DIARIODEBURGOS* : En la capital burgalesa, como mínimo 4.000 edificios deberían haberse sometido ya a la primera inspección técnica, ya que el Reglamento de Urbanismo, publicado en 2004, imponía un plazo máximo de dos años a los inmuebles de más de 40 años. Los construidos antes del 1 de enero de 1950 y que no hayan sido rehabilitados integralmente debían haber pasado por esta especie de ITV de edificios antes del 30 de diciembre de 2005.
Según la base datos del Instituto Nacional de Estadística, en Burgos capital hay en torno a 1.500 edificaciones construidas antes del año 1940 (lo que viene a representar en torno al 15 por ciento del total del parque inmobiliario).
A esos 1.500 se sumarían también los construidos entre 1940 y 1950, también sujetos a ese primer plazo para la inspección de construcciones. Las estadísticas disponibles señalan que en la capital burgalesa hay 2.385 inmuebles que fueron edificados entre 1940 y 1960 (más del 25 por ciento de los existentes en la actualidad). Algo más de tiempo tenían los inmuebles cuya construcción finalizó entre 1950 y 1960, que debían haber presentado la certificación de un técnico que garantice su habitabilidad antes del 30 de diciembre de 2006. De la década de los 60 a la de los 70 hay en la ciudad 1.212 edificios (más del 12 por ciento). Parte de los de esa edad, los edificados entre 1960 y 1966, debían cumplir el trámite de la inspección técnica de construcciones antes del 30 de diciembre de 2007.
No solo Burgos no está cumpliendo con el Reglamento. La mayoría de las capitales no lo está haciendo. En León, por ejemplo, su Ayuntamiento aprobó una ordenanza reguladora en enero de 2009. Desde esa fecha un total de 90 peticiones de viviendas de las que se han llevado a cabo 87 informes que acreditan que esos edificios han pasado la revisión, tal y como obliga la normativa.
De ellos, un 17% ha obtenido un resultado ‘desfavorable’, o lo que es lo mismo, los profesionales han detectado algún tipo de deficiencia en el inmueble por lo que el propietario o propietarios están obligados a llevar a cabo las reparaciones que los especialistas consideren oportunas, para evitar desastres mayores como el ocurrido en un edificio en Mallorca.
* Diario de Burgos - I. Elices - 23.11.09
Foto: Imagen aérea del centro histórico de Burgos. - Ángel Ayala, diariodeburgos.es
Burgos: Más de 4.000 edificios sin revisar
Reivindican en Bilbao el derecho a una vivienda digna
ELCORREODIGITAL* : Una centenar de personas pertenecientes a diferentes sindicatos y asociaciones sociales se han concentrado hoy en Bilbao para exigir "menos pactos y más hechos" y el "derecho a una vivienda digna", así como preguntar al Gobierno vasco "con quién ha pactado el recorte del presupuesto" en las materias relacionadas con la vivienda.
Los sindicatos y asociaciones sociales convocantes del acto, que se han manifestado junto al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con la celebración de la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, han sido Argilan, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Danok Lan, EGK, EHNE Bizkaia, ELA, Elkartzen, ESK, Grupo Pangea, HIRU, IDEASUR, LAB, Nuevo Euskadi, STEE-EILAS, Txiroekin bat eginik y Zirikatzen.
Según han denunciado, el proyecto de Pacto Social del Departamento de Vivienda tiene como objetivo "dar imagen de paz social a una política restrictiva de vivienda", así como "hacer política de cartón piedra, aparente por fuera pero sin contenidos por dentro". En ese sentido, se han preguntado "entre quiénes han negociado el diseño de su Pacto por la Vivienda" y han denunciado que "nos invitan al postre de un plato precocinado".
Los convocantes de la protesta han asegurado que la situación de la vivienda es "muy grave" porque "107.300 personas no pueden constituir un nuevo hogar independiente por falta de recursos económicos, mientras, hay decenas de miles de viviendas vacías".
También han denunciado que "el precio medio de la vivienda libre es de 325.200 euros y la renta media de alquiler de 922 euros", así como que "el 89,1% de la oferta inmobiliaria de Euskadi es de venta y tan sólo el 10,9% de alquiler". Asimismo han criticaron que de la vivienda protegida, el 69% es destinada a propiedad y tan sólo el 31% a alquiler" y han añadido que "la hipoteca media constituida para viviendas en Euskadi es de 147.231 euros".
En su opinión, la situación en los últimos años "no ha hecho más que empeorar, bien por la pasividad de las políticas públicas, bien por su colaboración".
* El Correo Digital - EUROPA PRESS - 23.11.09
Foto: magen de la concentración para reivindicar el derecho a una vivienda digna./ Telepress
El Consell adjudicó contratos y obras viarias por procedimientos injustificados
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DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca adjudicó en la pasada legislatura los contratos de mayor importe económico con deficiencias en los informes técnicos y sin justificar adecuadamente la fórmula seguida ni las modificaciones de proyectos y su posterior encarecimiento, según se desprende de la fiscalización de la gestión de UM en 2006 –que gobernó con apoyo del PP–, y que acaba de presentar la Sindicatura de Cuentas.
En la mayoría de casos, las deficiencias administrativas –como gusta llamar la Sindicatura a los incumplimientos de la ley de Contratos– se detectan en la construcción de carreteras iniciada ese año.
Así, los auditores públicos han constatado que en una decena de expedientes de obra viaria –los de mayor cuantía–, "falta, o es insuficiente, la justificación del procedimiento y la forma de adjudicación utilizados". En bastantes ocasiones, además, "los informes técnicos no se encuentran suficientemente argumentados, ya que no motivan las puntuaciones que se establecen en función de la documentación aportada", dicen los síndicos.
Las deficiencias afectan sobre todo a carreteras en Campos y Muro, la reforma de la carretera Santa Maria-Sencelles, reposición de guardarraíles de seguridad en las autopistas, o la nueva variante de Formentor, en el Port de Pollença, que suman unos 32 millones de euros. De todas las obras auditadas, esta última es sin duda la que presenta mayores deficiencias de tramitación, de hecho incurrió en casi todas las posibles. Las más reseñables son que el acta de replanteo para poder iniciar la obra "se realizó fuera del plazo establecido" según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Esta dilación no se encuentra justificada, sobre todo porque este expediente se aprobó por tramitación de urgencia", señalan los síndicos.
La primera fase de esta variante, destinada a sacar el tráfico del Port de Pollença con destino a Formentor, se adjudicó por 4 millones de euros. La Sindicatura constata también que se superó el plazo establecido para iniciar la ejecución del contrato, "sin que se justifique el retraso", en un "hecho que constituye una causa de resolución" del mismo, aunque no se hizo.
Documentos desaparecidos
Otra de las deficiencias significativas es la desaparición de importante documentación del interior de los expedientes.
Así, en las carpetillas de los proyectos de reposición de barreras de seguridad en la autovía Palma-sa Pobla y en la de Levante, y en la del proyecto de mejora del camí Fondo PM-30-Polígon de Llevant, "no se han conservado las plicas con las proposiciones general, económica y técnica de los licitadores que no resultaron adjudicatarios del procedimiento de contratación". Recuerdan los síndicos que en el expediente "ha de quedar una copia acarada" de estos documentos, y que su desaparición "limita" la verificación del proceso de adjudicación de los expedientes". Dicho de otro modo, impide auditar correctamente si la adjudicación ha seguido todos los trámites legalmente establecidos.
En los dos primeros expedientes, además, "las ofertas económicas presentadas por los licitadores no tienen fecha de registro de entrada", y lo mismo con otra documentación del empresario que resultó adjudicatario. Aunque lo peor del caso es que en la reposición de guardarraíles de un tramo de la autopista Palma-sa Pobla, el informe del banco "no deja constancia de la solvencia económica" del empresario que debía realizar la obra.
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER - 23.11.09
Foto: El contrato de la variante de Formentor –en la imagen, Munar inaugurándola– tuvo muchas deficiencias. Foto: G. B., diariodemallorca.es
La Xunta relaja las sanciones contra quien especule con suelo industrial
ELPAÍS/Galicia* : La drástica relajación en las penalizaciones a las empresas que compren suelo industrial y no lo destinen a los usos y en el calendario previstos abre puertas a la especulación con el suelo así adquirido, según previenen fuentes consultadas por este periódico, tanto de la anterior Xunta bipartita como ajenas a la Administración autonómica.
Esa relajación de penalizaciones fue uno de los aspectos destacados en el informe sobre la situación del suelo empresarial en Galicia presentado por Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, al último Consello de la Xunta, el pasado jueves.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Agustín Hernández, anunciaron ese día que se va a redactar un nuevo plan de suelo empresarial "para atraer empresas que aún no están y para evitar la fuga de las que tenemos". El objetivo, en dos fases (hasta 2012, la primera, y hasta 2015) es sumar a los actuales 13,7 millones de metros cuadrados la ejecución de otros 55 millones de metros, con lo que en 2015 Galicia dispondrá de 193 polígonos y un total de 68.860.934 metros cuadrados.
La Xunta acomete ese objetivo "después de estar siete meses de brazos cruzados", según denuncian fuentes de la oposición, que contrastan los más de 100 millones de euros invertidos el año pasado por el bipartito para tal fin con los 300.000 euros que ha dedicado la actual Xunta al mismo objetivo en 2009.
La cuestión primordial, ahora que la Xunta retoma el impulso en el asunto, remite sin embargo a la relajación de las condiciones que se impone a las empresas que opten a la compra del suelo que oferte la Xunta. Feijóo y Hernández lo justificaron en la necesidad de hacer más accesible la compra "mientras dure la recesión económica".
Así, y sin ánimo exhaustivo, la fianza para participar en el concurso pasa del 5% al 2% del importe de licitación, y el plazo para solicitar las licencias de edificación y actividad, de un año a dos; el pago de las parcelas será del 30% al firmarse la escritura y en tres años el 70% restante, cuando hasta ahora tenía que estar cubierto el pago completo al formalizarse la escritura. Hasta ahora se penalizaba un 20% del precio si la parcela no se destinaba al uso previsto en la adjudicación y a partir de ahora será del 5% y sólo "en el caso de que dicho aspecto fuese tenido en cuenta en la adjudicación".
Estas modificaciones, según las fuentes consultadas, propician la especulación, esto es, apalancar el suelo y esperar, con ligeros castigos, a que su precio aumente para revenderlo. Esta posibilidad convierte la iniciativa "anticrisis" de la Xunta en un asunto candente porque el suelo no se desarrolla por iniciativa privada, sino que la Administración lo expropia, lo transforma e invierte dinero público en él con un objetivo preciso de bien común, "y si eso se altera, sería escandaloso".
Tampoco sería la primera vez. Un caso llamativo, por ejemplo, es el del polígono de As Gándaras, en Porriño, que estuvo sin ocupar (y aún hay parcelas vacías) hasta que su promotora, Zona Franca, creó el colindante de A Granxa con una condición determinante que evitó la especulación: si los compradores de las parcelas no iniciaban la actividad en tres años, el suelo revertía al promotor. Zona Franca ha seguido esta política desde 1996 y fue, por citar otro ejemplo, la que aplicó al Parque Tecnológico de Vigo, ocupado por completo y donde tampoco se registró la menor especulación.
También la Xunta bipartita incluyó una cláusula de reversión del suelo si la empresa adjudicataria no lo ejecutaba en un plazo de dos años. Entre las previsiones de redacción del nuevo plan anunciado por la actual Xunta no figura ninguna alusión al respecto.
Tras "el caos" bipartito
Agustín Hernández cifró la necesidad de un nuevo plan de suelo empresarial en "la improvisación y el caos administrativo" que prevalecieron en la anterior legislatura, donde el bipartito habría estragado un plan precedente, de 2004, para desarrollar 40 millones de metros de suelo empresarial, que es el que ahora retoma su consellería "con el objeto de recuperar el tiempo perdido".
Ahora, los parques empresariales dependientes de la Xunta ocupan 13,7 millones de metros y, según la nota difundida por la consellería el jueves pasado, el nuevo plan permitirá desarrollar hasta 2012 un total de 18,4 millones de metros más. Pero resulta que, de ese objetivo, están construyéndose ya 19 parques con un total de 13,1 millones de metros, cuyo inicio cabe suponer en la anterior legislatura. Los desarrollos que puedan corresponder a la actual Xunta, por tanto, se limitarían a 5,3 millones de metros cuadrados "en futuros parques con planeamiento aprobado". Esta circunstancia explicaría que la Xunta sólo dedique 373 millones de euros para conseguir los 18,4 millones de metros en 2012.
Además están en tramitación 65 parques, con un total de 36,6 millones de metros, para ejecutar entre 2012 y 2015, que la Xunta apunta al nuevo plan como cosecha de sus últimos nueve meses.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 23/11/2009
Foto: Parcela abandonada en el parque empresarial de Teixeiro donde apenas se han instalado unas cuantas naves.- GABRIEL TIZÓN, elpais.com
