ELPAÍS* : Los informes policiales del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) dejan al descubierto la afinidad y connivencia entre los principales imputados en el sumario: José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante y de la Diputación; Enrique Ortiz, promotor y dueño del Hércules CF; y Rafael Gregori, empresario de la automoción y amigo íntimo del dirigente popular. Estos, sus esposas y amigos, festejaron la adjudicación de la contrata de la basura del plan zonal de la Vega (valorada en 250 millones de euros) con dos viajes de recreo en el lujoso yate del adjudicatario, Enrique Ortiz. Ripoll admite que hizo los viajes, "pero el segundo lo pagamos a escote".
El primero, una travesía por las Baleares a bordo del yate Elena, propiedad de Ortiz, se desarrolló entre el 6 y el 8 de agosto de 2008. Con motivo de los preparativos, el 28 de mayo de 2008, Gregori advierte a su cuñado que "Joaquín [Ripoll] no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique". Sobre ese mismo viaje, Ortiz comenta al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, que no revele a nadie que ha invitado a Ripoll: "Pero ni en broma, por favor no digas nada, que me buscas la ruina".
El segundo crucero se desarrolló la última semana de agosto de 2009. En este caso, Ortiz se limitó a prestarles la embarcación. El índice de satisfacción de los viajeros quedó reflejado en la siguiente conversación entre Ortiz y Margarita de la Vega, esposa de Ripoll, el 28 de agosto de 2009.
Enrique Ortiz. ¿Estáis disfrutando?
Margarita de la Vega. Disfrutando a tope. Muchas gracias, Ortiz.
E. Para mí es un honor hacerte disfrutar.
M. ¡Oh, qué gustito!
Al día siguiente, Ortiz vuelve a hablar por teléfono con ella.
E. O. ¿Cómo estás guapetona?
M. Con amigos como tú da lujo, qué suerte tengo, qué afortunada soy con amigos como tú.
La investigación policial concluye que como consecuencia de la adjudicación de la planta del plan zonal de La Vega, Ripoll pudo haber recibido dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, por supuesto trato de favor a Ortiz y al también empresario Ángel Fenoll. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca de Fenoll por parte Ortiz para ubicar la planta.
El intermediario en la operación de los pisos y la compra de la finca para la planta fue Gregori. En una conversación entre Ángel Fenoll y Gregori, fechada el 4 de diciembre de 2009, ambos coinciden en la necesidad de alquilar una finca propiedad de Fenoll para el vertedero.
Ángel Fenoll. La finca hay que alquilarla.
Rafael Gregori. Eso está claro.
A. Si no estamos perdidos, ¿eh?
R. Que sí hombre, que sí, eso está claro. Entonces te llamo y me paso a verte.
El informe policial sugiere que el dinero que la promotora pide por los pisos lo sacarían de la operación de compra por parte de Ortiz de la finca de Fenoll donde se va a construir la planta.
Fenoll y Gregori también hablaron sobre la forma de pago de la finca.
Ángel Fenol. Ellos [se refiere a Ortiz] van a pagar en ese acto la finca entera, ¿no es eso?
Rafael Gregori. Ellos, vamos a ver, te pagan lo que acordamos, te dan los pagarés avalados de toda la finca.
A. ¿Ah, los pagarés avalados?
R. Ellos te pagan dos millones de euros más IVA.
Fenoll es, según la investigación, el cabecilla de la trama. La pieza clave en la adjudicación del plan zonal. Y, además, su protagonismo es absoluto en la segunda rama del caso Brugal: la contrata de la basura de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008 a la UTE entre Sufi y la firmas Liasur y Gobascant. El informe prueba que las dos últimas firmas son una tapadera de Fenoll y que el industrial financió la campaña electoral del PP en las municipales de Orihuela de 2007.
El informe también señala que Fenoll contó, para enmascarar las empresas que concurrían a esa adjudicación y hacerse con la contrata, con la colaboración de tres ediles del PP y de un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. En una conversación el 29 de enero de 2008, el edil de Orihuela Ginés Sánchez, uno de los implicados, comunica a Fenoll que el proceso administrativo de adjudicación se desarrolla como estaba pactado.
Ginés Sánchez. No ha habido cambio, tal como se aprobó se ha aprobado [se refieren al pliego de condiciones].
Ángel Fenoll. ¿Tal como se acordó? ¿No?
El caso Brugal cuenta con un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El alcalde de Elche, Alejandro Soler, informó ayer de que uno de ellos, el ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, seguirá dentro del grupo municipal pese a su suspensión de militancia.
Los muñidores
- José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP en Alicante, es presidente de la Diputación desde 2006. La investigación señala que ha hecho valer su influencia política para urdir la trama corrupta a cambio de dádivas.
Ángel Fenoll. Industrial afín al PP. Ha fraguado un imperio económico a la sombra del negocio de la basura. Irrumpió en Orihuela a finales de los ochenta de la mano del Manuel Lorente, padre de la alcaldesa, Mónica Lorente. Monopoliza las contratas de la basura en La Vega Baja. La investigación cree que falsificó empresas y financió al PP local.
Enrique Ortiz. Constructor y máximo accionista del Hércules. Ha creado un imperio económico desde el negocio de la promoción inmobiliaria. También está implicado en el caso Gürtel.
Rafel Gregrori. Empresario de la automoción y ex presidente de la Fundación del Hércules. Según la investigación, es el intermediario de la trama.
* El País - 12.09.10
Foto: Con vestimenta verde, el empresario Enrique Ortiz. Dentro del yate, de rojo, Ripoll, junto a su mujer.- elpais.com
Alicante.- "Joaquín [Ripoll] no quiere que nadie sepa que él va a ir en el yate"
Las otras víctimas del 'ladrillazo'
IDEAL/Jaén* : Arquitectos y aparejadores, del todo a la nada en poco más de dos años. Se han escrito cientos y cientos de páginas de periódicos sobre los efectos colaterales del batacazo de la construcción sobre los 'curritos', los que están a pie de obra poniendo ladrillos y alicatando cuartos de baño. Ahí están, por ejemplo, los 7.200 albañiles que hacen cola ante a las oficinas del Inem cuando antes de la crisis, en plena burbuja inmobiliaria, había bastantes problemas para encontrar personal. Pues bien, esto mismo está sucediendo con otros profesionales, los que diseñan y supervisan la erección de edificios, que también están pasando las de Caín con el desplome de un sector que presenta en estos momentos, aquí en Jaén, unos niveles de actividad similares a los que había en 1960, hace más de medio siglo.
Tanto es así que ahora mismo se contabilizan 125 arquitectos y aparejadores inscritos en el en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de los cuales 109 están en situación de paro y 16 buscan mejorar su ocupación actual. Parecen pocos, pero es que hace poco más de dos años no había ninguno. Es más, en el caso de los 'peritos', muchos conseguían colocación incluso antes de acabar los estudios, en los dos últimos años de carrera.
Así lo confirman desde el Colegio de Aparejadores de Jaén. «Hasta hace poco había tanta demanda que era imposible localizar gente en la bolsa de empleo», señalan estas fuentes, quienes agregan que «ahora el panorama ha cambiado radicalmente». ¿Qué alternativas tienen? Muchos de ellos ejercen de manera libre, prestando sus servicios a terceros de forma autónoma. Unos pocos siguen controlando la ejecución material de los pocos inmuebles de VPO que se están levantando hoy día en Jaén. También los hay que se dedican a la tasación de terrenos y viviendas, o que realizan proyectos para empresas privadas, o que se preparan oposiciones para intentar entrar en las oficinas de urbanismo de alguna administración -aunque las ofertas de empleo público también han disminuido de forma considerable de un tiempo a esta parte-.
Las caras de la noticia
Francisco tiene 32 años y es jefe de estudios de una promotora afincada en la capital. «Vivimos una época muy difícil y llena de incertidumbres ya que, además de conseguir contratos eventuales y en precario, trabajamos con muchísima presión», comenta. «Para mí todos los meses suponen una reválida», agrega. Respecto al sueldo, también ha visto cómo sus honorarios bajaban exponencialmente. «Yo, al igual que muchos de mis colegas, llegamos a cobrar más de 3.000 euros al mes, pero ahora percibimos hasta un 50 y un 60 por ciento menos».
Arturo acabó Arquitectura hace dos años y, desde entonces, está 'enrolado' en estudio de su padre, un profesional de mucho prestigio en la provincia. «Yo por ahora estoy aquí, pero la única salida que están encontrando muchos compañeros de mi promoción es marcharse al extranjero, a países como Suiza y Holanda», manifiesta. Según Arturo, otra opción es seguir formándose, «ya que si el panorama es difícil para los más antiguos, imagínate para los nuevos».
* Ideal - 12.09.10
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
Vicent Aparici será juzgado en noviembre por permitir vertidos tóxicos
LEVANTE/Castelló* : El vicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici será juzgado el próximo 23 de noviembre acusado de atentar contra la salud pública por permitir vertidos tóxicos y peligrosos. La fiscalía pide para él siete años de prisión y ocho años de inhabilitación como cargo público. Así lo ha explicado en un comunicado el portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, quien considera que una persona a la que se le pide prisión por estos hechos, "no puede continuar, al mismo tiempo, como responsable de Medio Ambiente de la Diputación y, por lo tanto, como máxima jefe provincial en temas como los vertederos y los residuos".
Para Mulet, "desgraciadamente, como el PP es de todo menos un partido ético y democrático, lo que está haciendo Aparici agarrándose a la poltrona, es seguir el ejemplo de la casa". "Una persona como estas, ya condenada en su día por robar zapatos, no puede estar cobrando de nuestros impuestos", ha manifestado el dirigente de Iniciativa.
El portavoz ecosocialista ha indicado que "la defensa que ha hecho Aparici siempre no ha sido negar esos vertidos, sino justificar que antes ya se hacían". Por lo tanto, según Mulet, "quien ahora nos rige en materia medioambiental, reconoce que mientras fue alcalde de la Vall d'Uixó, permitió que se echaran sin control sustancias que han acabando contaminando los acuíferos de toda la comarca y poniendo en peligro a las personas". "Pero claro, --ha añadido-- su jefe, Carlos Fabra, también disfrutaba distribuyendo fitosanitarios ilegales, saltándose los controles sanitarios"
En ese sentido, el portavoz ecosocialista ha expuesto que "en un partido como el PP, posiblemente a Aparici este juicio, y una hipotética condena, le servirán para subir un escalón más y situarse a la altura de los dirigentes autonómicos del partido, donde quien manda debe tener el currículum con imputaciones, condenas o persecución judicial". "Igual tiene una recompensa por estos méritos", ha subrayado.
Carles Mulet ha manifestado que "personajes" como Vicent Aparici, Francisco Martinez o Carlos Fabra, "están cobrando astronómicos sueldos desde la Diputación, cuando no han sido elegidos directamente por la población para ocupar cargos de esa dimensión".
Por ello, "hace falta empezar a tomar conciencia de que a esta gente, a parte de por vía judicial, puede ser desplazada", pero ha explicado que "esto debe empezar desde los municipios, dando la cara y presentando alternativas políticas a la corrupción".
* Levante - 9.09.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
Casi medio centenar de contenciosos bloquean el urbanismo en Barreiros
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LAVOZ/Lugo* : La construcción está casi paralizada en el municipio lucense de Barreiros desde hace tres años. Promotores y constructores instan a las Administraciones a acelerar las gestiones para aprobar un plan sectorial para desarrollar el convenio suscrito el pasado mes de abril y poder ejecutar servicios básicos en varios núcleos. Pendientes de este trámite y críticos con la demora, los promotores no han valorado positivamente la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Lugo conocida esta semana y que acuerda el archivo provisional de 8 de los 45 procesos judiciales emprendidos por el Gobierno bipartito contra el Concello de Barreiros en materia urbanística.
Horas después de que el Ayuntamiento informara el pasado martes del fallo, la Asociación de Promotores de Barreiros, que agrupa a 26 empresas con 45 promociones, ya había convocado una reunión urgente para valorar cómo les influía la decisión judicial. Muchos de los socios tienen obras avanzadas con las ventas de pisos congeladas y otros, pocos más pasos han dado que el movimiento de tierras. Todos confiesan estar en una situación económica límite y aseguran que están valorando recurrir la última resolución judicial: «No podemos estar en un limbo jurídico durante dos años porque llevamos otros dos inmersos en problemas judiciales», explicaba Xavier Díaz, portavoz del colectivo. Puntualiza que al no ser un archivo definitivo, cualquiera de las partes -Xunta, Concello o promotores- puede recurrir en un período de dos años. Los promotores consultados creen que la solución real para desbloquear el urbanismo en el municipio de Barreiros pasa por la urgente aprobación del plan sectorial y por que la Xunta retire los contenciosos presentados. Consideran que solo así las obras podrían continuar con garantías para el constructor y para el cliente, para dar por cerrado un episodio de urbanizaciones paralizadas, despidos de obreros, embargos y situaciones económicas límite.
En la reunión que la asociación mantuvo el jueves, los promotores acordaron dar una semana de plazo para que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas mueva ficha. Si no hay novedades, algunos de los promotores afectados por el archivo provisional aseguran que recurrirán el fallo. Son conscientes de que el Concello tiene que agilizar los trámites para remitir cuanto antes a Santiago el plan sectorial. Una vez registrado, el Consello da Xunta declarará la incidencia supramunicipal, se abrirá un período de información pública y será aprobado por el Consello.
A mediados de agosto, desde la consellería confirmaban que ya se habían puesto en contacto con la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción para transmitirle su compromiso de «axilizar ao máximo» la tramitación del planeamiento que permitirá desarrollar el convenio y ejecutar servicios básicos en núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel de Reinante y Reinante. Sobre la nueva resolución judicial la Xunta ha eludido dar su valoración.
* La Voz de Galicia - 12.09.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Sagunt paga 600.000 euros por litigios urbanísticos que se arrastran 18 años
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LEVANTE/Valencia* : La justicia es lenta. Y cara. Bien lo sabe el Ayuntamiento de Sagunt que en las últimas semanas ha visto como los tribunales le condenan a pagar unos 600.000 euros por sentencias judiciales que, en algunos casos, se remontan a hace más de dieciocho años. Unas cargas económicas que llegan justo cuando la crisis está apretando más de lleno a las arcas municipales. En ambos casos, además, el urbanismo está detrás de los litigios.
El último fallo judicial llegaba de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 30 de julio, aunque transcendía esta misma semana. En ella se fijaba el pago de una indemnización de 451.480 euros a la empresa Grupo 66. Se trata de una polémica urbanística iniciada en 1992, cuando era alcalde de Sagunt el socialista Manuel Girona.
El origen de las divergencias estaba en la cargas urbanísticas que el ayuntamiento revertía en los propietarios de unos solares situados en el núcleo del Port de Sagunt, en la avenida 9 d'Octubre, próximo a la Nau. Las discrepancias motivaron una sentencia en el verano de 1996 en el que se anulaban las actuaciones realizadas por el consistorio.
Sin embargo, al estar realizada la urbanización de la zona y resultar imposible devolver el espacio a su estado original, se inició un largo proceso para dictaminar la indemnización que debería recibir la empresa propietaria de los terrenos. Ahora, el juez ha fijado en su último fallo esa indemnización a la que, además, le suma el pago de otros 167.000 euros en concepto de intereses de demora.
Aunque, la sentencia permite al consistorio y a la conselleria de Urbanismo, como codemandada, interponer un recurso de súplica, el fallo comunica a la administración municipal sobre la necesidad de ejecutar el "pago inmediato".
Suspender el presupuesto
De hecho, advierte a ambas administraciones de que en caso de impago "se suspenderá el presupuesto para cualquier pago de ambas administraciones, exceptuando el capítulo de pago de personal".En este caso, la sentencia es compartida con la Generalitat, al haber dado luz verde al PGOU, lo que reduce a la mitad la cuantía municipal. Esta es la tercera sentencia condenatoria por este asunto.
En cualquier caso, para hacer su parte de pago, el consistorio deberá habilitar un crédito extraordinario. Una operación similar a la que tuvo que aprobar en el pasado pleno de julio para afrontar las indemnización por la sentencia favorable a la Comunidad de Propietarios del Gato Montes por reclamaciones formulada en el año 2000 por el mantenimiento de los servicios desde que recepcionó las obras, así como el pago del sistema general viario.
También en este caso el tiempo transcurrido ha ido aumentado el importe que, finalmente, se ha situado entorno a los 300.000 euros.
* Levante - 11.09.10
Foto: Sagunto (Valencia), derribos río Palancia (archivo) - levante-emv.com
La ecuación de la corrupción
ADOLF BELTRAN* : La corrupción corporativa y la criminalidad de cuello blanco habitan entre nosotros. El informe sobre la democracia en España que anualmente publica la Fundación Alternativas dedica en su edición de 2010 un apartado al fenómeno de la corrupción política con un título bien expresivo: "La amarga verdad". El informe, que analiza el fenómeno en general y se centra en los casos concretos de la trama Gürtel, los escándalos en Baleares y la denominada operación Pretoria, en Cataluña, es de recomendable lectura para ciudadanos avergonzados con lo que está ocurriendo que además quieran entenderlo. "Ahora estamos ajustando cuentas con un pasado en el que no se investigaba suficientemente y que generaba una percepción errónea del fenómeno", apunta el documento con cierto voluntarismo.
"Posiblemente los éxitos de la Fiscalía, con la Guardia Civil y la Policía, unidos al estallido de la burbuja inmobiliaria, estén provocando un descenso real de la corrupción en este momento, pero ello lo notaremos en unos años, cuando los casos dejen de salir tan continuamente. Si no fuera así y los casos de corrupción se convirtieran en algo recurrente, podríamos decir que nuestro país habría entrado en una fase de consolidación de la corrupción, y que empezaría a ser sistémica y no excepcional. Lo cual sería una tragedia económica y social para España".
Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que ha leído el informe de la Fundación Alternativas, lo explica de otra manera en el manifiesto que presentó el jueves junto a Francesc Colomer y Antonia Moreno. "La proliferación de esta clase de comportamientos", señala, "está arrastrando a la complicidad con estas prácticas a importantes sectores del Partido Popular, lo que nos obliga a considerar la situación de la Comunidad Valenciana como de riesgo sistémico". En efecto, el problema es grave, por su extensión, y altamente disolvente por su impunidad política, que no judicial. Recuerda el informe que la preocupación por la corrupción se ha disparado en la opinión pública y que la forma en que el gobierno reacciona ante ella tiene una influencia importante en las intenciones de voto. Aunque ahora mismo Camps y el PP valenciano (y el propio Mariano Rajoy) se aferren a las encuestas como talismán, "la forma en que los partidos reaccionen a los escándalos de corrupción que les aquejan será importante para los resultados electorales". Jorge Alarte lo sabe, y juega fuerte, como se pudo comprobar ayer con la suspensión de militancia del portavoz socialista en la Diputación de Alicante.
Se trata de considerar estratégico un asunto que, como recuerda el informe de la Fundación Alternativas, tiene que ver con socavar las condiciones que incentivan la corrupción. Y ahí aparece la curiosa ecuación que formuló Robert Klitgaard en 1988: C=M+D-A. O lo que es lo mismo: corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A). Intenten aplicarla a nuestra vida pública y no se asusten.
* El País - Opinión - 11.09.10
