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EUROPASUR/Granada* : El Ayuntamiento de Monachil (Granada) ha decidido la suspensión cautelar para conceder nuevas licencias urbanísticas, una medida que se extenderá al núcleo urbano de Sierra Nevada y que entrará en vigor cuando se apruebe en el pleno municipal, previsto para el miércoles.
La decisión viene avalada por los técnicos redactores del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y sólo se levantará cuando esté elaborado el avance de dicho planeamiento, dentro de aproximadamente tres meses, momento en el que se conocerá ya el diagnóstico de la situación urbanística de la Sierra y del resto del municipio.
La iniciativa fue adoptada por el alcalde, el socialista José Luis Samos, y respaldada por su socio de gobierno, IU, y parte de la oposición al objeto de poner orden a los desmanes urbanísticos de los últimos años.
Un primer avance de los técnicos acerca de lo acontecido en la Sierra resulta demoledor y evidencia el mal uso que se ha hecho del suelo: "los técnicos han comprobado que mucho suelo de las normas subsidiarias que estaba destinado a equipamiento ha sido ocupado por complejos residenciales, en su mayor parte apartamentos, lo que ha generado un déficit dotacional en detrimento de los servicios", asegura el alcalde de Monachil, José Luis Samos.
Bajo el paraguas de las normas subsidiarias que incluye como suelo dotacional la posibilidad de construir equipamientos turísticos, "se han hecho apartamentos privados" que permanecen vacíos la mayor parte del años a excepción de los meses de temporada invernal.
* EuropaSur - Álvaro Calleja / Granada - 07.03.2008
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
Complejos residenciales invaden suelo destinado a equipamiento en Sierra Nevada
El TSJC anula la licencia ambiental de Basf en Tarragona
ELPERIÓDICO* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) establece la nulidad de la autorización ambiental de la planta de deshidrogenación de propano de la multinacional alemana Basf en Tarragona. El permiso fue otorgado por el departamento de Medi Ambient cuando gobernaba CiU.
El grupo ecologista Gepec, que llevó en el año 2003 el caso al TSJC mediante un recurso contencioso-administrativo, pidió ayer la clausura de la actividad, el desmantelamiento de la chimenea de 130 metros que construyó Basf y una sanción no inferior a 90.000 euros.
El fallo destaca deficiencias en la documentación presentada por Basf, como la falta de un informe sobre el riesgo para la población y un estudio para determinar la contaminación del suelo. "La planta está fuera de la ley y por eso pedimos su clausura", dijo ayer Albert Calduch, abogado del Gepec. Según la entidad, otras autorizaciones de empresas del polígono químico de Tarragona "presentan anomalías similares".
Medi Ambient recordó que el veredicto no es firme y que puede ser recurrido. "La autorización ambiental sigue vigente", dijo un portavoz del departamento. La misma fuente destacó que se han apreciado solo "defectos formales" sin incidencia en la población ni en el entorno. La empresa no quiso ayer valorar la situación, aunque se alineó con la postura del Govern. La planta costó 250 millones de euros.
* El Periódico - F. G. - TARRAGONA
Foto: Instalaciones de la empresa Basf en Tarragona, ayer/ JOAN PUIG, elperiodico.com
40 propuestas por una vivienda digna
PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA* : Estas son las 40 propuestas en materia de política de vivienda y urbanísticas que hemos elaborado en base a nuestros análisis de situación y que se han remitido estos últimos meses a instituciones y partidos políticos con el deseo de que ayuden a configurar un nuevo panorama en el que se consiga una aplicación real del artículo 47 de la Constitución Española...
1.- Política presupuestaria, fiscalidad y reformas hipotecarias
Incremento de las partidas presupuestarias -tanto a nivel Estatal como a nivel autonómico- destinadas a políticas de acceso a la vivienda hasta alcanzar en el conjunto y con el horizonte de dos legislaturas, cotas similares al esfuerzo medio de los principales países europeos (2% del PIB).
Eliminación progresiva y no retroactiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven la inversión o el acceso a la vivienda a través de la compra para nuevos demandantes. Los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten directamente el alojamiento sin fomentar el crecimiento de precios y garantizando en todo momento el fin social de los fondos.
Desarrollo de un marco normativo que defina en qué casos se considerará que una vivienda está vacía y creación de un registro de viviendas vacías en cada municipio.
Establecimiento de gravámenes fiscales significativos para las viviendas vacías. Habrán de ser progresivos en función del número de viviendas atesoradas por cada propietario y tiempo de desocupación de los inmuebles.
Reforma de la Ley Hipotecaria que limite en las nuevas hipotecas tanto el porcentaje máximo del endeudamiento: 25% del salario, como el numero máximo de años de amortización de la deuda: 20 años.
Ampliación de la información previa que las entidades financieras deben suministrar a la firma de una hipoteca. Al menos, ha de existir la obligación de mostrar al cliente la posible evolución de las cuotas mensuales según diferentes tipos de interés, el montante total que corresponderá a intereses al final del préstamo y series históricas de los tipos de interés.
Incremento significativo de la asignación de recursos en la Agencia Tributaria destinados a combatir el fraude fiscal que incide en el sector inmobiliario.
Eliminación de ayudas directas a propietarios y promotores. Uso de los fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda y que garanticen su disfrute por parte de los colectivos sociales más necesitados.
Creación de una oficina pública de tasación de vivienda que asegure tasaciones imparciales y ajustadas a la realidad catastral y del mercado.
Obligatoriedad de incluir en las tasaciones la información de qué parte de la tasación hace referencia al suelo y qué parte a la vivienda.
Todas las viviendas en régimen de vivienda libre que reciban algún tipo de subvención pública deberán estar sujetas a algún límite en las plusvalías o beneficios que se generen por su venta o alquiler.
Reforma de la legislación de las cuentas ahorro-vivienda de forma que lo ahorrado pueda destinarse al alquiler.
Inclusión del coste de la vivienda también en régimen de compra en el Índice de Precios de Consumo, de manera que se tenga una medida real de la inflación soportada por la ciudadanía también por el coste de la vivienda en propiedad.
2.- Vivienda protegida y fomento del alquiler
Primacía de la vivienda protegida en régimen de alquiler. Al menos un 80% de la nueva vivienda protegida ha de ser en régimen de alquiler vitalicio con revisiones quinquenales de la situación familiar y con el objetivo de alcanzar en dos legislaturas, un parque protegido de viviendas en alquiler económico del orden del 10% del parque total de viviendas.
Creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique el conjunto de vivienda protegida de promoción pública y privada.
Prohibición del sorteo como método de adjudicación y diseño de baremos equitativos que den prioridad progresiva a los más necesitados. Medidas paliativas especiales destinadas a los colectivos con más urgencia social.
Congelación de los módulos de referencia en la vivienda de protección oficial y prohibición de las tipologías de viviendas protegidas para rentas altas. El precio del modulo de las viviendas de protección pública ha de estar directamente relacionado con los costes de construcción. A estos costes se les añadirá un margen empresarial tasado razonable en el caso de la promoción privada de vivienda protegida.
Las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejarán de serlo. Las administraciones públicas estarán obligadas a ejercer el derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Desarrollo de planes de la administración para ejercitar actuaciones alternativas (compra de inmuebles, rehabilitación con fines sociales, etc.) para poner vivienda protegida en el mercado sin tener que pasar necesariamente por la nueva construcción.
3.- Gestión del suelo y planificación urbana
Los patrimonios públicos de suelo no se podrán monetarizar nunca por parte de las administraciones públicas. En especial se han de prohibir taxativamente todas aquellas figuras legales -como el convenio urbanístico- con las que las administraciones públicas puedan utilizar la planificación urbanística como vía significativa de obtención de ingresos o de generación de servicios a la colectividad.
Al menos el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
El porcentaje de las reservas de terrenos de vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos deberá hacerse en función de los registros de demandantes, sin límite superior y discriminando positivamente a los demandantes de primera vivienda.
Se han de condicionar las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida.
Se han de impedir desarrollos urbanísticos nuevos en los municipios en los que el porcentaje de vivienda vacía y desocupada sea significativo.
Se han de regular detalladamente los casos e impedir los usos no sociales de los porcentajes de suelo de cesión.
Eliminación de la subasta como método de valoración y asignación de suelo público y de cualquier método que ayude al incremento artificial de los precios del suelo.
Creación de órganos de participación ciudadana con influencia directa en la gestión del suelo. Ampliación de los mecanismos de información pública para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental, a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Ampliación de los supuestos en los que se puede pedir ante un órgano judicial la paralización de una urbanización basándose en perjuicios medioambientales.
4.- Información estadística y protección del consumidor
Potenciación del crecimiento y difusión de la oficina de estadística de vivienda de ámbito nacional y establecimiento de mecanismos para garantizar su independencia. Esta oficina debe arrojar información exacta sobre la situación del mercado inmobiliario y el desarrollo de las políticas de vivienda a tres niveles: estatal, autonómico y local. Las series de datos han de extraerse de fuentes fidedignas (catastro, registro de la propiedad, etc.) y nunca de entidades privadas con posibles intereses en el sector.
Creación de un estudio integral de necesidad sobre demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgado por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, población y otras categorías que muestren el grado de necesidad de los colectivos demandantes a lo largo del territorio nacional.
Apertura de oficinas de inspección inmobiliaria en las principales ciudades, que se encarguen de controlar el fraude y velar por la calidad y seguridad del mercado inmobiliario en su conjunto (vivienda protegida especialmente, alquiler y compraventa de vivienda libre). Estas oficinas también deberán servir como canal de denuncia e información de los derechos del consumidor relativos a lo inmobiliario.
Creación de un fondo de compensación para afectados por irregularidades y fraudes relacionados con el urbanismo.
Creación de mecanismos para la definición inequívoca de la infravivienda, su catálogo y planes de erradicación.
5.- Reformas legislativas, jurídicas y de nivel competencial
Reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos que asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Nueva ley de Haciendas locales que impida a las administraciones públicas financiarse a través de los patrimonios públicos de suelo o convenios urbanísticos y que por lo tanto, articule medios de financiación alternativos.
Redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
Ampliación de medios y personal de la Fiscalía anticorrupción y de la Fiscalía de delitos urbanísticos, donde se crearán sedes autonómicas y provinciales.
Establecimiento de un programa de sanciones ejemplares para los cargos públicos cuyas decisiones incumplan las leyes relacionadas con la vivienda y el urbanismo.
Creación de un órgano de supervisión de cuentas públicas (cámara o tribunal de cuentas) en las CCAA que no lo tengan. Este órgano tendrá secciones destinadas a la supervisión de cuentas municipales, con inspecciones en diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Tanto la fiscalía anticorrupción como los tribunales de cuentas deberán ser objeto de una revisión permanente de su funcionamiento y de la elección de sus miembros para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y su independencia.
CONSIDERACIONES FINALES
Aunque que se aprecia una mayor atención por parte de los distintos partidos políticos a las distintas problemáticas relacionadas con la vivienda y el urbanismo, en términos generales estimamos que las propuestas siguen siendo insuficientes para atacar uno de problemas que los ciudadanos perciben como principales y en algunos casos además, están muy mal orientadas y no se basan en un análisis profundo, conveniente y objetivo de la situación. Además, lamentamos que la mayoría de partidos políticos no acompañen sus propuestas en materia de vivienda de una memoria económica que especifique el incremento de las partidas presupuestarias que piensan aplicar.
No obstante, es de agradecer que varios partidos recojan el derecho subjetivo a la vivienda en sus programas y también la implementación de un pacto que involucre a todas las instancias del Estado implicadas en el desarrollo de una política de vivienda efectiva, aunque esperamos vehementemente que el contenido de ese pacto se base de veras en análisis profundos y objetivos de la situación y no en conjeturas sujetas al interés económico o al interés de partido.
Nos ha llamado también la atención que muchos partidos propongan clarificar las competencias en materia de vivienda, e incluso que alguno distribuya sus propuestas acompañadas de una pequeña aclaración sobre qué instancia institucional tiene las competencias, cosa que es de agradecer, puesto que los ciudadanos sepan exactamente a quien corresponde la responsabilidad en cada uno de los hitos de un conjunto de problemas tan complejo como ante el que nos encontramos, servirá para que la ciudadanía pueda reclamar mejoras de una manera más efectiva en el futuro.
Por lo demás, nos gustaría disculparnos por habernos tenido que ceñir a los partidos que aparecen en la encuesta del CIS -hemos escogido la respuesta espontánea porque creemos que es la que mejor refleja la pluralidad ciudadana-, pero evidentemente, no tenemos medios para analizar uno por uno los distintos programas electorales de los más de 120 partidos políticos que concurren a los comicios legislativos. No obstante, hemos de destacar que según esa misma encuesta, cerca de un 1% de ciudadanos muestra su intención de votar a otras opciones e intuimos que habrá muchas de ellas que contengan propuestas en clara coincidencia con las nuestras. Por ejemplo hemos encontrado un plantel interesante de propuestas en Los Verdes/European greens y también alguna propuesta interesante en el partido FyV, Libertades Civiles, etc. Invitamos a nuestros lectores a evaluar y reflexionar sobre otras opciones y a remitirnos más información sobre otras candidaturas que consideren relevantes en cuanto a sus propuestas de vivienda y urbanismo.
Desde los órganos de representación de la plataforma, sus comités territoriales, comité gestor y comité interterritorial esperamos que este documento os sirva para clarificar ideas respecto a la política de vivienda de cara a unos comicios en los que nos jugamos mucho y os deseamos una feliz jornada de reflexión y una feliz jornada electoral.
El conjunto de documentos analizados se puede descargar desde:
http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/plataformaviviendadigna_40_propuestas_y_programas_electorales.pdf
* PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA - marzo 2008
Los ‘negocios’ terrenales del Arzobispado de Valladolid
ELCONFIDENCIAL* : El fantasma de la especulación inmobiliaria vaga por los pasillos del Arzobispado de Valladolid. La diócesis del prelado Braulio Rodríguez Plaza podría haber cometido un delito societario relacionado con la venta de parte del patrimonio de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una institución privada de ayuda a personas discapacitadas cuyo patronato preside el propio arzobispo.
Según una serie de denuncias presentadas por la sobrina del sacerdote que creó esta sociedad, Julia Álvarez Arregui, y por la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSC), el Arzobispado ha vendido a la compañía Promociones Parkosa el subsuelo de la sede de la fundación, un solar de 5.300 metros cuadrados en el caso histórico de Valladolid, por unos seis millones de euros, cuando un informe de tasación solicitado por los demandantes fija el valor real de los terrenos en 16,1 millones.
La presunta irregularidad en la gestión cometida por el Arzobispado, único administrador de la entidad, no sólo ha acarreado a la fundación pérdidas millonarias. Las obras que siguieron a la venta del terreno –que, según la FAPSC, no contó con la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Junta ni cumplió el requisito legal de ser adjudicada en concurso abierto- han supuesto el derribo de varios edificios de la fundación, como las aulas de formación profesional para discapacitados, las naves para talleres ocupacionales y una residencia de minusválidos, afirman los denunciantes. En el lugar que ocupaban, la inmobiliaria Parkosa construye actualmente un aparcamiento subterráneo y proyecta erigir varias torres de apartamentos.
Según Álvarez Arregui, para hacer posible el cierre y derribo de estos centros, el Arzobispado lleva años provocando que los discapacitados abandonen la institución. “De unos 200 beneficiarios de los talleres y escuelas que había hace años quedan actualmente unos 20. Dejaron de pagar los convenios salariales por lo que los minusválidos se marcharon a otras fundaciones”, dice.
El Arzobispado desmiente las acusaciones
El Arzobispado, por su parte, niega la mayor. El abogado que representa a la diócesis, que ejerce también como letrado de la fundación, señala a este diario que sólo conoce las denuncias por la prensa, a la vez que defiende la gestión en la entidad y la venta del terreno a Parkosa. “Respecto a la actuación judicial no podemos pronunciarnos hasta que nos trasladen el tema desde el juzgado. La venta (del subsuelo de la sede) ha sido realizada en concurso restringido, con cinco o seis empresas especializadas. Se entiende que todo el dinero que se recibió debe reinvertirse en la fundación”, sostiene.
Ante las acusaciones sobre la reducción en el número de beneficiarios de la entidad, afirma que actualmente “hay menos niños a los que atender. El Estado ha ido ocupándose de la demanda que cubrían estas instituciones. El Colegio de Sordos (de la fundación) se centra ahora en discapacitados plurideficientes porque con los minusválidos se busca la integración en la sociedad. Y los talleres (ocupacionales) no otorgaban un título, digamos que han muerto de muerte natural”.
El control de la fundación
El sacerdote Emilio Álvarez Gallego creó en 1973 la fundación que lleva su nombre como una institución privada benéfico-particular, según la escritura de constitución, lo que obliga al Arzobispado a rendir cuentas de su administración ante el Protectorado de Fundaciones de la Junta, que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta escritura de constitución también declaraba al arzobispo presidente del Patronato, circunstancia que la diócesis ha aprovechado durante años para ir nombrando patronos de su confianza –en su mayor parte, miembros del Arzobispado- hasta lograr un control absoluto sobre la institución, afirma Álvarez Arregui.
De esta forma, ha conseguido carta blanca para cerrar la venta con Parkosa. La inmobiliaria es una vieja conocida del Arzobispado de Valladolid: construyó, por ejemplo, el parking del Seminario de Valladolid y el aparcamiento de los Salesianos en Salamanca cuando Braulio Rodríguez ejercía de obispo en la ciudad del Tormes.
El escándalo ha alcanzado tales dimensiones que la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcárcel, y el presidente de la ONCE, Miguel Ángel Carballeda, se han puesto en contacto con Álvarez Arregui para mostrar “su gran preocupación por el tema”. Puede que pronto más voces se les sumen. La FASPC emitió hace días una nota de prensa para denunciar la “gestión interesada y negligente de la fundación por parte del Arzobispado” y puso como ejemplo el hecho de que en junio de 2001, poco antes de la intervención judicial en Gescartera, la diócesis retirase cerca de seis millones de euros “sin embargo, olvidó retirar los fondos de la fundación y como resultado la entidad perdió los 685.000 euros que el Arzobispado había invertido en Gescartera”.
“Desde el año pasado han ido desapareciendo (los talleres y escuelas). Los patronos han ido abandonando la función original que tenía la fundación, dicen que la demanda está cubierta pero tenemos proyectos que no quieren hacer”, señala Luis Alberto Redondo, presidente de la FASPC.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 29/02/2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Aberrante aprobación del plan general de Brunete
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* considera que la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Plan General de Brunete, ha consumado de forma aberrante un proceso plagado de irregularidades y en el que tanto el Ayuntamiento de la localidad como, sobre todo, la Comunidad de Madrid han acabado por escenificar una farsa que deja una situación de vacío sin garantías jurídicas, urbanísticas ni mucho menos, medioambientales.
El Plan de Brunete aprobado da lugar a la reclasificación del 27,94 % del término municipal. Así a lo largo de las 1.367 hectáreas recalificadas se podrán edificar unas 12.000 viviendas. Según la Comunidad de Madrid, en palabras de su portavoz de hace unos días, se reducía con ello en 15.000 viviendas las previsiones iniciales. Falso, la reducción es de sólo 7.000 viviendas, ya que, como es fácilmente comprobable en el documento sometido en su día a información pública se contabilizaba en algo más de 19.000 las viviendas susceptibles de construirse.
Por otro lado, el patético intento de ofrecer la imagen de un Plan sostenible cae por su propio peso ya que los condicionantes ambientales impuestos en nada palian los graves impactos ambientales y territoriales que se generan.
El Plan aprobado mantiene todos los sectores inicialmente previstos de tal manera que, si se ejecuta en su totalidad, las nuevas casas de Brunete llegarán desde Villanueva de la Cañada hasta el río Guadarrama en la frontera con Villaviciosa de Odón. Creando una ciudad de unos 50.000 habitantes donde hoy sólo existen espacios naturales.
La reducción de edificabilidad de la que se habla no supone restringir la superficie de los desarrollos residenciales, como era de esperar, sino sólo el volumen construido. Por ello, todos los espacios que presume el Plan de proteger, como el Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario del río Guadarrama, los montes preservados y los cauces, quedarán cercados por las construcciones y condenados a la degradación paulatina.
Por último, en esta primera valoración del Plan, hay que incidir en las irregularidades en la tramitación en las que se suceden cuestiones tan importantes como la falta de transparencia en la tramitación, la insuficiencia de los documentos hechos públicos del Plan para conocer su verdadero alcance, la falta de una información pública conforme a lo que la ley exige y la inexistencia de una evaluación ambiental conforme a la legislación europea. Para colmo, la resolución aprobatoria plantea una serie de cuestiones que dejan un margen muy amplio de interpretación de cara a la aplicación del Plan por lo que no contiene las estipulaciones normativas y resolutivas que exige la Ley del Suelo. Ello conlleva un escenario de inseguridad jurídica y de falta de garantías que parece el caldo de cultivo adecuado para que medren los especuladores y se obvien las leyes territoriales y medioambientales.
* Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid - 29 de febrero 2008
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org
Un estudio afirma que la vivienda en España está sobrevalorada en un 40%
ELMUNDO* : Los responsables del informe explican, a través de un comunicado, que "España ha vivido un innegable 'boom' inmobiliario desde mediados de 1998 al que han contribuido numerosos factores, desde la emancipación de la generación del 'baby boom' a las restricciones de los mercados de alquileres y del suelo y, muy especialmente, la política monetaria expansiva que sufrida desde la llegada del euro".
Los pisos en España sobrevalorados en un 40%, según concluye un estudio del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana.
El ratio que explica con mayor fidelidad el sobreprecio de las casas es la relación entre los precios de venta de las viviendas y el precio del alquiler.
A esta relación la han llamado PER, como en el lenguaje bursátil se denomina al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de cada una de sus acciones.
Con este indicador, desde el Observatorio se señala que a finales de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%, dado que el PER de la vivienda se situó en 32,2 frente a una media histórica, entre 1985 y 1999, de 19,5.
La subida ha resultado especialmente marcada durante los últimos diez años, periodo que coincide con ejercicios de fuertes reducciones en los tipos de interés.
Estos datos del PER de la vivienda pueden ponerse en relación con otros similares, tanto internos como externos. Así, el PER medio del Ibex 35 ha oscilado en 2007 entre 13 y 15, esto es, menos de la mitad que el de la vivienda.
En el contexto internacional, el PER de se ha incrementado notablemente durante los últimos años, todavía presenta una imagen muy inferior a la española. Así, a excepción de Mónaco, España es el país occidental con un PER más elevado en la vivienda.
Según los responsables del estudio, durante los últimos años los inversores han soportado rentabilidades del alquiler reducidas por la permanente escalada de los precios de la vivienda.
Así, los alquileres experimentarán "fuertes incrementos" en los próximos años, por la necesidad de los propietarios de compensar la menor revalorización de las viviendas en propiedad como activos. A su vez, el PER volverá a situarse en valores cercanos al 20%
Para evitar que este ajuste se produzca de forma brusca, desde el Instituto Juan de Mariana -una institución que se define como "independiente y dedicada a la investigación de los asuntos públicos"- cree que debería frenarse tanto el crecimiento artificial de la demanda como la contracción de la oferta por las restricciones actuales a la urbanización de suelo para la edificación.
El Observatorio concluye que "el precio tendrá que caer irremediablemente", hasta el punto de que "no hay que descartar un derrumbe".
* El Mundo - Agencias - 05/03/2008
Foto: Un bloque de viviendas de reciente construcción. /ELMUNDO.ES
