GRANADAHOY* : Urbanismo y justicia forman una extraña pareja, cada vez más presente en el desarrollo de las ciudades y municipios, aunque con graves desavenencias. Los grandes intereses generados por la actividad constructiva durante muchos años, junto a la crispación política, han obligado a intervenir muchas más veces de lo deseable a los tribunales de justicia. El principal conflicto que afecta a este binomio es que cada uno late a un ritmo muy diferente. La rapidez con la que se levantan grandes edificios de dudosa legalidad o los perjuicios urbanísticos y económicos que ocasiona una larga paralización, son las consecuencias de aplicar el tedioso paso de la justicia al dinamismo de los procesos urbanísticos.
Durante unos años en los que la actividad constructiva ha reinado en nuestra economía y en nuestro entorno, parecía que no había nada que pudiera frenar ciertos proyectos. Ante un control administrativo muy pobre, los jueces son los únicos que en contadas ocasiones han podido intervenir para modificar el devenir de iniciativas urbanísticas de cierta importancia. Especialmente en los últimos dos o tres años, en los que los asuntos de corrupción urbanística llenan los juzgados.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esto en un discurso público la semana pasada. En un alegato en favor de la especialización de las distintas secciones del Ministerio Público, puso como ejemplo más notable el de los delitos urbanísticos, que anteriormente apenas eran objeto de persecución judicial y que con los fiscales especializados se está generando hoy "un número muy sustancial de sentencias condenatorias", que están modificando "pautas de conducta que incidían de forma directa en la criminalidad".
El caso del Centro Comercial Nevada, en Armilla, es uno de los conflictos jurídico-urbanísticos que más notoriedad ha alcanzado en la historia reciente de la provincia. Su resolución en los últimos días (al menos en primera instancia) ha despejado la crucial incógnita sobre la pervivencia del gran edificio comercial, al que parece que sólo habrá que restarle una pequeña esquina. El fiscal pidió la demolición total y recurrirá la sentencia.
Pero a lo largo del tiempo las sentencias judiciales no siempre han sido un vehículo para frenar el ímpetu urbanístico. Al contrario, propietarios y promotores han usado la justicia para reclamar su derecho a construir, frente a casos de intento de freno por parte de la administración.
El caso más notorio en Granada es antiguo. Se trata de los edificios levantados sobre las esquinas de la parcela de la Plaza de Toros. La familia propietaria, Fernández Fábregas, inició un largo contencioso contra el Ayuntamiento y la Junta, que pretendían evitar la construcción de inmuebles alrededor del coso para no macizar la zona.
En 1991, los dueños del terreno obtuvo una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al Ayuntamiento de la capital a pagar 476 millones de pesetas a los propietarios y a concederle los permisos que le habían negado durante una década para la construcción de cinco edificios alrededor de la Plaza de Toros.
A partir de ahí se inició una larga negociación entre ambas partes tras la que el Ayuntamiento pudo evitar que le levantaran tres de los cinco edificios a cambio de una compensación con terrenos de la antigua Campsa, valorados en 800 millones de pesetas.
Más reciente es el caso del edificio Penta, otro pleito cuya resolución perjudicaba gravemente a los intereses municipales. En 2007, una resolución judicial condenaba al Ayuntamiento a pagar 13 millones de euros a los propietarios de unos terrenos ubicados junto al edificio Villarejo.
En virtud de un convenio urbanístico firmado en 1998, el constructor José Julián Romero pudo construir el edificio Penta, cediendo al municipio en contraprestanción otros terrenos reservados para espacios libres. Pero no todo este suelo que se negoció en el convenio era propiedad del constructor y los legítimos propietarios así lo reclamaron en los tribunales.
La sentencia obtenida ponía al Ayuntamiento en una situación muy complicada en un tiempo en el que se iniciaba la actual crisis económica. Al final la solución se cerró con un acuerdo de pago parcial en especie -mediante la entrega de un solar en La Chana y el pago de un millón de euros que obtendrá el municipio de la venta de otro solar-.
Un caso con resultado similar es el de las expropiaciones de los terrenos del Parque Tecnológico de la Salud (Campus de la Salud en ese momento). Una sentencia ratificada por el Supremo anulaba el proceso de expropiación de ese suelo donde actualmente ya hay equipamientos y edificios del Parque. La solución pasa por una compensación económica o en terrenos de otra zona a la familia propietaria.
El conflicto urbanístico por excelencia en Granada durante las últimas décadas ha sido el caso Los Cármenes. Éste es un ejemplo de cómo la judicialización puede mantener parado el desarrollo urbano durante muchos años.
El Granada Club de Fútbol vendió su viejo estadio en un proceso convulso que provocó algo más que recelos. La promotora Lazasur fue acusada de manipular la subasta, en complicidad con dirigentes del club y responsables municipales, para hacerse con esos terrenos y en las mejores condiciones posibles. El proyecto para construir viviendas en esos terrenos se mantuvo parado durante más de una década por los múltiples conflictos judiciales que aquella historia acarreó. Al final todos los acusados quedaron absueltos y los edificios se construyeron y vendieron.
En los últimos tiempos, coincidiendo con esa mayor proliferación de casos y sensibilidad judicial hacia el control de la criminalidad urbanística, también se han dictado sentencias que implican demolición. Es el caso del edificio Marisol de Pradollano, de 82 apartamentos, contruido sobre una parcela de uso sociocultural. La sentencia ordena la demolición y establece penas para el ex alcalde de Monachil y otros antiguos cargos municipales.
* Granada Hoy - 25.05.10
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Urbanismo de juzgado
El Consell reclasificó la central de Villena sin tener todos los informes
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LEVANTE/Alicante* : La Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración de Interés Comunitario para la planta solar termoeléctrica de Villena se concedieron antes de que quedaran resueltos en el expediente algunas de las objeciones que los funcionarios plantearon durante la tramitación del expediente. La central termosolar, cuya tramitación se inició formalmente en noviembre de 2006, está proyectada sobre 2,5 millones de metros cuadrados del paraje de Alhorines, en Villena, del los que aproximadamente un 10% -256.093 metros cuadrados- son propiedad -compartida con otros tres hermanos- del que desde diciembre de 2007 es jefe del área de Urbanismo de la Generalitat y desde noviembre de 2008 director general de Urbanismo, José María Selva Ros, sin que conste que se haya apartado del expediente como marca la ley de Incompatibilidades.
El expediente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)-paso previo y vinculante para la obtención de la Declaración de Interés Comunitario-no dio respuesta a algunas de las incertidumbres planteadas por los funcionarios.
Cabe recordar que la DIA trata de acreditar con decenas de informes de distintas administraciones que se puede poner en marcha un proyecto de esas características en suelo no apto inicialmentepara desarrollar otra actividad que no sea la agrícola.
Así, no consta en el expediente que se solicitara a la Confederación Hidrográfica del Júcar la disponibilidad de recursos hídricos, pese a que lo exige la Ley de la Comunidad Valenciana de Ordenación del Territorio. Sin embargo, la DIA, en su descripción del proyecto admite que "las necesidades totales de agua , en la central solar, serán de 375.320 metros cúbicos anuales"-casi las de un campo de golf- y añade, más adelante, que "no queda justificado en el proyecto el origen de los recursos hídricos".
De obligado cumplimiento
La DIA "supedita" la ejecución de proyecto al "cumplimiento" de diversos "condicionantes"... que "deberán ser solventados previamente a la obtención de la Declaración de Interés Comunitario, así como a la obtención del informe que debe emitir la Dirección General del Paisaje.
Entre estos condicionantes inexcusables y previos a la DIC figura el de "obtener el informe de la Conselleria d Cultura, Educación y Ciencia acerca de la conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural de acuerdo con el art. 11 de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano". Es decirse exige el preceptivo informe que emite Cultura y sin el que es posible obtener licencias para el proyecto.
Sin embargo, en la Declaración de Interés Comunitario, que supuestamente no se puede obtener sin el informe de Cultura, se reconoce que no se cuenta con este informe. Lo que hace Urbanismo, en lugar de aplazar la DIC, es otorgarla y dejar que sea el promotor quien obtenga el informe de la Conselleria de Cultura, aunque fuera del control de la Conselleria de Medio Ambiente.
En otro apartado figura un condicionamiento impuesto por la dirección general del Paisaje relativo a una masía enclavada en el paraje y conocida como la Casa del Pájaro. Dice respecto a la casa que "se estará a los dispuesto en el preceptivo informe de la Conselleria de Cultura a emitir en la Declaración de Impacto Ambiental"- que no se obtuvo-, y añade, que en el caso de que dicho informe determinará la catalogación cultural de esta casa - Casa del Pájaro - "Declarala misma debería dejarse fuera de la actuación , preservando su entorno inmediato". Aquí es Urbanismo directamente quien debería "controlar" la emisión previa del citado informe y, sin embargo, se otorga la DIC diciéndole al promotor que no empiece las obras hasta que no tenga el informe, lo que representa un incumplimiento de la DIA.
* Levante-emv - 25.07.10
Foto: Valle de los Alhorines donde se proyectó la central termosolar, desde la sierra de Beneixama.- levante.emv.com
La construcción masiva en el litoral destruye cada día una superficie de costa equivalente a ocho campos de fútbol
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CONSUMER* : El urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día, según denuncia Greenpeace en la décima edición de su informe "Destrucción a toda costa". El documento analiza y recopila los datos sobre la situación del litoral español de la última década y propone una hoja de ruta para "proteger" las zonas que aún quedan en buen estado. Además, la organización ecologista advierte de que el litoral español continúa en alerta roja por la construcción de tres millones más de viviendas que se proyectaron en 2007 y que están pendientes de la remisión de la crisis.
Greenpeace aseguró que la prórroga aprobada por el Ejecutivo central, en el marco de las medidas anticrisis, que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013, y el hecho de que España "sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario, no auguran un buen futuro para la poca costa que queda virgen".
El informe de la ONG recoge que el 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio. El director de la organización, Juan López de Uralde, especificó que en algunas comunidades autónomas "más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables" y precisó que casi el 25% del litoral es costa artificial.
Entre los años 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras que la urbanización lo hacía un 25,4%. Según Greenpeace, este "fenómeno imparable" se ha extendido en la última década hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rías Baixas o la costa cantábrica.
En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas. En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003 y 2007 se construyó el triple, tanto en la costa como en el interior. En 2007, "el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria", la organización ecologista denunciaba que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas.
Infraestructuras y contaminación
Respecto a la construcción de infraestructuras, en 2003 se llevaba a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado y en ese mismo año las inversiones aumentaron un 505% desde 1996. La ONG asegura que existen numerosos ejemplos de puertos, como los de Granadilla (Tenerife) o el exterior de A Coruña, "que a pesar de carecer de viabilidad técnica, ambiental y económica se han proyectado gracias a los fondos de subvención europeos y a los grandes negocios especulativos diseñados por las autoridades portuarias".
Por otra parte, el crecimiento urbanístico mal planificado "ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas". La última década "ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas". En 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplir las normas de calidad de aguas de baño y este año se enfrenta a la sanción ante el mismo tribunal por desoír la normativa de depuración de aguas.
Para hacer frente a la progresiva degradación del litoral, Greenpeace propone una "hoja de ruta". "Establecer reservas litorales y marinas, proteger lo que queda sin destruir, reforzar la Red Natura y aplicar de manera efectiva la Ley de Costas", son algunas de las principales demandas, señaló López de Uralde.
El director de Greenpeace también reclamó fortalecer los planes contra los vertidos y la contaminación del mar, así como una moratoria en el funcionamiento de los pozos petrolíferos. De igual manera son necesarios cambios legales que eviten que los municipios se financien a base de ladrillo.
Por su parte, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, alertó de que la degradación del litoral ha ido paralela a "una pérdida del turismo". "Ha crecido exponencialmente la construcción de hoteles y puertos", pero el turismo ha ido a la baja.
* Consumer - 19.07.10
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
Millet desvió en efectivo un tercio de los 35 millones estafados al Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Un año después del espectacular registro de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música, la entidad cierra hoy la auditoría del fraude que perpetraron su ex presidente Fèlix Millet y su círculo más próximo. La auditoría ha constatado el desvío de alrededor de 35 millones de euros, de los cuales unos 14 millones, más de un tercio del total, salieron en efectivo, en dinero contante y sonante, y en cheques. Sin embargo, los auditores no han podido determinar dónde ha ido todo ese dinero.
La retirada de dinero de las cuentas de las tres entidades que integran el Palau de la Música -la asociación, la fundación y el consorcio- fue entre 2000 y 2009 una de las fórmulas más frecuentes de las que se valieron Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para desviar fondos desde la entidad musical. Sin embargo, esos cuantiosos reintegros hicieron saltar las alarmas en la Agencia Tributaria. Una oficina de Caixa Catalunya comunicó que a lo largo de 2003 se habían producido varios "movimientos significativos", con retiradas de hasta 300.000 euros.
El resultado de esa investigación de Hacienda culminó con la intervención policial del 23 de julio del año pasado. Entonces, el juez investigaba un presunto fraude de 2,29 millones de euros que en el último año no ha hecho más que irse hinchando. Millet y Montull confesaron haber estafado 3,3 millones, pero los informes periciales encargados por el Palau de la Música a la auditora Deloitte han ido engordando esa cifra hasta los 35 millones que ya arrojó el informe del pasado mes de febrero y que ayer confirmó el vocal de la junta del Orfeó Català Antoni Dalmau en Catalunya Ràdio.
Esta cantidad incluye el desvío de fondos que Millet hizo valiéndose de las obras del emblemático edificio modernista de Lluís Domènech i Montaner. Estas se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros. Al final, los trabajos que dirigieron los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz costaron 14 millones, pero Millet se hizo con financiación para 24 millones. La diferencia, según los auditores, se añade al dinero que desvió Millet.
De estas cantidades, además, 3,7 millones de euros corresponden a dinero público procedente del consorcio, que está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central. A pesar de que los interventores de la Generalitat confirmaron en noviembre que Millet había estafado dinero al consorcio, el ex presidente del auditorio no está imputado por malversación de fondos públicos.
La investigación ha puesto de manifiesto que para desviar tales cantidades Millet se valió de todos los métodos habidos y por haber. Según han destapado los auditores, se inventó una cláusula por la que podía cobrar un 10% del presupuesto en concepto de remuneración extra si el Palau registraba superávit; facturó directamente las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès, donde montó un minipalau; cobró en especie usando a su antojo las instalaciones para, por ejemplo, las bodas de sus hijas; viajó alrededor del mundo a cuenta del Palau; compró edificios con los fondos de la entidad, y sacó el dinero en efectivo de las cuentas de la institución.La auditoría que encargó el equipo del Palau que encabeza Mariona Carulla ha podido determinar de dónde salió el dinero, pero no todos los fines a los que se destinó. Entre otros motivos, porque el juez no ha ordenado rastrear las cuentas bancarias de Millet, adonde el entorno del Palau considera que podría haber ido parte del botín.
Casi desde el principio, además, asomó otra derivada del caso: la presunta financiación irregular de partidos políticos. Un anónimo que el juez recogió en el sumario ya indicaba esa posibilidad, que más tarde se materializó cuando el dirigente de Convergència (CDC) Àngel Colom admitió haber cobrado 72.000 euros para saldar las deudas del extinto Partit per la Independència. Poco después, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, reconocía que la Fundación Trias Fargas -hoy rebautizada como Catdem- había ingresado 630.000 euros en concepto de unos convenios que los gestores del Palau advirtieron que habían salido de la caja B de la entidad y que, además, eran nulos de pleno derecho. CDC decidió devolver, en cómodos plazos, esa cantidad a la institución.
Pero la cuestión no se zanjó ahí. A medida que los auditores iban registrando las cajas y los soportes informáticos del Palau, aparecían nuevos documentos que apuntaban a la financiación irregular de CDC, que los dirigentes de este partido siempre han negado. El informe pericial detectó que la entidad musical abonó casi dos millones de euros a tres empresas vinculadas a campañas electorales -Letter Graphic, New Letter e Hispart- que, según los gestores y trabajadores del Palau, nunca trabajaron para este y, en cambio, sí recibían encargos de CiU con frecuencia.
La sospecha se hizo todavía mayor cuando la investigación accedió a las agendas de la ex directora financiera Gemma Montull, imputada en el caso, y a varios documentos que relacionaban la concesión de obra pública por Ferrovial, uno de los principales patrocinadores del Palau, con presuntos cobros de comisiones por Millet. Ese dinero, según los papeles hallados en el Palau, luego iba a la Fundación Trias Fargas o a las empresas vinculadas con las campañas electorales de CDC.
A su vez, en la documentación aparecían al menos un ex alcalde independiente de L'Ametlla del Vallès y un concejal de CiU en la localidad a sueldo de Millet, aunque estos más tarde también lo negaron. El Parlament decidió entonces abrir una comisión para investigar una eventual financiación irregular de CDC, que la semana que viene prevé emitir sus conclusiones.
La comisión ha servido, de momento, para acumular más indicios sobre el pago de comisiones por obra pública. Los documentos salpicaron al ex responsable de finanzas de CDC Carles Torrent; al actual, Daniel Osácar, y al ex diputado nacionalista Jaume Camps. Los papeles hallados, además, señalan que la supuesta comisión de rigor por la obra pública era del 4%, de la que el 2,5% salía del Palau hacia su destinatario. Todos y cada uno de estos nombres de CDC han negado cualquier implicación en el caso Palau.
La guinda a todo este proceso fue el encarcelamiento de Millet y Montull durante 13 días. No por este caso, sino por posibles delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias con relación al proyecto urbanístico del hotel del Palau. En esta causa la fiscalía ha acusado también al teniente de alcalde de Barcelona Ramon García-Bragado y al gerente de Urbanismo de la ciudad, Ramon Massaguer.
* El País - 23.07.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
El tribunal de Malaya acuerda vender todos los bienes de Roca
MÁLAGAHOY* : La totalidad del patrimonio intervenido a Juan Antonio Roca está en venta. El próximo miércoles se subastarán una decena de vehículos, entre ellos un Mercedes del modelo alas de gaviota. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que preside el magistrado José Godino ha acordado la enajenación de los bienes del presunto cerebro del caso Malaya. El primer objetivo es saldar la deuda superior a los 8 millones de euros que sus empresas han acumulado con la Agencia Tributaria desde que fueron intervenidas. Otra finalidad tangencial es evitar el deterioro y, por tanto, la pérdida de valor de determinadas propiedades.
Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con el propio Juan Antonio Roca y con la administración judicial. Ambas partes han efectuado una valoración de los bienes que en muchos casos ha resultado coincidente. Fuentes judiciales han precisado que existe un gran interés en "no malvender nada", si bien reconocen que el actual contexto económico no es el más propicio para esta operación. En todos los casos se informará a Juan Antonio Roca.
La Fiscalía Anticorrupción estima en el escrito de acusación en 200 millones de euros la fortuna patrimonial acumulada por el principal implicado en esta causa a lo largo de sus años como hombre fuerte en la sombra del Ayuntamiento de Marbella.
La primera venta tendrá lugar el próximo 28 de julio. Aunque formalmente no se trata de una subasta, el sistema y sobre todo el resultado es el mismo. La sala decidirá en función de las ofertas económicas que se presenten a los adjudicatarios de una decena de automóviles intervenidos judicialmente al supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella. De la decena de coches que salen a la venta al menos cinco son de gama alta, entre ellos el Mercedes alas de gaviota, conocido así porque sus puertas abren en vertical. En el escrito de acusación del fiscal se valora el parque automovilístico de Roca en 300.000 euros.
Además, el administrador judicial tiene sobre la mesa una oferta para comprar el helicóptero, una venta autorizada en 2009 por el juez de instrucción tras ser tasado en 1 millón de euros. En este caso se entiende que el paso del tiempo corre en contra del valor del aparato. También urge dar salida a la cuadra de caballos dados sus elevados costes de mantenimiento, que incluyen la contratación de tres cuidadores y un veterinario. Al tiempo se mantienen negociaciones para la enajenación de dos viviendas en Sevilla.
Las empresas de Roca suman deudas tributarias por valor de 8,2 millones de euros. La mayoría de las sociedades son patrimoniales y, por tanto, carecen de fuentes de ingresos lo que no evita que generen gastos. Varias, además, tienen cargas hipotecarias. A estas circunstancias se suma que el primer administrador judicial no liquidó en plazo el impuesto de sociedades correspondiente a 2005 y que hay varios periodos en los que no se declaró el IVA. El actual administrador judicial, previo acuerdo de la sala, pretende negociar un calendario de pagos con Hacienda que avanzará a medida que se vendan los bienes intervenidos.
* Málaga Hoy - 24.07.10
Foto: Marbella, cortijo Roca - elconfidencial.com
