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INFORMACIÓN/Alicante* : La titular del juzgado de Instrucción nº3 de Torrevieja ha dictado un auto contra seis miembros de la anterior Corporación de San Miguel de Salinas, de los cuales cuatro (del PP) continúan en esta legislatura -entre ellos el alcalde- al considerar que hay indicios de un delito de prevaricación en la aprobación, el 26 de abril de 2007, de un convenio urbanístico con la mercantil Urbanizadora Villamartín pese a existir "informes en contra tanto de los técnicos municipales como de la secretaria interventora", recoge la resolución.
Según el auto, los técnicos y la fedataria municipal estaban en contra de esta aprobación, y así lo reflejaron en sus informes, porque el sector urbanístico, propiedad de la Urbanizadora Villamartín y que aparecía en el convenio -y conocido como SUS-16 "Entrenaranjos"- tenía que ser previamente desarrollado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que aún no estaba aprobado. Es decir, los técnicos consideraban que no se podía hacer un convenio si antes no se aprobaba el PGOU que lo permitía. Así, el auto judicial recoge que sin existir aún el Plan General "no hay garantía de que el PAI (Plan de Actuación Integral) se vaya a desarrollar en el futuro", pero además añade que "no ha mediado concurso público ni subasta en la compraventa directa del 10% de obligatoria cesión municipal".
Ilegalidad
El procedimiento se dirige contra el regidor, Ángel Sáez Huertas, y contra los entonces concejales Inmaculada Hernández Valero, Nuria del Rosario Colomina, Juan Román Patiño (los tres del PP y que siguen en esta legislatura), además de Andrés Joaquín Martínez, y Manuel Pérez (que eran independientes y ya no siguen en el Ayuntamiento). Todos ellos, según la magistrada, votaron a favor del citado convenio urbanístico, en su condición de ediles, pese a que "conocían expresamente la tacha de ilegalidad que la secretaria del Ayuntamiento había formulado".
La decisión adoptada por la magistrada Beatriz Escobar Bosch pone fin a la fase de diligencias previas y abre el procedimiento abreviado, algo que la legislación sólo ve preceptivo para el caso de que la instructora vea indicios de delito tras la práctica de la prueba (declaraciones, documentos,...).
La magistrada ha dado un plazo de diez días a las partes: las defensas, la Fiscalía y la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel que ejerce la acusación particular, para que soliciten la apertura de juicio oral contra los imputados o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. El delito conlleva penas de prisión de hasta 9 años por lo cual de llegar el procedimiento a juicio éste tendría que abrirse ante la Audiencia, en Elche.
Archivo previo
Se da la circunstancia de que este asunto se archivó durante sus inicios y fue reabierto por recursos. El sobreseimiento judicial se acordó con base a que dicho convenio no se había llegado a ejecutar, por lo cual se entendía que el delito como tal no se había perpetrado. La Fiscalía entendía que sí, concretamente el día que votaron en el pleno a favor del convenio a sabiendas de los informes técnicos negativos y que ésto es independiente de que se llegue a ejecutar el mismo.
El pacto que iba a llevar agua potable a 3.000 vecinos
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas justificó el polémico convenio con la promotora en que resolvería el grave problema de suministro de agua potable que arrastran más de 3.000 vecinos de la urbanización Blue Lagoon, que tienen prohibido desde hace cinco años el consumo del agua que reciben de pozos contaminada con nitratos. La mercantil adelantaba 3 millones de euros al Ayuntamiento para la ejecución de la tubería que iba a resolver el problema de Blue Lagoon a cuenta de la cesión municipal del 10% del plan urbanístico de la promotora que ni se contemplaba en el Plan General. El promotor aprovechaba esa tubería para dotar a las viviendas que iba a promover en un futuro y, con el adelanto económico, condicionaba a su favor el visto bueno municipal a la urbanización.
* Información - D.P. - 31.05.09
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
La juez ve indicios de prevaricación en el alcalde y cinco ediles de San Miguel
La Audiencia declara ilegales las casas de madera en suelo rústico
ELCORREODEANDALUCÍA/Sevilla* : La Audiencia Provincial lo advierte con una nueva sentencia contra las casas de madera en la sierra: esta fórmula barata para tener una segunda residencia en el campo puede salir muy cara porque se considera tan ilegal levantarlas en rústico como un chalé de cemento.
Así, un matrimonio ha sido condenado por delito urbanístico tras instalar una casita de madera en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. La sentencia considera que la cabaña se trata de una “edificación” con vocación de permanencia y que sirve para habitación humana.
La Audiencia anula una sentencia favorable a la pareja emitida por el Juzgado de lo Penal no11 de Sevilla, que los absolvió por la “pasividad” del Ayuntamiento ante esos comportamientos y las “costumbres relajadas” –en temas urbanísticos– que imperaban en la zona.
La Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado todos esos argumentos y establece que el concepto edificación incluye las casa prefabricadas y que, a efectos penales, se aplica la norma de planeamiento vigente en el momento del hecho, no la que en el futuro pueda llegar a aprobarse.
El matrimonio compró la parcela e instaló en ella una cabaña de madera, una caseta destinada a trastero y una piscina de poliéster. Tomaban la luz mediante un enganche con la parcela colindante y el agua de un pozo instalado en la caseta, explicaron a la agencia Efe fuentes judiciales.
La Audiencia determina que es irrelevante que el entorno de Las Minas o cualquier otro esté ya degradado, pues eso se agrava por la conducta de los acusados, y añade que es también irrelevante que previamente hubiera levantadas otras construcciones, porque no existe “derecho a la igualdad en la ilegalidad”.
No más manga ancha. En cuanto a la supuesta pasividad municipal, dicen los jueces que no justifica la actuación de los acusados y ni tampoco la creencia de que en el futuro todo puede ser legalizado. Por ello, la Audiencia ordena la demolición de la casa, la caseta y la piscina aunque exista un avance de PGOU en Castilblanco que las puede legalizar.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - 30.05.09
Foto: CAMPO. Las casas de madera proliferan en el ámbito natural. / SUR
Galicia: Los juicios por delitos urbanísticos y contra el territorio se duplicaron en 2008
FARODEVIGO* : La crisis económica e inmobiliaria no ha sido suficiente para atajar la escalada de delitos urbanísticos en la comunidad. Si en su memoria de 2007 la Fiscalía gallega alertaba del espectacular y preocupante aumento de las denuncias por actuaciones relacionadas con el urbanismo, el año pasado la tendencia se mantuvo generando prácticamente las mismas diligencias de investigación que el ejercicio anterior.
El dato más llamativo, con todo, es el notable incremento de los juicios por delitos urbanísticos y de ordenación del territorio, un capítulo que se duplicó respecto a 2007 al contabilizarse 123 procedimientos judiciales frente a los 58 celebrados un año antes.
La delincuencia urbanística, de hecho, ocupa el segundo lugar en importancia dentro de las actuaciones incoadas por la Fiscalía gallega especializada en Medio Ambiente y Urbanismo desde su creación, en el año 2005. Sólo los incendios forestales generan más trabajo en materia medioambiental que las actividades ilícitas relacionadas con la construcción, algo lógico en una comunidad que cada año concentra más de la mitad de los incendios de todo el país.
Y es que entre denuncias de particulares y actuaciones de oficio los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia abrieron el año pasado 129 diligencias de investigación. Es una cifra similar a la del último ejercicio (128) aunque lo más llamativo es que se mantiene la tendencia ascendente desde que se creó la fiscalía especializada ya que en 2006 sólo hubo 100 diligencias.
Este importante número de diligencias incoadas –la cuarta cifra más alta de España– guarda una relación directa con los cientos de infracciones contra el territorio que cada año se producen en la comunidad. A falta de que se cierren aún los datos del año pasado, durante 2007 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó 560 infracciones urbanísticas en Galicia, una actividad delictiva que sólo superaron Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha.
De hecho, el incremento de las diligencias abiertas por la Fiscalía ha sido sustancial en todo el país, hasta el punto de que 2008 se cerró con un 21% más de investigaciones sobre urbanismo.
No obstante, el dato en el que Galicia realmente sobresale por encima de la media nacional es en el número de juicios tramitados por delitos urbanísticos: 123 frente a los 58 del año anterior. El espectacular incremento de este tipo de procedimientos en la comunidad destaca incluso sobre el conjunto de España, donde los juicios iniciados para perseguir este tipo de infracciones aumentaron un 36,8%. Las dificultades para reunir pruebas contra los presuntos responsables de delitos urbanísticos, unida a la compleja y lenta tramitación de este tipo de procedimientos, que suelen tener múltiples implicaciones y partes personadas, ayudan a explicar por qué sólo se lograron 11 sentencias condenatorias en Galicia el año pasado.
Es una tónica común a toda España, donde únicamente se consiguieron 301 condenas por delitos urbanísticos, ocupando Galicia el tercer lugar del ranking nacional con más sentencias de este tipo. Sólo Andalucía, una comunidad en la que la corrupción urbanística ha alcanzado niveles escandalosos en los últimos años, y Murcia consiguen un número de condenas superior. De los 887 procedimientos judiciales que se tramitaron en toda España, 236 –el 26,6%– se saldaron con sentencia de culpabilidad en Andalucía.
Las penas que establece el Código Penal para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación de seis meses a tres años para los constructores, promotores o técnicos implicados. La ley también contempla la demolición de las obras construidas ilegalmente con el objetivo de restaurar la zona afectada, aunque esta decisión queda en todo caso a criterio del juez.
* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 31.05.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Valadolid: Derriban las dos fachadas del 37 y el 39 de Labradores pese a estar protegidas
NORTECASTILLA* : La llegada de la maquinaria pesada al mediodía de ayer para proceder a la demolición de los ilustres edificios de los números 37 y 39 de la calle Labradores, declarados en ruina el pasado lunes, obligó a la Policía Municipal a cortar la calle, incluido el acceso al centro por el túnel desde Delicias, con los consiguientes atascos de circulación por los cuatro puntos cardinales en torno al subterráneo.
Los operarios de la empresa palentina de demoliciones Sierra montaron en cuatro horas un gigantesco brazo mecánico de 27 metros terminado en una pinza con el que a las 16.00 horas, en punto, comenzaron a demoler las casas. Y lo hicieron sin miramientos y haciendo caso omiso al decreto municipal que obligaba a conservar las dos fachadas de centenario ladrillo caravista -los edificios fueron construidos en el siglo XIX-. De ambas sólo quedaba el recuerdo en apenas dos horas.
¿Quién dijo miedo?, debieron pensar los operarios y el director facultativo de la demolición a la hora de afrontar unos trabajos que comenzaron con la enorme pinza articulada propinando un primer empujón a la vetusta fachada catalogada del número 37, que la hizo desaparecer en apenas segundos en medio de una gran polvareda.
«Sin demoler las fachadas es imposible proceder a la demolición interior de los edificios con unas mínimas garantías de seguridad para los trabajadores», justificaba a pie de obra el director facultativo, un arquitecto contratado por la promotora Euro Cosmos 21, propietaria de sendos inmuebles.
El mismo responsable ahondó en que esa misma mañana comunicaron a Urbanismo las condiciones en las que se iba a proceder a la demolición y, siempre según su versión, «ellos mismos reconocen en su declaración de ruina que no se puede hacer desde el interior con garantías de seguridad dado el estado que presenta por dentro».
Hasta 300.000 euros
Tan claro no lo debían tener los técnicos municipales habida cuenta de que la propia concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, mostró su sorpresa a media tarde por la demolición, para entonces inevitable, de las fachadas. «A nosotros no nos han comunicado nada, al menos hasta las tres menos cuarto, y ahora mismo voy a enviar a un técnico para valorar la situación dado que la declaración de ruina recogía expresamente la obligación de proteger las fachadas y de proceder a la demolición del interior», anticipó a las 18.30.
Del informe que emita el arquitecto municipal dependerá la apertura o no de un expediente administrativo, con la correspondiente sanción, por incumplimiento del artículo 122 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece la obligación de los dueños de conservar las fachadas catalogadas con un grado P4 de protección ambiental, como era el caso. La multa por una infracción, en principio grave, oscilaría entre los 10.000 y los 300.000 euros, según contempla la Ley de Urbanismo.
Pero eso es historia y la política de hechos consumados llevada a cabo ayer sobre el terreno por los obreros impedirá la conservación de un solo ladrillo. El derribo comenzó sin que los operarios hicieran siquiera ademán de asegurar las fachadas -no trajeron material para ello- y con la actuación de la citada máquina arremetiendo sin piedad, con una precisión quirúrgica, eso sí, contra los inmuebles para evitar derrumbes en las medianerías de los edificios contiguos. El del número 41, en la esquina con la calle Niña Guapa, y el del lado de Nicolás Salmerón.
Los trabajos continuarán a lo largo del fin de semana con la intención de reabrir hoy al tráfico, al menos, un carril en cada sentido cuando finalicen las labores del brazo mecánico. Después comenzará la demolición de los restos de las edificaciones, con maquinaria más ligera, y las tareas de desescombro, en principio, este lunes.
El corte total de Labradores, entre Niña Guapa y Nicolás Salmerón, se produjo a las 12.00 horas y enseguida comenzaron a formarse los primeros atascos después de que los policías municipales cortaran el acceso desde Delicias y desviaran la circulación -incluidas seis líneas de Auvasa- por el paseo de San Vicente rumbo a San Isidro y la Circular. En estas tres vías, además de los ya de por sí saturados paseos de Farnesio y de Juan Carlos I por el corte del carril de entrada a la ciudad de la carretera de Madrid, se formaron los mayores atascos en hora punta.
Un lustro deshabitados
La declaración de ruina inminente de los edificios demolidos ayer se produjo el lunes, tres días después de que un primer derrumbe interior, al que siguió otro el domingo, obligará a intervenir a los Bomberos. Los técnicos municipales visitaron ese día los edificios y constataron su mal estado por culpa de dos boquetes en la cubierta que dejaron pasar la lluvia durante meses. El agua fue minando la estructura de madera hasta dejarla al límite del desplome.
Las deficiencias de sendos inmuebles comenzaron hace más de un lustro, cuando abandonaron las casas del número 37 los últimos inquilinos de renta antigua -sus vecinos del 39 hicieron lo propio cinco años antes-. Después, sólo los indigentes se cobijaron en el 37 hasta que el último derrumbe lo dejó inhabitable el viernes.
* El Norte de Castilla - J. SANZ - 30.05.09
Foto: Las fachadas de los números 37 y 39, a punto de ser demolidas./ R. G. , nortecastilla.es
