LAPROVINCIA* : Las agresiones contra el medio ambiente y la ocupación ilegal del territorio en Canarias se mantienen en niveles muy similares a los de hace una década, cuando inició su andadura la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). En 2008 se abrieron 3.348 nuevos expedientes por infracciones, de los cuales un millar corresponden a viviendas y construcciones ilegales, número similar al registrado en 1999.
La indisciplina urbanística sigue siendo más elevada en Gran Canaria, con 413 expedientes abiertos, mientras que en Tenerife se sitúan en 313. La Agencia ordenó 39 demoliciones durante el pasado año, la mayoría de ellas a costa del infractor. Según los datos oficiales, entre 2001 y 2007 se ejecutaron en Canarias 132 demoliciones tras culminar el largo proceso existente entre la apertura del expediente y el derribo final, que se prolonga una media de cuatro años. En la actualidad existen 300 expedientes con resolución firme pendientes para la demolición final.
Aunque las viviendas y edificaciones continúan siendo el atentado más agresivo contra el territorio, la Agencia ha multiplicado el número de expedientes infractores abiertos por el incumplimiento de la Ley de Residuos y por los vertidos ilegales que siembran por doquier los barrancos y costas de las Islas. El propio director de la Apmun, Pedro Pacheco, reconoce que aunque se ha logrado mantener a raya las edificaciones clandestinas gracias a la labor inspectora, no ha sucedido así con las infracciones medioambientales, fruto de la escasa conciencia social que aún existe en amplios sectores de la población sobre el cuidado del entorno.
Los expedientes abiertos en 2008 por vertederos incontrolados, vertidos ilegales, acumulación de basuras, coches abandonados, residuos peligrosos o aceites usados alcanzaron los 1.737. Gran Canaria lidera también este tipo de infracciones, con 532 expedientes abiertos. Resulta llamativo que sea La Palma la segunda isla con más conculcaciones en materia de residuos (325 expedientes), seguida de Tenerife (314) y Lanzarote (286).
Cuando se van a cumplir diez años desde su creación, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tiende cada vez más a concentrar sus esfuerzos en detectar las agresiones sobre el medio ambiente, con el fin de frenar la anarquía que aún existe en el control de los residuos. Pacheco cree que existen suficientes adelantos tecnológicos para detectar las edificaciones ilegales sin necesidad del recorrido físico del territorio por los inspectores. A través de las revisiones aéreas o la detección por láser se puede localizar cualquier movimiento y actuar.
Canarias se mantiene aún entre las comunidades más infractoras sobre el territorio, junto a Andalucía y Murcia. Pedro Pacheco también destaca que el Archipiélago es la comunidad autónoma que está realizando un mayor esfuerzo en la detección y control de la indisciplina urbanística, lo que ha supuesto que entre 1999 y 2008 se hayan abierto 30.626 expedientes, 12.485 de ellos por construcciones ilegales.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 22-02.09
Foto: Demolición de una vivienda construida de forma ilegal. LA PROVINCIA/DLP
El Gobierno canario no consigue reducir las viviendas ilegales en los últimos 10 años
Galicia: Un total de 121 planes urbanísticos, atascados en el trámite ambiental
ELCORREOGALLEGO* : La Consellería de Política Territorial dio luz verde a un total de 27 plans xerais de ordenación municipal (PXOM) en los escasos cuatro años de esta legislatura. Antes, el anterior Ejecutivo popular había aprobado cuatro planes desde la entrada en vigor de la Lei do Solo en 2002 -y sus posteriores reformas-, y hasta las elecciones de junio de 2005, cuando se produjo el relevo al frente de la Xunta.
De seguir este ritmo en la conclusión de la tramitación de los PXOM, Galicia tardará del orden de 47 años en ver como todos sus ayuntamientos, un total de 315, consiguen ponerse al día y dotarse de una planificación urbanística adaptada a las exigencias de la legislación vigente.
En estos momentos, un total de 121 municipios mantienen atascada la tramitación de la pertinente evalución ambiental de sus PXOM. De ellos, una cuarta parte, 32 planes, cumplirán o superarán los dos años en la misma fase desde que iniciaron este trámite y a pesar de contar con el documento de referencia que elabora la Consellería de Medio Ambiente con las pautas para que los concellos remitan la correspondiente memoria de sostenibilidad.
De los 48 planes que entraron en evaluación ambiental el pasado año 8 no han recibido el documento de referencia de parte de Medio Ambiente, 3 de ellos presentados en los meses de julio y agosto, y el resto en fechas posteriores.
La iniciativa de la adaptación de los planeamientos a la legislación vigente tiene que partir de los ayuntamientos, y la Administración mantiene que cumple con los plazos a la hora de adoptar las resoluciones oportunas.
En todo caso, el atasco en la tramitación ambiental, a primera vista, es achacable a los concellos, ya que en ninguno de los 121 procesos iniciados, los ayuntamientos han devuelto a Medio Ambiente la memoria de sostenibilidad.
No obstante, hasta hace poco los municipios no disponían de medios para afrontar la farragosa tramitación burocrática de un proyecto de la envergadura de un PXOM. Ahora, la Administración ha puesto a su disposición medios materiales y humanos para ayudar a las entidades locales a afrontar estos trabajos. Los más pequeños no tienen que desembolsar ni un euro y para los mayores se han dispuesto subvenciones que cubren los gastos hasta el 90%.
En lo que va de este año, ya han iniciado la evaluación ambiental estratégica una decena de concellos, que mantienen abierto el proceso de alegaciones y sugerencias.
A Coruña y Pontevedra son dos ciudades que, contando ya -en el primer caso desde enero de 2008, y en el segundo, desde julio del pasado año- con el documento de referencia emitido por la Consellería de Medio Ambiente, a día de hoy todavía no han elaborado la memoria de sostenibilidad exigida para que pueda continuar la tramitación y, consecuentemente, se llegue a la aprobación definitiva.
La recepción en los ayuntamientos del informe de referencia es la segunda de 7 fases del procedimiento de evalución y Medio Ambiente tarda en emitirlos entre 2 y 11 meses -como los casos de Cee y Begonte-, aunque la mayoría están entre 4 y 6.
Proceso
Complejo y con múltiples actores
El plazo medio empleado en la elaboración y tramitación de la ingente documentación que requiere un PXOM de una ciudad en Galicia para ser aprobado se eleva a 7 u 8 años, según datos del Colegio Oficial de Arquitectos. Política Territorial es la Consellería a la que compete su aprobación definitiva. Por ello, los concellos -después de elaborar los planeamientos, aprobarlos en el Pleno municipal y sacarlos a exposición pública y estudiar alegaciones- están obligados a presentarlos ante ese departamento. Sin embargo, los PXOM precisan de múltiples informes, emanados de multitud de departamentos, entre otros el preceptivo informe ambiental, en el que muchos concellos se atascan .
* El Correo Gallego - MÓNICA NOGUEIRA - 22.02.09
Foto: Evaluación Medioambiental Estratégica, proceso - elcorreogallego.es
La Fiscalía imputa a 6 alcaldes extremeños por delitos urbanísticos en sus municipios
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ELPERIÓDICO* : Seis alcaldes o exalcaldes extremeños, todos de la provincia de Cáceres, están imputados por la Fiscalía Superior de Extremadura por la presunta comisión de delitos urbanísticos. Se trata de los alcaldes de Ceclavín -Pedro Martín González Mirón (PSOE)-, Talayuela -Raúl Miranda Manzano (PP)- y Brozas -José Félix Olivenza Pozas (PSOE)-; y los exalcaldes de Coria -Joaquín Hurtado Simón (Centro Obrero Empresarial Cauriense)-, Guijo de Santa Bárbara -José Mariano Pizarro (IU)-, y Casas del Castañar -Pedro Vega García (PSOE)-.
En el caso de este último su responsabilidad penal, de existir, ha extinguido por su fallecimiento.
Ninguno de los ediles citados anteriormente están imputados por un asunto similar al de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena, que se construyó, y más tarde tiró, una casa en terreno protegido en el pantano de Orellana, sino por ilegalidades urbanísticas cometidas en sus respectivos municipios, a las que no habrían hecho frente, como marca la ley. Así, la Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley; por la autorización de palabra para la construcción de viviendas ilegales; o por la falta de actuación una vez conocida la infracción de la legalidad, colocando incluso en eventual riesgo a los particulares por la construcción en zonas inundables de ríos", recoge el avance de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres correspondiente al pasado año.
El último de los supuestos mencionados se registra de forma especial y bastante generalizada en Coria, posiblemente el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas. Así lo reconoce la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez, que señaló a este diario que el urbanismo de la zona de Coria es el que les está dando más volumen de trabajo, al ser este área de la provincia cacereña, junto con la del Valle del Jerte, la que tiene más edificaciones ilegales.
"Y no son ilegales solo por la zona en la que están, o por carecer de licencias y permisos..., es que en Coria hay además algunos supuestos en los que las edificaciones están en zonas inundables del río, lo que puede entrañar incluso riesgo para las personas. Además, en algún caso la situación de ilegalidad era conocida directa y personalmente por el ayuntamiento y el alcalde", especificó Suárez.
Es precisamente por esta razón por la que en una de las causas, concretamente en la que existen construcciones en zona inundable del río Alagón, está imputado Joaquín Hurtado, que fuera alcalde de la localidad, por el grupo independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense (CEOEC) en coalición con el PP, del 2003 al 2007. La fiscal aclaró que ésta "es una causa que se está tramitando y en la que está llamado a declarar como imputado el que era alcalde de Coria cuando se inició, aunque esta declaración aún no se ha producido".
RESPONSABILIDAD Los seis ediles antes citados están imputados, como se ha indicado, por delitos urbanísticos cometidos en sus municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad municipal en este tipo de delitos? La fiscal delegada de Urbanismo en Cáceres explicó al respecto que los alcaldes "tienen la obligación de hacer guardar la disciplina urbanística en cuanto a expedientes, y la mayor parte de las conductas delictivas de éstos es por no hacer nada, por hacer la vista gorda, pero esto es igualmente delictivo, porque los delitos se pueden cometer por acción (por algo que haces mal), y por omisión (por algo que dejas de hacer)".
En el caso concreto en el que está imputado el exalcalde de Coria es porque los técnicos de la mancomunidad --son los que cuando ven que hay alguna construcción ilegal tienen la obligación de comunicárselo al consistorio-- ya le habían dicho a él personalmente que esas construcciones eran ilegales y que había que hacer algo, "pero no hizo nada". Es por esto por lo que, en este caso, la imputación al exedil de Coria es por omisión.
Pero es que existen otros casos en Coria, añadió Suárez, en los que aún siendo ilegales, las viviendas cuentan con agua y luz. "Esto significa que desde el ayuntamiento, y pese a ser ilegales, se ha tenido que certificar la licencia; o bien se ha dado la cédula de habitabilidad a unas viviendas que no son legales". Esta, explicó la fiscal, es la otra modalidad de la actuación ilegal de un ayuntamiento, pues "¿cómo certifican a las empresas suministradoras de luz que una vivienda está en condiciones para recibir luz si es ilegal?".
Existe además una tercera modalidad, añadió, que es conceder una licencia pese a que los técnicos estén advirtiendo de que esa licencia es contraria al ordenamiento, que es por lo que en la Fiscalía hay abiertas diligencias previas de investigación contra, por ejemplo, el alcalde de Ceclavín o el exalcalde de Guijo de Santa Bárbara.
Finalmente, otros delitos que habitualmente también se imputan a los responsables de los ayuntamientos son por ejecutar o no ejecutar obras de demolición. Así, por ejemplo, señaló Suárez, hay diligencias abiertas contra el alcalde de Brozas por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio".
NINGUNO EN BADAJOZ Frente a lo que ocurre en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz no figuran como imputados en ninguna de las causas incoadas el año pasado por este tipo de delitos ni alcaldes ni ayuntamientos. Lo confirmó así el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia pacense, Agustín Manzano, quien añadió que solo hubo una, que fue instruida anteriormente y que concluyó en el 2008 con una sentencia absolutoria, en la que estuvo implicado el Ayuntamiento de Almendralejo por unos vertidos de residuos sin depurar al río. Matizó, no obstante, que en algunas de las causas iniciadas el año pasado sí figuran los ayuntamientos, pero como ordenantes de derribos o emisores de exhortos anunciando sanciones de persistir las situaciones irregulares.
También reconoció Manzano que las causas relativas a la ordenación del territorio se incrementaron notablemente el año pasado con respecto al anterior, algo que según señaló es debido a las relacionadas con las construcciones ilegales en la zona de Orellana, que se instruyen en el Juzgado de Villanueva de la Serena. Pero insistió en que en ninguna de estas causas --en una de ellas está imputada la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena-- están imputados ni ayuntamientos ni alcaldes.
* El Periódico de Extremadura - 22.02.09
Foto: Coria (Cáceres) , ayuntamiento - picasaweb.google.com
El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente
LEVANTE/Valencia* : Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley.
Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.
La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.
Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.
Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.
Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.
* Levante-EMV - Francesc Arabí - 22.02.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
