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INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia judicial ha anulado todo el planeamiento urbanístico diseñado y aprobado por el gobierno del PP del Ayuntamiento de Alcoy para rehabilitar el área del casco antiguo de la Vila y Raval Vell, al considerar que hubo excesos en la aplicación que vulneraron la legislación vigente, incluida la LRAU.
Este plan está en pleno desarrollo y con edificios en construcción y el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El fallo fue publicado el pasado 27 de noviembre por el juez del Juzgdo de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, en base a una reclamación de un propietario de la zona, disconforme con las indemnizaciones y los costes asignados de urbanización. El magistrado, en sus consideraciones, analiza la normativa aprobada por el Ayuntamiento y su aplicación, lo que le lleva a anular los actos administrativos que condujeron a la aprobación del proyecto de urbanización de la UE 2, Sector 1 Vila y Raval Vell del casco antiguo de Alcoy; de la reparcelación forzosa de la unidad, y del programa para el desarrollo de la actuación integrada, es decir el PAI, todo ello "por no ser conforme a Derecho", según reza la sentencia.
La base de la anulación de la normativa se plantea, en términos jurídicos bastante complejos, en una cuestión de redelimitación del ámbito de aplicación del plan, formalizada por el gobierno del PP. A criterio del magistrado, "la nueva delimitación del ámbito de la Unidad exigía la previa del planeamiento que, como se alega en la demanda, no consta haya sido aprobada". Más adelante, este cambio se considera "sustancial" ya que "se produce una ampliación del ámbito de actuación, una alteración de las zonas verdes aprobadas y la modificación del trazado viario; alteraciones que, por otra parte, no encontrarían acomodo en la figura de la redelimitación".
El Ayuntamiento, que pidió en vano la desestimación de la demanda por ser toda la normativa "ajustada a derecho", argumentó que estos cambios se debían a "la gran ausencia de atractivo para el posible producto inmobiliario que pudiese producirse". Más adelante, la sentencia hace hincapié en que frente a la falta de justificación municipal de los cambios -con alguna leve excepción-, los informes técnicos del demandante evidenciaron que las modificaciones introducidas variaban el porcentaje de suelo residencial del 63,74% al 39,61%, mientras la superficie viaria descendía del 41,44% al 28,81%.
Por todo ello, el juez concluye que debe estimarse la nulidad de la UE, una medida que alcanza también al programa y los proyectos de urbanización y reparcelación. De acuerdo con las directrices de la sentencia, el Ayuntamiento deberá elaborar y aprobar "unos nuevos documentos que se acomoden a las reglas que se continenen en la legislación urbanística vigente". El Ayuntamiento, indicaron fuentes municipales, ha ejercido su derecho de recurso de apelación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que tendrá la última palabra sobre este proceso.
En la zona hay edificios en construcción desde poco después de aprobarse el plan.
"Sin trascendencia"
Al final del último pleno, el portavoz del Bloc Paco Blay preguntó por una sentencia de la que había tenido noticia de que anulaba el planeamiento del casco antiguo. Instantes después, el entonces concejal de Urbanismo -hoy, de Grandes Proyectos y Turismo- Fernando Pastor, dijo que desconocía el asunto y que lo investigaría. Por la tarde, aseguró que carecía de noticias de un fallo de tanta trascendencia, y que en todo caso se había tratado de una cuestión de reclamación de cantidad por disconformidad con las indemnizaciones. Ayer, en la comisión de Urbanismo, Paco Blay volvió a preguntar por la sentencia, que fue facilitada más tarde a todos los grupos de la oposición. "Nos da la razón a todo lo que dijimos en su día", manifestó el concejal de L'Entesa, Paco Agulló, recordando que el PP desoyó todas las indicaciones de la oposición.
* Información - M. CANDELA - 28 de mayo de 2008
Foto: Imagen de viviendas en construcción en la zona del casco antiguo cuyo planeamiento ha sido anulado - JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Alcoy: Un juez anula la normativa urbanística para rehabilitar el área de la Vila y Raval Vell
Mallorca: El Tribunal Superior imputa a 12 políticos por el caso Caballistas
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DIARIODEMALLORCA* : El juez Antoni Monserrat dictó ayer un auto en la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el que imputa formalmente a doce dirigentes del Partido Popular y dos funcionarios en un presunto delito de falsedad de documento público por unos certificados emitidos dentro del llamado caso Caballistas, un presunto entramado de corrupción para legalizar una casa en suelo rústico del ex alcalde de ses Salines con la excusa de ser la sede de una agrupación hípica inexistente.
Monserrat ha añadido un político del PP más a los once que ya fueron en su día "procesados" por el anterior instructor, el magistrado Antoni Rotger, y abre la puerta a la celebración de un macrojuicio en el TSJB con 14 acusados, entre dirigentes del PP y funcionarios.
Monserrat fue designado hace unas semanas instructor del caso Caballistas debido a que el TSJB asumió la causa por la condición de diputada del PP en el Parlament de Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx, una de las personas ahora formalmente acusadas.
Nuevo imputado
Monserrat ha dictado el pase a procedimiento abreviado y ha dado traslado a las acusaciones particulares en nombre de un vecino de Manacor, ejercida por Josep de Luis, y del Partido Socialista, representado por Estela Soler, y a los fiscales anticorrupción para que redacten sus respectivos escritos de acusación.
El instructor únicamente citó en calidad de encausado al ex edil de fiestas y ferias de sa Pobla Joan Llabrés Cladera, al que finalmente ha incluido en la lista de las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados. Monserrat también tomó declaración, esta vez como testigo, al aficionado a los caballos Jaume Rosselló, padre del rejoneador del mismo nombre.
Los catorce acusados están defendidos por Rafael Perera; Agustí Cerveró; Gabriel Lladó-Josep Zaforteza y Virginia Núñez.
Políticos implicados
Junto a los ya citados Soler y Llabrés Cladera, los otros políticos imputados son el ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; el ex primer edil de Ses Salines y principal beneficiado con las supuestas falsificaciones, Sebastià Vidal; Joan C. Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor en la época de autos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde en Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva; Gabriel Matas, alcalde de Montuïri, y Andreu Prohens, ex primer edil de Campos y conseller del PP en el Consell de Mallorca.
Asimismo, se atribuye una presunta falsedad documental a Sebastià Escalas, celador municipal de obras de Ses Salines, y a Sebastià Portell, otro funcionario cualificado.
Este caso arranca en 2005 en Ses Salines. El entonces alcalde, Sebastià Vidal, trató de legalizar su casa como sede de la Agrupación Caballista de Ses Salines, para lo cual solicitó al Consell de Mallorca la declaración de interés general de la finca.Ahora el juicio deberá determinar si los doce dirigentes municipales del PP imputados emitieron certificados falsos para acreditar la actividad como club hípico de dicha vivienda.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ / I. M. PALMA - 28.05.2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
La Fiscalía acusa a la Junta y a los ayuntamientos de ´poca beligerancia´ con el urbanismo
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LAOPINIÓN/Málaga* : Hasta el apuntador. Todas las instituciones implicadas en la persecución de los delitos cuya investigación depende de la Fiscalía de Medio Ambiente -urbanísticos, contra el medio, contra la flora y la fauna y contra el patrimonio cultural- han recibido su correspondiente rapapolvo en la memoria que el ministerio fiscal ha elaborado sobre su actividad en el año 2007.
Los dos delegados del área solicitan otro fiscal más y un aumento de los funcionarios, pero lo que más destaca es el tirón de orejas que da a unos y otros en relación con los delitos contra la ordenación del territorio: "Parece que no existe continuidad en las administraciones tanto locales como autonómica, a la hora de enfrentarse con el problema, lo que nos lleva de nuevo, al igual que el año anterior, a pensar en una actitud más bien complaciente y poco beligerante con las infracciones que en este tipo de delitos se cometen en la provincia".
Actitud que se percibe sobre todo en relación a los municipios, que "amparándose en la falta de medios ofrecen una actitud poco colaboradora con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, tanto con el Seprona como con la Unidad adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional", añaden.
Así, destacan el esfuerzo de la Gerencia de Urbanismo de la capital, que ha pasado de 25 denuncias a 52; por otro lado, en el resto de Ayuntamientos "se ha descendido significativamente -desde 62 a sólo 11", al tiempo que añaden: "Es destacable la escasa labor inspectora del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que el año pasado formuló 48 denuncias, mientras que en el presente año su actividad ha bajado tanto que se diluye en el resto de Ayuntamientos".
"Otro tanto ha ocurrido con la Consejería de Obras Públicas, delegación de Málaga, que de 89 denuncias ha pasado a formular sólo 23", explican los acusadores públicos.
"Especial mención merece la Consejería de Medio Ambiente, que teniendo a su disposición un cuerpo como el de agentes del medio, con más de 100 miembros en Málaga, y siendo ésta una provincia en la que existen tanta actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio, fundamentalmente contra la ordenación del territorio y medio ambiente, resulta extraño que no lleguen más denuncias a esta sección (en 2006, 19; y sólo 21 en 2007), por lo que resultaría deseable una mayor adscripción de medios personales y materiales", dicen.
En relación con la Consejería de Cultura (una denuncia en 2006; tres este año). "El aumento es meramente testimonial, pues resulta difícil de creer que en esta provincia haya tan pocos atentados contra el patrimonio que, siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos", apuntan. Sí destacan, sin embargo, la labor del Seprona de la Guardia Civil y de la unidad de Policía Nacional adscrita a la autonomía.
Alcaldes. Incluso, resaltan "la gran cantidad de denuncias interpuestas, desde la tramitación de las diligencias de investigación -denuncias ante la propia fiscalía-, contra diversos alcaldes de municipios de la provincia, tanto del interior como de la costa, lo que da que pensar que el problema del desarrollo urbanístico contrario a la legalidad no es exclusivo de determinadas características, sino de todos en general".
En total, durante 2007 se incoaron 425 diligencias de investigación (52 del Ayuntamiento de Málaga; 11 del resto de municipios; cuatro de ecologistas; 34 denuncias del Seprona; anónimos o políticos 206; consejerías 116; Medio Ambiente 21; Obras Públicas 23; Cultura 3 y Gobernación 47).
Por delitos contra la ordenación del territorio se han abierto 238 diligencias de investigación. La Fiscalía califica estos ilícitos como "gran problema" y distingue dos supuestos: "En el litoral, la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas; por otra, comienzan a aparecer sin embargo denuncias contra los municipios del interior, también por prevaricación".
En este segundo tipo, la mayoría de los supuestos son de particulares que proceden a realizar una construcción en suelo no urbanizable, delitos contra los que los ayuntamientos no actúan con "verdadera diligencia" sus facultades inspectores. Por otro lado, son cada vez más frecuentes las denuncias contra numerosos municipios, bien contra el alcalde o la Corporación al completo, "no ya por la actitud complaciente con las obras ilegales realizadas, sino en ocasiones por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de los técnicos de los municipios y, a veces, por acuerdo entre los responsables políticos y los técnicos".
"Sería mucho más breve la lista de los municipios que no han sido denunciados", dicen. Hablan también del pacto con los ex ediles de Gil, que permitirá que no se celebren un total de 60 juicios, al tiempo que insisten en que los juzgados de Instrucción han incoado un total de 396 diligencias previas por este tipo de ilícitos (189 contra la ordenación del territorio; 27 contra el patrimonio histórico y 151 delitos de incendio.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 28.05.2008
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel Prasa - laopiniondemalaga.es
La Eurocámara da un nuevo tirón de orejas a la Comunitat Valenciana por los abusos urbanísticos
EUROPAPRESS* : El Parlamento Europeo elaborará un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en España, y especialmente en la Comunidad Valenciana, al considerar que no se han corregido los problemas denunciados por ciudadanos de varios Estados miembros ante la Eurocámara relacionados con el impacto medioambiental de los proyectos de urbanización y sus efectos sobre el derecho a la propiedad.
Los coordinadores de los grupos políticos de la comisión de Peticiones del Parlamento decidieron hoy que la ponente del nuevo informe será la eurodiputada verde danesa Margrete Auken.
Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo informe podría votarse en el pleno del Parlamento a principios del año que viene, según informaron fuentes parlamentarias. Será el tercer informe sobre el urbanismo valenciano y de otras regiones españolas que se vote en pleno.
En su última resolución, aprobada en junio de 2007, la Eurocámara ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".
La propuesta de elaborar un nuevo informe partió del vicepresidente de la comisión de Peticiones, el laborista británico Michael Cashman, después de un debate de dos horas celebrado en abril sobre alrededor 40 quejas contra el urbanismo valenciano en el que participaron muchos denunciantes. Entre los planes urbanísticos que se debatieron se encuentran los de Catral, Parcent, Rojales, o Monòver en Alicante, el de Porxinos en Riba-roja donde se situará la nueva ciudad deportiva del Valencia, o los que afectan a Alzira y al parque natural de la Albufera.
Los eurodiputados todavía no han decidido si antes de elaborar el informe envían una nueva misión a la Comunidad Valenciana, que sería la cuarta. Las fuentes consultadas consideraron no obstante que los parlamentarios ya han escuchado a mucha gente y tienen información suficiente sobre los problemas.
La comisión de Peticiones todavía debe recibir el visto bueno formal de la conferencia de presidentes de comisiones parlamentarias y de la conferencia de presidentes de grupos políticos para seguir adelante con su proyecto de informe sobre el urbanismo en España. Las fuentes consultadas explicaron que "normalmente" estos órganos respaldan las propuestas de informes que les llegan de las comisiones parlamentarias, y que es poco probable que rechacen la propuesta de la comisión de Peticiones.
* Información - Europa Press - 27 de mayo de 2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
Barberá aprueba la recalificación para el hotel junto al estadio
ELPAÍS/Valencia* : La trágica muerte de cuatro trabajadores en las obras del nuevo estadio del Valencia coincidió ayer con la aprobación de la segunda recalificación de la parcela en la que se construye el campo. El PP aprobó con sus votos en la comisión de Urbanismo una modificación que permite a la entidad construir junto al estadio un hotel, un uso que el plan general urbano descarta expresamente en un sistema general de servicios públicos deportivos, como es el caso.
El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, defendió ayer que "no existe diferencia" entre un hotel o un edificio de oficinas y los usos recreativos que tenía autorizados el club. Para Bellver, no tiene sentido que se prohíba el uso hotelero, por lo que esta situación "se corregirá" en el nuevo plan urbanístico.
El Valencia CF consigue así la bendición a una petición que redondea la primera recalificación de la parcela, en la que el suelo pasó de un uso deportivo público a privado. El Ayuntamiento recibió a cambio varias parcelas en una permuta que han denunciado los socialistas porque, en su opinión, beneficia a la entidad futbolística. El equipo de gobierno alega que la tasación la realizaron tres empresas.
"Fraude de ley"
El concejal Vicente González Móstoles incidió en su denuncia de que el cambio de uso del terreno "generará una plusvalía de 100 millones de euros para el club". El Grupo Socialista recordó que el Ayuntamiento valoró el suelo cedido para el estadio en 45,4 millones de euros. Según sus cálculos, con la modificación para construir un hotel, la parcela alcanza un valor de 143,7 millones de euros por el precio de mercado del suelo. "Es un fraude urbanístico y de ley", aseguró González Móstoles, quien descartó, no obstante, llevar el asunto a los tribunales porque ya han anunciado un recurso asociaciones vecinales. El edil acusó al PP de actuar "como un trilero" por incluir en el expediente otras modificaciones que ahorran edificabilidad en el futuro estadio y permiten emplearla en el hotel.
"Que me expliquen dónde están esas plusvalías tan bárbaras", le replicó Jorge Bellver. El concejal insistió en que esta segunda recalificación no implica "ni un centímetro cuadrado más de edificabilidad", y aseguró que los precios de suelo destinado a oficinas y a hotel "están equiparados". El responsable de Urbanismo retó a los socialistas a acudir a los juzgados si consideran la operación ilegal, y subrayó que al cambio de uso que permite el hotel se han presentado 38 alegaciones, ninguna del PSPV.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 27/05/2008
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
Aviso a corruptos
SEBASTIÀ VERD* : El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, uno como inductor de un delito de prevaricación y otros tres como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio. Y el ex director general de Ordenación del Territorio y asesor urbanístico de Andratx, Jaume Massot, a tres por prevaricar y ser cooperador necesario en el delito urbanístico que se ha juzgado.
La primera sentencia del caso Andratx -a la espera están otros sesenta y siete juicios- ha sido todo lo ejemplarizante que se esperaba y constituye un claro aviso a navegantes, a los corruptos se entiende, para que no haya lugar a dudas: los abusos de poder y los delitos urbanísticos ya no quedan impunes. Ha tenido que pasar mucho tiempo para afirmar eso, porque casi siempre este tipo de delitos acababa prescribiendo o se consideraba que sólo eran faltas administrativas. ¿Cuántas casas ilegales con orden de demolición siguen en pie? ¿Cuántos abusos de poder e ilegalidades han quedado impunes en Mallorca? La sentencia además de mostrar el camino a la cárcel a los imputados condena a Hidalgo a demoler la casa. ¿Vamos a verlo?
La sentencia declara hechos probados que Hidalgo adquirió una parcela en una zona rural protegida para construirse una casa, sabiendo que no podía hacerlo. Pero se sirvió de su cargo y de la complicidad de Massot y de Gibert -el celador a quien se ha rebajado la pena por colaborar con la Justicia- para ejecutar sus planes. Era el modo de operar de una banda, a la que la Fiscalía atribuye muchos otros atropellos contra la legalidad urbanística que, presuntamente, van a ir sumando años de cárcel a medida que se celebren los juicios. El próximo: la construcción de un restaurante en un terreno también protegido, propiedad de Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde. Un juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los dos hermanos y, de nuevo, a Massot. Y que, una vez más, hará que nos acordemos de los prolegómenos del caso, cuando el alcalde corrupto departía a diario con el secretario general del PP balear, José María Rodríguez, y se veía en secreto con el presidente Matas.
En estos días en que, por el caso Plan Territorial, se está investigando la connivencia entre políticos y promotores urbanísticos, la primera sentencia de Andratx resulta especialmente modélica y clara, aunque el abogado del ex alcalde alegue que los hechos por los que se condena a su defendido "no se ajustan a la realidad", por lo que va a recurrir ante el Tribunal Supremo. No es fácil ver perder un caso a Rafael Perera, quien no sólo es el defensor de Hidalgo sino que lo ha sido de la casi totalidad de casos de corrupción o presunta corrupción en los que se han visto implicados políticos del PP. Desde el túnel de Sóller hasta el día de hoy, aunque quien fuera el portavoz del PP en las negociaciones sobre el Plan Territorial, Jaume Font, se haya buscado otro letrado. Todo parece indicar, a medida que se avanza en las investigaciones, que estamos ante un importante giro judicial sin precedentes en nuestra historia reciente,
La pena es que, por mucho que se derriben construcciones ilegales -nunca podrá hacerse con todas- ya no será posible retroceder en el tiempo y evitar el bombardeo urbanístico al que ha estado, y sigue estando sometida, gran parte de Mallorca. Pero el aviso ya está dado. La Fiscalía ha abierto con éxito la veda contra los corruptos para, entre otras cosas, garantizar la tan llevada y traída seguridad jurídica que los urbanizadores han venido reclamando. Ahora, tras esta sentencia, queda muy claro que la inseguridad jurídica no se ha debido nunca a las leyes proteccionistas sino a quienes no tienen escrúpulos en buscar artimañas legales, o simplemente saltarse la ley, para llevar a cabo sus planes delictivos.
* Diario de Mallorca - OPinión - 27 de mayo de 2008
V de Vivienda denuncia las cesiones de las administraciones ante las presiones de los especuladores
Esta mañana un grupo de activistas de V de Vivienda* ha llevado a cabo una acción de protesta con un fuerte tono satírico cuyo objetivo real era denunciar las cesiones de todas las administraciones públicas ante las presiones de los señores del ladrillo. La asamblea que lucha por el derecho a la vivienda digna ha escenificado su conversión en una promotora después de 2 años de lucha y tras entender que las administraciones hacen más caso a los promotores y constructores que a los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda.
El primer proyecto de esta nueva y constructiva etapa, las Torres V, ha sido presentado por los dos falsos promotores, Florentino Taguas y Armando Casas, a las 3 administraciones necesarias para llevarlo a cabo (Ministerio de la Vivienda, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid). Las Torres V simbolizan el urbanismo desenfrenado que hace uso de la vivienda protegida no para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, que es la verdadera función de esta herramienta pública, sino para sostener al sector privado de la construcción en tiempos de crisis.
Por otro lado, las peticiones realizadas por Taguas y Casas son exactamente las mismas de los verdaderos señores del ladrillo. Lo trágico es que estas exigencias han sido escuchadas con beneplácito por los poderes públicos, que ya están destinando miles de millones de euros procedentes del erario público para salvar a sus amigos. También han puesto a disposición de los constructores el suelo de los ayuntamientos, ese suelo que también pertenece a los ciudadanos y que tanta falta haría para paliar el enorme déficit de infraestructuras sociales públicas que padece este país. Esto no es desgraciadamente una broma; es la cruda realidad.
Taguas y Casas se han dirigido en primer lugar al Ministerio de la Vivienda por su carácter simbólico como coordinador de la política estatal. Nuestros promotores han pedido que se incluya dentro del Plan Nacional de Vivienda su nueva tipología de vivienda social, la Vivienda PUFO (Promoción Útil para Forrarse Oficialmente) que bien puede ser una parodia de la VIPP, figura público privada creada en Castilla la Mancha y apoyada con entusiasmo por la ministra Beatriz Corredor. La vivienda PUFO se financia a través del gasto público pero los beneficios se los llevan los promotores, “que somos los que sostenemos la economía y el empleo precario”, como han señalado los falsos empresarios. Además, Taguas y Casas han pedido a la titular del ramo que les apoye en su pretensión de que el Instituto de Crédito Oficial, entidad dependiente del Ministerio de Economía, abra una línea de avales para financiar la construcción de las Torres V. Esta entidad pública se ha convertido en el patrocinador de los señores del ladrillo. Según el propio ICO, el saldo agregado de VPO que han comunicado las entidades interesadas en este método de financiación supone el 84,5% del saldo total estimado de VPO en el sistema financiero español. Vivienda pagada con fondos públicos para salvar a los especuladores.
Posteriormente, Taguas (no confundir con otro Taguas) y Casas han visitado la sede de la Comunidad de Madrid. Su objetivo era pedir a la presidenta regional, doña Esperanza Aguirre, que suba los módulos de la vivienda protegida para hacer esta nueva vivienda PUFO más rentable. Esto ya ha sucedido en la realidad. Recientemente la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del precio de la vivienda protegida que oscila entre el 24% y el 31% dependiendo de la tipología. Además, nuestros 2 promotores estrella también han recalcado que la Vivienda PUFO será seguramente del agrado de Aguirre, no en vano lleva a la vivienda el modelo de concertación de lo público y de lo privado que ya está implantado en la sanidad y en la educación madrileñas.
La última escala de la presentación del proyecto Torres V nos ha llevado al Ayuntamiento de Madrid. Y es que los consistorios son fundamentales en esta operación de salvamento de los señores del ladrillo a través de la recalificación del suelo en el que se acabarán construyendo las viviendas. Nuestros promotores han pedido al consistorio el derribo y la posterior recalificación de la Plaza de la Cibeles, futuro emplazamiento de las Torres V, para criticar realmente la campaña de derribos de viviendas en la Cañada Real Galiana emprendida por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y apoyada por su homónimo en Rivas, José Masa. Recordamos que la Plaza de la Cibeles también es una vía pecuaria (al igual que la Gran Vía y que el Paseo de la Castellana); pero allí no habrá derribos porque esa cañada sí es rentable para el poder.
Al mismo tiempo, Con esta visita al consistorio se ha querido reseñar la entrega del suelo público de los ayuntamientos a los señores del ladrillo. Recientemente, la Federación Estatal de Municipios y Provincias alcanzó un acuerdo con el G 14, el gran lobby ladrillista, para facilitar suelo público destinado a la construcción de 200.000 nuevas viviendas protegidas. Esto a pesar de que el problema de la vivienda no es un problema de falta de viviendas, sino de falta de derechos y de exceso de especulación. España es el país de la UE con más viviendas vacías (más de 3 millones según el último censo de 2001; ahora el número podría rondar los 5 millones) y con uno de los ratios de viviendas por habitantes también más elevados, con 513 viviendas por cada 1.000 habitantes.
En esta nueva etapa de crisis inmobiliaria y financiera, la víctima no es el sector de la construcción, sino nuestros derechos sociales, que van a ser sacrificados para salvar a los señores del ladrillo. Y esto sí que no tiene ninguna gracia.
* V de Vivienda Madrid - 26 de mayo de 2008
Foto: V de Vivienda
