EUROPA PRESS* : "La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acordó hoy la paralización cautelar de las obras de construcción en el sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco, en Piélagos, para evitar que se produzca un mayor deterioro ambiental en tanto se resuelve el recurso del Gobierno de Cantabria contra dicho planeamiento, anulado ya por sentencia de esta misma sala a raíz del recurso de la asociación ecologista ARCA. En un auto, dado hoy a conocer, la sala advierte de que la continuación de las obras podría "agravar el deterioro" ambiental "ya producido" y llegar a convertirlo en "irreversible" si siguen adelante mientras se falla sobre el recurso.
Además, considera que la suspensión del plan parcial es también la mejor opción para los compradores de las viviendas que se construyen en la zona, porque la continuación de los trabajos mantendría "en el tiempo la inseguridad jurídica" y permitiría concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición, que aún no es firme.
La decisión del TSJC se produce en respuesta a una petición del Gobierno de Cantabria que solicitó, como medida cautelar dentro del recurso contencioso que ha presentado contra el plan parcial, la suspensión del mismo y consecuente paralización de las obras.
El Gobierno también había pedido la suspensión de licencias y paralización de obras ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, dentro del proceso judicial iniciado a iniciativa de la asociación ecologista ARCA, pero su petición fue rechazada porque en ese caso no era la parte recurrente.
También le fue rechaza la medida cautelar de paralización de las obras cuando lo pidió en febrero de 2005 en el marco del recurso interpuesto ante el TSJC por el propio Ejecutivo contra el Plan Parcial. Entonces el tribunal se amparó en que el Gobierno no se había ajustado al trámite procedimental previsto.
Ahora el Ejecutivo ha logrado que se escuche su petición de paralización de las obras. Lo que ha hecho cambiar al TSJC su decisión inicial es la sentencia, de la propia sala de lo Contencioso, que anuló el plan parcial del Cuco tras ser recurrido por ARCA. Fue precisamente después de conocerse esa sentencia cuando el Gobierno volvió a solicitar, el pasado 3 de abril, la paralización cautelar de las obras, que finalmente ha sido atendida.
CONSUMACION DE EFECTOS IRREVERSIBLES
Según explica la sala de lo Contencioso en este nuevo auto, fechado el pasado lunes, 14 de mayo, si no se adoptara la medida cautelar de suspensión del plan parcial "supondría la consumación definitiva y previsible agotamiento de los efectos irreversibles del deterioro medioambiental derivados de la ejecución" del plan.
La pretensión del Gobierno de Cantabria es proteger el medio ambiente, "seriamente afectado" por este planeamiento y "la continuación de las obras no haría sino agravar el deterioro ya producido, que puede incluso devenir en irreversible si se siguen ejecutando durante la tramitación del presente proceso (el recurso del Ejecutivo), cuya dilación en el tiempo es más que probable", añade el auto.
Además, considera que la situación de los compradores "sería mucho más gravosa" si se permitiera continuar con las obras, ya que con ello se prolongaría en el tiempo "la inseguridad jurídica en torno a la legalidad o ilegalidad" de las viviendas y se permitiría "concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición", aún no firme.
Junto a ello, el TSJC cree que también se benefician de la paralización de las obras "futuros compradores" a los que se evitarán así "perjuicios" ante la "situación de indefinición jurídica en que, por el momento, se encuentran las viviendas en construcción".
*El Diario Montañés - 16 de mayo de 2007
Foto: Alto del Cuco (Piélagos) /eldiariomontanes.es
El TSJ de Cantabria ordena paralizar las obras del Alto del Cuco
Roca utilizó a Muñoz para ganar 10 millones de euros con dos 'pelotazos' urbanísticos
CANO/BARBOTTA.- Sur* : "Juan Antonio Roca ganó en 2002 más de 10 millones de euros en dos 'pelotazos' urbanísticos conseguidos gracias a resoluciones dictadas por el entonces alcalde en funciones, Julián Muñoz. Así se desprende de un informe policial incluido en el sumario del 'caso Malaya' que concluye que el entonces mandatario municipal cobró por esos servicios, contrarios a los intereses municipales y que ayudaron a engrosar la fortuna del presunto cerebro de la trama, 162.000 euros de la caja 'B' de Roca. Las resoluciones favorables a los intereses de Roca se adoptaron en las comisiones gobierno celebradas el 9 de octubre y el 6 de noviembre de 2002, en las que se aprobaron sendas operaciones de permuta de terrenos privados por aprovechamientos en las que empresas de Roca resultaron favorecidas en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento.
En la primera, según el informe policial, se aprobó «por razones de urgencia» la permuta de unos aprovechamientos urbanísticos valorados en 1.899.460 euros por un terreno perteneciente a la sociedad CCF 21 que había sido escriturado en 30.350 euros. La citada sociedad -perteneciente al empresario Carlos Sánchez, supuesto socio Roca- se los había comprado a una supuesta empresa tapadera de Roca. Posteriormente, en julio de 2003, estos aprovechamientos fueron transferidos a otra sociedad de Roca, la compañía inmobiliaria Masdevallia por 2.923.000 euros, que seis días más tarde los vendió a otra empresa tapadera, Yeregui Desarrollo SL.
La urgencia de la permuta se justificó en ese momento por la necesidad de instalar un vertedero de escombros. A cambio del solar rústico para la escombrera, el Ayuntamiento entregó los aprovechamientos de 10.535 metros cuadrados de techo, parte de los cuales se situaban en la Milla de Oro, junto a Puente Romano.
De esta forma, según el informe policial, «lo que era de Roca, es decir una parcela rústica por un valor de 21.035 euros en el año 1996, mediante un acto administrativo de permuta vuelva al patrimonio de éste a través de la sociedad Masdevallia covertida en una hermosa parcela edificable valorada en 2.923.000 euros». La policía considera que Roca habría conseguido a través de la operación «una gran ganancia patrimonial a través de su entramado societario».
La segunda operación, también aprobada por una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz, se inicia con la permuta de unos aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento por otros de la empresa Cortijo La Ventilla.
Los que cede el patrimonio municipal se encuentran junto a Puente Romano. Los de la empresa se situaban en una zona interior de Marbella y tenían menor índice de edificabilidad. Además, ya habían sido cedidos por el Ayuntamiento por una deuda que mantenía con otra empresa, que a su vez la transmitió a la sociedad Cortijo La Ventilla, controlada por Roca. A partir de ese momento, según la policía, se inicia un proceso de compraventas a sociedades controladas por el cerebro de la red «a fin de situar los inmuebles bajo su velo societario».
Paralelismo
La policía establece un paralelismo entre ambas operaciones, y concluye, en relación con la segunda que tras el acuerdo de permuta aprobado por la comisión de gobierno en la que se valoraban los excesos de aprovechamiento en 375.024 euros, una de las mercantiles integradas en la organización de Roca transmitió los inmuebles en 7.873.000 euros. «Todo ello posibilitado por acuerdo de la comisión de gobierno en la que actuaba como alcalde Julián Muñoz». En los días posteriores a la aprobación de estas resoluciones, concluye el informe, aparecen en los cuadernos de Roca pagos a 'JM' por 162.000 euros.
Otro informe policial señala que Roca se valió de información privilegiada para dar otro 'pelotazo' urbanístico con unos terrenos en el paraje denominado Cortijo de San Cristóbal adquiridos en marzo de 1998 por una de las empresas de su entramado, la inmobiliaria Ahuaca, por 130 millones de pesetas de la época. En junio de 1999, el solar fue expropiado por el Ministerio de Fomento para la construcción de la autopista de peaje, por un precio de 241 millones de pesetas. Había ganado en un año más de 111 millones.
*Diario Sur - 16 de mayo de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba
Detenido el jefe de Ordenación Territorial de Telde
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A.GONZÁLEZ. Las Palmas/CanariasAhora* : "José Luis Mena Santana, jefe de los Servicios de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde detenido este miércoles dentro de la Operación Faycan, cobró una comisión ilegal de 30.000 euros en 2005 para liberar dos licencias de obra, aprobadas semanas antes por la Junta de Gobierno local de PP y AFV-Ciuca, para la construcción de dos promociones de viviendas protegidas en El Goro por parte de Grupo Europa.
El pago del presunto cohecho se produjo la tarde del 23 de diciembre de 2005, ordenado desde Madrid por el administrador único de la mercantil contratada por Urvitel, José Manuel Antón Marín, también detenido este miércoles en la capital de España, junto a la responsable de la administración de la sociedad en Gran Canaria, Daniela Yasmina Hernández Falcón, la empresaria de La Aldea de San Nicolás María Luisa Talavera Encinas, propietaria de una empresa de informática denominada Marisa Informática SL, y el empresario teldense Gilberto Ramírez Mireles, ligado a la concejalía de Urbanismo de Guillermo Reyes.
Fueron empleados de Grupo Europa en Las Palmas de Gran Canaria, tras mantener el empresario madrileño una conversación telefónica con la consejera delegada de Urvitel y concejal de Vías y Obras teldense, María Antonia Torres, quienes efectuaron el pago de los 30.000 euros destinados a José Luis Mena, sobre las 18:00 horas de la víspera de Nochebuena de 2005, en el propio zaguán de la sede de la filial Grupo de Cooperativas Europa, SAU, en el número 24 de la calle Ferreras.
El bloqueo del suelo para VPO desde Urbanismo
En marzo pasado, CANARIAS AHORA reveló en parte los motivos que llevaron a Antón Marín a cometer este presunto cohecho por el cual ha sido imputado por el juez Javier García García-Sotoca. La filial Grupo de Cooperativas Europa, SAU, había firmado en septiembre de 2004 un contrato de asistencia técnica con la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde, Urvitel, a través de su consejera delegada y concejal del PP, María Antonia Torres, la principal imputada en el caso Faycan.
Durante más de catorce meses, el proyecto ideado para construir "una vivienda al dia" en Telde, 365 viviendas al año, en palabras de Toñi Torres, no pudo ejecutarse por el bloqueo en la entrega de suelo municipal por parte del área de Urbanismo y Patrimonio que dirige Guillermo Reyes, y fue en octubre de 2005 cuando Antón Marín advirtió a Toñi Torres de llevar a los tribunales el incumplimiento del contrato suscrito el 30 de septiembre de 2004 con Urvitel.
Semanas después, la Junta de Gobierno local aprobaba el 12 de diciembre de 2005 las licencias de obra para Grupo Europa en El Goro, donde debía construir dos promociones de 24 y 47 viviendas cada una. Sin embargo, las licencias no fueron liberadas hasta el 2 de enero de 2006 de manera formal, y para desbloquear su retención, Toñi Torres indicó a Antón Marín que debía tocar al máximo responsable técnico del área de Guillermo Reyes: José Luis Mena Santana.
El pago de los 30.000 euros se produjo aquella tarde del 23 de diciembre de 2005, después de que empleados de Grupo Europa en Gran Canaria acudieran, por órdenes de Antón Marín, a la sucursal que Caja Madrid tiene en la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria, donde se produjo la retirada del dinero, según figura en la documentación comprobada por CANARIAS AHORA durante los últimos tres meses de investigación.
Las licencias de obra fueron concedidas por Urbanismo sobre un suelo no urbano, que impide la construcción en el mismo excepto si se cumplen una serie de requisitos no contemplados en este caso, motivo que llevó en septiembre de 2006 al alcalde Francisco Valido (PP) y al jefe de Urbanismo, José Luis Mena, a suspender la eficacia de la licencia, un mes después de que en agosto se paralizaran las obras por falta de pago de Grupo Europa a la constructora.
Noticias relacionadas y publicadas entre el 14 y el 20 de marzo de 2007:
Telde concedió licencias de obra en suelo no urbano a Grupo Europa
Guillermo Reyes cedió suelo inservible para las viviendas protegidas de Telde
Grupo Europa infló las facturas a Urvitel en al menos dos millones de euros
Telde reconoció una deuda de cuatro millones de euros a Grupo Europa
Casualidades de Faycan y el ''vacío de poder'' en Telde
*Canarias Ahora - 16/05/2007
Foto: promociones VPO de El Goro, paralizadas en 2006 (QUIQUE CURBELO)/Canarias Ahora
Territorio ha aprobado 197 actuaciones urbanísticas en un mes, según la CHJ
S.V.- El País/Valencia* : "La Consejería de Territorio y Vivienda ha convocado desde mediados de abril las comisiones de Urbanismo de las tres provincias y la de Valencia, en tres ocasiones. Y ha pisado el acelerador. En estas sesiones ha aprobado un total de 197 actuaciones urbanísticas, según desveló ayer la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que denunció de nuevo trabas a su obligación legal de emitir los informes sobre la disponibilidad hídrica de los futuros desarrollos urbanísticos. En la reunión de ayer, la consejería dio luz verde al nuevo Mestalla en la avenida de las Cortes Valencianas.
Tras el parón en la aprobación de nuevos planes mientras arreciaba la tormenta europea contra el urbanismo valenciano, la consejería se ha dado un atracón de aprobaciones y ha dado salida a 197 actuaciones en el último mes. La consejería que dirige Esteban González Pons ha dado el visto bueno a macroplanes como los de Nou Mil.leni de Catarroja, con 11.459 pisos, y Gran Manises, con 9.400 viviendas, y al doble pelotazo de Mestalla.
En todos estos casos, el informe sobre las reservas de agua de la CHJ ha sido negativo, por lo que es previsible que la Subdelegación del Gobierno los recurra. La CHJ emitió ayer un comunicado en el que dio cuenta de la convocatoria desde mediados de abril de las comisiones de Urbanismo en las tres provincias, y en tres ocasiones en Valencia, "en muchos casos" con una antelación de sólo 48 horas hábiles y "sin aportar ningún tipo de información previa". La CHJ denunció que ante la "avalancha de comisiones" ha sido imposible analizar los proyectos con tan escaso margen. El organismo ya ha criticado varias veces que la consejería torpedea su trabajo al no facilitar la documentación necesaria para que dictamine sobre la disponibilidad de agua.
Ese fue también ayer el caso del pelotazo de Mestalla, que la consejería ha rematado en medio de la campaña electoral. Territorio aprobó la segunda recalificación de la operación, que privatiza parte de una parcela municipal en la avenida de las Cortes Valencianas, donde se construirá el futuro campo del Valencia CF, y que está sujeto a una permuta de terrenos con el Ayuntamiento que no está cerrada. La CHJ recibió la documentación dos días antes, por lo que no pudo emitir su informe. De ahí que votara en contra "única y exclusivamente por una omisión del procedimiento administrativo por parte de la Generalitat", aseguró la CHJ en respuesta a las críticas de Territorio, que acusó al organismo de "oponerse al sentido común y las demandas de la sociedad valenciana". El mes pasado, la consejería ya autorizó el plan para derribar Mestalla y construir viviendas. El presidente de la entidad, Juan Soler, afirmó hace unos días que el suelo saldrá a subasta, lo que reportará al club ingresos millonarios. La consejería también aprobó ayer nuevos suelos industriales en Canals, Utiel y la Pobla del Duc.
*ELPAIS.com - Valencia - 16/05/2007
Foto: maqueta Catarroja /Las Provincias
¿Dónde está la demanda de vivienda?
MANUEL PÉREZ MONTIEL*.- Levante**: "Desde hace meses, quizás años, se viene hablando de la existencia de una burbuja inmobiliaria y, sobre todo, que dicha burbuja podría estallar provocando males sin cuento. Vaya por delante que éste es un término periodístico, útil para describir una situación es términos muy generales, pero cuya capacidad explicativa es muy baja. Parece que se quiere decir que el auge experimentado por la actividad de promoción y construcción de viviendas y su consiguiente venta, está llegando a su fin. Las consecuencias serían una reducción sensible de la construcción de viviendas, consecuencia de una reducción drástica de las ventas de estos bienes. Como el ruido mediático a propósito del estallido de la susodicha burbuja está creciendo, vale la pena hacer algún comentario sin otro ánimo que el de clarificar las cosas.
Según dicen las estadísticas, en los últimos años se han construido -y vendido- más de 500 ó 600.000 viviendas cada año. También dicen las estadísticas que los precios de las viviendas se han más que doblado desde el año 2000. Esto es una paradoja económica pues es extraño, al menos para los economistas, que al subir el precio de un producto, en este caso, las viviendas, se demande más cantidad. En términos numéricos, los precios y las unidades vendidas se han doblado en los últimos cinco o seis años. Un misterio para la economía convencional que suele explicar que si aumenta el precio de algo, la demanda se contrae y se compran menos unidades.
Aquí parece que ha tenido algo que ver el auge general de la economía española que ha hecho que las personas sean algo más ricas y que, además, crean que seguirán ganando cada vez más dinero. A esta razón para el optimismo se añaden unas bajadas de los tipos de interés hipotecario que nadie esperaba. Más renta y tipos de interés más bajos han alimentado el inesperado auge de la venta de viviendas. Finalmente, esos cinco o seis millones de viviendas vendidas en los últimos años fueron adquiridas porque los compradores tenían muchas ganas de comprar, es decir, había una demanda muy grande. Eso hasta hoy.
Todo indica que la situación de los años anteriores ha cambiado drásticamente en el último año: los tipos de interés hipotecarios y los precios de las viviendas se han doblado literalmente en los últimos tres o cuatro años al tiempo que la mayoría de las familias que aspiraban a adquirir una vivienda ya lo ha hecho. La situación actual tiene todos los elementos para que el mercado de la vivienda cambie y cambie mucho: 1.- hay pocos clientes potenciales; 2.- la capacidad económica de estos hipotéticos compradores potenciales es comparativamente menor de quienes ya compraron una vivienda en los años pasados; y 3.- los precios de las mismas y, lo que es más importante, el coste de la financiación se han doblado.
Esta conjunción de factores sugiere que el número de compraventas de viviendas se puede reducir de un modo importante. Las noticias dispersas sobre este mercado apuntan en esa dirección. Otra cuestión es el deseo de los oferentes de que se produzca un aterrizaje suave y la forma en que este deseo se expresa. Unos dicen que sobran 20.000 viviendas en el País Valenciano. Otros, que se está produciendo una ralentización del ritmo de ventas. Todo esto significa, hablando claro, que ya se están vendiendo menos viviendas que hace, por ejemplo, un año.
Nadie sabe cómo puede evolucionar un mercado. En economía, las predicciones sobre el futuro suelen ser fuentes de frustración para quienes las hacen. En el caso de la vivienda, estas predicciones son más inciertas que en otros mercados. Pero si lo que dicen los economistas sobre los ciclos tiene alguna verosimilitud, parece que estamos en un cambio de ciclo que, por otra parte, es bastante probable en un mercado como el de la vivienda.
Otra cosa es que alguien evalúe los daños colaterales que una hipotética recesión del mercado de la vivienda pueda provocar.
* Economista. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia
**Levante_EMV - 16 de mayo de 2007
