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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Telde para ejecute que la orden de suspensión de la urbanización, construcción y apertura del centro comercial de Las Terrazas, en terrenos del Parque Marítimo de Jinámar, según consta en una providencia dictada este miércoles.
En la providencia se insta también al "inmediato precinto" de todas las instalaciones del nuevo y moderno equipamiento comercial y se apercibe al alcalde y concejales responsables de "deducir testimonio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" si incurren en un "delito de obstrucción a la Justicia y desobediencia a la autoridad judicial".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante auto dictado el pasado 17 de abril, ordenó la paralización de las obras de urbanización y de ejecución de los edificios y la apertura del centro comercial del Parque Marítimo de Jinámar, el de Las Terrazas, unas obras que no sólo están terminadas, sino recepcionadas por el Ayuntamiento, con el recinto abierto y con licencia municipal de apertura desde hace meses.
La Concejalía de Urbanismo solicitó una aclaración sobre esta medida cautelar del TSJC para que se le explique el alcance de la resolución y cómo puede actuar para ejecutarla habida cuenta de que las obras que le pide que pare ya acabaron. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, en la providencia de este miércoles, no admite esta petición del Ayuntamiento de Telde por ser "extemporánea".
El auto de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, dictado el 17 de abril de 2009, estimó el recurso de apelación que presentaron los denunciantes contra un primer auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que les denegaba esa medida cautelar de freno de las obras.
Los demandantes son propietarios que alegan que sus terrenos están dentro del Plan Parcial que configuró el Parque Marítimo y que, por tanto, debió incluírseles en su desarrollo.
* La Provincia - ACN PRESS - 9.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria), Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
Telde: Ultimátum para precintar el centro comercial Las Terrazas
Desaparece una parte de la histórica Cañada Real Galiana
Después de 25 años de avisos continuados por parte de Ecologistas en Acción* y otros colectivos en defensa de las Vías Pecuarias, las Administraciones públicas se aprestan a destruir una de las Cañadas Reales más importantes de la Red Nacional de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, se aprestan a hacer desaparecer 14,2 km de la histórica Cañada Real Galiana.
Durante los últimos 25 años ninguna de las Administraciones aludidas ha movido un dedo por evitar la continuada ocupación ilegal de la Cañada Real Galiana. Al contrario, siempre han optado por volver la vista atrás y han ido dejando que fuese ocupada ilegalmente, permitiendo asentamientos de población con recursos económicos y población (la mayoría) carente de recursos para adquirir una vivienda, en una operación premeditada de concentrar a la población marginal (sobre todo inmigrante) en la Cañada para posteriormente justificar su desaparición.
Desde Ecologistas en Acción llevamos 25 años presionando a dichas Administraciones para solucionar el problema: mano dura contra los ladrones que han ido ocupando la Cañada sin necesitarlo (aplicación del Código Penal y la Ley de Vías Pecuarias); y actuación integral para el realojo de la población que ha ido ocupando la Cañada por falta de recursos económicos. Actuación integral que comporta el censo de ocupantes; la búsqueda de realojo en condiciones dignas de dicha población; y el acompañamiento social necesario para la integración de la población inmigrante (árabe, rumana,….) y autóctona, así como acompañamiento educativo y de apoyo a la inserción en el mercado laboral.
Ahora, de buenas a primeras se inventan una norma que desafecta (hace desaparecer) la Cañada Real y la convierte en suelo urbano, con un alto costo económico para dotarla de equipamientos e infraestructuras básicas del territorio (abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, recogida de basuras, etc.). ¿Quién va a pagar los equipamientos e infraestructuras a lo largo de 14,2 km, para integrar en suelo urbano a miles de viviendas ilegales? ¿El erario público?
Además, la legalización de las edificaciones, por su estructura y grado de precariedad, implicará la existencia de ciudadanos de primera, los que viven en viviendas dignas de los municipios del entorno, y ciudadanos de segunda, los que viven en la Cañada, con viviendas más precarias. Continúa la política de la Administración de segregación y separación por causas económicas y sociales de la población.
La Cañada Real Galiana constituye una de las 9 vías pecuarias más importantes de España, y discurre paralela al Parque Regional del Sureste, conformando una franja colchón de amortiguamiento de impactos de dicho Parque. Además, la Cañada, debidamente tratada configura un espacio para la mejora ambiental (reforestación) y el desarrollo de actividades de ocio y recreo para la población metropolitana: senderismo, cicloturismo, cabalgada, paseos por la naturaleza), en un ámbito necesitado de este tipo de espacios públicos.
De golpe y porrazo, y ante la falta de voluntad política por solucionar de forma eficaz y eficiente la problemática de la ocupación de la Cañada (más de 40.000 personas), todas las Administraciones al unísono tratan de quitarse el muerto de encima convirtiendo en urbano un suelo no urbanizable protegido de gran valor histórico, cultural, ambiental y social, la Cañada Real Galiana.
Atrás quedan las promesas del actual Alcalde de Madrid, en la que aseguró que iba a solucionar este problema en la presentación de la Candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2012. Como siempre promesas incumplidas, mentiras continuadas, y lanzamiento de cortinas de humo.
La desafectación de la Cañada Real Galiana en el tramo de los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, sienta un peligroso precedente, ya que los profesionales de la ocupación ilegal del dominio público se sentirán respaldados por dichas administraciones en la ocupación de nuevas vías pecuarias y otros espacios de dominio público (recordemos que de los 125.000 km de vías pecuarias que hemos llegado a tener en España, hoy día sólo nos quedan 80.000, por procesos similares a los desarrollados en la Cañada Real Galiana).
Desde Ecologistas en Acción se insta a dichas Administraciones a que reconsideren la insensata postura adoptada, y procedan a poner en marcha un auténtico “Programa de Actuación Integral” que posibilite recuperar la Cañada; sancionar a los ocupantes ilegales que poseen recursos económicos y que han robado parte de la Cañada; y proceder al realojo y ayudas sociales, económicas y laborales para la población carentes de recursos económicos, que por necesidad han ocupado dicha vía pecuaria.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 8.07.09
Foto: La Cañada Real Galiana. - Antonio Heredia, elmundo.es
Orihuela: Más de mil casas están sin servicios en la costa y sus dueños urgen soluciones
INFORMACIÖN/Alicante* : El periodo de bonanza de la construcción dejó en Orihuela numerosas urbanizaciones y viviendas cuyos propietarios tienen ahora serios problemas al no poder conseguir la licencia de primera ocupación (antigua cédula de habitabilidad), que tiene que concederles el Ayuntamiento para regularizar su casa.
Son, según las estimaciones del grupo municipal de Los Verdes (LV), hasta 20.000 viviendas y a saber cuántos habitantes que siguen viviendo con luz y agua de obra, que no reciben su correo "porque su domicilio se considera como "diseminado", sin calle ni número", que "tienen que hacer trampas para escolarizar a sus niños", o incluso -y según el portavoz de LV, Monserrate Guillén-, que "no pueden tener una urgencia médica porque nadie les encontraría".
Tampoco pueden votar, asegura LV, ya que no figuran en el censo, aunque "se da la paradoja de que muchos de estos propietarios no han tenido ningún inconveniente para ser incluidos en el padrón municipal y pagar religiosamente sus recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y otros".
Inventario
LV ha lanzado estos días una campaña de recogida de denuncias de las personas afectadas para reunir una especie de inventario y tratar de "buscar una salida que posibilite la regularización de la situación de sus viviendas", y evitar que se vean privados "de sus derechos fundamentales". La iniciativa ya la se llevó a cabo en el año 2003 y dio como resultado varias preguntas en los plenos municipales y denuncias públicas en la legislatura pasada, según recordó el portavoz del grupo municipal.
Los Verdes se pone así a disposición de los vecinos para vehicular sus quejas. En los últimos cuatro días los miembros del partido han detectado en Orihuela Costa, según afirman, "unas mil viviendas sin cédula de habitabilidad en diversas urbanizaciones, lo que elevaría sus previsiones para el total del municipio hasta un número de 20.000".
En Orihuela Costa vive el 32% de los empadronados del término municipal, según los datos del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Orihuela. Se trata de una de las zonas más afectada por la falta de licencias, en urbanizaciones y residenciales de nueva construcción.
"Incompetencia"
Ante esta situación, el grupo de la oposición responsabiliza a "la incompetencia de nuestro gobierno municipal (PP)" por "consentir a los promotores "amigos" lo que a éstos les interesa". En otras palabras, explica Guillén que se ha permitido "que no se ejecutaran los avales depositados por el promotor para garantizar la ejecución de estos servicios, avales mínimos en bastantes casos". Por ello los vecinos afectados se sienten "doblemente estafados por la falta de implicación del Ayuntamiento en defensa de sus derechos como consumidores", asegura LV.
* Información - ELISA G. BROTONS - 9.07.09
Foto: Una imagen de Orihuela Costa, con decenas de buzones abiertos y sin servicio porque no llega el correo - LOINO, diarioinformacion.com
La costa asolada
PÚBLICO* : El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar "chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico", levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que "ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años".
Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están "acosadas" por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado "una corrupción urbanística generalizada", con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "no tener ningún interés en frenar esta situación" y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora "abandonada en un cajón" por Elena Espinosa.
La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. "Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?", se preguntó López de Uralde.
Ladrillo en La Albufera
Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.
El icono del urbanismo atroz
El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.
Adiós a la huerta murciana
Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.
El edén submarino de Ibiza
Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.
Un puerto polémico en Euskadi
Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.
Golf sobre dunas protegidas
La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.
Fuel sobre un cabo asturiano
Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.
El delta de los vertidos
En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.
Fábrica de pescado protegida
La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.
Miles de escándalos en Canarias
En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.
* Público - MANUEL ANSEDE - Madrid - 08/07/2009
Foto: El buque 'Don Pedro' se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel - publico.es
El «informe Auken» destaca la «falta de confianza» en el sistema judicial
LNE* : La resolución de febrero del Parlamento europeo sobre el urbanismo español se basa en un informe realizado por la eurodiputada danesa de Los Verdes / Alianza Libre Europea Margrete Auken, dado a conocer hace varios meses, en el que destaca, entre otros puntos, «que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente».
También se incluye en el «informe Auken» la «alarmante falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia». Asimismo, considera «necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible».
Considera igualmente «que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental».
El «informe Auken» carga, sobre todo, contra el desarrollo urbanístico en las costas de Andalucía y del Levante español, y en él su ponente asegura que independientemente de la crisis financiera, «ya antes de los acontecimientos del otoño de 2008, el sector (de la construcción) se encaminaba al desastre».
* La Nueva España - Gijón - J. M. C. - 8-07.09
