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EUROPASUR/Cádiz* : El ex alcalde de Chiclana (Cádiz) y actual portavoz municipal del PSOE en la oposición, José María Román, deberá comparecer el próximo 24 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana como imputado en el denominado caso Coto San José. Junto a él han sido citados dos arquitectos municipales y también deberá personarse el actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón como testigo.
En noviembre de 2004, Román aceptó como libre de cargas una parcela sobre la que pesaban hasta seis embargos. En el documento en cuestión se afirmaba incluso que la aceptación se llevaba a cabo tras comprobar en el Registro que la misma estaba libre de cargas, pero entonces la inscripción de los embargos ya estaba realizada.
A raíz de esta aceptación, y como consecuencia de la vulneración del convenio urbanístico, Cortega (una de las empresas a las que judicialmente se le ha reconocido el derecho de embargo) inició un proceso judicial que ya ha deparado consecuencias. Varios cientos de viviendas ya terminadas, de las 600 previstas, no pueden recibir por el momento la licencia de primera ocupación de forma definitiva, ya que están condicionadas a un permiso que debe otorgar la Junta de Andalucía y que de momento es inviable.
La falta de permiso dificulta la la instalación de una torreta para el tendido eléctrico en la parcela embargada. Respecto al agua sucede prácticamente lo mismo, ya que Medio Ambiente también deberá autorizar su trazado por zona de servidumbre para que la licencia de primera ocupación pueda hacerse efectiva.
Al proceso judicial se sumó en 2006 el entonces edil de IU y actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, que presentó denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de malversación de caudales públicos por parte del entonces alcalde, José María Román. Dicha denuncia ante la Fiscalía es la que actualmente instruye el Juzgado número 2 de Chiclana. Cortega ya anunció a través de su letrado, José Antonio Gamero Albarrán, que citaría a declarar al anterior alcalde y dos técnicos en calidad de imputados, petición que ha sido aceptada.
Al Ayuntamiento se le presentan ahora una serie de problemas añadidos. Por una parte, la paralización en la entrega de las 600 viviendas que se encuentran terminadas o en su última fase de construcción en el Coto San José II A. También la paralización del planeamiento urbanístico de Coto San José II B, donde ni tan siquiera se ha podido aprobar aún el Plan Parcial.
En breve saldrá a subasta la parcela, lo que llevará al Ayuntamiento a perder su propiedad, a pesar de que la misma formaba parte de un convenio urbanístico que ya está en marcha. Para no perderla, el Ayuntamiento debería abonar un mínimo de 1,2 millones de euros, que es la cantidad a la que está dispuesto a pujar
José María Román tendrá que ser juzgado para conocer si es considerado culpable o no de lo que, hasta el momento, sólo es un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. En caso de ser declarado culpable, sería inhabilitado para todo cargo público por un periodo de tiempo a determinar.
* Europa Sur - D. Martínez / Cádiz - 17.01.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El ex alcalde de Chiclana, imputado por un convenio que afecta a 600 viviendas
La Justicia tumba una operación urbanística estrella de la ex alcaldesa de Las Palmas
LAPROVINCIA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunalde Justicia de Canarias notificó ayer la sentencia que echa por tierra una de las operaciones urbanísticas estrella de José Manuel Soria y Pepa Luzardo en la capital grancanaria. La Sala obliga al Ayuntamiento a iniciar el expediente de reversión de los terrenos ubicados en la calle Pavía en los que una constructora pretendía ejecutar el gran proyecto del arquitecto César Pelli, que diseñó la edificación de una torre de corte singular en la zona cercana al Auditorio.
Se trata del solar que la anterior alcaldesa del PartidoPopular, Pepa Luzardo, permutó a los propietarios de El Confital para conseguir esos otros terrenos costeros para la ciudad, puesto que el Consistorio no disponía de dinero para poder pagarlos. Posteriormente, los propietarios de El Confital vendieron el solar de la calle Pavía a Evemarina, que encargó el espectacular proyecto urbanístico al arquitecto César Pelli.
La sentencia, contra la que no cabe recurso, pero que cuenta con un voto particular de una de las magistradas de la Sala, estima el recurso interpuesto por los hermanos Reyes Fuentes, originarios propietarios de los terrenos, a los que se les expropió el solar por parte del Consistorio para destinarlo a espacio libre. Como en aquel entonces el Ayuntamiento tampoco se podía permitir el pago de ese solar (en 2003, cuando se permutó por El Confital, se valoró en 18 millones de euros, pero hoy podría costar el doble), se les entregó a cambio a los propietarios otro solar en La Minilla, pero el acuerdo dejó claro que se trataba de un expediente de expropiación y el solar de la calle Pavía tendría que ser destinado a espacio libre.
Sin embargo, con motivo del Plan General de 2000, el Ayuntamiento desiste del espacio libre y lo declara edificable con una altura de cinco plantas, que después se elevaron a ocho.
Ante eso, los hermanos Reyes Fuentes iniciaron ante el Consistorio en 2004 un expediente de reversión por incumplimiento del acuerdo de expropiación, que fue desestimado por Luzardo, por lo que se inició la demanda. En 2006, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas falló a favor del Ayuntamiento, pero ahora la Sala revoca esa sentencia y reconoce "el derecho de reversión ejercitado respecto al solar de la calle Pavía propiedad de los recurrentes", puesto que el Ayuntamiento ha incumplido el objeto de la expropiación inicial: dedicar los terrenos a espacio libre. Según afirma la sentencia del TSJC: "El destino que motivó la expropiación ya no era necesario y no se iba a ejecutar la previsión de equipamientos para disfrute de los vecinos del barrio, por lo que, desaparecido el interés público, procede la reversión del solar".
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 17 de enero de 2008
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, solar calle Pavía - laprovincia.es
La Policía desmonta una trama de corrupción que se lucró desde el ayuntamiento alcazareño
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LAVERDAD/Murcia* : Aunque el nombre asignado a la operación policial mueve a la sonrisa -Ninette, por la obra de Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia-, los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales que ayer llegaron desde Madrid y se desplegaron por el municipio de Los Alcázares no venían con ganas de broma. Llevaban sobre los hombros un año y medio largo de ardua investigación y estaban deseosos de poner patas arriba el Ayuntamiento de Los Alcázares y, con ello, de reventar de una vez la trama de corrupción que tanto trabajo les había dado.
Uno tras otro, antes de acordonar las ostentosas dependencias municipales y de proceder a su registro, los especialistas de la Policía Nacional fueron localizando y deteniendo a los supuestos líderes de la red, el triunvirato sospechoso de haber dirigido durante años el Ayuntamiento como si fuese su finca: el ex alcalde y ex diputado socialista Juan Escudero, el recientemente jubilado secretario municipal, Diego Sánchez Gómez, y el antes arquitecto jefe y ahora responsable del control de las obras municipales, Mariano Ayuso Fernández.
Junto a este último fue arrestado su hermano y presunto cómplice, Juan Ignacio Ayuso, y dos conocidos empresarios de Santiago de la Ribera, Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier Garcerán García, beneficiarios de adjudicaciones de importantes obras públicas -entre otras, el edificio consistorial ayer registrado- y también supuestamente relacionados con la trama.
Las indagaciones policiales, dirigidas desde el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, con la estrecha participación de la Fiscalía de Murcia, tienen su origen en dos querellas presentadas por el PP local y en las revelaciones periodísticas que durante meses realizó La Verdad sobre esta red. Partiendo de esta base inicial, los especialistas de la Comisaría General de Policía Judicial han desarrollado una laboriosa investigación que, según fuentes próximas a la misma, habría logrado sacar a la luz el funcionamiento de la trama, los supuestos negocios ilícitos que habría cerrado y los millonarios bienes que habría acumulado en muy pocos pocos años.
Sociedades instrumentales
Los supuestos delitos que están siendo investigados irían así, según las mismas fuentes, desde el cohecho y la prevaricación a la malversación de bienes públicos, pasando por la falsedad documental y el blanqueo de capitales, entre otros.
En resumen, lo que se investiga es si el ex alcalde Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso y el durante años secretario Diego Sánchez planearon la constitución de varias sociedades instrumentales, a cuyo frente situaron a personas de su confianza, para ser receptoras de solares públicos y de terrenos que empresarios locales habrían entregado como forma de pago por la adjudicación de obras.
Tres de estas sociedades son Ilka Baley S.L., Dekema Bull S.L. y Dorma Golf S.L., que estaban administradas por Inmaculada Camacho Escudero, a la vez cuñada de Ayuso y prima segunda de Escudero. Estas tres firmas habrían acumulado en pocos años, entre el 2000 y el 2003, un importante patrimonio, consistente en parcelas públicas que le fueron adjudicadas directamente por el Ayuntamiento y valiosos solares procedentes de transacciones cerradas con empresarios de la comarca.
Sólo una de estas parcelas, de 7.473 metros cuadrados urbanizables, situada en el Plan Parcial Torre del Rame -el proyecto urbanístico estrella de la localidad-, tendría un valor cercano a los tres millones de euros (500 millones de pesetas).
La redada policial causó ayer una gran conmoción en la localidad de Los Alcázares y decenas de vecinos se congregaron durante toda la jornada frente al Ayuntamiento, con el fin de seguir las evoluciones del registro realizado por los policías judiciales. Los agentes, con quienes colaboró la actual alcaldesa Encarnación Gil, se interesaron por documentación escrita y digital de varios expedientes urbanísticos y requirieron los discos duros de diversos ordenadores.
Asimismo, otros funcionarios, divididos en grupos perfectamente organizados, emplearon muchas horas en registrar todas las viviendas y locales de los seis detenidos. Éstos fueron luego trasladados a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena, donde serán interrogados y permanecerán detenidos durante al menos dos días.
Con la redada policial, muchos asuntos de los que ocurrían en Los Alcázares comienzan a estar más claros. Queda, sin embargo, un misterio por resolver: si ya está claro que el señor de Murcia al que se referían los policías madrileños era Juan Escudero. ¿Quién es Ninette? ¿Será su lejana prima Inmaculada? Eso queda para más adelante.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 17 enero 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
NOTICIA RELACIONADA: Sospechas sobre cuatro operaciones de empresarios con miembros de la trama - LA VERDAD - 17.01.08
La oferta de pisos sin comprador puede superar el millón a lo largo de este año
EUROPAPRESS* : El mercado inmobiliario continúa estancándose, de forma que aumenta el número total de viviendas pendientes de venta en manos de los promotores. El Instituto de Práctica Empresarial, asegura que en el primer trimestre el parque de estas viviendas alcanzará el medio millón y el doble a partir de marzo, como consecuencia de la caída en el ritmo de las ventas de un 50%.
Sin embargo, el problema de estas viviendas sin comprador no es la falta de demanda, que "quiere pero no puede" acceder a una, por lo que necesita mejoras en las condiciones de financiación y que no se consoliden los actuales niveles de paro, que llevan varios meses superando la barrera de los dos millones de desempleados.
A pesar de que la subida de los precios de la vivienda mantiene una senda de desaceleración, los problemas de financiación continúan dificultando el acceso de los ciudadanos a una vivienda, lo que se traduce en el considerable aumento de las que permanecen pendientes de venta. Así, la cifra de estas viviendas aumenta en gran medida según aseguró hoy el IPE durante la presentación de un informe de tendencia de precios del mercado inmobiliario en 2008.
Allí, el director del área de investigación del IPE, José Antonio Pérez, aventuró que durante el primer trimestre del año, los inmuebles, tanto nuevos como de segunda mano, sin comprador serán 500.000, cifra que se incrementará hasta el millón a partir del mes de marzo. Estas cifras revelan una caída del ritmo de ventas del 50%, ya que supone aproximadamente la mitad de las más de 1,8 millones transaccionadas a lo largo del año 2007 y que ya supusieron una caída del 5,1% respecto a 2006.
Pero estos datos no implican, ni mucho menos, una falta de demanda de inmuebles, sino todo lo contrario. Según explicó Pérez, "la demanda latente está ahí", esperando para poder lanzarse a la compra de una casa, tal y como demuestran las abarrotadas listas de espera para la obtención de una vivienda de protección. Por ello, aseguró que lo necesario es mejorar las condiciones de financiación para abrir las puertas de una nueva casa a toda esa demanda que "quiere y no puede" adquirir una.
Por ello, el IPE considera que este excedente de viviendas vacías podría ser absorbido de materializarse estas mejoras y siempre y cuando no se consolide la tasa de paro, que en los últimos meses ha superado los dos millones de desempleados. Al mismo tiempo, los agentes de venta, aconsejan desde IPE, deberán incrementar sus líneas de marketing financiero para permitir el acceso a la demanda potencial de viviendas, ya que las rebajas en el mercado de la vivienda no harán más que crear una expectativa de futuras caídas mayores.
DESACELERACIÓN DE PRECIOS
"El mercado inmobiliario está marcando un momento de estabilidad en sus precios", por lo que "para quien pueda comprar", es buen momento para hacerlo. Pérez se refería así a la evolución que seguirá el mercado, de forma que prevé un incremento del precio de la vivienda del 1,92% en 2008, cifra que se traduciría en una caída real de precios al situarse por debajo de los niveles esperados de IPC para este año. De hecho, en IPE constatan ya descensos en los precios de la vivienda de segunda mano.
Además, por si esto fuera poco para la construcción, no sólo verán reducidos sus beneficios a lo largo del año, sino que los costes de construcción se verán incrementados más de cuatro veces por encima de los precios de venta. Por otra parte, debido a la necesidad de los promotores de vender sus viviendas, el precio del suelo podría descender un 5,33%, según las previsiones de IPE.
Estos datos no contribuyen a mejorar la situación que hoy día vive el sector de la construcción, ya que debido a los efectos de la crisis 'subprime' se prevén la pérdida de multitud de puestos de trabajo derivada de la desaceleración del sector. En este sentido, desde IPE consideran que es "demasiado tarde" para intentar remediarlo y proponen que una buena solución habría sido poner "20.000 millones de euros en inversión directa en proyectos adicionales en 2007" para evitar los problemas de trasvase de un sector a otro de aquellos trabajadores afectados por la crisis.
* Europa Press - MADRID, 17 Ene. 2008
Foto: Viviendas, obras - europapress.es
Corrupción inmobiliaria en España
YOUTUBE - sanjorge1788 - January 11, 2008
http://www.youtube.com/watch?v=Gnzsw_M70Z0
Ecologistas Extremadura denuncia construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera
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KAOSENLARED/Cáceres* : “La campaña de esta organización contra el urbanismo ilegal para poner fin a la pasividad de las administraciones públicas, continúa. A las denuncias de Orellana de la Sierra, Puebla de Alcocer, Navalvillar de Pela y Guijo de Santa Bárbara se suman ahora las de Jarandilla de la Vera.” Jarandilla es una de las localidades más importantes de la Comarca de la Vera.
Esta zona se caracteriza por la abundancia de precipitaciones las cuales, unidas a unas temperaturas suaves, favorecen el desarrollo de bosques de castaños y robles de gran riqueza medioambiental. La mayor parte de esta comarca está incluida en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la “Sierra de Gredos y Valle del Jerte ES4320038”, encontrándose en él hábitats de gran valor natural protegidos por la directiva Hábitats 92/43/CE, que conforma la red de espacios naturales protegidos Natura 2000.
Su emplazamiento, a tan sólo una hora de Plasencia, hora y media de Cáceres y poco más de dos horas de Madrid, ha favorecido que se haya convertido en una de las zonas en las que el urbanismo ilegal tiene mayor incidencia, con graves repercusiones sobre las zonas protegidas.
Ecologistas Extremadura ha denunciado en esta ocasión un total de once construcciones realizadas en zonas de Especial Protección por Afección de Márgenes de Zonas Húmedas, Cauces y Embalses y en zonas de Especial Protección por su Interés Ecológico. Según la organización ecologista, el número de construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera es muy elevado, y podría alcanzar el centenar, por lo que próximamente habrá más denuncias, aunque esperan que las administraciones tomen las medidas a las que están obligadas por ley para frenar esta situación.
Ecologistas Extremadura denuncia que dichas construcciones se han realizado en un clima de absoluta impunidad, amparadas por la pasividad de las corporaciones municipales y del resto de las administraciones. Desde esta organización se recuerda a los responsables municipales su obligación de impedir estas actuaciones ilegales, la de dar curso a las denuncias interpuestas por los agentes de la autoridad o por ciudadanos, así como adoptar las medidas sancionadoras y disciplinarias pertinentes en el ejercicio de sus competencias, puesto que de lo contrario incurrirían en el supuesto tipificado en el artículo 408 del código penal como “omisión del deber de perseguir delitos”.
Para esta organización resulta sumamente llamativo el hecho de que, ocupando los casos de delitos y escándalos urbanísticos un lugar predominante en el panorama informativo nacional -y siendo consciente el conjunto de la sociedad española de las nefastas repercusiones medioambientales de estas actuaciones así como de la necesidad de perseguir y castigar a los infractores-, exista una evidente permisividad de las administraciones hacia las actuaciones individuales en el medio rural. A juicio de los ecologistas, dicha permisividad dimana de varios factores, entre los que destacan el beneficio económico inmediato que los propietarios de estos terrenos perciben y por el ahorro en los costes de las construcciones ilegales, que no requieren el pago de ningún tipo de impuesto o licencia. Recuerdan que estas construcciones más tarde repercuten negativamente sobre el resto de ciudadanos que sí respetan la ley, los cuales ven cómo se deteriora el medio ambiente e incluso -lo que resulta más indignante- se gasta dinero público en urbanizar a posteriori estas zonas, en limpiar la suciedad y las escombreras derivadas, en apagar los incendios producidos en el entorno, depurar los vertidos contaminantes de estos chalets -como es el caso del controvertido colector del Valle del Jerte-, realizar obras de suministro energético, agua o vías de acceso a estas zonas,…
Para Ecologistas Extremadura la situación actual es más que preocupante, ya que en muchas zonas existen auténticas concentraciones de chalets en zonas no urbanizables que salpican muchos de nuestros más bellos paisajes, los inundan de ruidos, de basura, de caminos, de alambradas, árboles cortados y aguas contaminadas.
La construcción ilegal está tipificada como delito en el artículo 319 del código penal, el cual prescribe penas de prisión e inhabilitación para promotores, constructores y técnicos directores, y asimismo la demolición de lo construido. Además, existen sanciones administrativas de diferente cuantía y que en Extremadura, para construcciones en espacios protegidos, oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros.
Ecologistas Extremadura considera que la conservación de los paisajes y de los valores y recursos naturales está muy por encima de los intereses económicos inmediatos de los especuladores, por lo que tomarán todas las medidas legales necesarias para garantizar que estos delitos urbanísticos sean sancionados, haciendo especial hincapié en la necesidad de la ‘reparación del daño’ tal y como marca la ley, que supone necesariamente la demolición de las edificaciones ilegales.
Enlaces relacionados sobre urbanismo en medio rural de Extremadura:
Construcciones ilegales en espacios naturales protegidos incluidos en la red Natura 2000 del Guijo de Santa Bárbara:
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2007/08/comunicado-construcciones-ilegales-en.html
Denuncian urbanismo incontrolado en los espacios naturales protegidos extremeños
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2007/07/comunicado-denuncian-urbanismo.html
Especulación urbanística y ciudades mixtas
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2006/12/especulacin-urbanstica-y-ciudades.html
Oposición al macroproyecto turístico inmobiliario en Valdecañas
http://ecologistascaceres.blogspot.com/2006/02/oposicin-al-macroproyecto-turstico.html
Especulación asociada a los campos de Golf
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2006/06/especulacin-asociada-los-campos-de-golf.html
Recurrido el archivo de la causa por delito ecológico en los Llanos de Cáceres
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2004/11/recurrido-el-archivo-de-la-causa-por.html
Especulación urbanística en Espacios Naturales
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2004/04/especulacin-urbanstica-en-espacios.html
Ecologistas Extremadura
http://www.ecologistasextremadura.org/
* Kaos en la Red - 16.01.2008
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com
Ávila: Los miembros de la Comisión de Urbanismo 'desconocían' los informes de la Ciudad del Golf
ÁVILADIGITAL* : Varios de los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo votaron a favor de la Ciudad del Golf "sin leer el expediente" y sin conocer que había informes medioambientales contrarios. Así lo aseguró el portavoz de Centaurea, Carlos Bravo, después de las declaraciones de tres de los 19 imputados por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf.
Se trata del ex jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo; Tertulino Fernández González, entonces miembro de la Comisión de Urbanismo en representación de la Administración del Estado; y José Crespo, que representaba al área de Fomento.
Las declaraciones por el caso de la Ciudad del Golf continuaron este martes con la comparecencia de varios de los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que dieron el visto bueno a la recalificación como suelo urbano de un Área Crítica para la cigüeña negra, en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y que han sido citados como imputados.
Todos ellos aseguraron ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno, que no recordaban lo que se trató en las sesiones de la Comisión Territorial de Urbanismo en la que se aprobaron los expedientes de la Ciudad del Golf, salvo José Crespo, quien manifestó que “en esas reuniones no se había informado nunca de que hubiera habido informes desfavorables de Medio Ambiente, y ni siquiera que esa zona fuera ZEPA o LIC”.
Según Carlos Bravo, sus declaraciones demuestran que “votaron sin leer los expedientes”, a pesar de que formaban parte de un órgano colegiado en el que “los funcionarios públicos tienen la obligación de emitir su voto tras estudiar el expediente para emitir su voto de forma responsable”.
Dice en este sentido que “votaron lo que allí surgía de la reunión y es decepcionante que reconozcan estos hechos, que hayan tomado decisiones sin haber visto los expedientes”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 16 DE Enero 2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
NOTICIA RELACIONADA: El fiscal dice que el caso Las Navas “está claro” y espera que llegue a juicio - Ávila Digital - María Cuenca - 16 DE Enero 2008
Juzgan al ex alcalde de Torredonjimeno por el derribo de la antigua estación de Renfe
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TERRA/Jaén* : La sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén celebra hoy el juicio contra el ex alcalde de la localidad jiennense de Torredonjimeno y actual secretario provincial del PSA de Jaén, Javier Checa, por el derribo de la antigua estación de Renfe de este municipio.
Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el ministerio fiscal solicita en su escrito de acusación que Checa sea condenado a cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental en concepto de inductor así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
El ministerio público relata en su escrito que el acusado ordenó el 28 de abril de 2004 la demolición del edificio de viajeros de la estación de ferrocarril de Torredonjimeno, si bien 'no procedió a incoar a tal fin procedimiento administrativo alguno que justificase la necesidad o conveniencia para el interés público de efectuar la indicada demolición'.
De igual modo, expone que tampoco declaró 'previamente' la ruina de ese edificio y que no puso en conocimiento de los titulares del inmueble el acto administrativo de la orden de demolición, de tal manera que estos no tuvieron opción de 'hacer valer sus derechos en orden a la conservación' del edificio.
Asimismo, recoge que el también acusado Francisco B.M., aprovechando su condición de arquitecto técnico municipal, elaboró un informe 'mendaz'-- que ni siquiera está registrado en el Ayuntamiento, según apostilla-- en el que argumentaba que había visitado ese edificio y constatado su deterioro físico además de su estadio de ruina y peligro.
No obstante, el fiscal alega que ese informe fue realizado con posterioridad al derrumbe y que la única finalidad de su elaboración fue 'proporcionar amparo fáctico y jurídico a la conducta de Javier Checa' ya que además el informe recoge unas circunstancias sobre el estado del edificio que no se corresponden a la realidad y añade que incluso este acusado no visitó ese inmueble.
Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita que Checa sea condenado por un delito de prevaricación a la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental en concepto de inductor, por el que también le solicita el pago de una multa de 3.240 euros.
Con respecto al otro acusado, el fiscal pide que se le impongan cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental y que abone una multa de 3.240 euros.
En concepto de responsabilidad civil, recoge que los acusados deben indemnizar a los titulares del edificio derruido, en este caso Renfe, en la cantidad que resulte al valorar los trabajos necesarios para la restauración del edificio al estado anterior a su demolición e incluye al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
* Terra Actualidad - Europa Press - 14 Ene 2008
Foto: Torredonjimeno (Jaén), ayuntamiento - prodecan.es
