanizable en diferentes modalidades 4,3 millones de metros cuadrados de suelo. Una superficie que duplicaría el suelo existente en la actualidad.
Además, indican los vecinos, se reservan otros siete millones de metros cuadrados de suelo preurbanizable, es decir, suelo rústico que se incorporará a la dinámica urbanizadora una vez que se haya programado el 70% del suelo urbanizable.
En opinión de la asociación vecinal, el plan propone un modelo de crecimiento económico que se cimienta exclusivamente en el desarrollo turístico y residencial, «en base a la construcción de urbanizaciones dispersas a lo largo y ancho del término municipal».
Considera que este nuevo modelo «ahonda en los vicios del que sustituye» y que es un modelo de desarrollo «insostenible, gran consumidor de territorio, de energía y de difícil mantenimiento de los servicios municipales básicos».
La asociación califica de «bárbaro, caduco y desfasado» el PGOU aprobado y entiende que supone un tremendo «disparate» que un municipio de escasos 7.000 habitantes se plantee un crecimiento que triplica el suelo de un plan como del de Rabasa de Alicante.
Por último, denuncian que el plan se ha realizado al margen de la información y participación ciudadana, a pesar de su extenso período de gestación de 15 años, de que la Constitución recoge esta colaboración y de la importancia del mismo para el futuro de la población.
* La Verdad - 06.01.09 - L. V.| 06.01.09 - L. V.| SAN MIGUEL DE SALINAS
Foto: SAN MIGUEL DE SALINAS - inem.es
San Miguel: Los vecinos califican el PGOU de «disparate» y critican el volumen de suelo urbanizable
Castelló: Un plan con 7.500 alegaciones
LEVANTE* : Las actas municipales de 1999 desvelan que el PP impuso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló del año 2000 -anulado ahora por el Tribunal Supremo- con la oposición de más de 7.500 alegaciones vecinales y con al menos dos informes técnicos que ponían en duda las garantías legales del mismo.
El controvertido documento, conocido como la revisión del PGOU del año 2000, fue realmente aprobado provisionalmente en el año 1999 en una sesión plenaria que ha pasado a la historia como una de las más controvertidas y anómalas de la actual era democrática de la capital de la Plana.
Era una tarde del 27 de mayo de 1999 y todos los grupos municipales de la oposición (entonces PSPV, Unitat del Poble Valencià -actual Bloc- y Esquerra Unida) rechazaron el PGOU auspiciado por el concejal de Urbanismo Víctor Falomir, plan que posteriormente sería ratificado y ejecutado por su sucesor y actual alcalde, Alberto Fabra.
PSPV, UPV y EU denunciaron que la documentación definitiva les había sido entregada sólo tres días antes del pleno y que existían informes desfavorables de los propios técnicos del ayuntamiento castellonense.
Además, expusieron que las modificaciones incorporadas por la Generalitat Valenciana al documento expuesto al público eran demasiado sustanciales y no se había dado la posibilidad de que los partidos políticos y los ciudadanos presentaran las pertinentes alegaciones. Ocho años después, el Tribunal Supremo ha anulado el plan precisamente por menoscabar el derecho de alegar de los ciudadanos.
El enrarecido contexto se agravaba al tratarse del último pleno de la corporación. El PP había decidido convocarlo el último día antes de la campaña electoral y, a juicio de la oposición, se trataba de una estrategia para diluir el debate público sobre un plan cuestionado tanto en el ámbito social como en el político.
Los distintos portavoces -Juan Callao (PSPV), Amelia Ferreres (EU) y Antoni Porcar (UPV)- reiteraron al PP una petición para que eliminara el punto del orden del día y aplazara la aprobación del PGOU hasta que se dispusiera de suficientes informes y plenas garantías jurídicas.
El desencuentro fue tal que los concejales liderados por Callao y Ferreres abandonaron el pleno antes de la votación al tiempo que Porcar se mantenía en la sala para emitir su voto en contra.
Minutos antes, Callao había recordado que el informe del secretario municipal ponía objeciones al plan y al "escaso" plazo de estudio concedido por el PP. En el plano legal, el secretario alegaba que había detectado "alteraciones de competencias resolutorias, modificaciones de procedimiento y determinaciones cuya redacción convendría mejorar".
Víctor Falomir respondió que era consciente del citado informe y que había preferido anteponer el criterio de un estudio privado encargado al coordinador de la elaboración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Francisco Blanch. "Naturalmente, entre dos informes contradictorios, la obligación del político es decidir y en este caso el ayuntamiento decide por el informe del señor Blanch, porque si tuviéramos que hacer siempre lo que dicen los técnicos o juristas de la casa, al final sobrarían los políticos, gobernaría el señor secretario o el señor interventor y los políticos sobrarían. Entonces, ante dos informes, uno de ellos hecho precisamente por el señor que coordinó la ley a la que se tiene que someter este plan, el Ayuntamiento opta por este informe".
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 6.01.2009
Foto: rEcalificación. Carteles contra la recalificación de parte del Pinar en 2000.
carlos pascual, levante-emv.com
Sólo el 15% de las ciudades adapta su urbanismo a la ley del Suelo
ELPAÍS/Andalucía* : A punto de cumplirse seis años de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), también llamada ley del suelo, sólo 116 municipios (el 15% del total) han logrado dotarse de unas nuevas normas de planeamiento adaptadas a ella, y entre los que sí lo han hecho apenas hay cuatro de las 28 ciudades de más de 50.000 habitantes (Sevilla, Dos Hermanas, El Ejido y Motril) donde las tensiones territoriales son mayores.
Pese a todo, los resultados han mejorado en el último año, desde que se promulgó el decreto que permite la adaptación parcial de los planes generales con el objetivo último de agilizar la obtención de suelo para vivienda protegida. En 11 meses de vigencia del decreto, 33 municipios han adaptado ya su planeamiento por esta vía y otros 28 lo tienen en tramitación. La directora general de Urbanismo, María Felicidad Montero, anuncia que en 2009 se producirá un "boom" en la revisión del planeamiento urbanístico y confía en que a mediados de 2010 los números se hayan invertido y la inmensa mayoría de los ayuntamientos tengan su ordenamiento adaptado a la ley.
Montero reconoce la dificultad del proceso, sobre todo porque inicialmente la mayoría de los ayuntamientos optaron por la revisión completa de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), lo que supone un procedimiento complejo y lento. Además, lo hicieron en plena expansión inmobiliaria, por lo que había planteamientos "muy exagerados y fuera de toda lógica" que suponían añadir tensión a la relación entre los municipios, que elaboran y formulan los planes, y la Junta, a la que compete aprobarlos definitivamente.
Además, la LOUA obliga a todos los municipios a dotarse de un PGOU, y hasta ahora una gran mayoría, especialmente los menores de 10.000 habitantes, sólo tenían unas normas subsidiarias cuando no carecían de reglas. "Íbamos por un camino equivocado", admite Montero, quien dice estar muy satisfecha con la vía abierta por el decreto aprobado en enero de 2007 para la adaptación parcial, una posibilidad que ya contempla la ley pero que apenas se había usado.
Lo que el decreto hizo fue agilizar los trámites y desarrollar el procedimiento. La adaptación parcial es un atajo, pero como explica Montero, "lo importante es tener un planeamiento adecuado a la ley, pero sobre todo reservas de suelo para vivienda protegida, se están dando respuesta a necesidades reales de los municipios".
La adaptación parcial debe recoger la clasificación de la totalidad del suelo del municipio delimitando las superficies adscritas a cada clase, disposiciones que garanticen suelo suficiente para satisfacer las necesidades de VPO y los sistemas generales. No pueden en ningún caso clasificar nuevos suelos urbanos y urbanizables, alterar la normativa sobre el no urbanizable, modificar los parámetros de densidades de edificabilidad o diseñar nuevas infraestructuras, aspectos todos estos que requieren la revisión del PGOU.
El decreto de adaptación parcial ofreció además una vía de salvar dificultades a los municipios que desde enero de 2007 están impedidos a hacer modificaciones a sus planes urbanísticos si no están adaptados a la ley, lo que añadidamente comprometía además poder cumplir las previsiones del Pacto por la Vivienda firmado en diciembre de 2007 que contempla la construcción de 300.000 casas protegidas en los próximos 10 años.
El procedimiento establecido en el decreto sobre adaptación parcial hace posible aprobar ésta entre tres y cinco meses. El ayuntamiento elabora su plan, lo somete a un periodo de información pública de al menos un mes, recibe los informes sectoriales precisos y finalmente lo aprueba la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. La revisión de un PGOU normalmente lleva varios años. El Ayuntamiento de Málaga por ejemplo ha tardado 25 meses entre la aprobación inicial y la provisional.
En su última sesión, celebrada el pasado 22 de diciembre, la Comisión Interdepartamental informó favorablemente 13 adaptaciones parciales, con lo que ya son 33 municipios los que han logrado por esta vía adaptar su planeamiento a la ley en apenas 11 meses. Más de la mitad, 17 de ellos, corresponden a la provincia de Sevilla, cuyos ayuntamientos se muestran tradicionalmente más decididos en la promoción de VPO. Por el contrario, en Málaga sólo un municipio ha impulsado la adaptación parcial, Rincón de la Victoria. Esta provincia es con mucho la más atrasada en la adaptación de los planes municipales a la LOUA pues sólo un municipio, Cortes de la Frontera, ha revisado su PGOU. También uno solo corresponden a las provincias de Córdoba y Granada, y la lista la completan dos municipios onubenses, otros dos jiennenses, tres gaditanos y seis de Almería.
Las 33 adaptaciones parciales aprobadas contemplan reservas de suelo para 33.141 VPO, y la gama de municipios oscila desde menores como Carrión de los Céspedes, Montellano o Los Molares, a una ciudad de más de 100.000 habitantes, Dos Hermanas, pasando por municipios costeros que han tenido una intensa expansión urbanística como Barbate, Rota, Níjar, Vera o la citada Rincón de la Victoria.
Además, otros 28 municipios han sacado ya a información pública sus documentos de adaptación parcial del planeamiento, entre los que también son mayoría los sevillanos (11), por lo que previsiblemente estarán aprobados en el primer trimestre del año. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene constancia de que otros 112 municipios tienen en redacción un documento de adaptación parcial a la LOUA, 45 de ellos de Sevilla, 21 de Almería, 12 de Cádiz y 12 de Málaga. El dato ilustra la afirmación de Montero sobre el cambio de rumbo que ha supuesto el decreto, ya que las provincias costeras son hasta ahora las más atrasadas en la revisión de sus planeamientos.
Las cifras de la ley del suelo
- Sólo 116 de los 770 municipios andaluces (el 15%) han adaptado sus planes urbanísticos a la ley del suelo.
- Para agilizar la obtención de suelo para VPO, 33 ayuntamientos se han acogido al decreto de adaptación aprobado en 2007 para la reserva de 33.141 viviendas protegidas. Otros 140 han iniciado los trámites: 28 en información pública y 112 en redacción.
- Los ayuntamientos del interior son los más decididos a la revisión completa del PGOU. Granada, Córdoba y Sevilla representan el 62% de las 83 aprobaciones definitivas.
- 35 municipios han aprobado provisionalmente sus planes. Entre ellos, figura una solo capital, Málaga y grandes ciudades, como Jerez, El Puerto de Santa María, San Fernando, Marbella, Fuengirola, Conil, La Línea de la Concepción o Roquetas de Mar.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 06/01/2009
Foto: Sevilla, ayuntamiento - flickr.com
