ELMUNDO* : Cuando en mayo de 2005 Alberto Ruiz Gallardón les hizo entrega de sus viviendas, los vecinos de la promoción Sanchinarro X -al noreste de Madrid- oyeron de los labios de su alcalde que "cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, éste tiene que ser articulado por las administraciones públicas, y muy especialmente de los ayuntamientos". Un lustro después, la misma institución pública, ese mismo alcalde, ha decidido vender al mejor postor esas viviendas dignas y las que albergan otros tres edificios municipales.Escribe el resto del post aqui
Los inquilinos creen que el futuro propietario lo primero que hará, entre otras cosas, será actualizar los alquileres a precios de mercado. "Si no conseguimos parar esto ahora, más adelante vendrán más subastas y habrá más afectados", estima Alejandro Muñoz, portavoz de las 630 familias afectadas.
No van desencaminados. La EMVS -la sociedad que desarrolla la política de Vivienda municipal- necesita fondos. De otra manera, jamás hubiera puesto a la venta cuatro promociones en los barrios de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones, todas entregadas entre 2003 y 2005, por los que espera obtener 64 millones de euros, a razón de 102.000 euros por vivienda.
De hecho, es la primera vez que el Ayuntamiento emprende una operación semejante, la cual materializará, con extrema rapidez, el próximo 13 de septiembre. "La EMVS pone en marcha medidas aprobadas por el gobierno Zapatero dentro de su Plan de Vivienda, que permite la enajenación de promociones completas destinadas a alquiler, no permitiendo la enajenación de las viviendas de manera individual mientras las viviendas estén sujetas al régimen de protección de alquiler", justifica Pablo Olangua, su director general de Gestión de la EMVS.
Por el mencionado edificio de Sanchinarro, de 300 viviendas, el ayuntamiento espera obtener 29 millones, cuando hace cinco años declaró que había invertido apenas quince.
Lo miren por donde lo miren, los vecinos se sienten engañados. Nadie les consultó y, más allá de una carta enviada el 2 de agosto, nadie se ha dirigido a ellos. Tampoco les ha sentado bien que la decisión se haya hecho pública en verano. Les ha costado reunirse y aclararse y planificar una estrategia en torno a una Plataforma de Afectados por la subasta municipal. Ahora lo tienen claro, hacerse oír hasta el final.
A mediados de agosto, durante un primer plante frente a las oficinas de la EMVS, "nos dijeron que la cosa no tenía marcha atrás", dice Muñoz. Los vecinos no pararán hasta que alguien les haga caso y mañana por la mañana se personarán por tercera vez ante la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera de Madrid. Después volverán a hacerlo el 27 de agosto y 1 el 3 de septiembre.
Saben que la Ley no permite que les vendan a ellos las casas individualmente, "por mucho que nos gustase", pero también estiman que "ninguna Ley obliga al Ayuntamiento a tomar esta decisión y podrían esperar hasta la finalización del contrato de arrendamiento y buscar otra opción que no fuese el vender el conjunto de viviendas a una empresa privada".
Además, están convencidos de que, de alguna manera, se les había dado a entender que al cabo de diez años, cuando terminase el contrato de arrendamiento, podrían optar a comprar las casas. Es decir, que se trataba -como reza la nota de prensa que el ayuntamiento envió a los medios de comunicación en su día- de un régimen en alquiler con opción a compra.
Sin embargo, el Ayuntamiento les invita a revisar los contratos que ellos mismos firmaron "Los contratos suscritos en todas estas promociones son de alquiler, conforme a la calificación que tienen las viviendas. En ningún caso puede hablarse de contratos de alquiler con opción a compra, ya que las viviendas no tienen esa calificación", afirma Olangua.
Sin políticos detrás
Los vecinos no quieren que se les vincule con ningún partido político, aunque por ellos se han interesado representantes de PSOE e IU. Se consideran la avanzadilla de un movimiento vecinal que, creen, aflorará a medida que más promociones se vean afectadas. "Las actuaciones futuras dependerán de la situación económica del sector inmobiliario y de las posibilidades que ofrezcan los planes de vivienda estatales", señala Olangua, que no se cierra puertas a futuras ventas.
A los inmuebles no les faltarán novias. El alquiler cautivo y de renta elevable a partir de 2015 y con fecha de caducidad, como es el caso, se ha convertido en uno de los segmentos de inversión refugio para fondos patrimoniales, gestoras inmobiliarias y grandes 'family offices'. Firmas como Lazora, especializadas en gestión de alquiler protegido, los fondos de Amancio Ortega, la familia Lara, Alicia Koplowitz o Manuel Jove podrían optar a la compra.
* El Mundo 23.08.10
Foto: Gallardón, rodeado de los inquilinos de la promoción Sanchinarro X, en Hortaleza, en el año 2005. | Elmundo.es
Madrid.- Donde dije alquiler social digo subasta
Los ecologistas achacan los daños en las playas a la mala planificación costera
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LNE/Avilés* : La comarca avilesina presenta un medio ambiente con muchos grises. Greenpeace acaba de publicar un informe -«Destrucción a toda costa»- que recoge las actuaciones que se han desarrollado en los últimos diez años en detrimento del litoral. Ecologistas en acción, por su parte, también acaba de editar un documento - «Caos en la costa»- en el que otorga una bandera negra a la comarca. Estos galardones son críticos con aquellas obras que afectan principalmente al litoral y cuyo impacto es irreversible o severo. Ambas agrupaciones critican sobre todo la «mala planificación costera». Un ejemplo, sentencian, es la playa de Salinas (Castrillón).
«Desde hace muchos años se repiten episodios de pérdida de arena, desperfectos en el muro que sustenta el paseo marítimo y una preocupación por la estabilidad de las viviendas», aseguran. Ecologistas en Acción precisa en su informe: «La mala planificación implica actuaciones de urgencia muy costosas que podrían haber sido evitadas fácilmente».
El colectivo ecologista lleva tiempo reclamando al Ministerio de Medio Ambiente que se dejen de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municipios en los que la construcción de infraestructuras como puertos, espigones o paseos marítimos estén impidiendo el aporte sedimentario a los arenales. La demarcación territorial de Costas en Asturias, pese a las propuestas de los ecologistas, tiene previsto realizar una aportación urgente de como mínimo 300.000 metros cúbicos de arena a la playa de Salinas con el doble objetivo de contrarrestar los efectos negativos que origina la pérdida de árido en la estabilidad del muro del paseo marítimo y mejorar las condiciones de uso lúdico del arenal.
Greenpeace también dedica unas líneas en su último informe al principal arenal castrillonense. «Debido a la especulación urbanística de los setenta y a la construcción de un paseo a diez metros de la línea de marea para la construcción de chalés y edificios de trece pisos, sumando a otras causas como los mencionados dragados, el aumento del nivel del mar, los cambios estacionales de los depósitos de arena y otros que no conozcamos o están por determinar, el arenal de Salinas se muere», sentencian. Otra bandera negra de Ecologistas en Acción se la ha ganado, también en Castrillón, el «recorte de protección» de la playa y las dunas del Espartal, catalogadas como Monumento Natural en el Porna (Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de Asturias).
Pero, ¿que actuaciones se han llevado a la práctica en la comarca en detrimento del litoral? Greenpeace ha hecho recuento de las mismas en la última década. Las resume en: crecimiento de la edificación, proyección de campos de golf, vertidos a la ría y la ampliación del puerto avilesino. De la construcción, manifiestan: «La indefensión del territorio asturiano se hace evidente a la luz de los datos de 2006 sobre el crecimiento de la edificación, que en ese año fue del 46 por ciento y se concentró en Villaviciosa, Avilés, Gijón, Castrillón y Llanes», recalcan.
Respecto a la construcción de «megaestructuras» portuarias, Asturias, a juicio de los responsables de Greenpeace, no ha parado de ampliar las existentes «en una carrera por convertir a Gijón y Avilés en grandes puertos del Atlántico a costa del medio natural y la calidad de vida de sus habitantes». «La ampliación del puerto de Avilés va a a acabar con los últimos vestigios naturales de la ría, las marismas de Recastrón. Un espacio único para fauna marina y aves que agoniza por la ampliación de los muelles del puerto, un grave ejemplo de lo poco verde que ha sido la política ambiental del Principado durante la última década», dicen.
De Gozón, los ecologistas ligados a Greenpeace hacen recuento de la modificación urbanística que se efectuó en 2006 «amparándose en el silencio administrativo». «Las normas subsidiarias fueron modificadas para construir en la parroquia de Verdicio un campo de golf de 27 hoyos y 500 viviendas en 167 hectáreas de terreno clasificadas como suelo no urbano y ocupando el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas y el Lugar de Interés Comunitario Cabo Busto-Luanco», explican, y advierten al respecto: «La Cuota denegó la aprobación de un cambio de las normas subsidiarias de Gozón, pero el Consistorio sigue empeñado en sacar adelante el plan y está pendiente de una nueva resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias».
El informe elaborado por Greenpeace también incluye como herencia de la contaminación que sufrió la región en la última década los vertidos que afectaron a la ría de Avilés. «Esta ría recoge vertidos de las principales plantas metalúrgicas asturianas. Aunque entre 2002 y 2006 se extrajeron de sus fondos 160.000 metros cúbicos de lodos muy contaminantes debido a los vertidos históricos de las diferentes fábricas, el problema no se ha solucionado ya que estos vertidos no se han detenido». Dicen también de la playa de San Juan: «En 2004, la dirección general de Costas detectó la presencia de metales pesados como cinc, mercurio, cadmio y plomo que contaminaban gravemente 24.000 metros cúbicos de arena donde los veraneantes extendían sus toallas. Se señaló a la empresa Asturiana de Zinc como el origen de la contaminación».
Ante estos datos, Greenpeace insta al Gobierno regional a «abandonar su servilismo con las empresas contaminantes e incidir en su responsabilidad de proteger la salud y el medio ambiente». «Debe desarrollar un control férreo sobre las irregularidades de la industria que provoca vertidos sistemáticos en las rías asturianas», concluyen los ecologistas en el informe «Destrucción a toda costa».
* La Nueva España - 23.08.10
Foto: Obras de ampliación del puerto de Avilés - lne.es
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Una obra en Xàbia amenaza su última zona agrícola
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ELPAÍS/Alicante* : Casi fue un milagro que durante los años dorados de la expansión urbanística la partida La Soberana de Xàbia, uno de los últimos pulmones medioambientales junto al casco urbano, mantuviera su tradicional fisonomía de paisajes agrícolas, viviendas rurales centenarias y muros de piedra. De hecho, a finales de los años noventa y bajo el gobierno del PP, el Ayuntamiento planificó un plan de reparcelación que hubiera acabado con este entorno de propiedades vinculadas a la tierra y heredadas desde décadas de padres a hijos. Aquel proyecto acabó frustrado después de una prolongada resistencia vecinal.
Sin embargo, ahora otro peligro se cierne sobre este enclave: el nuevo plan general que tramita el ejecutivo local (Bloc y PP) prevé ampliar un Plan de Reforma Integral para prolongar la circunvalación de la Ronda Norte de la ciudad que comportaría en la zona un número incalculable de viales e infraestructuras de cemento.
70 casas amenazadas
La ampliación del plan afectaría a 163.885 metros cuadrados situados en La Soberana y en parte de otra zona rural próxima en Els Putxols, y tendría incidencia sobre 90 propiedades agrícolas, que se verían obligadas a ceder en algunos casos hasta el 30% de sus solares, y sobre 70 viviendas antiguas, que quedarían irremediablemente cercadas por nuevos viales de circulación rápida. Y los propietarios deberán hacer frente por esa hipotética reparcelación a fuertes cargas económicas que pueden llegar a 40 euros por metro cuadrado. "No sólo perdemos nuestras tierras sino que tenemos que hacer frente a un gasto inasumible para la mayor parte de los vecinos" señaló un portavoz de los residentes. Y agrega: "La mayor parte de las familias de La Soberana somos propietarios de toda la vida de Xàbia, de clase media, que sólo aspiramos a dejar nuestras parcelas a nuestros hijos como hemos hecho toda la vida".
Los residentes, organizados en asociación, preparan acciones para frenar el documento urbanístico. "En realidad, se trata de reanudar la lucha contra este tipo de acciones que ya comenzamos en los años 90". Exigen coherencia: han recordado que los integrantes de la coalición de nacionalistas y centristas que apoya al alcalde, Eduardo Monfort, consideraron la anterior reparcelación como "un intento para destruir una zona medioambiental consolidada de gran valor paisajístico para Xàbia".
* El País - 23.08.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
Castro.- La Fiscalía imputa a Muguruza por la gestión urbanística de Santa Catalina
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DIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que visitar los Juzgados de la ciudad el próximo 7 de octubre. El Ministerio Fiscal le ha llamado a declarar, en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística, en una pieza separada abierta dentro de las diligencias 840/08, en las que el magistrado Luis Acayro Sánchez investiga presuntas irregularidades urbanísticas en la zona de Santa Catalina. La investigación se centra ahora en el SUP 4 (Suelo Urbanizable Programado), una área urbanística en la que se levanta el quinto colegio de la ciudad, el denominado Colegio de Santa Catalina. Desde que comenzara la investigación judicial en el Consistorio castreño, es la primera vez que el Ministerio Fiscal llama a declarar al regidor municipal.
El desarrollo urbanístico de Santa Catalina es un asunto que tiene entre manos el juez Acayro desde hace tiempo. Fuentes cercanas a este periódico aseguran que en los últimos meses ha estado recabando información sobre esta zona. En diciembre de 2008 la Guardia Civil detuvo a un responsable de la empresa de urbanismo e ingeniería Dirsur, F.J.L., y al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el Suelo Urbanizable Programado (SUP-4), en la zona de Santa Catalina. En aquella ocasión se les investigaba por una modificación que realizaron en el Plan Parcial de la zona que la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) no aprobó. Al parecer, los dos detenidos, pese al no de la Crotu, informaron favorablemente sobre la modificación, que después fue aprobada por el Pleno.
Denuncia de Pacheco
El SUP 4 también es conocido por la polémica que se generó en abril de 2007 y que tuvo como protagonista al consejero Mediavilla sobre el que se vertieron varias acusaciones desde el PP de Cantabria. Además, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), informó en aquellas fechas de la denuncia ante el Ministerio Fiscal que presentó contra el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por la tramitación seguida por la Crotu en el SUP-4 que incluía la construcción del quinto colegio y viviendas. El primer edil de Piélagos criticaba el trato diferente que la Crotu había dado a la zona de El Cuco con respecto al Plan Parcial castreño. Su denuncia se fundamentaba en la presunta relación familiar entre Mediavilla y el promotor inmobiliario de los terrenos de Santa Catalina.
* El Diario Montañés - 24.08.10
Foto: El colegio de Santa Catalina se levanta en el área urbanística que la Fiscalía investiga en este momento - eldiariomontanes.es
Greenpeace denuncia que una constructora española pretende destruir la única Reserva del golfo de California
GREENPEACE*, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español, tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.
Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.
“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.
La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.
Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España.
Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.
“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”, concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.
Impactos del proyecto:
- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.
- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).
- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.
- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.
- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto.
- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.
* Greenpeace - 24.08.10
Foto: Vista aérea del Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California. México.- greenpeace.org
Palma: La crisis comienza a vaciar las naves de los polígonos industriales
DIARIODEMALLORCA* : La crisis económica está dejando sin inquilinos a muchas de las naves existentes en los polígonos industriales de la isla. Los malos resultados de muchos negocios están obligando a colocar carteles de ´se alquila´ o ´se vende´ en unos espacios que años atrás registraban una fuerte demanda, y que en este momento se quedan en muchos casos sin nuevos ocupantes a causa de los elevados precios que se reclaman por ellos. Tal y como reconocen el director de la asociación de polígonos de Mallorca (Asima), Alejandro Sáenz, y el presidente de Pimem-Industria, Salvador Canudas, "en este momento sobra suelo industrial en la isla, pero sigue siendo demasiado caro para la mayoría".
Polígonos ´estrella´, como Son Castelló y Can Valero son los primeros que están sufriendo el aumento de los espacios que se quedan desocupados, y que incluyen tanto naves como locales de restauración. Alejandro Sáenz destaca que está situación está arrastrando los precios a la baja, un hecho que confirma también Salvador Canudas, y que cifra en descensos que se mueven en la mayoría de los casos entre un 10% y un 20%, aunque subraya que pese a ello los costes siguen siendo demasiado elevados para muchas empresas. En cualquier caso, Sáenz apunta que este fenómeno está haciendo que los problemas de tráfico y de estacionamiento que se daban en esta zona se han reducido considerablemente.
La imagen de esta situación la marca la torre Asima, que en este momento sólo cuenta con dos plantas ocupadas por la Televisió de Mallorca y otra por Acciona. Pero durante los últimos meses se han ido sumando otras muchas instalaciones a esta lista de espacios desocupados.
El director del Instituto de Innovación Empresarial (IDI) del Govern, Ángel Pujol, reconoce también la existencia de ese problema, y no oculta su esperanza de que los precios sigan bajando hasta convertirlos en asumibles para las pequeñas y medianas industrias de las islas, pese a no ocultar que ello no va a resultar fácil.
Sobre este punto, Canudas y la directora de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Catalina Barceló, coinciden en que el suelo industrial disponible cuenta con dos grandes trabas para que su valor alcance unos niveles adecuados. Para empezar, los principales polígonos se han convertido en zonas de servicios y muchos de sus espacios han sido ocupados por concesionarios de vehículos, dependencias bancarias o comercios, mucho más rentables y que se pueden permitir desembolsos más elevados. Este hecho hace, según apunta también Ángel Pujol, que el precio de un terreno pueda superar ampliamente los 1.000 euros por metro cuadrado en puntos como Palma, cuando una carpintería, ferretería o similares dificilmente puede superar los 400 o los 500, valor este último con que están saliendo al mercado los terrenos del nuevo polígono de Sóller, según destacó.
Pero además, todas las personas consultadas señalan que buena parte del suelo industrial existente ha sido adquirido por promotores y empresas con el objetivo "lícito de especular con él y obtener beneficios", lo que está haciendo que los valores de estas instalaciones se mantengan altos pese a la caída de la demanda.
Evidentemente, todos apuntan igualmente un tercer factor. La crisis económica está teniendo sobre los industriales un durísimo impacto, lo que impide que en este momento puedan acceder a la financiación necesaria para poner en marcha su traslado desde su actual emplazamiento en zonas urbanas o en terrenos rústicos.
Según destaca Salvador Canudas, el problema alcanza unos niveles especialmente graves porque está provocando que muchas industrias de las islas opten finalmente por trasladar su actividad productiva a otras comunidades autónomas en las que el precio del suelo industrial es "infinitamente más bajo", dejando sólo en Mallorca sus departamentos de diseño, algo a lo que contribuye también el sobrecoste que conlleva el tener que afrontar el transporte hasta la península.
* Diario de Mallorca - 24.08.10
Foto: El polígono de Son Castelló cuenta ya con varias naves vacías y con su torre infrautilizada.- diariodemallorca.es
