CINCODÍAS* : Las denuncias interpuestas por particulares, colectivos y organismos de diversa índole ante la Fiscalía Anticorrupción se han multiplicado por cuatro en un solo año. Las causas judiciales en trámite por este órgano crecieron un 40,2% en 2006 respecto al ejercicio anterior, bajo el paraguas de la corrupción urbanística. El trabajo se agolpa en la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Hasta 446 escritos de denuncias han llegado a sus despachos en un sólo año según los datos que acaba de agrupar la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2006, frente a los 107 del periodo anterior.
Aunque parte de estos escritos (154) corresponden con causas que 'no tienen relevancia penal', según se adjunta en la memoria, la Fiscalía reconoce el aumento exponencial de la carga de trabajo, que ha provocado que las causas judiciales en trámite por Anticorrupción aumenten un 40,2% (hasta las 178), en un sólo año y que los procedimientos penales en los que interviene la Fiscalía se hayan multiplicado por tres.
A ello se suman los informes-denuncias del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Dinero (Sepblac) del Banco de España (284) remitidas a Anticorrupción.
Buena parte de esta mayor carga se debe, según la Fiscalía, al aumento de los casos de corrupción urbanística en todo el territorio nacional, algunos de especial relevancia como la Operación Malaya. Otra buena parte se debe al aumento de investigaciones en tramas organizadas de fraude de IVA, en los que la Agencia Tributaria es colaboradora esencial (remitió 93 informes a petición propia o por requerimiento de los juzgados). De hecho, la Fiscalía destaca cómo la coordinación entre el juez el fiscal, la policía judicial y Hacienda es esencial para prolongar en los próximos años estos buenos resultados y que ha hecho posible en 206 recoger información sobre 482 grupos criminales a los que se les imputa 1.074 delitos (2,2 por cada grupo investigado).
Otro factor positivo ha sido el trabajo de los fiscales delegados. De hecho, en 2006 se han incorporado seis fiscales delegados y otros cuatro nuevos fiscales.
En cambio, se ha recortado la plantilla de los miembros de la Unidad de Policía Judicial, algo que 'no resulta positivo', según reconoce la Fiscalía, por lo que ha solicitado un aumento del número de funcionarios. Esta reivindicación es importante, teniendo en cuenta la 'dificultad de reclutar voluntarios' para ocupar vacantes y que, según el organismo, los miembros más expertos de la secciones 'son objeto del deseo de despachos profesionales privados'.
Otra reivindicación es la puesta en funcionamiento, 'que se hace cada vez más apremiante', de la futura nueva sede la a Fiscalía, 'dado que la actual ha dejado de reunir las condiciones mínimas para poder alojar una plantilla cada vez más numerosa'.
Pide investigadores en régimen de exclusividad
Durante el año pasado la Fiscalía continuó con el proceso de implantación de secciones especializadas de delitos económicos en aquellos lugares donde todavía no existían pese a requerirlo el volumen de trabajo existente.
La implantación de estas secciones hace oportuno, según Anticorrupción, que sus componentes 'deban estar adscritos a un régimen de exclusividad' y con competencia para el conocimiento de los asuntos asignados,' desde su entrada en Fiscalía hasta su finalización'. Tal sugerencia es 'vital' para resolver con eficacia casos de compleja ingeniería financiero-fiscal como lo suponen los delitos relacionados contra el blanqueo de capitales. A veces se da el caso de que un fiscal inicia un procedimiento pero lo remite posteriormente a un compañero para que continúe la investigación.
La presencia de más especialistas no jurídicos en materias anexas (contabilidad, tributos...) 'también sería deseable' en todas las secciones delegadas, tal y como se ha implantado en Barcelona en el último año.
Aunque la Fiscalía reconoce el esfuerzo presupuestario hecho en medios materiales durante los últimos años, no oculta la necesidad de más apoyo, sobre todo en material informático en algunas capitales de provincia.
Por último, el organismo espera con impaciencia la puesta en marcha de la reforma del Código Penal (en trámite parlamentario) en donde se recogen importantes novedades para la lucha contra las tramas organizadas. Entre ellas, la reforma de la figura del delito fiscal (se amplía a 10 años el plazo de prescripción) y la tipificación de nuevos delitos relacionados con la estafa societaria y el enriquecimiento ilícito.
Casos más sobresalientes: Cohecho, estafas y prevaricación
• Marbella. Diligencias en virtud de la querella por los convenios celebrados por el ayuntamiento, a tenor del informe del Tribunal de Cuentas, contra el ex alcalde y un asesor.
• Andratx. Querella del fiscal delegado de Baleares por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricaciones urbanísticas.
• Ciempozuelos. Diligencias practicadas tras el escrito del Sepblac por delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
• Canarias. Procedimiento contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife por malversación de caudales públicos.
• Afinsa y Fórum. Procedimiento por delito de estafa y falsedad en cuentas anuales.
* Cinco Días - Bernardo Díaz / MADRID (21-09-2007)
Los delitos urbanísticos disparan las denuncias por corrupción
210 euros mensuales es el precio de cada voto joven según el gobierno
JOAN S. SORRIBES* : 210 euros mensuales durante cuatro años. El anuncio lo hacía la ministra Chacón y desvelaba así la espectacular medida de ayuda a los jóvenes comprometida por Zapatero ante las Juventudes Socialistas sólo unas semanas antes. Subvencionar con dinero público el alquiler de viviendas, destinar una partida de más de 8.000 millones d’euros a incentivar el mercado de la vivienda de alquiler, puesto que la propiedad de la vivienda, el derecho a tener una casa que consagra la Constitución española del 78, está fuera del alcance para una amplia mayoría de la población. A pocos meses de unas elecciones en las que los socialistas se juegan el todo o la nada por unas cuantas legislaturas más, la medida no puede ocultar su vocación electoralista: el gobierno de Zapatero ha dejado claro que el precio por cada voto será en marzo de 2008 de 210 euros al mes durante cuatro años.
Pero, como bien reflexionaba un contertulio de una de las aburridísimas tertulias televisivas “que hagan mucho electoralismo, que se gasten todo el superávit de que disfruta hoy el Estado español haciendo políticas sociales, destinando el dinero a los más necesidades…”. Ahora bien, estando de acuerdo con el deseo, tengo mis dudas sobre la bondad de la subvención y todavía también sobre su supuesto carácter “social”.
En primer lugar, destinar una partida de 8 mil millones al menester no significa que se gastan en el asunto de marras porque si la medida no acaba por incentivar el mercado de alquiler el dinero quedarán en la caja de los presupuestos: no es igual repartir 8.000 millones de euros efectivamente que dejarlos disponibles por si el personal se pone a alquilar a partir de enero.
En segundo lugar, Aún con la importancia del dinero previsto para la medida, es una parte mínima de lo que el mismo gobierno socialista ha dedicado en los últimos tres meses, por ejemplo, a estabilizar el mercado financiero garantizando su liquidez, frente a las alertas de crisis motivadas por el hundimiento inmobiliario en los Estados Unidos, y estos sí son dineros públicos que ya han pasado a manos privadas, y no un apunte de previsión en los Presupuestos del Estado del año que viene.
En tercer lugar, está por ver si la medida no acabará provocando otro aumento de los precios de la vivienda de alquiler (ya se sabe que en la lógica del “libre mercado” si hay disponibilidad de un recurso la tendencia “normal” es a explotar el recurso, a agotarlo, lo que significa que podemos subir el precio del alquiler porque, a fin de cuentas, desde 1 de enero próximo habrá 210 euros más disponibles para hacerlo).
En cuarto lugar, la medida no entra ni sale en el meollo de la cuestión: que hoy a un ciudadano le es imposible con sus ingresos acceder a una vivienda, es decir, ejercer el derecho que le reconoce la misma Constitución española como inalienable. Ni siquiera por la vía de hipotecarse hoy toda su familia ya de por vida y mañana quizás por generaciones.
En quinto lugar, la medida no toca los temas capitales relacionados con el problema de la vivienda, y ni de lejos se relaciona con un toque de atención a quienes han causado el actual estado de cosas: las grandes corporaciones bancarias y de la construcción. Mucho menos todavía con una regulación más social de los grandes negocios de la construcción y de las finanzas, ni siquiera con el propio mercado inmobiliario.
En sexto lugar, y por si las cosas van mal dadas en el futuro próximo…, cosa no absolutamente imposible dados los avisos de los últimos meses sobre una posible crisis económica global, porque este espaldarazo con 210 euros mensuales para alquilar y no una protección y ayuda a quienes tienen su vivienda hipotecada y deben dedicar el 60% o más de los ingresos familiares a devolverle los dineros al banco de turno (durante la mitad del periodo como mínimo sin amortizar capital y pagando sólo intereses, que si alguien quiere hacer los números ya me explicará si no estamos dentro de aquello que legalmente se califica de usura).
En séptimo lugar, y la fiscalidad? porque vamos a ver, la vivienda es a la vez un derecho a un bien de primerísima necesidad (y si no prueban ustedes a dormir bajo un puente como algunos inmigrantes en nuestro país…) y un “patrimonio”, es decir, una forma de tener invertida “la riqueza”…, pero con centenares de miles de viviendas vacías en nuestras ciudades, la fiscalidad no hace ninguna diferencia sustancial entre la vivienda “dónde se vive” y la vivienda “que se posee”, y menos aún “castiga” mantener viviendas vacías y sin uso.
En octavo lugar, y si se quiere incentivar el mercado de alquiler aunque sea de forma transitoria hacia la propiedad, porque no incluir modificaciones de la legislación en el sentido de proporcionar mayor seguridad a los propietarios que alquilan (vía un seguro universal y avalada por la administración), vía castigar el “alquiler irregular” (fuera de contrato), vía la regulación de los precios de venta y alquiler (ay, el “libre mercado”, que se me escapa…)?.
En noveno lugar, cómo es posible mantener que el precio del suelo es el elemento capital de los precios desorbitados de las viviendas y empecinarse a no considerar el suelo como un bien público, a interponer medidas que impidan la especulación, y a mantener un estado de cosas en el que edificar en cualquier lugar y a cualquier precio es un negocio redondo no por satisfacer una demanda social (miren ustedes sino la diferencia que hay entre la construcción de VPOs y el resto de viviendas, o dónde se construyen las nuevas zonas residenciales…) sino porque ruede la rueda mientras no quede ni un palmo de litoral ni un paraje natural sin hormigón?.
Y en décimo lugar, y por no extenderme en una lista interminable de dudas y una mucho más corta de certezas, qué pasará dentro de cuatro años, cuando se les acabe la subvención a quienes la pidan en enero y tampoco puedan pagar con su sueldo y su precariedad no ya una vivienda en propiedad sino la misma en alquiler?
Quizás para la última cuestión tengo una respuesta aproximada: en cuatro años más, volverán a haber elecciones.
* Joan S. Sorribes de Utopia Valencia
http://utopiavalencia.blogspot.com/
* KaosenlaRed - 20.09.2007
El Supremo ratifica la sentencia que empezó a cambiar Marbella
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del 14 de marzo de 2003 emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se anulaba un Pleno celebrado en diciembre de 2000 en el que aprobó, con los votos favorables del GIL, el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella.
El anterior Ayuntamiento recurrió esta sentencia que ahora acaba de ser ratificada por el Alto Tribunal y que significó la anulación de esa revisión del PGOU y un cambio radical en la línea de las resoluciones del TSJA, ya que antes de esa fecha, el Alto Tribunal andaluz rechazaba la práctica totalidad de la suspensión cautelar de licencias y, partir de esa fecha, comienza a suspender cautelarmente los permisos de obra que se recurren y en los que se solicita esta medida.
Por la anulación de aquel Pleno se han seguido dos procedimientos, ambos iniciados por el letrado José Carlos Carlos Aguilera, quien interpuso en nombre del PSOE (también lo hizo el PP) una denuncia penal por presunto delito de impedimento al ejercicio de los derechos constitucionales, que ha concluido con una sentencia de un juzgado de lo Penal de Málaga que inhabilita durante dos años a Julián Muñoz, entonces alcalde accidental, para ejercer cualquier cargo público. El otro proceso lo inició el mismo abogado, al interponer un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales -al igual que el PP- que dio lugar a la sentencia del TSJA del 13 de marzo de 2003.
El 2 de diciembre de 2002, sábado, el alcalde accidental convocó un Pleno en sesión extraordinaria y urgente para las 13.00 horas del lunes, 4 de diciembre y, entre los asuntos de enorme trascendencia, se encontraba una proposición del Gil para aprobar el texto refundido de la revisión del PGOU de Marbella.
La convocatoria, realizada por decreto de Alcaldía, se hizo sin ninguna motivación que justificara la urgencia de la sesión -lo que se ha considerado probado en la sentencia del juzgado de lo Penal- y los ediles no pudieron examinar los expedientes de los asuntos incluidos en el orden del día, a pesar de lo cual, Muñoz no se pronunció sobre la urgencia de la sesión por no haber convocado la sesión con la antelación mínima de dos días hábiles sometió a votación el punto del PGOU.
En la sesión ante el Tribunal Supremo sólo compareció José Carlos Aguilera en representación de la ex edil Isabel García Marcos y los antiguos concejales del PSOE con el objetivo de oponerse al recurso presentado por el Ayuntamiento contra aquella sentencia del TSJA, que finalmente ha sido ratificada.
Sentencia. Según consta en la sentencia, "el plazo de antelación establecido para la convocatoria del Pleno constituye una de las condiciones que resultan necesarias para el debido ejercicio del derecho de participación política, por lo que su limitación sin la debida justificación comporta una infracción de dicho derecho fundamental".
Además, el fallo considera "necesario que los ediles dispongan para el examen de los expedientes del tiempo legalmente establecido cuando la convocatoria de urgencia no está debidamente justificada. La convocatoria de urgencia ha de cumplir el requisito formal de su ratificación por el Pleno municipal y es necesario que las razones aducidas para dicha urgencia tengan por su propia naturaleza entidad suficiente para explicarla".
* La Opinión de Málaga - José Antonio Sau - 21 de septiembre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Menos coches, más espacio para todos
ECOLOGISTASENACCIÓN* : La superficie urbana dedicada al automóvil en nuestras ciudades es enorme: entre el 20 y el 30% del total, alcanzando en urbanizaciones de nueva construcción porcentajes del 40%. Este porcentaje de espacio urbano se reparte entre el dedicado al aparcamiento y el destinado a la circulación de los vehículos. Ecologistas en Acción considera necesario y urgente una redistribución de este espacio, devolviéndoselo en buena medida a sus dueños: los ciudadanos y ciudadanas.
Así, por ejemplo, el espacio que necesita un empleado para trabajar en su oficina es prácticamente el mismo que emplea para mantener aparcado su coche mientras está en el trabajo, unos 20 m2. En cuanto a la circulación, el espacio necesario para hacer un viaje medio en ciudad es 90 veces mayor si el desplazamiento se realiza en coche frente al mismo viaje efectuado en metro, y 20 veces superior que si se hace en autobús o tranvía.
Los problemas de esta ocupación del espacio urbano por el automóvil son de diversa índole. Hasta hace poco, la organización del espacio urbano ha consistido en ir cediendo más y más espacios públicos a favor del coche. Las calles se han ido adaptando para darle más espacio, reduciendo aceras, quitando bulevares, suprimiendo arbolado, llenando plazas y todos los huecos disponibles.
Las calles que hace tan solo unas décadas eran el lugar de encuentro y de intercambio de los ciudadanos, se han convertido en lugares casi exclusivos para el paso y estacionamiento de vehículos, que por la ocupación física del suelo y por el miedo de atropello que provocan han conseguido erradicar actividades anteriormente comunes: niños jugando en las calles o familias sentadas a la puerta de sus casas; y dificultan y a veces imposibilitan otras: pasear, charlar con un vecino, ir en bicicleta...
Esta ordenación del territorio que pivota sobre el vehículo privado ha ido ajustando todo la geografía urbana a sus caprichos y necesidades: que la calzada para coches no sufra ninguna interrupción sino que sea continua –a diferencia de las aceras que están interrumpidas en cada intersección con la calzada de coches–, es tan solo un ejemplo más de la jerarquía urbana que se ha impuesto.
Por suerte, esta dinámica empieza a cambiar en algunos lugares. Pero aún falta mucho por hacer para devolver las calles a sus verdaderos dueños, las personas. Y esta redistribución del espacio de nuestras ciudades no debe verse como una forma de complicar la vida a los conductores, sino como el mejor modo de mejorar las opciones de movilidad y la calidad de vida de todos.
Para Ecologistas en Acción, las políticas de movilidad más urgentes y necesarias deben ser simultáneamente de disuasión y estímulo. Disuasión del uso del coche mediante los múltiples mecanismos posibles (parquímetros, restricciones de acceso, peajes, no ampliación de carreteras, pacificación del tráfico). Y, a la vez, estímulo de los medios más favorables (mejoras en el transporte público, con carriles exclusivos, itinerarios peatonales y ciclistas seguros, ampliación de aceras). Todo ello, en el marco de Planes de Movilidad Sostenible, que son una de las grandes carencias de nuestras ciudades.
* Ecologistas en Acción - Transporte, 17 de septiembre
Foto: ecologistasenaccion.org
Un informe declara ilegal un museo que levantó el Ayuntamiento de Sanxenxo en área protegida
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ELPAÍS/Pontevedra* : El Ayuntamiento de Sanxenxo ha levantado en un espacio protegido un museo que, según Salvemos Pontevedra, es ilegal. El colectivo ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque la Consellería de Política Territorial autorizó el inmueble sin tener en cuenta un informe que advertía de que el proyecto incumplía la legislación. Salvemos Pontevedra acusa a una jefa de servicio de este departamento de bloquear una resolución contra las obras.
El Ayuntamiento adquirió durante el mandato de Telmo Martín (PP) una antigua fábrica de la parroquia de Vilalonga para restaurarla y convertirla en un museo del mar y centro de interpretación. Cuando en 2004 el gobierno local pidió permiso a la Xunta del PP para ejecutar las obras Política Territorial emitió un informe en el que advertía que el uso que se pretendía dar al inmueble estaba "prohibido".
Este informe no impidió que el entonces director general de Urbanismo, Martín Fernández Prado, autorizase las obras en junio de 2005. Salvemos Pontevedra interpuso un recurso de alzada contra esta decisión que sigue sin resolverse dos años después.
En este tiempo se produjo el cambio de gobierno. La Dirección Xeral de Urbanismo, ya en manos del PSdeG, analizó la reclamación de los ecologistas y emitió un informe en el que acepta sus argumentos. El dictamen confirma que la ejecución de un museo es un "uso prohibido" en esa parcela y revela que las obras no consisten en una restauración sino en una demolición ilegal que no cuenta con autorización. Los técnicos de Urbanismo certifican asimismo que el proyecto prevé un edificio nuevo con más altura de la permitida.
Este informe que da la razón a los ecologistas fue emitido en julio de 2006 pero nunca dio pie a una resolución que parara las obras, ya ejecutadas. Salvemos Pontevedra acusa de "pasividad" a la funcionaria de Política Territorial que debe firmar la resolución. La consellería achaca la situación a un "retraso administrativo" heredado de la anterior Administración y dice que el recurso de 2005 se resolverá "en breve".
* ELPAIS.com - S. VIZOSO - Santiago - 20/09/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Comunicado ante el anuncio del Gobierno
ASAMBLEAPORUNAVIVIENDADIGNA* : Ante el anuncio del nuevo Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler anunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, Vdevivienda quiere trasladar a la opinión pública la valoración que ha realizado de dicha iniciativa:
En primer lugar, se trata de un anuncio claramente electoralista, que busca ganar votos a 6 meses de las elecciones generales; es además un plan apresurado, que en principio iba a presentarse en octubre, y del que sólo se han detallado sus dos principales propuestas, pero el resto de las medidas están sin concretar, tanto en su coste como en su desarrollo posterior.
Por otro lado, sería ingenuo pensar que la coincidencia en el tiempo de la presentación de este plan y de la comparecencia en el Congreso de los Diputados del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, suscitada tras los rumores de una extensión de la crisis crediticia internacional a la banca española, es una mera casualidad. Este plan es otro parche más que no entra en lo esencial, que es garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que es lo que defendemos desde vdevivienda, objetivo por el que volveremos a manifestarnos en todas las grandes ciudades del país el próximo 6 de octubre, a las 6 de la tarde.
En segundo lugar, los incentivos que se destinarán desde el Ejecutivo en forma de ayudas directas para fomentar el alquiler entre los jóvenes y de desgravaciones fiscales, también para el alquiler, no garantizan que estos alquileres no vayan a subir, como tampoco lo han hecho las desgravaciones a la compra. Debido a que no se fija un tope máximo para establecer el precio de los alquileres, y a la falta de una verdadera competencia en el mercado del alquiler, tan escasamente desarrollado en nuestro país, nada impedirá a los arrendadores subir el precio de los alquileres, más teniendo en cuenta que sus inquilinos dispondrán de una mayor cantidad de dinero para hacer frente a los mismos. Esto se une al hecho de que los propietarios están exentos de declarar a Hacienda el 100% de los ingresos procedentes de alquileres con inquilinos menores de 35 años (50% exentos para el resto de los propietarios); por tanto, el propietario es el más beneficiado, puesto que no sólo está exento de declarar a hacienda, sino que además podrá apropiarse de la subvención concedida a los inquilinos mediante una subida en la cuantía del alquiler.
Desde Vdevivienda consideramos que el único modo de garantizar el derecho al alojamiento es el de fomentar un verdadero parque público de viviendas en alquiler. Nuestra principal reivindicación en este sentido es la actuación sobre los más de 3 millones de viviendas vacías que hay censadas, y darles un uso social a través de su inclusión en una bolsa de alquiler público.
El próximo 6 de octubre, a las 6 de la tarde, volveremos a defender estas ideas en la que será la manifestación más multitudinaria de la historia por el derecho a una vivienda digna.
* Asamblea por una Vivienda Digna - Madrid, 19 de septiembre de 2007
