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MÁLAGAHOY* : Muchos apostaban porque nunca llegaría el momento, pero ayer la primera de las construcciones ilegales de la Hoya del Tajo comenzó a ser demolida. Finalmente, ante el decreto firmado por el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, que fijaba para las 11:00 el inicio de los trabajos de derribo, el propietario debía realizar con sus propios medios la demolición de una nave y el cobertizo que había sido denunciado. Entre ambos ocupaban una superficie de unos 100 metros cuadrados, que ahora volverán a recuperar su imagen de terreno agrícola. Precisamente, su catalogación como terreno de protección integral provocó la intervención de la inspección de obras tras tener conocimiento de la existencia de la edificación, que estaba siendo utilizada como cuadra para caballos.
Todo comenzó ayer a desaparecer cuando las piquetas y los mazos de dos operarios comenzaron a tumbar la construcción por orden de su propietario, que no estuvo presente en el inicio de los trabajos, aunque posteriormente asumía con entereza lo que estaba ocurriendo e insistía explicar que había realizado un comparecencia en el Ayuntamiento solicitando realizar el derribo. De este modo evitará tener que pagar todo el dispositivo que tenía previsto el Consistorio, excavadora incluida, para acabar con las cuadras. Además, también evitará el pago de la correspondiente sanción económica al restituir la zona a su viejo uso. No obstante, matizó que ha puesto el asunto en manos de sus abogados, "ya que contaba con una vieja licencia para una casa de aperos".
Mientras tanto, un equipo de la inspección de obras del Ayuntamiento de Ronda se personó ayer en la zona para verificar que estaba cumpliendo con la orden dada por el primer edil, que será la primera de un total de 22, muchas de ellas ubicadas en el mismo paraje. "Voy a ser inflexible con este asunto", señaló Marín Lara, que reclamó mayores herramientas jurídicas para poder actuar con mayor celeridad en el caso de detectarse construcciones irregulares. Y es que el alcalde rondeño considera que la nueva legislación urbanística aprobada se sigue quedando corta para poder atajar este problema. De hecho, el procedimiento que ha derivado en esta actuación ha necesitado de una tramitación urbanística de casi dos años.
* Málaga Hoy - 31.07.10
Foto: Un momento de la demolición del local.- malagahoy.es
Derribada la primera construcción ilegal en la Hoya del Tajo en Ronda
Asociaciones ecologistas de Madrid piden que Aguirre no sea candidata
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ABC/EFE* : Una decena de asociaciones ecologistas han pedido hoy al PP que no nombre candidata a Esperanza Aguirre para las elecciones de 2011, porque "en sus siete años de gobierno no ha habido una sola medida legislativa que tuviera como objetivo mitigar los efectos del cambio climático a medio plazo". Los colectivos firmantes de la petición son: Amigos del Tejo y las Tejedas, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA, Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Los Verdes de la Comunidad de Madrid, ARDEA- Ecologistas en Acción, Jarama Vivo, Diamante Verde, Globalízate y también el sindicato Solidaridad Obrera.
En un comunicado, solicitan al PP que designe candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid a "otra persona del partido que haya mostrado preocupación por el cambio climático".
Argumentan que, tras el estudio publicado por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) que proyecta un aumento en la región de hasta 2º C y 4º C en las temperaturas máximas y un descenso en las precipitaciones del 10% para 2050, ha llegado el momento de "dejar de apadrinar a los escépticos del cambio climático" y de "adoptar medidas efectivas para evitar que Madrid tenga un clima extremo a mediados de siglo".
Los ecologistas acusan a Aguirre de haber "contribuido a acelerar el calentamiento" con su política de "desdoblamiento de carreteras", "urbanismo salvaje" y "construcción de campos de golf".
También le reprochan que carezca de una "política ambiental que proteja el territorio y los ricos ecosistemas de la región", su "desdén hacia la sostenibilidad" y que esté "empeñada no sólo en negar las evidencias científicas, sino en difundirlo utilizando el ente público Telemadrid y algunos canales de la TDT".
"Nos gustaría preguntar a Esperanza Aguirre si podrá mirar a sus nietos a los ojos y explicarles las medidas que tomó para evitar un cambio climático tan peligroso", rematan su escrito los ecologistas.
* ABC - EFE - 31.07.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
El TSJ da al Ayuntamiento de Valladolid tres meses para que derribe los áticos de Zorrilla
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León se ha cansado ya de los retrasos para cumplir la sentencia que dictó hace más de dos años en relación con los pisos construidos en la planta octava de la plaza de Zorrilla, que acogió la sede de la obra social de Caja Duero, situada entre las calles Santiago y María de Molina de la capital vallisoletana. En un nuevo auto, de fecha 28 de julio, los tres magistrados del Alto Tribunal requieren nuevamente al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para que en el plazo de tres meses dé las órdenes para ejecutar la sentencia de 28 de abril de 2008, en la que se fijaba la demolición de las obras realizadas en ese inmueble tras una licencia que concedió el Consistorio en el año 2001 a la empresa Edificasa 2000
El TSJ consideró entonces, después de analizar el recurso que presentó en el año 2002 la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que las obras realizadas por esta constructora habían supuesto una vulneración de la legalidad urbanística municipal, que se concretaba en un incremento de la edificabilidad en los áticos que se levantaron en ese inmueble que da a la plaza de Zorrilla.
Durante la intervención bajo licencia municipal de la constructora, se suprimieron los históricos trasteros y se destinaron los 93,92 metros cuadrados de los mismos para uso de viviendas, que ahora deberán ser derribadas por ser consideradas ilegales por la justicia.
Pero además los jueces sentenciaron, después de analizar todo el expediente y estudiar los informes periciales que se encargaron a arquitectos, que con las obras efectuadas se incumplió lo establecido en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) de Valladolid, aprobado en mayo del 1997 por el Ayuntamiento, en lo referente a la modificación de la fachada interior que da a la calle Santiago.
«Allí se ha demolido una galería acristalada existente, lo que constituye, a juicio de esta Sala, otra infracción (...) suponga o no suponga aumento del volumen del edificio», sentenció el Alto Tribunal.
El Plan Especial obliga a proteger este tipo de inmuebles que fueron catalogados en su día por su valor arquitectónico e histórico.
Reconstrucción
El nuevo pronunciamiento de esta semana del TSJ, calificado en medios judiciales como un 'ultimátum' a la Administración municipal, se produce después de que el Consistorio que preside el regidor popular hubiera presentado un proyecto, en octubre de 2009, para tratar de legalizar la reforma del edificio de viviendas, oficinas y locales, desde las plantas tercera a la octava, que fue redactado por un arquitecto municipal.
Sin embargo, el Tribunal Superior recuerda al Consistorio que preside León de la Riva que la sentencia de 2008 señalaba que se había incumplido el PECH, al haberse alterado elementos como la cubierta y las fachadas, tanto interiores como exteriores, que con el proyecto presentado «no se subsanan».
En este sentido, los jueces señalan al Ayuntamiento que debe también ordenar «la reconstrucción de los elementos protegidos en la forma que resulta de los planos 2 al 13 del Proyecto de Ejecución» y que la Sala de Justicia acordó en su día.
En el nuevo auto judicial, el TSJ insinúa que la iniciativa municipal que ha llevado el Ayuntamiento pudiera pretender «eludir el cumplimiento» de la sentencia del año 2008, por lo que requiere al alcalde de Valladolid que ejecute el fallo.
Recuerda el TSJ al regidor que en caso contrario podría incurrir en una «posible responsabilidad penal o en la imposición de multas coercitivas».
Autorización municipal
La licencia para las obras de este emblemático inmueble del arquitecto Manuel López, que fue inaugurado en 1952 con piedra de Villamayor, fue otorgada mediante un decreto firmado en febrero del 2001 por el concejal de Urbanismo, Federico Sumillera. Con anterioridad, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento había acordado la concesión de la licencia de obras a Edificasa con el objetivo de rehabilitar el inmueble que había tenido como destino principal oficinas de Caja Duero y viviendas.
Entre febrero y mayo del 2002, el Consistorio otorgó las licencias de primera ocupación a las viviendas del 28 de la calle Santiago, del 3 de la plaza Zorrilla y el 13 de María de Molina.
* El Norte de Castilla - 31.07.10
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es
A Coruña.- Un promotor que se negó a arreglar un edificio protegido pide permiso para tirarlo
ELPAÍS* : Tras nueve años haciendo caso omiso de reiterados informes y apercibimientos municipales para que se preserve un edificio protegido, la promotora propietaria del inmueble acaba de solicitar la declaración de ruinas para poder derruirlo. Es un nuevo caso de especulación inmobiliaria en A Coruña, ciudad con un patrimonio considerablemente mermado en las dos últimas décadas por prácticas similares, según denunció la asociación de vecinos de Oza-Gaitera-Os Castros.
Los residentes, así como la dueña de la tienda de moda que ocupa el bajo de la edificación, llevan años de batalla para impedir la desaparición del edificio modernista situado en el número 152 de la avenida General Sanjurjo, cuyo deterioro no hizo más que crecer en los últimos años pese a los múltiples avisos de la Concejalía de Urbanismo que emplazaban al dueño a rehabilitar y preservar el inmueble.
La empresa Cinur Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios adquirió en 2002 la edificación y un solar adyacente en el que está construyendo una urbanización, unas obras en fase final que no hicieron más que aumentar los daños hacia el edificio protegido. La promotora dueña del inmueble nunca atendió los sucesivos requerimientos e incluso apercibimientos de los técnicos municipales para reparar los desperfectos iniciales provocados por humedades y desprendimientos del tejado. Esto empeoró la situación de un inmueble en el que sólo están ocupados los dos bajos comerciales, uno por las oficinas de los dueños, Cinur, y otra por la tienda Isabel de Alta Costura.
"La casa está deteriorada por el abandono pero no en estado de ruinas", recrimina Isabel Edreira que lleva ochos años sufriendo "mobbing [acoso] inmobiliario" para provocar su desalojo del bajo en alquiler que acoge su negocio desde hace 20 años. "Lo deja todo abandonado para que se venga abajo, e intentan echarme", cuenta Edreira al relatar cómo cada dos por tres su tienda sufre "inundaciones provocadas sin que caiga una gota de lluvia". La modista presentó denuncia cuando hace dos años "la situación del edificio empeoró" dado que su parte trasera fue en parte demolida al construirse la nueva edificación del solar contiguo. A requirimiento del Ayuntamiento, la promotora apuntaló el año pasado partes del inmueble protegido, una estructura que ahora retiró para remplazar por una red. Y acaba de pedir la declaración de ruina.
* El País - 31.07.10
Foto: El edificio modernista protegido de A Coruña, cubierto por una red. Al fondo, la nueva edificación que lo amenaza - elpais.com
Suspenden pleno por altercado con seguidores del Jaén por acuerdo urbanístico
IDEAL* : El pleno del Ayuntamiento de Jaén fue suspendido hoy durante un tiempo tras producirse altercados por varios aficionados del Real Jaén, al rechazarse la firma de un convenio urbanístico que podría haber beneficiado a la entidad futbolística. Los hechos se han producido después de que PP e IU -que forma parte del equipo de Gobierno municipal junto al PSOE- hayan votado en contra de la firma de un convenio urbanístico con la empresa Proyji, propiedad de José María González de Caldas, que supondría la construcción de unas 3.000 viviendas en la zona de La Imora.
A cambio, el Ayuntamiento habría recibido seis millones de euros en aprovechamientos urbanísticos y la empresa se había comprometido a abonar 500.000 euros al Real Jaén, que necesita abonar mañana 420.000 euros para evitar descender a Tercera División.
Tras rechazarse el punto del pleno varios aficionados del Real Jaén comenzaron a dar gritos y se produjo un enfrentamiento entre el accionista mayoritario del Real Jaén, Carlos Sánchez y dos miembros de IU, Javier Aguilera y Andrés Bódalo.
En este punto, y tras varias llamadas a la calma de la alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, intervino la Policía Local y se suspendió el pleno, que prosiguió poco más tarde con el orden normal.
IU ha alegado para rechazar la moción que la zona donde se piensan construir las viviendas es protegida y no se encuentra recogida en el Plan de Ordenación Urbana, mientras que el PP ha recordado al PSOE cuando le recriminaban a ellos realizar operaciones con este empresario.
* Ideal - EFE - 31.07.10
Foto: Jaén, trifulca en Pleno municipal - diario de jaén
Ya era hora! - Forges
Viñeta Forges, caravana vacaciones - elpais.com 20100730
Armilla.- El fiscal recurre las "penas nimias" de la sentencia del caso Nevada
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GRANADAHOY* : Era simplemente cuestión de tiempo. La sentencia del Centro Comercial Nevada, dictada a mediados de este mes no gustó a nadie. Salvo, ha de suponerse, a los concejales de la junta de gobierno local y a los técnicos que salieron absueltos, porque ninguno de ellos anunció su disconformidad con el fallo. Sí lo hicieron, por contra, los tres acusados que cambiaron su estatus por el de condenados, el promotor del centro, Tomás Olivo, el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara, y el que fuera concejal de Urbanismo en el Consistorio armillero, Gabriel Cañavate. Pero la parte acusadora tampoco quedó contenta con las penas impuestas a dicha terna ni con que se absolviese al resto de los condenados.
Por ello, el Ministerio Público y la acusación ejercida por el Partido Popular, ayer hicieron públicos sus recursos de apelación en los que se pretende que la Audiencia Provincial dicte una nueva sentencia que sea más dura que la del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital.
El Ministerio Público mantiene en su recurso de apelación las penas inicialmente solicitadas para los acusados (26 meses de cárcel para Tomás Olivo, 36 meses para Morales Cara y Cañavate y 16 meses para el resto de los acusados) porque el fiscal Valentín Ruiz argumenta que "las penas impuestas en la sentencia de instancia equivaldría al indeseado efecto criminogénico de anular por completo la importantísima función preventiva o admonitoria de los preceptos penales en juego" ya que el juzgador ha castigado "gravísimas actuaciones" con "penas nimias equivalentes de algún modo a simples fraudes o sustracciones".
El fiscal mantiene, tras un pormenorizado análisis de la sentencia absolutoria -que cabe recordar que consideraba mucho de lo sucedido durante la tramitación del centro comercial como irregularidades administrativas fuera de la esfera penal-, que en gran parte está de acuerdo con el fallo, pero refuta esta forma de proceder del juez. Las irregularidades denunciadas son "extrapenales en cuanto aisladas unas de otras y separadamente consideradas, obviando indebidamente a juicio del fiscal, que la suma reunida de todas ellas advera a las claras que se prescindió completa y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". O, dicho de otro modo, "que nunca existió procedimiento ajustado a derecho y, por tanto, cualquier resultado de ello incurriría en la nulidad de pleno derecho que entonces y también ahora postulamos expresamente". Consecuencia de ello sería, por tanto, la nulidad "completa y radical" de los actos administrativos, tanto la aprobación definitiva del plan parcial B como la licencia de obras del centro comercial.
Esto hace que el fiscal mantenga en el recurso las opciones que en su momento dio al juez de lo Penal, la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido, incluido las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante; y la demolición parcial de modo que se subsanen las vulneraciones legales más graves y evidentes, como la invasión de zonas verdes y viales como el Camino Viejo de Alhendín. También contempla una última opción a la que dio cabida durante el juicio, la de "cualquier hecho sobrevenido con posterioridad y acaecido antes, nunca después, de que la sentencia que en su caso se dictare alcance firmeza, tales como la presentación de un proyecto alternativo que mereciere aprobación definitiva en todos sus detalles".
Especial hincapié hace el fiscal en la desaparición del informe del abogado municipal del expediente que se debía tratar en la junta de gobierno local donde se dio el visto bueno al centro comercial y por que el considera, al menos, "cooperadores necesarios" a los concejales que votaron a favor. En cuanto al documento, entiende el fiscal que Morales Cara y Cañavate "eran las únicas personas que tenían libre acceso al edificio, tenían la posibilidad de hacer lo que hicieron y sabían perfectamente la localización física del expediente".
El PP, personado como acusación particular, igualmente pide la condena de los cuatro ediles absueltos; un aumento de las penas de los condenados "dada la gravedad de la conducta delictiva" de los acusados, que produjeron además un "daño objetivo a la economía y al desarrollo de Armilla"; y que Morales Cara y Cañavate sean condenados por un delito de infidelidad en documento público y por otro contra la ordenación del territorio.
El documento fue dado a conocer por el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, quien recordó que han sido condenados dos personas, Morales Cara y Cañavate, que, cuando fueron denunciados, "eran la flor y nata del PSOE granadino".
A juicio de su partido, según explicó, la sentencia del juez no ha aclarado dónde están los 36 millones de euros procedentes de las plusvalías del aumento de la edificabilidad del Nevada que le correspondían al Ayuntamiento de Armilla y ha insistido en que este caso "es el único de corrupción en España" que no ha permitido investigar el patrimonio de los imputados, cuando existe un informe de la Guardia Civil que constató que "sus bienes no se correspondían con sus ingresos".
En cuanto a los concejales, el recurso estima que todos los ediles sabían que el expediente de la licencia de obras "adolecía de graves defectos, puestos de manifiesto por el arquitecto técnico municipal". Además, el PP considera que se cometieron "graves irregularidades en la tramitación del proceso", como la ausencia de informes técnicos suscritos por funcionarios de carrera del Ayuntamiento, la desviación de poder de la Corporación local al solicitar un informe al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación o la necesidad de solicitar un informe al Consejo Consultivo de Andalucía durante la tramitación del plan parcial B. También defiende el PP que la autorización ambiental que tenía el proyecto había caducado, ya que las obras comenzaron en 2005 sobre una autorización de 2000 y con un proyecto bastante diferente.
En lo referente al informe desaparecido, la acusación que ejerce el PP también considera autores del extravío a José Antonio Morales Cara y a Gabriel Cañavate. Considera el recurso que "sólo a los dos imputados por este delito interesaba la desaparición del referido informe y que, en su caso, cualquier persona que lo hiciera desaparecer lo habría hecho a su instancia e interés". Pero claro, en base a numerosos indicios.
* Granada Hoy - 30.07.10
Foto: El Centro Comercial Nevada, pendiente de una resolución firme.- granadahoy.com
Vigo.- El TSXG prevé indemnización por no derribar Jacinto Benavente
ATLÁNTICO* : La licencia otorgada por el Concello de Vigo al edificio de viviendas de Jacinto Benavente hace ahora un año ha servido para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictamine un auto en el que anula la orden de demolición que sobre dicho inmueble pesaba por sentencia judicial. No obstante, el alto tribunal de Galicia, que considera ‘inejecutable’ la mencionada sentencia, también contempla la compensación económica al recurrente. Concretamente, el auto afirma que ‘procede declarar la inejecutabilidad en lo que afecta a la demolición de la obra, conclusión esta última que se alcanza sin perjuicio de que por la parte interesada se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva’.
La parte interesada en este caso es el vigués Eduardo Canabal, promotor de la mayoría de recursos sobre ilegalidades urbanísticas en la ciudad y que, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tiene en la actualidad 1.500 causas contra el Concello de Vigo. La resolución judicial es susceptible de recurso de súplica ante la misma sala. El Tribunal Superior de Xustiza considera en su auto que a la vista de la documentación aportada, resulta que la obra cuya demolición se ordenó ha sido objeto de legalización mediante acuerdo del Concello de Vigo. ‘Así, la mencionada legalización viene a suponer, en principio, la desaparición de reprochabilidad desde el punto de vista de la legalidad que hasta entonces era predicable en cuanto a la obra. La ejecución respecto a la misma que de inmediato podría volver a levantarse de conformidad con dichas previsiones, no se acomoda a una racional aplicación del principio de proporcionalidad’. El edificio, de 150 viviendas, fue declarado ilegal porque se construyó con arreglo a un plan de 1993, que fue declarado nulo por los tribunales. La solución adoptada por el Concello para legalizar este edificio no es aplicable a otros que se encuentran bajo la picota. Así lo aseguraba en su momento el alcalde Abel Caballero quien aseguraba que en este caso en concreto se trató de un error administrativo y no de ‘un pelotazo urbanístico’ como en otros casos en los que se dio licencia sin avales ni informes.
* Atlántico - 30.07.10
Foto: Vigo, edificio Jacinto Benavente - lavozdegalicia.es
Destrucción a Toda Costa 2010 - Greenpeace
Sabadell legaliza adjudicaciones irregulares de pisos sociales
ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Sabadell, gobernado por el PSC, admite 10 casos de irregularidades en la adjudicación de pisos de alquiler tutelados para jubilados en el complejo Sant Oleguer. La cifra es muy inferior a los 76 casos que la fiscalía detectó en abril. El 13 de julio el Ayuntamiento firmó un decreto para regularizar estos casos. Cuando los pisos se adjudicaron, en 2004, se debían entregar a través de una comisión que nunca se llegó a constituir. El decreto insta a que sea la empresa municipal Vimusa la que busque "fórmulas para solucionar la situación" de los 10 afectados y que conserven el piso.
El Consistorio asegura que se revisarán los expedientes según los criterios actuales de adjudicación, modificados y más laxos que los que regían en 2004. Por ejemplo, ocho adjudicatarios de los pisos eran dueños de viviendas en aquella fecha, cosa que prohibían las bases. Estos pisos se vendieron con posteriordad, por lo que el expediente se revisará como si los adjudicatarios nunca hubiesen poseído estas viviendas. A una persona que en 2004 le faltaban 10 días para tener 65 años, edad necesaria para poder optar a los pisos tutelados, se le considera que ya cumple el requisito. En un último caso, se superan los 100.000 euros de patrimonio máximo.
El informe fiscal de abril señalaba que 11 de los adjudicatarios de los pisos (el complejo lo forman 101) no cumplían el requisito del padrón (dos años de residencia continuada o cinco discontinua), 59 tenían una vivienda en propiedad en el momento de la adjudicación, cosa prohibida en las bases, y 6 superaban los 100.000 euros de patrimonio máximo. La fiscalía concluyó que las irregularidades no constituían un delito y archivó el caso. El 9 de julio, ICV-EUiA presentó un contencioso contra las adjudicaciones irregulares.
A raíz de esta resolución, el Ayuntamiento encargó a sus técnicos analizar los argumentos del informe de la Guardia Civil. De los 11 casos que no cumplían la condición del padrón, el Consistorio no reconoce ninguno y considera que los agentes se equivocaron, ya que "consultaron al Instituto Nacional de Estadística el último cambio de domicilio, pero no pidieron al Ayuntamiento el empadronamiento histórico", afirmó el concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez. El regidor justifica la diferencia de criterio con el hecho de que los agentes "buscaban una trama urbanística". Pero la Guardia Civil, en el informe que dio a la fiscalía, indicaba que, además de investigar un posible caso de prevaricación y de trama urbanística, su función era "verificar los requisitos" del proceso de adjudicación de los pisos.
En estos 11 expedientes constaba el caso de unos familiares de la concejal de Servicios Sociales, Maria Ramoneda, a los que se adjudicó un piso, pese a que no cumplían el requisito del empadronamiento, ya que constaba que vivían en Vilanova de Meià (Noguera). En este caso, el Ayuntamiento dio por válido un informe de la policía local, hecho a partir de entrevistas a los vecinos, para demostrar que los adjudicatarios vivían en Sabadell. Las bases del concurso no permitían acreditar el padrón con un informe policial.
* El País - 29.07.10
Foto: Sabadell, ayuntamiento - laregioninternacional.com
El TC mantiene la suspensión de los derribos del Cabanyal
EUROPAPRESS/Valencia* : El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión de determinadas partes del Decreto-Ley 1/2010 del Gobierno valenciano relativo a medidas de protección y revitalización del barrio de El Cabanyal de Valencia y que quedó sin aplicación después del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Abogado del Estado en representación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por considerar que los derribos previstos perjudicaban al conjunto histórico. Por su parte, la Generalitat alegó a esta decisión pidiendo que se desestimara dicho recurso.
Ahora, el pleno del TC ha determinado en un auto --dictado cuando está próximo el fin del plazo de cinco meses que establece la Constitución para levantar o mantener la suspensión-- que sí procede prorrogar la suspensión de los artículos 1, 2 y 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la norma.
El Gobierno valenciano dio luz verde al decreto el pasado mes de enero y en él declaraba "expresamente" que el PEPRI de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en el Decreto del Consejo 57/1993, de 3 de mayo, por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto histórico de Valencia", incluido este barrio. El Decreto-Ley derogaba además cualquier norma de igual o inferior rango que se opusiera a lo previsto en él.
En la nueva resolución del Constitucional --de fecha de 28 de julio y que ha sido hecha pública este jueves-- el Tribunal considera que los preceptos suspendidos del decreto del Consejo "persiguen la inmediata ejecución del PEPRI, plan que, como todas las partes comparecidas han señalado, afecta a una zona que se encuentra especialmente protegida".
Este plan, añade, "comportará actuaciones que implican, cuanto menos, un riesgo para la integridad de dicho conjunto histórico y, por extensión, para el interés público subyacente en proteger el barrio Cabanyal-Canyamelar". "Por ello, los valores asociados a la preservación del patrimonio histórico no pueden resultar enervados por el interés en ejecutar inmediatamente un Plan Especial de
Reforma Interior de dicha zona, tal como expresan los preceptos legales cuya vigencia se encuentra suspendida, pues aquellos valores pudieran resultar seriamente afectados con las actuaciones necesarias para la ejecución de dicho plan", argumenta.
En este mismo sentido, el TC defiende que, "ante el riesgo de degradación, destrucción o pérdida, el interés en la preservación de los valores que definen los inmuebles afectados por la ejecución del plan como integrantes del patrimonio histórico artístico ha de ser considerado prevalente, desde la perspectiva cautelar".
"PELIGRO DE PÉRDIDA"
La resolución puntualiza que, si el PEPRI aprobado no contradice sino que complementa y refuerza la protección del conjunto histórico, es una cuestión que se relaciona con el fondo del asunto debatida en el proceso principal pero, por el contrario, "fácilmente se colige que el peligro de pérdida o deterioro de los bienes objeto de especial protección en atención a los valores histórico-artísticos que en su momento determinaron la inclusión del Cabanyal en el conjunto histórico de Valencia han de merecer consideración preferente, desde la perspectiva cautelar".
Este interés, agrega, prevalece "sobre las eventuales actuaciones modificatorias de la estructura urbana y arquitectónica que se realizarían en la zona en caso de que recobrasen su vigencia los preceptos legales ahora suspendidos, así como frente a los (posibles) retrasos en la ejecución de la planificación urbanística derivados del mantenimiento de la suspensión inicialmente acordada en tanto se decide la cuestión litigiosa".
A juicio del TC, a estas consideraciones no pueden oponerse las argumentaciones relacionadas con la irrenunciabilidad de las finalidades perseguidas por la ejecución del PEPRI o la necesidad de la urgente ejecución del mismo en atención a los recursos presupuestarios comprometidos tanto de la Generalitat como por el Ayuntamiento de Valencia, pues tales perjuicios "no son, por su propia naturaleza, irreparables".
"A todas luces aparece como prevalente la protección dispensada al barrio por el propio ordenamiento jurídico, ya que no se ha negado por ninguna de las partes comparecidas en el presente proceso que la ejecución del concreto plan pueda alterar ese conjunto histórico, por lo que, en atención a su carácter difícilmente reparable, es razonable amparar los valores vinculados a la conservación del patrimonio histórico y cultural que también el ordenamiento jurídico autonómico preserva y protege".
En sus fundamentos jurídicos, el pleno recuerda también su propia jurisprudencia, en concreto una decisión de 2005 en la que se optó suspender una ley de Castilla y León por la que se modificaba la ley de patrimonio cultural.
Aún "sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente" --recalca el TC-- resulta "innegable" que los preceptos suspendidos en el caso valenciano "persiguen, tal como ellos mismos declaran, la total ejecución del PEPRI, autorizando expresamente la totalidad de las actuaciones sobre la estructuraurbana del conjunto histórico de Valencia y, por tanto, del Cabanyal en tanto que parte integrante del mismo y afirmando la imposibilidad de que tales actuaciones puedan ser menoscabadas por los actos o acuerdos de otras administraciones públicas".
COMPETENCIAS ESTATALES
"Decisiones todas ellas que pueden obstaculizar, más allá de la controversia trabada en cuanto al fondo del asunto, el desenvolvimiento de las competencias estatales, impidiendo la plena efectividad de la decisión estatal en relación con la eventual expoliación que sufriría el conjunto histórico del Cabanyal, razón por la cual es posible apreciar la existencia en este caso de un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales a que conducen las normas cuestionadas en este proceso".
Todo ello, concluye el acto, sin que resulte necesario pronunciarse acerca de la petición formulada de forma subsidiaria por la Generalitat en la que solicita el levantamiento de la suspensión en todo lo que no afecte a la zona declarada BIC por cuanto que "los preceptos cuya suspensión se ha solicitado y se mantiene de ya hacen una referencia expresa al conjunto acreedor de la protección".
* Europa Press - 29.07.10
Foto: Valencia, contraste barrio del Cabanyal - EFE
El Juzgado ordena desmantelar una macrourbanización en Ávila
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NORTECASTILLA* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha ordenado el desmantelamiento de las obras de sistemas generales ejecutadas en el pinar de Villanueva de Gómez, en el que se pretendía construir una urbanización con cerca de 8.000 viviendas, un hotel y tres campos de golf, y obliga a devolver la zona, donde se podrían haber talado alrededor de 30.000 pinos, según los ecologistas, a su estado natural. La sentencia considera nulas las licencias otorgadas para acometer las obras y se estima que el Ayuntamiento «no contó con ningún informe técnico, jurídico o de otro tipo antes de la autorización del Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras» y «no se aprobó con anterioridad ningún instrumento de desarrollo o gestión urbanística».
Se señala, además, que «los planes parciales en suelo delimitado y los planes especiales deberán ser aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo», informa Europa Press.
Por lo que se refiere a los sistemas generales Hya se han construido aceras y rotondas y se han abierto grandes avenidas en el pinar-, la sentencia destaca que afecta a suelo rústico de protección natural y que, en consecuencia, debería haber sido objeto de Evaluación del Impacto Ambiental el Plan Especial de Infraestructuras.
Es por ello que concluye que la resolución del alcalde, José Martín Llorente, que autorizó, en el año 2006, la ejecución del Proyecto de Sistemas Generales y otorgó la licencia de obras, «debe considerarse nula de pleno derecho».
En cuanto a la modificación de las Normas Urbanísticas llevada a cabo en 2001, se indica que fue una auténtica revisión de las mismas y que, como tal, debió someterse al trámite de evaluación ambiental y por ello se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la posible «ilegalidad» de la modificación de las normas aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en marzo de 2001.
El juzgado da, de esta forma, la razón a las asociaciones ecologistas que se han posicionado en contra del proyecto. En este sentido, Juan Carlos Atienza, coordinador del Area de Conservación de SEO/BirdLife, declaró que «el sentido común se ha impuesto y se ha detenido otra barbaridad urbanística más».
* El Norte de Castilla - 29.07.10
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados - HENAR SASTRE (nortecastilla.es)
Vacíos urbanos, por qué no
JOAQUÍN ORTIZ DE VILLAJOS CARRERA/Málaga* : Que las ciudades crezcan y absorban vacíos generados en su interior por abandono, olvido, desuso u otros intereses, es algo cotidiano; pero las respuestas generadas por éstas para incorporarlos al tejido que los acoge no deberían ser siempre la misma. Málaga, en consecuencia a un crecimiento desordenado, se hace heredera de este tipo de espacios y, afrontarlos desde la nueva configuración urbana, siempre encuentra en el simbolismo o el poder del hito su reacción. Envueltos y partícipes en la sociedad del espectáculo, el consumo de masas, el urbanismo desenfrenado y la vorágine mediática, la ciudad focaliza en estos "vacíos encontrados" la oportunidad del reclamo y el uso de nuevas imágenes regeneradoras -modelo tan repetido que deja de ser novedoso- de áreas concretas o del dibujo global de la ciudad. Ésta parece querer desterrar la concepción instalada en el imaginario social y encuentra en ellos la oportunidad para ser reconducida. Pero la reconducción es idealista o, tan sólo responde a la realidad de un planeamiento, básicamente especulativo, donde la edificabilidad se compra y no se compromete con el teórico proyecto de ciudad.
Los antiguos terrenos de Repsol, de la Térmica o de Martiricos, constituyen auténticas burbujas en la cada vez más densificada trama que, pensadas para el colectivo de la ciudad y no el interés económico de "unos cuantos", ayudaría realmente a la cualificación del área, y no a su recalificación, algo más interesada. La red de vacíos pensada desde un proyecto de ciudad único sería más apropiada. Así, no todos se ejecutarían desde las mismas pautas, como ocurre en la actualidad, donde los vacíos pensados de manera aislada obtienen un resultado similar: la colmatación del espacio mediante torres. No alentamos desde estas líneas la desaparición de esos mecanismos, sino la aplicación real del concepto. Si esto fuera así, proclamaríamos la construcción de la torre más esbelta de Andalucía, de España, o Europa. Sin miedo a la altura y sin miedo al vacío. Liberaríamos realmente el suelo y erigiríamos un nuevo símbolo para Málaga. Pero no se puede vender desde la Administración que cualquier operación especulativa del suelo con la construcción de edificios altos -que no rascacielos- es un nuevo símbolo para la ciudad. Ni tolerar que la ciudad que hoy se entiende en Málaga como planificada, deje escapar oportunidades como las presentes y actúe por los impulsos que impone el mercado.
Admitimos el uso de la arquitectura de imagen o simbólica como elemento básico de comunicación; no es algo novedoso y los ejemplos se multiplican por el territorio. Lo más sorprendente de esta arquitectura del reclamo y el aparente beneficio económico, y nada más ajeno a la realidad, es su exposición pública como oportunidades para generar intervenciones de espacio público en una ciudad que los reclama, cuando es evidente que, el interés privado que desde el gobierno local se otorga a estos suelos prevalece ante cualquier otro. Sería interesante abrir en estas pompas urbanas las puertas al espacio público. Los vacíos encontrados nos permiten construir pulmones que en un futuro serán necesarios, si no lo son ya, en una ciudad en continuo crecimiento y sin límites aparentes. El que fuera alcalde de Curitiba en tres legislaturas, el arquitecto brasileño Jaime Lerner, afirmaba desde su condición de experimentado urbanista que "a veces, en la vida de una ciudad amenazada por decisiones que pueden perjudicarla, es necesario no hacer nada, con urgencia". No hay nada más contrario a un urbanismo eficiente que, tener la oportunidad de no hacer nada, y desestimarlo. Habría que incorporar la figura de máxima protección (algo así como "prohibido tocar"), a los vacíos encontrados dentro de la ciudad, o quizás mejor, imponérsela a los gestores de los mismos.
Los vacíos se presentan como esponjas capaces de absorber valores que la ciudad no posee y, sin embargo, Málaga ve como estos se encuentran en peligro de extinción o lamenta que, a los existentes, no les falten propuestas para ser llenados de nuevos lugares simbólicos para la ciudad (lo que podríamos llamar hitos políticos) o de operaciones inmobiliarias escondidas tras ellos (hitos económicos). La libertad de actuación generada en esa condición de vacío la revierte peligrosa. La mímesis de fragmentos de ciudad en estos espacios, no solo distorsiona la compleja realidad de Málaga, sino que la descualifica. Estos vacíos urbanos, atendiendo sólo a sus dimensiones, constituyen de por sí un hito en la ciudad, pues no encontramos áreas de estas características interiores en ningún otro punto. Es el espacio idóneo para el disfrute ciudadano y su interacción con el mismo (y no para pensar en el típico "jardincito" en lo que resta entre torres y demás edificaciones). Es el espacio público que no se colmata y no por ello deja de comprometerse. El espacio público del diálogo ciudadano receptivo a sus propuestas, de corporificación total, gesto e intercambio erótico, diría el arquitecto Alberto Pérez-Gómez.
Los vacíos urbanos podrían ser a la ciudad lo que las páginas en blanco al libro. Generan el ritmo necesario para hilar la lectura. La lectura de la ciudad. De su historia. Pequeños frascos de memoria ciudadana que nos sugieren imprecisiones que la ciudad tuvo y tiene respecto a ellos y, por alusión, a ella misma. El hito que la ciudad desea, ya existe. No hay que crearlo.
* Málaga Hoy - Opinión - 29.07.10
El Seprona implica a mandos de la Guardia Civil en delitos urbanísticos
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ELDÍA/La Palma* : Hablan de agentes que se pasean en el yate del empresario, que usaban su bodega y de un sargento que se benefició de un descuento de 40.000 euros al comprar su vivienda. El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato, hizo pública ayer una denuncia por "graves irregularidades" en las que presuntamente están implicados altos cargos del Cuerpo Benemérito, que podrían haber dado cobertura a hechos delictivos relacionados con el urbanismo en La Palma, concretamente, encubriendo a un empresario que supuestamente ejecutó varias edificaciones irregulares.
Según relató Mato, la investigación comenzó cuando una administradora de una empresa en la Isla denunció un supuesto delito societario que propició que se desvelarán la existencia de otros presuntos delitos relacionados con el urbanismo. En las testificales de este caso se implicó a mandos en estos delitos, según planteó el responsable de la AUGC.
Al respecto, detalló que ante el gran número de irregularidades detectadas por los agentes del Seprona y relacionadas con un empresario concreto, que ha protagonizado varias denuncias urbanísticas en la Isla, estos recibieron "recomendaciones" para que no se realizase la inspección. "Todos sabemos que una recomendación en la Guardia Civil es una orden", afirmó Mato, al tiempo que insistió en su sorpresa ante esta "indulgencia" de los mandos de la Benemérita.
Insistió en que se detectaron cientos de irregularidades y se pidió que se fuese "flexible". De igual forma relató que en un principio se realizó una denuncia interna en la Guardia Civil por tales hecho, pero que los expedientes concluyeron que no se detectaban irregularidades. Pero, "le dan la vuelta a la tortilla" y "se intenta amordazar al agente del Seprona denunciante". Según Mato, "incluso se ha llegado a amenazar con un sicario sudamericano, por lo que se vio obligado a acudir a los tribunales".
40.000 euros de descuento.- Desde la Unión de la Guardia Civil, se asegura que "los altos mandos implicados no sólo pasean con frecuencia en el yate del empresario denunciado, sino que éste les presta su bodega para eventos familiares".
Además alertaron de que un suboficial "había presuntamente adquirido una vivienda del constructor por 40.000 euros menos del precio real. Existe una grabación que consta en el expediente en la que se justifica este último hecho. Sin embargo, no se ve nada extraño en que se haga un descuento tan alto y se iguala a una venta por regateo en un comercio regentado por hindúes".
Además, indicó que después del informe interno, el empresario denunció al agente por sentirse perseguido y para ello "se ha valido de información confidencial de la Guardia Civil. Alguien está dando información al constructor".
A este respecto, la abogada del denunciante, María José Castro, planteó que puede ser el mismo suboficial implicado (casado con una funcionaria de Justicia) quien esté "traficando" con la información y denunció que "se ha destruido documentación" del caso.
Investigan a varios mandos.- La letrada explicó que, "a raíz de la primera denuncia presentada en los juzgados de Los Llanos, están siendo investigados un constructor (aunque podría ampliarse a un segundo), un aparejador de un ayuntamiento del Valle de Aridane, un brigada y un sargento de la Guardia Civil y varios particulares", aunque, dejó la puerta abierta a más implicados.
Castro indicó que el proceso se comenzó en 2008, pero "el juzgado en un primer momento rechazó la investigación de oficio. No comenzó hasta que la Audiencia Provincial se pronunció en este sentido el pasado mes de diciembre". El caso está a la espera de que la Fiscalía concluya sus informes.
Pese a todo lo descrito, aseguró la abogada, "el teniente coronel de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha restado importancia a los hechos", asegurando que "se está intentando coaccionar a algunos testigos y que el defensor del Guardia Civil, un órgano relativamente nuevo en La Palma, también está siendo acosado por altos mandos y ha sido víctima de moobing".
* El Día - EP. - 29.07.10
Foto: Los Llanos de Aridane (La Palma - Canarias) - sobrecanarias.com
El Supremo anula la concesión de los terrenos que Miño concedió a Fadesa
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XORNAL/A Coruña* : El 17 de enero de 2001 se suscribió entre el alcalde de Miño y la inmobiliaria Fadesa un convenio para una urbanización en la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova. El 10 de mayo de 2002, en pleno, el Ejecutivo local decidió que las obras se harían tras la expropiación de los aproximadamente millón y medio de metros cuadrados que ocuparía la urbanización. El Plan Xeral no sería aprobado hasta tres meses más tarde, el 8 de agosto de 2002. Una sentencia del Tribunal Supremo, fallada el pasado 19 de julio, acaba de anular la concesión que el ayuntamiento dio a la inmobiliaria para los terrenos, con lo que la empresa, ahora Martinsa-Fadesa, deja de ser adjudicataria legal de todos los metros cuadrados que se expropiaron hace ocho años.
Este fallo se produce después de que tanto el concello como la inmobiliara interpusiesen un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), del año 2006, en la que ya se había anulado la concesión urbanística de los terrenos. El Tribunal Supremo, además, hace imposición de las costas procesales tanto a Fadesa Inmobiliaria como al ayuntamiento coruñés.
LOS PAGOS, DEL CONCELLO
Revés al concello de Miño y a la compañía, protagonista del mayor concurso de acreedores de la historia que, según uno de los abogados de los afectados, Jerónimo Escariz, “tendrán que hacer frente a esto de alguna manera”. Y es que, al ser el ayuntamiento quien, por acuerdo plenario, expropió los terrenos, también ha de ser la administración local la encargada de hacerse cargo de la nueva situación.
Y ésta es, ni más ni menos, la obligación de pagar un 25% más a los dueños de los terrenos de lo que habían abonado en su día. En total, y según fuentes consultadas, el concello de Miño tendrá que sufragar unos siete millones de euros a los dueños de las propiedades que se expropiaron para que la inmobiliaria se hiciese con un plan urbanístico de unas 1.200 viviendas.
Como explica el magistrado Jerónimo Escariz a Xornal, “obviamente no se pueden recuperar los terrenos, lo que requerirá una indemnización mayor” a la que decretó el jurado de valoración. “En los casos en los que se anula la concesión de una urbanización, el justiprecio es un 25% a mayores por ocupación ilegal”, explica Escariz. Ahora serán los afectados los que “tengan que reclamar”, ya que el fallo no se refiere al pago de las indemnizaciones.
Para el abogado, “el concello está expuesto claramente a ese resarcimiento”. “Miño está descubierto, difícilmente va a poder pagar esto e intentará reconducirlo”, sostiene. “Martinsa ya invirtió mucho dinero en esa urbanización”. Solo por los terrenos, la inmobiliaria había abonado en su día unos seis euros por metro cuadrado, que una sentencia elevó a más de 26 euros. En total, y con los intereses, Martinsa-Fadesa abonó unos treinta millones de euros por los 1,5 millones de metros cuadrados de la macro urbanización. El 25% a mayores que dicta el fallo del Supremo ha de pagarlo el ayuntamiento con dinero público.
POSIBILIDADES DEL CONCELLO
Debido a los problemas que Miño tendrá para abonar esos siete millones de euros aproximados, tanto el Jerónimo Escariz como otras fuentes consultadas aventuran a que el Gobierno municipal, regido por el Partido Popular, tendrá que “negociar de alguna manera”. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el fallo del Supremo es especialmente perjudicial para el concello que, no obstante, sí tendría una salida para esta situación. Dado que Martinsa-Fadesa deja de ser legalmente adjudicataria de los terrenos, sería el propio Gobierno local el que podría tener la capacidad de acabar las obras y hacer frente a las indemnizaciones. Esto sería posible, según fuentes consultadas, si Miño consiguiese que otra promotora se hiciese cargo de la urbanización, para rematar las viviendas en construcción, los viales y adecuación de la zona y, también del justiprecio que reclamarán ahora los afectados.
“Las partes recurrentes –el ayuntamiento y la inmobiliaria– debían tener ya en la cabeza que la sentencia iría por aquí”, creen fuentes jurídicas. Para los afectados, por contra, queda probado que la concesión de los terrenos fue un “amaño entre el alcalde y Fadesa”, con una licencia previa a la aprobación del PXOM y carente de un plan parcial de obra.
“Téngase en cuenta que la nulidad del acuerdo del pleno del 10 de mayo de 2002, respecto de la elección del sistema de actuación –por la expropiación– se produce por falta de información pública y de citación a los propietarios”, dice el Supremo parafraseando la sentencia del 2006 del TSXG.
SORTEAR EL FALLO
El fallo del Supremo considera, además, que “si bien el recurso de casación se sustenta sobre la infracción de normas de Derecho estatal, su invocación reviste un carácter meramente instrumental intentando sortear, o simplemente desbordar, los límites legalmente establecidos”.
* Xornal - 29.07.10
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
Un tercio de los vecinos de Santa Cruz, con sus casas fuera de ordenación
CANARIASAHORA* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife calcula que son 95.350 los vecinos que verían sus casas fuera de ordenación si la Comisión de Ordenación de Territorios y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) le da finalmente el visto bueno. La Plataforma ha elaborado un catálogo de las viviendas que se verían afectadas por esa figura urbanística que supone una merma de derechos para sus propietarios, en contra de lo que defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Gerencia de Urbanismo, que insisten en que el fuera de ordenación “no tiene consecuencias jurídicas”.
Este catálogo se hará público este jueves por la Plataforma a las puertas del Consistorio. José Ramos Arteaga, miembro de la Plataforma, afirmó este miércoles en Radio Club Tenerife que las fincas afectadas son 1.904 en diez distritos, del 38.001 al 38.010.
“Hemos calculado cinco plantas por finca y dos viviendas por planta, lo que supone que son 95.350 las personas en Santa Cruz cuyas casas quedarían fuera de ordenación”, dijo Ramos Arteaga quien expresó su confianza en los técnicos de la COTMAC para que el PGO no se apruebe “con un fuera de ordenación masivo que afecta a un tercio de la ciudad, plagado de irregularidades que hemos denunciado”.
“Sabemos que ha habido presiones políticas sobre los técnicos de la COTMAC para que aprobasen el PGO como fuera antes de julio, pero no ha sido así”, añadió José Ramos.
Por su parte, el abogado y portavoz de la Plataforma contra el PGO, Felipe Campos, explicó a CANARIAS AHORA que ese catálogo de viviendas “era obligado que lo hubiese elaborado el Ayuntamiento de Santa Cruz, a lo que se comprometió el 22 de diciembre pasado, pero no ha hecho nada”.
Campos agregó que gracias al catálogo elaborado por la plataforma “más de un tercio de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife podrán saber que les han intentado robar su patrimonio de forma silenciosa y canallesca”.
* Canarias Ahora - 28.07.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife , manifa contra Plan General (archivo) - canariasaldia.com
Cáceres.- El Icomos recuerda que se puede perder el título de Patrimonio de la Humanidad
HOY* : A miles de kilómetros de Extremadura, en Brasilia, comienza hoy, 25 de julio, la XXXIV reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, encargado de elegir los lugares que recibirán el título de Patrimonio de la Humanidad, y de revisar también el estado de aquellos sobre los que se cierne algún tipo de amenaza. Por ejemplo, Sevilla, donde una torre de 178 metros proyectada por el arquitecto César Pelli puede tener un impacto negativo sobre el Alcázar, la catedral y el Archivo de Indias. Icomos ya ha dicho que «existe la posibilidad de que en Brasilia a la zona monumental de Sevilla se le retire la catalogación de Patrimonio de la Humanidad».
En Brasilia probablemente no se hablará de Cáceres, pero puede que suceda en próximas reuniones, cuando llegue la polémica sobre las obras del hotel Atrio en la Ciudad Monumental, muy cuestionado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (más conocido por sus siglas anglosajonas de Icomos), órgano consultivo de la Unesco.
Lejos de retroceder ante las voces que cuestionan la credibilidad y solidez del informe adelantado hace ocho días por este diario, Icomos hizo público en la tarde de ayer un extenso comunicado en el que recrimina a Cáceres no haber informado a la Unesco de las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en la plaza de San Mateo, tal y como es su obligación siempre que haya «obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el valor universal excepcional del bien», en este caso, la parte antigua.
«No se tiene constancia de que las autoridades responsables del patrimonio mundial de la ciudad de Cáceres enviasen en su día dicha información previa a la Unesco», reprocha la presidenta del comité español de Icomos, María Rosa Suárez-Inclán, que va más allá y recuerda que el ser Patrimonio de la Humanidad «no es un derecho imprescriptible», es decir, que no es para siempre.
Por el contrario, subraya que «la Unesco se reserva la opción de inscribir el bien en la Lista del Patrimonio en Peligro si existen amenazas de cualquier tipo que impliquen la pérdida de los valores por los que fue reconocido con el título». Si así fuera, la Ciudad Monumental tendría el dudoso honor de ser el primer bien español inscrito en esta lista, que es un paso previo a una decisión más drástica: «Si las amenazas (naturales, sociales, presiones especulativas o intereses de cualquier tipo) se hicieran efectivas, la Unesco se reserva también el derecho de retirar el bien de la Lista del Patrimonio Mundial».
Hasta la fecha, la expulsión sólo se ha materializado con el santuario del órix árabe, en Omán, y, en 2009, con la ciudad alemana de Dresde por la construcción de un puente de cuatro carriles.
El Icomos también ha amenazada a Oviedo con retirarle la distinción si mantenía el proyecto de rascacielos de 113 metros de Santiago Calatrava, y ha elaborado informes negativos sobre actuaciones en muchas de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad.
Imparcial
El organismo también quiso subrayar ayer la imparcialidad de sus informes. En el caso concreto del referido a Cáceres y el hotel Atrio, Suárez-Inclán defiende que no se dé a conocer el nombre de su autor «para salvaguardar esa imparcialidad», al mismo tiempo que niega que su actuación vaya «dirigida a perjudicar la candidatura de Cáceres 2016», como se ha interpretado por el momento en que se ha hecho público el informe, casi tres años después de su aprobación.
Por el contrario, la presidenta del Icomos lamenta el «sesgo político que se está queriendo dar a este caso».
Para este organismo, el haber modificado el Plan Especial que regula las actuaciones urbanísticas en la parte antigua de Cáceres para permitir las obras del hotel Atrio «incumple todas las prácticas de conservación de cascos históricos», y deja la «posibilidad abierta» a que en otros puntos de la Ciudad Monumental «se actúe de la misma manera». Es decir, que no ve la actuación de la plaza de San Mateo como un hecho aislado, sino con un «plus de gravedad» cuyas consecuencias están por ver.
ARGUMENTOS DEL ICOMOS
1Cáceres ha incumplido con su obligación de velar por el patrimonio al no comunicar a la Unesco las actuaciones en San Mateo.
2El ser Patrimonio Mundial «no es imprescriptible». Hay una Lista del Patrimonio en Peligro e incluso se puede retirar el título.
3Los informes de Icomos son «imparciales» y se basan en la doctrina internacional de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco.
4Lamenta el sesgo político que se está dando.
* Hoy - 25.07.10
Foto: Cáceres, hotel Atrio denunciado por Icomos - hoy.es
Canarias.- El canódromo
TROMPULGA Y CHICHAPIÉ JOSÉ A. INFANTE BURGOS* : Cuando se adopta la grandilopata y se juega a la preponderancia, escondida detrás de ella muchas veces aparecen los errores de bulto como, por ejemplo, la pista de atletismo en el frío estadio de Siete Palmas (¿palacio de hielo?), "el p? más grande que el c?"; o lo que es peor, las fundadas sospechas sobre la existencia de manos negras que, arropadas en el pico del pollo y tras el simplón mensaje del "todo por Gran Canaria", arramplan en las peonadas oscuras de los tejes y manejes interesados y tal cual por todo lo que se critica a Tenerife. "Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Parece que una tasación excesiva, extraordinaria o excepcional, según los diferentes autores, y que para sorpresa de jueces y políticos actuales no aparece por ningún lado, puede ser la clave del petardeo.
Ese presunto valor de más del suelo del canódromo, fijado en el informe técnico, permitió al concejal de Urbanismo del momento firmar, durante el último mandato de D. José Manuel en la Alcaldía, un convenio con la empresa Urbacan (que obtuvo un beneficio de 9 millones de euros) para la cesión de los terrenos al ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, entre ellas, un solar en las dos Torres del Mar.
Un inciso: la historia de las carreras de galgos no se podría escribir sin la figura del marqués de Villabragima, en Valladolid, no lejos de Soria. Era hijo del conde de Romanones, líder del partido conservador y en bastantes ocasiones jefe de Gobierno del rey Alfonso XIII. El marqués era lo que se conocía en aquellos tiempos como un "gentleman" que practicaba y propiciaba el deporte. A finales de los años 20, en uno de sus viajes a Inglaterra conoció las carreras de galgos y decidió implantarlas. Siguiendo el ejemplo se construyó uno en Carabanchel -ahora es un campo de fútbol- y dos canódromos más: el de Valencia y el de Palma de Mallorca, convertidos en zona verde. En 1936 se inicia la Guerra Civil habiendo canódromos en ambos frentes. En la zona controlada por la República funcionan los de Madrid, Valencia y Barcelona. En la otra zona, aparte del de Palma se abren en Zaragoza, Tenerife, Sevilla y Las Palmas.
Aquí es donde se encuentra el culebrón que sustancia, ya cerca de las elecciones, uno de los polémicos divorcios que se van a reproducir masivamente, el de Dña. Nardy Barrios (que considera que lo ocurrido con el convenio del canódromo "es un caso idéntico al de La Favorita", "otro pelotazo con el que ganaron los intermediarios y con el que la ciudad perdió dinero" con una parcela de 20.000 metros que hoy es el parque más grande de Schamann) y D. Jerónimo Saavedra. Lo cuenta al detalle Dña. Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos Avecalta y promotora de las denuncias: "Queremos saber por qué la ciudad no obtuvo el beneficio que se llevaron los intermediarios". En términos económicos, lo que el ayuntamiento nunca vio fueron esos 9 millones de euros en los que cifró el beneficio la empresa Urbacan. Porque todos los planes generales de la ciudad siempre dibujaron un parque en ese solar, pero nunca hubo acuerdo hasta que llegó su último propietario. El concejal de Urbanismo de entonces fue el encargado de la negociación y de la firma. El precio quedó fijado en noviembre del mismo año 2000; el convenio final se firmó el 2 de abril de 2002, y en junio se había pagado el primero de los plazos; la parcela registrada con el número 52.103, ubicada en Las Torres (junto al hospital Doctor Negrín) y hoy urbanizada como Mirador de la Pradera. El ayuntamiento la tasó en 3 millones de euros, y seis días después de que Urbacan la inscribiese a su nombre, la vendió a Realia por 7,5 millones de euros; obtuvo 4,5 millones de plusvalías.
El segundo pago siguió un proceso simétrico; en diciembre de 2003, cuando ya era alcaldesa Dña. Pepa Luzardo, se inscribió a nombre de Urbacan la finca registral número 77.838, la llamada Esquina del Canódromo, donde hoy se levantan Las Torres. Estaba valorada en 2,5 millones, pero apenas un mes más tarde se vendió también a Realia por el triple (7 millones). El beneficio, otros 4,5 millones.
Canarias por encima, bastante iguales, fuera lo malo y quede lo bueno.
* El Día - Opinión - 29.07.10
La agonía del corazón ferrolano
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LAVOZ/A Coruña : Cuando Ferrol no podía ni imaginar el desarrollo ilustrado que en el siglo XVIII convertiría su centro en una tableta de chocolate urbanística, un pequeño distrito anexo crecía pujante seis siglos antes. Era el origen medieval de una urbe, nacida por y de cara al mar. Hoy, aquel barrio marinero lo es menos, pero aún conserva su esencia y continúa siendo el principal punto de entrada a la ciudad naval. Al agitado tránsito en la bocana de la ría lo ha sustituido la marea de coches que desembocan a través de la AP-9 y que se diluye en pleno barrio de Ferrol Vello.
También lo hacen sus casas y sus calles, sus plazas y recovecos, en un deterioro que las sucesivas Administraciones y gobiernos locales no han sabido o no han querido frenar. Su laberinto de callejuelas muestra históricas casas seculares cayéndose a pedazos. Unas ruinas que, además, no se pueden recomponer. El Concello no concede licencias porque la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mantiene paralizada cualquier tipo de intervención en el barrio mientras no finalice el proceso de su catalogación como bien de interés cultural (BIC): ni reparación de cubiertas, ni cambiar ventanas ni corregir humedades. Nada. Simplemente, no hay permisos. A la espera del BIC, se mantienen paralizadas, oficialmente, 13 licencias.
Así desde hace casi un año. La Xunta deberá resolver el expediente en un plazo máximo de 20 meses que se agotarán en noviembre. Pero los problemas de Ferrol Vello no son tan recientes. Sus casas hablan de un deterioro que comenzó hace décadas y que el tiempo no ha hecho sino acrecentar.
Más de 40 casas en ruinas
El corazón de la ciudad sufre un infarto de consecuencias fatales. Y de momento, sin desfibrilador. Un recorrido por el interior del espolón triangular que asoma a la ría sobrecoge al paseante. Hay tramos completamente en ruinas. Como el trazado de la Carmen Curuxeiras, una calle muerta urbanística y poblacionalmente. Se cuentan con los dedos de una mano las viviendas habitables y sobran varios de la otra para anotar las que están en proceso de rehabilitación. Oficialmente, según el Concello, trece inmuebles en esta vía están al borde de la ruina. Pero a ambos lados, más de una treintena de edificios ofrecen una estampa no muy distante de un escenario de guerra. El Concello de Ferrol tiene contabilizados 41 edificios que, por su avanzado estado de deterioro, presentan riesgos de desprendimientos en el barrio.
Ferrol Vello sobrevivió a un incendio que arrasó casi por completo el barrio y acabó con su arquitectura medieval en 1568. A partir del siglo XVII recompuso su figura y los balcones marineros comenzaron a convivir con las galerías de las casas burguesas. Ahora históricos edificios se vienen abajo. Las causas tienen origen demográfico y social. La demolición en 1974 del antiguo barrio de Esteiro derivó población conflictiva a la zona y asentó allí el núcleo de la prostitución y, durante unos años, arrastró también drogadicción. Muchos vecinos iniciaron el éxodo y abandonaron sus casas. Con el tiempo, y superada ya esta difícil etapa, ha cundido la añoranza. Algunos de aquellos nostálgicos han vuelto a intentar repoblar Ferrol Vello. Sin éxito. «No nos dejan hacer absolutamente nada», dice una de las aspirantes a vecina del barrio. No puede hacer habitable el edificio que ha comprado. Por eso, muchas viviendas continúan vacías.
La esperanza de este barrio reside ahora en la rehabilitación. En el 2001, Ferrol Vello y A Magdalena se convirtieron en área de rehabilitación integral (ARI), es decir, proclives a recibir ayudas de la Xunta. Sin embargo, desde el año 2002 solo se atendieron en este conjunto histórico un 14% de las solicitudes, 231. Las restauraciones acometidas y la incipiente recuperación comercial demuestran que Ferrol Vello tiene futuro. Pero de momento el presente se cae a pedazos.
* La Voz de Galicia - Rocío Pita Parada - 6.03.2010
Foto: Esta casa anexa a la Praza Vella, el espacio central del barrio, y que da al paseo de la Marina, una de las calles principales de Ferrol, está en ruinas, un estado que comparte con otras 40 en el barrio.
El cabo de Creus recupera su rostro sin apartamentos
ELPAÍS/Girona* : Un total de 4,5 hectáreas han quedado libres de los 412 apartamentos que constituían la ciudad de vacaciones del Club Méditerranée que se erigía desde 1962 en el cabo de Creus, en el extremo norte de la Costa Brava. Es el derribo más importante que ha llevado a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, según afirma este departamento. La demolición del complejo, que cerró sus puertas en 2003, fue sencillo porque el Ministerio compró la propiedad a la compañía francesa, especializada en este tipo de ciudades de vacaciones, por 4,5 millones en 2005.
A ese dinero hay que sumar los tres millones más que ha costado a Medio Ambiente echar las casas abajo, y otros cuatro que se gasta la Generalitat para gestionar los residuos de las obras y reconstruir el entorno ecológico de la zona. Recuperar el paraje natural habrá costado 11,5 millones y siete años.
En otros derribos de magnitud comparable, Medio Ambiente acabó con un edificio de cinco plantas y 80 viviendas en Cartagena o con el hotel Atlanterra, en Zahara de los Atunes (Cádiz). Aunque todavía quedan en pie grandes construcciones emblemáticas de la urbanización descontrolada del litoral, como el hotel Algarrobico, en Almería, que es presa de un complicado entramado judicial entre administraciones.
* El País - 28.07.10
Foto: El Club Méditerranée, en 2004, tras el cierre del complejo. Abajo, el solar, ayer, tras el derribo - elpais.com
Aguirre podría actuar ya en la Cañada Real
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ELPAÍS/Madrid* : El Defensor del Pueblo ha lanzado un mensaje contundente a la Comunidad de Madrid: el Gobierno regional cuenta con los medios suficientes para actuar cuanto antes en la Cañada Real. El defensor, Enrique Múgica, repite varias veces en su informe de 2009 que la Comunidad no necesita ninguna ley ad hoc para atajar los problemas de esta vía pecuaria de 15 kilómetros, donde malviven más de 30.000 personas, porque ya tiene otras leyes que le permiten actuar en la zona.
El problema de la Cañada Real "es, a juicio de esta institución, un problema con aspectos urbanísticos y de vivienda, de peligro ante inundaciones, pero también de seguridad ciudadana y de atención social e incluso de salud pública", reza el escrito. Por esto, la nueva ley -de coste cero en su aplicación- que prepara la Comunidad y que contempla únicamente la regulación del territorio es, según Múgica, "insuficiente".
Las 12 páginas dedicadas a analizar la situación de la Cañada Real no escatiman en reproches que enfatizan la "escasa colaboración" de la Administración: "La Comunidad de Madrid propugna, como dicen sus leyes, una región constitutiva de uno de los mayores y más avanzados centros de servicios de España, un núcleo industrial de primera magnitud; (...) sin embargo, al mismo tiempo, y según las zonas, concurren en ella los problemas propios de las regiones atrasadas en su desarrollo, los del declive industrial y los de las grandes aglomeraciones urbanas".
En opinión de Múgica, la ley de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deben ser objeto de preservación podría aplicarse directamente en la cañada porque es una zona de interés urbanístico que "presenta deficiencias y carencias sociales de especial gravedad".El informe, reincidiendo en la idea de que existen suficientes mecanismos para atajar los problemas de la cañada, mantiene que la Comunidad podría valerse de los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas. Recuerda también que las competencias directas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención pertenecen a la Comunidad por lo que "puede tomar iniciativas de cooperación y concertación con los Ayuntamientos".
"La Comunidad no está ejerciendo su responsabilidad. Es imposible abordar un problema de esta índole con coste cero. Este informe es un varapalo porque ahonda en que el Gobierno regional es el responsable principal y está haciendo una dejación de sus funciones", coincide el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, uno de los tres municipios fronterizos con la cañada. Este periódico intentó recabar sin éxito la opinión de los regidores de Rivas y del Ayuntamiento de la capital.
El Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio -"el órgano apropiado para iniciar las actuaciones"- para que le remitiese información de las iniciativas que se habían llevado a cabo y la coordinación que se había iniciado con el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno. La respuesta decepcionó al Defensor, que carga contra la consejería por demostrar "una actitud ajena al problema de la Cañada Real".
"La Comunidad muestra disposición de colaborar con las iniciativas que se emprendan", pero, según Múgica, "no dice quién las va a emprender". El texto incide en la inacción del Gobierno regional porque, a pesar de reconocer que es un problema que afecta a varios municipios -Madrid (PP), Coslada (PSOE) y Rivas Vaciamadrid (IU)- y que requiere la coordinación con los Ayuntamientos afectados y el Estado, "no se concluye nada sobre ello".
Las críticas continúan hasta el final del informe, que expone algunos ejemplos para enfatizar que en la práctica no se está haciendo nada. "La consejería no parece reconocer la calidad de vecinos a quienes allí habitan, pues se refiere a ellos en expresión entrecomillada".
Múgica acusa a Medio Ambiente de despreocuparse de los asuntos que se escapan de su competencia y de "no recabar información", manteniéndose en la "ignorancia". Una "posibilidad contradictoria" con el reconocimiento por parte de la Comunidad de que "se trata de un problema que requiere para su solución la coordinación de todos".
El defensor justifica esta tesis con las cuestiones que la consejería dejó de contestar. "Como la atención al toxicómano y el tráfico de drogas no son de su competencia, la consejería no informa". Y sigue. "Como los derribos no son iniciativa suya, nada puede informar; tampoco de su relación con la población extranjera, de lo que se deduce que el órgano autonómico no los considera asuntos que le conciernen".
Múgica sí valora la iniciativa de la consejería de Educación, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja, de escolarizar a parte de los más de dos mil menores que viven "excluidos de los modos y condiciones de vida comunes", según recalcó el informe del Defensor del Menor de la Comunidad.
La conclusión del Defensor del Pueblo es más incisiva e incide en su argumento principal. "Sin más argumentos que los escasos e incompletos, si no contradictorios, de la consejería cuesta aceptar a esta Institución que la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la Administración, sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real y que sea preciso un proyecto de ley especial". Preguntada al respecto por este periódico, la consejería no quiso comentar el informe.
* El País - 28.07.10
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
Alicante.- Citan hasta diez causas de nulidad del plan Rabasa
INFORMACIÓN* : Un total de diez causas de "nulidad de pleno derecho" son las que fundamentan la demanda contra el plan parcial de Rabasa que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) ha presentado al Tribunal Superior de Justicia, y en la que solicita que declare la nulidad de esta actuación urbanística. Entre las causas de nulidad argumentadas se incluye las infracciones por no haberse expuesto "en rigor" al público, carecer de "evaluación ambiental estratégica", la falta de estudios de sostenibilidad económica y la inexistencia de garantía para abastecer de agua a las más de 13.000 viviendas y casi 40.000 habitantes previstos en Rabasa.
La PIC denuncia en su demanda que el Plan Rabasa no ha sido sometido a exposición pública porque las dos veces que el Ayuntamiento lo ha hecho han sido defectuosas. Así, se señala que en la primera exposición pública la propuesta de la mercantil de Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) a la que se adjudicó el plan "no estuvo materialmente expuesta al público, además de ser alterada sustancialmente, una vez seleccionada, en su presupuesto, edificabilidad y número de viviendas". También se impugna la segunda exposición pública porque la misma no incluyó, según la PIC, la adjudicación y los "aspectos esenciales (del plan) ya aprobados".
El Plan Rabasa incurre en "incumplimiento flagrante de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de las Directivas Europeas", señala en segundo lugar el colectivo ciudadano en su demanda, por la falta de publicación del Plan Rabasa en el Diario Oficial de Unión Europea "pese a su cuantía de casi 200 millones de euros, modificaciones unilaterales del contenido después de hacer la adjudicación y falseamiento de las reglas de competencia", entre otras. Este argumento se acompaña con sentencias del Tribunal Supremo de actuaciones urbanísticas anuladas por tales circunstancias.
Otro argumento se refiere a la decisión del Ministerio de Fomento de ampliar la zona de dominio público de trazado ferroviario que bordea el plan Rabasa, que de 107.670 metros cuadrados pasa a 421.600. La PIC afirma en su demanda que esta ampliación supone "un cambio sustancial en la ordenación" del plan Rabasa y recalca que el informe de Fomento fue anterior a la aprobación definitiva del mismo, y que la Conselleria de Urbanismo conocía este informe "por lo que no debió aprobar" el plan Rabasa.
Sobre la falta de evaluación ambiental estratégica, la PIC aclara en su demanda que aunque no estaba aún en vigor la Ley que la exige cuando en agosto de 2005 se expuso de forma incompleta el plan parcial "sí estaba en vigor la Directiva 2001/42, que es de aplicación directa".
Otras carencias que hacen el plan nulo de pleno derecho, según la demanda de la PIC son los estudios de sostenibilidad económica y de integración paisajística.
Otro argumento se centra en el Plan General de Ordenación Urbana en tramitación, que según la demanda, debió quedar sin efecto al incumplir el plazo fijado por el Consell para la vigencia del concierto previo del mismo. La PIC denuncia que una prórroga con carácter retroactivo acordada por el Consell "que consideramos ilegal" evitó volver a reiniciar la redacción del PGOU, que incluye Rabasa.
Además, la PIC se adhiere a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que informa el plan en contra por no garantizar el agua potable, y también a los argumentos del Síndic de Greuges contra la aprobación del plan parcial. Finalmente, La PIC cree necesaria una revisión del PGOU en tramitación para poder llevar a cabo "una actuación de estas características".
* Información - 28.07.10
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com
Santa Cruz.- Un primer catálogo concluye que cien mil vecinos están fuera de ordenación
ElDÍA/Tenerife* : Un catálogo elaborado por la Plataforma en Contra del PGO de Santa Cruz cifra en casi 2.000 los edificios (de 5 plantas de media) que estarían fuera de ordenación en el planeamiento que está sometido a revisión por parte de la Cotmac, y en 95.350 el número de personas afectadas, un dato que, según los cálculos de este colectivo vecinal, "representa más de un tercio de la población, que ni siquiera conoce esta realidad, que representa graves consecuencias para sus propietarios".
Este estudio, que ha sido confeccionado por "cinco vecinos con asesoramiento técnico", ha empleado como sistema de cálculo los diez distritos postales de la capital, por lo que, según José Ramos Arteaga, miembro de la plataforma, "está elaborado calle por calle, edificio por edificio y casa por casa". Se trata del primer documento de estas características.
El informe será desvelado mañana, en la concentración convocada a las puertas del ayuntamiento a partir de las 11:30 horas, un acto ciudadano que coincide con la celebración de un pleno municipal, y que estará marcado por el "sentido irónico, ya que la situación de cada uno de los ciudadanos que se ven afectados por este planeamiento se leerá con el estilo de la Lotería de Navidad".
El representante de la plataforma señaló que entregarán una copia de este documento a los partidos políticos de la corporación que votaron en contra del PGO en el pleno de enero, mientras que a las formaciones que lo respaldaron (CC, PP y PNC), les dijo que "si quieren tener acceso a este trabajo riguroso y muy valioso, que pidan hora y hagan cola como cualquier miércoles hacen todos los ciudadanos que acuden a la Casa Sindical para recibir información sobre este plan". Arteaga remarcó que "este trabajo es muy valioso como para regalárselo a alguien que se gasta el dinero público en bragas o en whiskys", en una clara alusión al informe de la Intervención municipal sobre los gastos de la asignación los grupos políticos en el periodo de 2003-2007.
Los representantes de la plataforma explicaron ayer que, ante la negativa del Grupo de Gobierno municipal a elaborar un catálogo con las viviendas fuera de ordenación, "pese al compromiso del alcalde, Miguel Cerollo, ha tenido que ser la plataforma la que ha adoptado la decisión, demostrando que la ciudadanía silenciosa también es capaz de dar una lección cuando las instituciones no hacen su trabajo".
El abogado Felipe Campos, asesor de esta plataforma, recordó que se trata de un documento que está "plagado de ilegalidades, que los técnicos no se lo van a poner a cuello para que los políticos se pongan una medalla". Insistió en que el plazo para el trámite de revisión del plan ya se ha superado, aspecto que ayer desmintieron desde la Consejería de Medio Ambiente, ya que fuentes consultadas en el departamento regional aseveraron que "aún se está dentro del plazo, puesto que se ha paralizado cada vez que se ha reclamado alguna documentación".
Además, la Gerencia de Urbanismo precisó ayer que se ceñían a los datos que facilitaron una vez que concluyó el proceso de revisión por los vecinos de los cinco distritos, en el sentido de que "más del 80% de las solicitudes estaban dentro de ordenación".
urbanismo
Consultas dentro de los parámetros
El Ayuntamiento de Santa Cruz dio a conocer hace unos meses que de las 498 solicitudes presentadas en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encontraban dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del PGO y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura. De las 103 consultas realizadas en Salud-La Salle, un 88,35% "se encuentran dentro de ordenación", mientras que sólo el 11,65 excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO. Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en Ofra-Costa Sur, un 85,5% estaban dentro de ordenación, mientras que el 14,43 no lo estarían. En el Distrito Centro se realizaron 298 consultas, de las que un 48,66% tenían parámetros urbanísticos conformes a la normativa y el 51,34 excedía la alturas.
* El Día - 28.07.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
Prevenir es mejor que curar y corregir
ROSA ESTHER BELTRÁN/México* : Si esperas mejorar el planeta no te quedes sentado. Los desastres naturales se multiplican, cada vez son más frecuentes: huracanes, sismos, inundaciones, incendios forestales, tsunamis, sequías, hambrunas, desastres en cadena… ya que mientras más fuerte es un desastre hay mayor probabilidad de que desencadenen otros. En este país, los gobiernos de todos los niveles desde hace algunos años culpan de cualquier contingencia al cambio climático; sin embargo, los especialistas en estos eventos han establecido que la vulnerabilidad no es la causa, sino uno de los efectos del desastre. Los expertos también señalan que generalmente se culpa a las víctimas de su propia desgracia y que hay una ruta para prevenir los desastres, ésta es: primero, tener una economía robusta; segundo poseer un sistema educativo de calidad y, tercero, insistir en el desarrollo social.
Supongo que usted, estimada lectora, lector, ya estará pensando que México está totalmente fuera de esa ruta porque no alcanza ninguna de las tres condiciones. Aquí, los problemas por riesgos naturales y de ingeniería son serios y complejos: contaminación, agua potable, desechos fluidos y sólidos, sismos, inundaciones, entre otros, por lo que urge que las autoridades creen un enfoque de urbanismo original, embebido en ideas y prácticas de sustentabilidad.
Está previsto que se avecina un periodo, que puede ser largo, de lluvias abundantes. ¿Dónde y cómo se van a captar? Para desgracia de los ciudadanos, la visión de los políticos mexicanos si acaso llega a un sexenio o a un trienio, mientras que los poderes legislativos no consideran que sea su asunto prevenir, en las leyes de aguas, por ejemplo, para asegurar un futuro en el que los riesgos de desastres sean mínimos.
En Saltillo, los técnicos de Conagua tienen más de 10 años dándole vuelta a las propuestas de planear y realizar obras para aprovechar los escurrimientos de la lluvia en las sierras que circundan a Saltillo, pero siguen pensándolo, no concretan, ¡Ahí se ven!
VANGUARDIA presentó en EL SEMANARIO (19-07-10) un conjunto de propuestas presentadas por expertos, experiencias aplicadas exitosamente en Texas, y otras que ya se han aplicado aquí, como los gaviones.
La prevención no forma parte importante de la conciencia colectiva y menos de las políticas públicas; en México se invierte 30 veces menos en prevenir los desastres de lo que se gasta en atender emergencias y reconstrucciones.
Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las repercusiones económicas de los desastres en los últimos 10 años han aumentado constantemente, al pasar de 2 mil 182 millones de pesos en el 2000, a 14 mil 290 millones en el 2008. Según la misma fuente, el número de muertos se mantiene sobre los 500 por año desde el 2003, sin guardar proporción con la magnitud de los desastres.
Para reducir los riesgos es preciso no sólo invertir en obras de mitigación, sino también reducir la vulnerabilidad, que en muchos casos implica el fortalecimiento de la infraestructura o la reubicación de población que está en zonas de riesgo, pero aquí nos hemos acostumbrado a la condescendencia y el populismo de las autoridades que se atienen al dejar hacer, dejar pasar para no afectar intereses de grupos.
Se presentan los desastres y no se hace una reflexión a fondo para buscar las causas y los errores de por qué ocurrieron. Si hubo un desastre es porque alguien cometió un error, un error de cálculo, no fue la naturaleza. No se trata de señalar a ese alguien, sino de no volver a cometer esos errores.
Tampoco contamos con instituciones para la prevención de riesgos que tenga facultades no sólo de fiscalizar, sino también de castigar.
Desde hace más de una década, el Cenapred trabaja en la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a partir de la información geográfica, sociodemográfica e histórica disponible para lograr una información más detallada y precisa sobre la incidencia de los fenómenos naturales y las características y riesgos de las regiones, varias entidades han obtenido recursos para hacer sus mapas de riesgos.
Sin embargo, Coahuila está entre las seis entidades que no cuentan con un mapa de riesgos, a pesar de que en los últimos 10 años ha padecido una alta incidencia de desastres.
Es preciso reconocer que la cultura de la prevención está en pañales y en algunas entidades no ha nacido; además, los fondos son insuficientes y su obtención está demasiado burocratizada, de manera que llegan con retraso, por eso se hace urgente que los gobiernos adopten un nuevo modelo de organización para prevenir y enfrentar desastres, de manera que la protección civil sea prioritaria y la planificación contenga acciones realmente preventivas, lo que implica tanto el uso de conocimiento de los peligros como de la coparticipación de la población en riesgo.
* Vanguardia - Opinión - 28.07.10
