Cae el Algarrobico del Cantábrico

PÚBLICO/Cantabria* : "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi pone a su alcance". Esta era la promesa con la que, en 1991, esa constructora anunciaba la venta de 144 chalés adosados en un lugar de ensueño en Arnuero (Cantabria). La urbanización idílica pronto se convirtió, sin embargo, en paradigma del desaguisado urbanístico en esta comunidad.

Hace ya 15 años, un juez emitió la primera orden de derribo al considerar ilegal la construcción. Sin embargo, hubo que esperar hasta ayer para que las excavadoras llegaran y derruyeran 42 chalés a medio construir. Curiosamente, las máquinas eran de Cenavi. El Encinar, como se conoce a esta urbanización de Arnuero, es sólo la punta del iceberg de las irregularidades urbanísticas que han salpicado de cemento Cantabria durante casi dos décadas. Durante este tiempo, los tribunales han anulado planes generales de ordenación urbana en una decena de municipios y dictado una veintena de sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan demoler cerca de un millar de viviendas con unas 4.000 personas afectadas, dos polideportivos, tres naves industriales e incluso una depuradora, obra del último Gobierno de José María Aznar.

Estas son las cifras que reflejan el alcance de la problemática urbanística en Cantabria. Cada una de las promociones pendientes de derribo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría comparten un nexo: se construyeron bajo el amparo de sus ayuntamientos, que modificaban los planes urbanísticos a su antojo, y a la postre, acababan en los tribunales a raíz de las denuncias de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).

La primera urbanización en caer, aunque sea parcialmente, ha sido la de Arnuero. Algunos de sus vecinos, arremolinados ayer en torno a las excavadoras con pancartas pidiendo justicia, firmaron las escrituras de compra en 1992. A los dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitía la primera orden de demolición ratificada por el Supremo en 2000, al estimar que las casas se habían construido sobre un encinar sin condiciones legales para urbanizarlo, merced a un Plan de Ordenación Urbana "ilegal" avalado por el Gobierno cántabro y las licencias municipales.

Derribo en el Alto del Cuco

A este escándalo le han seguido otros en Argoños, Comillas, Suances, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ramales o Piélagos. Este ayuntamiento ha sido el último en recibir un varapalo judicial por avalar con un plan parcial la erosión de una montaña para construir 398 casas. En marzo, el juez ordenó su derribo.

Por su parte, los más de 4.000 afectados que integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevan años de protestas. Exigen al Gobierno cántabro que haga "borrón y cuenta nueva", es decir, que legalice todas las urbanizaciones o, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar. Ayer mismo, mientras las excavadoras derribaban los 42 chalés en El Encinar, uno de los vecinos que habita uno de los otros 102 pendientes de tirar, Emilio Bocanegra, lamentaba que la respuesta del Gobierno cántabro fuera "derribar y derribar".

ARCA rechaza que la administración pueda dar ahora cobertura legal al millar de casas sobre las que pesa una orden de demolición. Está a favor de las indemnizaciones a los afectados y también de compensaciones urbanísticas, como la entrega de otras viviendas. Pero apela a que para acabar con el clima de impunidad que ha habido en Cantabria con las construcciones irregulares hay que cumplir ya las sentencias.

Su última acción se ha centrado en Argoños, el municipio que acumula más sentencias de demolición diez contra otras tantas urbanizaciones, con más de 150 casas implicadas. ARCA ha recurrido allí el nuevo plan de ordenación urbana aprobado por el Ayuntamiento con la complicidad del Gobierno cántabro. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio en marzo un plazo de 15 días a su alcalde, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas, y ordenó a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación. Según el juez, la oposición del alcalde al derribo era "evidente".

Otro reto para este grupo ecologista es parar la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo regional, que permitiría construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Los ecologistas no rechazan ese desarrollo, sino que quede en manos de los consistorios: "Con lo que aquí ha llovido, la planificación debería estar bien definida por un plan riguroso y no quedar en manos de los alcaldes". Los ecologistas tampoco están conformes con que los ayuntamientos puedan tener potestad para convertir antiguas cabañas de ganado en casas.

La otra cara de la especulación urbanística en Cantabria se vivió ayer en Ajo. Mientras las excavadoras derribaban parte de El Encinar, otra tiraba la humilde casa-bar donde Domingo Herrero, Mingo, vivía desde hace 30 años. Decidió ampliarla en 2002 tras recibir la autorización del entonces consejero de Urbanismo y hoy presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y del Ayuntamiento. El caso acabó en los tribunales por iniciativa de un ex edil del partido de Revilla, y Mingo, en la calle. "No sé qué será de mi vida", se lamentaba. Sus amigos le han dejado una caravana.

Ejemplos de sentencias sin cumplir

Minería
Una explotación ilegal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero la clausura de la actividad minera desarrollada por Minero Siderúrgica de Ponferrada en El Feixolín (León). Además, la sentencia obligó a restituir el daño ambiental causado y a abrir procedimientos sancionadores. La mina lleva funcionando desde hace 15 años, y a día de hoy no se ha cumplido la sentencia.

Campo de golf
Terminado pero sin licencia
La Junta de Castilla-La Mancha publicó en enero la resolución que declaró inviable ambientalmente
el campo de golf de Torrenueva (Ciudad Real), ya construido. No cabe recurso y el campo de golf deberá desaparecer para “restaurar la totalidad de los terrenos afectados”, un total de 48,39 hectáreas.

Hotel Algarrobico
A la espera de sentencia
El hotel El Algarrobico se levanta a medio construir por la promotora Azata del Sol en la costa almeriense. La Fiscalía de Almería investiga si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente considera que finalmente el hotel se derribará, pero espera a la sentencia judicial que determine si la promotora tiene derecho a indemnización o no.







* Público - GUILLERMO MALAINA - BILBAO - 30/04/2009
Foto: Las excavadoras derriban varios chalés de la urbanización El Encinar, en Arnuero (Cantabria). - HUMBERTO BILBAO, publico.es

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Almuñécar: Un juzgado imputa a Benavides un delito de prevaricación

LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción nº2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.

Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.

El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".

Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.

Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el planeamiento urbanístico proyectado por el Ayuntamiento y se opuso a que los terrenos donde se ubica el camping y el centro ambiental fuesen declarados de máxima edificabilidad. Es más, el querellante asegura que tras esta confrontación política, el equipo de gobierno envió hasta cuatro inspecciones en un mismo día y ordenó, tres días más tarde, el precinto de las instalaciones "sin causa justificada".

"Los únicos delitos de Karanda S. L. son instalar dos cabañas de madera legalizadas y autorizadas por la Delegación de Turismo desde 1995. Realmente, lo único que ha hecho la empresa es que yo formo parte de ella", declaró Tejero, quien alega que las inspecciones no se produjeron de forma arbitraria, pues "el resto de campings de Almuñécar no se investigó, a pesar de que muchos de ellos no tienen ni licencia".

Junto a esto, el edil de IU añadió que en la sentencia que anulaba el expediente disciplinario se obligaba al Ayuntamiento a concretar qué anomalías sufría el camping y las aulas ambientales para que pudieran ser subsanadas por la empresa gestora, sin que a día de hoy se haya pronunciado el gobierno local al respecto. "El equipo de gobierno no nos ha contestado a nada, toda la tramitación es una chapuza, los expedientes están perdidos, no tienen índices, se quitan los papeles que no interesan y no hemos conocido las actas", denunció Tejero, quien confirma que contra esta práctica se han presentado hasta seis denuncias ante el Contencioso-administrativo.

Asimismo, el concejal de IU señala que en enero de 2008 el Ayuntamiento volvió a cerrar las instalaciones motivando, en esta ocasión, un "falso" cambio de actividad de la empresa, contra lo que se interpuso un recurso de reposición que han tardado un año en contestar.

El alcalde no responde. Benavides no quiso, por su parte, hacer declaraciones al respecto y prefirió que sea la justicia la que determine la existencia o no del delito de prevaricación.

Sí se pronunció el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien mostró su satisfacción ante la resolución judicial. "Esperamos que este caso prospere junto a las otras muchas causas que están abiertas", apostilló.

Supuesta falsificación. En este sentido, Tejero recordó que también acudió a la vía penal contra el Ayuntamiento de Almuñécar por un supuesto delito de falsificación de firma, que se encuentra en proceso de investigación, como consecuencia de "la presión administrativa y el acoso por parte del gobierno local". Según acusa el querellante, el equipo de gobierno usó su firma de forma fraudulenta para formular una denuncia contra un vecino.







* La Opinión de Granada - NOELIA M. ESTEBANÉ - 30.04.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

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Urbanismo abusivo e indiferencia pública

FERNANDO MANERO* : A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.
No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.
Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.
¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.
Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno. Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.



* FERNANDO MANERO - CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID






* El Norte de Castilla - Opinión - 30.04.09

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