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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y su antecesor, José Párraga (PSOE), por permitir desde 2001 la instalación de varias industrias ilegales en un antiguo secadero de algodón.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputa a ambos alcaldes un delito continuado contra la ordenación del territorio, porque permitieron la instalación en un terreno calificado como "de uso agropecuario" de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.
Desde 2001 hasta la actualidad, tanto Párraga como Morilla permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono industrial "totalmente ajeno a la legalidad", sostiene la Fiscalía, cuyo escrito de acusación se une al que han presentado los vecinos afectados, que piden para cada acusado cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público.
La Fiscalía afirma que entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de las sucesivas licencias otorgadas y las molestias que estaban sufriendo los vecinos, y además tanto el arquitecto municipal como el secretario de la corporación emitieron sendos informes en contra de las licencias.
Los vecinos de la zona de La Alameda entregaron numerosas quejas al Ayuntamiento por los ruidos que producía el polígono, especialmente en horas de madrugada, y además presentaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes, añade la Fiscalía.
El fiscal imputa a ambos alcaldes haber tenido "perfecto conocimiento" de la imposibilidad de recalificar la antigua nave algodonera, pese a lo cual se ampararon en la primera licencia otorgada en 1986 para llevar a cabo una serie de actuaciones que permitiesen, de hecho, la conversión de la zona en suelo industrial.
Además de permitir la instalación de las tres industrias, Párraga llegó a dar en 2002 licencia de obra menor a una de ellas.
Morilla, tras tomar posesión en junio de 2003, continuó con la misma política de "consolidación del polígono industrial" de manera que, a día de hoy, la actividad continúa "sin ningún óbice por parte del Ayuntamiento", sostiene el fiscal.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y no recordar nada sobre la licencia, ya que se limitaban a firmar los documentos que les pasaban.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
* Diario de Sevilla - EFE - 07.07.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
Piden 9 años de inhabilitación al alcalde y al ex alcalde de Morón por licencias ilegales
‘Ladrilleros’ murcianos exigen 27 millones de euros a Greenpeace por “hundir” el mercado inmobiliario
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ELCONFIDENCIAL* : Ahora resulta que el hundimiento del mercado inmobiliario, al menos el de Murcia, es culpa de Greenpeace. No es una broma. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de ‘ladrilleros’ murcianos, que exigen a la organización ecologista internacional nada menos que 27 millones de euros para indemnizar el daño causado, incluido el perjuicio moral.
¿El motivo? Un fotomontaje incluido en el libro Photoclima de Greenpeace, que muestra una Manga del Mar Menor anegada en un futuro no muy lejano como consecuencia del cambio climático (en la imagen). Los promotores exigen por burofax a Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, que les resarza del daño grave que la fotografía ha causado "para nuestros intereses", so pena de emprender acciones judiciales.
Así es como los promotores argumentan su exigencia: "El fotomontaje de La Manga inundada por las aguas publicado en su libro ‘Photoclima’ y su difusión en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada, lo que es causa de daño grave para nuestros intereses y de miles de propietarios y empresarios de La Manga".
‘El Confidencial’ ha tenido acceso a dos de estas misivas, fechadas en marzo y abril del presente año. Aunque sus remitentes son distintos, ambas cartas están cortadas por el mismo patrón. El último párrafo de las dos reza literalmente así: "Si en el plazo de 7 días no tengo noticias suyas, entenderé que renuncian a un acuerdo amistoso y procederé a actuar judicialmente contra Vds. y contra todos aquellos que directa o indirectamente han contribuido a causar el daño". Hasta la fecha, Greenpeace aún no ha recibido denuncia posterior alguna.
El firmante del primer burofax es José Ángel Abad Martínez, "abogado y representante legal de Inversiones Dos Mares, SL, Faher Holidays SL y Bureau Investments, propietarios de un chalet construido en primera línea de playa del Mar Mediterráneo, valorado en dos millones de euros, y de ocho locales comerciales de 100 metros cuadrados cada uno, más 300 metros cuadrados de terrazas, en un centro comercial valorados en 3,6 millones de euros". El remitente del segundo burofax es Justo Aznar, de la Inmobiliaria Tíbet, "propietario de inmuebles en La Manga del Mar Menor y representante legal de la sociedad Nuevo Pozo Estrecho S. A., con propiedades en la misma zona. Estamos hablando de chalet, parcelas y apartamentos en primera línea de mar y de canal, local comercial alquilado a terceros, negocio propio en dos locales, plazas de garaje, etcétera, valorado todo en 17 millones de euros". Entre las dos cartas, los promotores murcianos piden a Greenpeace, ‘ad cautelam’, 27,1 millones de euros. En ningún caso hacen referencia a quiénes han tasado dichas propiedades ni, lo que es más importante en estos momentos, cuándo se realizaron dichas valoraciones.
Recientemente, Greenpeace hizo público su informe Destrucción a toda costa 2008 (ver vídeo), en el que situó a la Región de Murcia como una de las cuatro comunidades autónomas que "más maltratan su litoral". El informe señala hasta siete ‘puntos negros’ de la línea costera murciana. Estos son San Javier y San Pedro del Pinatar, por dañar espacios protegidos; La Manga y el Mar Menor, por contaminación y urbanización excesiva; Portmán, por contaminación; y Marina de Cope, por urbanización. Pero la peor parte se la lleva el entorno de Cartagena, que acumula tres zonas sensibles: Valle de Escombreras, por contaminación; El Gorguel por el proyecto del puerto de contenedores, y Novo Carthago y Lo Poyo, por la posible urbanización de estos espacios. El informe hace además un repaso a los casos de irregularidades urbanísticas, desde La Zerrichera a Los Alcázares, pasando por Totana.
El informe Destrucción a toda costa 2008 destaca los niveles de saturación de otras comunidades como Valencia o Andalucía. Precisamente en Almería, la inmobiliaria Azata, constructora del polémico Hotel Algarrobico, también emprendió acciones legales contra Greenpeace, tal y como detalló en su día este diario.
* El Confidencial - Fátima Martín - 07/07/2008
Foto: La Manga (Murcia), montaje bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
La corrupción alimenta la indiferencia hacia los políticos
GACETA* : Puestos a evaluar el poder, los españoles exhiben un cinismo proverbial. Y la proliferación de casos de corrupción en los últimos años —sobre todo los vinculados al ámbito urbanístico— no hace sino incrementar la desconfianza de los ciudadanos. El 63% de los españoles encuestados por la organización Transparencia Internacional (TI) en 2006 considera a los partidos bastante corruptos o extremadamente corruptos.
Sin embargo, se da la paradoja de que muchos alcaldes en cuyos municipios se venía denunciando con bastante fundamento algún escándalo inmobiliario —Estepona (PSOE), Los Alcázares (PSOE), Totana (PP), Torre Pacheco (PP), Zurgena (PA), etcétera—, revalidaron el cargo en las elecciones municipales celebradas un año después, en 2007, lo que invita a fundar una opinión escasamente favorable al espíritu democrático de los españoles. O quizá más bien contribuye a cimentar su atávico pasotismo.
El reciente Informe Global 2008 sobre Corrupción, elaborado por TI, muestra la relación existente entre la corrupción percibida y lo que denomina la “anomia social”, que no es otra cosa que la aplicación, al tejido civil, del silogismo “si nadie cumple las normas, por qué yo las voy a cumplir”. El documento apunta la causa estructural ya conocida que perpetúa la lacra de la corrupción urbanística en nuestro país. “La apuesta por un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y escasamente participativo”, que viola sistemáticamente el modelo de ciudad sostenible.
Poca participación política
Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia juntas). Semejante sobreproducción no ha abaratado el precio del producto, sino todo lo contrario: el coste de los pisos ha subido un 150% en siete años, aunque ahora parece que está finalizando tal incremento. Los sobreprecios galopantes son fruto de una demanda mayoritaria de viviendas como activos financieros y no como valores de uso, lo que además favorece el empeoramiento de la calidad de los servicios en esos ámbitos.
El desaliento cunde entre el ya de por sí escéptico pueblo español. La corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. España es, de entre los países desarrollados, el que tiene un menor nivel de participación política convencional, y uno de los que tienen un menor nivel de participación política no convencional (movimiento asociativo). Una de las oleadas del CIS en 2007 certificaba que, para el 77% de los encuestados, la política aparece como nada o poco importante. Déficit de institucionalidad, anomia social... Pero hay más: improductividad en la economía.
Círculo vicioso
Según el estudio de TI, la corrupción acarrea un desequilibrio en el gasto público en favor de un sector tan poco productivo como el de la construcción. “Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se malvende o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentando sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo o a la venta o a recalificación, en un imparable círculo vicioso”. El sector inmobiliario está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera el 36% del total de gastos municipales. Lo comido por lo servido.
El informe de TI revela que un 41% de españoles encuestados considera a los órganos legislativos bastante o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación. En cuanto a los servicios públicos, el 40% considera bastante o muy corrupto al sistema legal y al poder judicial, el 29% a la policía, el 47% a los servicios de registros y permisos, el 29% a los servicios públicos telefónicos, de gas, electricidad, etc., y el 37% a la recaudación de impuestos.
* Gaceta.es - Jorge Bustos - 04/07/2008
Foto: especulación viñeta
Más del 90% de los ayuntamientos gallegos aún no adaptaron su planeamiento a la normativa vigente
LAREGIÓN* : Un total de 291 ayuntamientos de Galicia, más del 90 por ciento del total, no cuenta aún a día con su planeamiento urbanístico adaptado a la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, pese a que esta normativa establecía que la fecha límite para hacerlo era el 1 de enero de 2006.
En concreto, han recibido la aprobación definitiva de la Consellería de Política Territorial los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) de Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, Zas, Curtis, Toques y Pobra (A Coruña), O Incio, Paradela y Castroverde (Lugo), San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro y Laza (Ourense).
A todos ellos se suma el plan de Ourense, que se encuentra anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque sigue en vigor porque no es firme. Además, han recibido la aprobación parcial los ordenamientos urbanísticos de Santiago de Compostela y de Vigo, este último el único plan de toda la provincia de Pontevedra adaptado a la normativa vigente.
Precisamente los de Vigo y de Pobra do Caramiñal son los únicos ayuntamientos costeros de Galicia que han adaptado su PGOM a la ley de 2002, lo que les permite quedar al margen de la suspensión de nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros de litoral que establece la Lei de medidas urgentes de protección del litoral.
TRAMITACION.
En cuanto a la situación en los 291 ayuntamientos restantes, en varios su planeamiento fue suspendido por la Xunta y en cinco de ellos incluso anulado por sentencias del TSXG, en algunos casos ratificadas por el Tribunal Supremo y en otros aún en fase de recurso. Se trata de los municipios de Ribadeo, Gondomar, Verín, Ares y Abegondo, según informó el Ejecutivo gallego.
Además, la Consellería de Política Territorial tiene en tramitación numerosos proyectos de ordenamiento y, en ese sentido, ha emitido informes previos a la aprobación inicial de más de 40 planeamientos cuya documentación fue remitida por parte de los municipios, según consta en la página web del departamento dirigido por María José Caride.
La página ofrece también información sobre el planeamiento vigente en los ayuntamientos gallegos, entre la que destaca que más de un centenar de municipios de la comunidad no cuentan con un plan de ordenación urbana y se rige por normas subsidiarias de planeamiento, que en algunos casos datan de finales de los años setenta.
AYUDAS.
Fuentes de la Consellería de Política Territorial destacaron a Europa Press las medidas que llevan a cabo para ‘estimular’ la adaptación de los planes, con ayudas que en este año 2008 se elevan a un total de 3,5 millones de euros. Actualmente, están abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para la elaboración de su planeamiento.
La Xunta financia la totalidad de los costes en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% en los de entre 5.000 y 20.000, el 80% en los de entre 20.000 y 50.000 y tiene además convenios con las ciudades. Finalmente, otorga subvenciones del 100% a aquellos ayuntamientos con el planeamiento anulado o suspendido.
* La Región - AGENCIAS - SANTIAGO - 06-07-2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Los imputados de la trama de Estepona blanqueaban dinero en Marruecos
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ABC/Málaga* : Varios de los imputados en la trama de corrupción de Estepona podrían haber blanqueado importantes sumas de dinero con inversiones en Marruecos, según señalaron fuentes de la investigación. En concreto, la Policía investiga la compra de hoteles, pub, locales de alterne, restaurantes y otros negocios en el reino alauí.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que algunos de estos imputados tienen propiedades en Asilah y otras localidades marroquíes a través de sociedades interpuestas. Los agentes no descartan que el dinero utilizado para adquirir estas propiedades proceda de las comisiones ilegales que cobraron en el Ayuntamiento, y que en parte sirvieron para financiar al PSOE local. Entre las personas investigadas figuran concejales, abogados y técnicos del Consistorio esteponero.
Además, la Policía intenta aclarar el testimonio de algunos implicados, que han comenzado a colaborar con los investigadores y que podrían implicar a más personas en el escándalo. En concreto, se investiga a algunos empresarios y políticos que aparecen también en la trama de corrupción de Marbella, que desembocó en la disolución del Ayuntamiento.
En las escuchas telefónicas grabadas por la Policía algunos investigados hablan de comisiones y también se jactan de tener contactos con políticos de la Junta de Andalucía y con responsables de otras instituciones locales, provinciales y regionales, que muy probablemente serán llamados a declarar por la instructora.
Por otra parte, la juez mantendrá en prisión a los principales implicados en la «operación Astapa», ya que el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, informará a favor de que se prorrogue la medida. Actualmente se encuentran en prisión el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos; el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y el portavoz del PES, un partido local, José Ignacio Crespo. Los imputados han recurrido el auto de encarcelamiento alegando distintos motivos. Pero ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de los principales implicados parecen haber convencido a la juez, que cuenta con pruebas más que suficientes de su directa implicación en la trama.
Riesgo de fuga
Tanto el fiscal como la juez consideran que existe riesgo de que se destruyan pruebas y también de que puedan fugarse los imputados. Esta primera fase de la operación «Astapa»ha aportado además numerosos datos para emprender nuevas líneas de investigación. Los agentes investigan a empresarios que podrían haber realizado pagos a los principales implicados en la trama de Estepona para conseguir las licencias para poder construir.
Esta semana tendrán que declarar ante el juez varias de las personas que ya lo han hecho ante la Policía. En concreto, podría desvelarse si el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que fue vocal de la misma área en la gestora de Marbella, es finalmente imputado en el caso. Duarte es una de las personas que han sonado como posible sucesora de David Barrientos en la Alcaldía de Estepona.
* ABC - J.M. CAMACHO / MÁLAGA - 7 de julio de 2008
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com
Hegemonía del ladrillo
MANUEL CASTELLANOS PLAZA* : Esto no es "ba-lon-ces-to", sino "ur-ba-ni-za-ción". Aquél es saludable para quien lo practica, y no degrada el medio ambiente. La habilidad para encestar el balón se adquiere gracias a ímprobos entrenamientos. Sin embargo, los "gimnastas" del otro pelotazo se curten desde su despacho de edil, consejero, o presidente, sin más ensayos que los necesarios y suficientes para aprender a robar lo que otros ganan en la cancha.
Y éstos sí atentan contra la Naturaleza: según un estudio de Greenpeace, Murcia es una de las comunidades autónomas "que peor tratan su litoral"; el estudio de la organización ecologista se ilustra con una playa invadida por grúas, frente a la cual se han erigido ya múltiples edificios lujosos que parecen mirar hacia el mar altivamente, como si lo desafiaran.
El Gobierno se comprometió a prohibir la compatibilidad de la ostentación de un cargo público con su participación en el negocio inmobiliario. El señor Rodríguez Zapatero, como en tantas otras preguntas que sobre la corrupción se le formulan, siempre responde que "está en ello". Debería, sin embargo, "estar sobre ellos": Totana, Torre Pacheco, Los Alcázares... Las grúas siguen decorando el paisaje, y los delincuentes que se lucraron con este cómodo deporte han vuelto a la calle; hasta ahora no ha habido quien les gane este partido que no respeta las normas. Y el planeta avanza, así, hacia un irreversible desastre. ¿Cuándo va a "anotarse" el presidente Valcárcel un tanto a favor de la erradicación de estas lacras, que finiquite tanto juego envenenado.
* ELPAIS.com - Opinión - MANUEL CASTELLANOS PLAZA - El Palmar, Murcia - 06/07/2008
