TERRA/GranCanaria* : El ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, Ildefonso Jiménez, comparecerá el próximo 18 de julio en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 del municipio, imputado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecerán como imputados por presuntas negociaciones prohibidas el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, en las diligencias instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Sin embargo, el concejal nacionalista Ildefonso Jiménez ha manifestado que en el mes de agosto se encontraba de vacaciones por lo que fue sustituido por otro edil, al tiempo que insistió en que no firmó la publicación de las bases del pliego de condiciones del concurso, por lo que resaltó que no tiene 'nada que ver' con este caso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 19 Jun 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El ex edil de Urbanismo de Telde Ildefonso Jiménez declarará como imputado por prevaricación
Del POL, del PORN, de las sentencias de derribo y otros despropósitos en Liencres
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : Los tiempos han cambiado, cambian los hábitos y las costumbres, y la mentalización de las personas y su forma de pensar también varía, y sobre todo en temas relacionados con el Medio Ambiente y el cuidado de su entorno.
En muchos municipios, o en aquellos que su planeamiento es vetusto, se dan circunstancias propias de la cultura urbanística de aquellos años, donde no se tenía en cuenta el impacto medio-ambiental y primaba las construcciones cerca del litoral o en sitios poco propicios para la construcción por tener otro tipo de valores.
Este no ha sido un mal exclusivo de los municipios de Cantabria, ya que sólo con darnos una vuelta por el Levante español u otras zonas turísticas, nos damos cuenta de que la cultura urbanística prevalecía sobre la medio-ambiental, sobre todo en aquellos lugares donde hubiera un fin turístico. Este es posiblemente el origen de la legislación existente y de las figuras de protección, que intentan relegar a un segundo plano los intereses urbanísticos, haciendo preferentes otros.
Todo el mundo entiende y respeta las figuras de protección, pero cuando se ensañan o centran en los mismos puntos crean malestar y controversia, y ese es el caso del pueblo de Liencres, cuando directa o indirectamente algunas consejerías del Gobierno Regional se empeñan en «proteger lo protegido sobre lo ya protegido», e incluso son las consejerías dependientes de la misma formación política, ¿será casualidad?
Existe un listado de acrónimos extenso, y todos ellos con el mismo objetivo: disponer de las propiedades por encima de la voluntad de los herederos legítimos de las mismas. Entre las figuras que quiebran Liencres tenemos en primer lugar, el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que impone varíos modos de protección en gran parte del territorio de Liencres, el cual se haya inmerso en dos contenciosos interpuestos por los municipios y los senadores del Partido Popular, en el caso particular del POL, considera rasas marinas más allá de los dos kilómetros, cuando la propia metodología del plan establecía que las «rasas marinas no se extenderán más allá de los 500 metros». Posteriormente se inicio expediente de Declaración de Interés Local en el Monte Picota, sirva decir que esta zona ya estaba protegida por el POL, como este expediente no puedo acabarse, iniciaron una semana después una Declaración de Interés, esta vez, Cultural, zona arqueológica, que se encuentra inmerso en un contencioso interpuesto por los afectados, pues con el fin de proteger unos bunkers y trincheras de la Guerra Civil de escaso o nulo valor histórico, crean un perímetro de protección desmesurado.
Tras esto, llega la Demarcación de Costas y después de casi 20 años, inicia el trazado del deslinde marítimo-terrestre, afectando a todo el litoral del pueblo de Liencres, y sin reconocer la naturaleza urbana que poseían los inmuebles antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en 1989. La consecuencia ha sido el consiguiente contencioso presentado esta vez por el Ayuntamiento de Piélagos y muy posiblemente por la Asociación de afectados y el resto de propietarios a modo particular, si se les rechazan los recursos de reposición introducidos. A la lista también tendremos que sumar la Red de Sendas, aunque únicamente hay un avance de intenciones, a la espera que sean los Municipios quienes lo desarrollen. Y por último en este particular «ranking», tenemos el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que resulta ser el más desmesurado y, a juicio del que escribe, el más injustificado si hacemos caso a su extensión.
El PORN de las dunas de Liencres, estuario del Pas y costa quebrada, nace tras una orden de la Conserjería de Ganadería en julio del año 2006, con la finalidad de evitar construir en el Sector 2 en Liencres, tal y como se apuntó desde la Consejería de Ganadería y algunos sectores ecologistas. Básicamente, el plan pretende establecer una nueva zonificación de protección para el Parque Natural, la desembocadura del río Pas y la costa, amparándose en la guarda de los recursos naturales allí existentes.
Hasta aquí, todo el mundo estaría conforme con el plan que se pretende, incluidos los propietarios de terrenos, no obstante, adolece en algunos puntos. En las más de 700 Ha. que aporta el pueblo Liencres, existen varios solapamientos de figuras de protección: en primer lugar el POL con varias figuras de Protección: Área de Interés Paisajístico (AIP), Protección del Litoral (PL), Protección Costera (PC), Protección de Riberas (PR), también esta afectada por el BIC del Monte Picota, el Deslinde Marítimo-Terrestre y sobre todos ellos el Parque esta amparado por los LICŽs europeos (Lugares de Interés Cultural Comunitaria).
Por otra parte, la superficie del PORN es de más de 1600 Ha, comprendidos entre tres ayuntamientos, de las que casi el 50% las aporta Liencres. En su perímetro, el plan engloba las dos grandes mieses que tiene el pueblo, o sea, que proyecta proteger las tierras de labranza y los pastizales, ¿se imaginan que se extendiera esta metodología?, significaría que TODO el terreno de Cantabria estaría bajo protección.
La última gran imperfección del plan, supone que los Propietarios no reciben ninguna contraprestación a cambio, muy recientemente hemos podido leer que en el PORN de Oyambre a los propietarios de los terrenos no se les va a indemnizar de ninguna manera, aunque nadie se fiaría de esta promesa, pues aún se están esperando las supuestas prestaciones por el Plan de Ordenación del Litoral.
En la otra cara de la moneda, están los perjudicados por la dejadez de la Administración: Los afectados por las sentencias de derribo. Este importante grupo de afectados esta en un continuo sinvivir, ya que cuando parece que se avanza para la solución del problema, aparece alguna administración que le vuelve a ralentizar e incluso en algunos casos ha habido recesos.
Lo verdaderamente preocupante, es el sosiego que se tiene para solucionar problemas de suma gravedad y sin embargo en otros con menor envergadura, la celeridad es característica esencial.
Recientemente hemos podido leer que la Administración de Justicia había promovido una interrupción para dar tiempo a la Comisión Regional de Urbanismo a pronunciarse y buscar una solución al desasosiego de muchos propietarios, y sin embargo esta última no se ha pronunciado, dejando otra vez en el disparadero a los afectados, posiblemente por miedo o servilismo a las distintas asociaciones ecologistas.
* El Diario Montañés - 21.06.08 -FRANCISCO JAVIER TORAYA MUÑOZ
Foto: Liencres (Cantabria), urbanización - S.Cirilo, elpais.com
Roca admite que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y a un abulense
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LAVERDAD/Murcia* : Sumario de la 'Operación Ninette'. El cerebro de la 'trama Malaya' confesó ante la juez de San Javier que el arquitecto municipal le presentó a los dueños del proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares para que adquiriesen los valiosos terrenos.
Iban de la mano. Juan Antonio Roca, el empresario vasco Javier Arteche, de la firma Obarinsa S.L. y el promotor de Ávila Enrique Ventero, propietario de Vemusa S.L., constituyen algo así como las tres patas de un mismo banco. Como las pirañas, llegaban en grupo a cualquier lugar por el que se propagase el olor a negocio inmobiliario. Y Los Alcázares no fue una excepción: llegó Roca, sentó sus cabales en el municipio, y después de él, y de su mano, llegaron sus amigos vascos y el abulense que, a cuenta de sus peligrosas amistades, acabó viéndose imputado en la Operación Malaya.
Las diligencias instruidas con motivo de la Operación Ninette, que ha destapado una trama de corrupción radicada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, han servido para confirmar que los intereses del cerebro de la trama Malaya en la Región, y en concreto en la localidad de Los Alcázares, iban incluso más allá de lo que ya se intuía. Él mismo lo había apuntado en ese sentido cuando en un encuentro mantenido en un hotel de Madrid con otro empresario le habría hecho partícipe de la siguiente confidencia: «El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia».
UN IMPERIO INMOBILIARIO
Lo que Roca tenía en la Región era algo más que unas inversiones con futuro. La joya de la corona, la guinda del pastel, era la Finca La Loma, situada en término de Los Alcázares y construída con lujo asiático.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que más recientemente continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, un cáliz de oro, una piedad de plata, un sextante antiguo de gran valor, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna.
La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.
DOS GRANDES URBANIZACIONES
Los agentes sacaron asimismo a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo en Los Alcázares, una de ellas con más de un centenar de chalés, ya construida, y otra con unas 1.500 viviendas.
EXTENSA CONFESIÓN JUDICIAL
Juan Antonio Roca utilizaba una gran cantidad de hombres de paja o testaferros, que estaban al frente de sociedades interpuestas, para realizar sus inversiones. Entre estas firmas, cuya propiedad ha admitido, se encontraban las citadas Compañía Inmobiliaria Masdevallía y One Properties, Condeor (nombre bajo el cual estaba construyendo un hotel de cien habitaciones y cuatro estrellas en Los Alcázares), Vanda Agropecuaria (propietaria de la finca La Loma), Maras Asesores y Jabor Magarpe, entre otras.
El pasado 25 de febrero, cuando Juan Antonio Roca fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, con el fin de declarar como imputado en la Operación Ninette, no sólo confesó la titularidad de esas mercantiles, sino que admitió lo que ya La Verdad desveló en abril del 2007, y es que era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se están construyendo unas 5.000 viviendas y ya está en funcionamiento un campo de golf.
El acta de la declaración prestada por Roca, que está en poder de La Verdad, recoge la confesión del imputado de que «el 95% del plan parcial de Torre del Rame era de unos propietarios de Los Alcázares» y que el propio Roca, «junto con Javier Arteche -uno de los miembros de la denominada conexión vasca de Roca- y Enrique Ventero -empresario de Ávila imputado en la Operación Malaya- se pusieron de acuerdo para comprar Torre del Rame».
ENORME VALOR PATRIMONIAL
Las parcelas adquiridas por el cerebro de la red Malaya lo fueron bajo el paraguas de las sociedades Compañía Inmobiliaria Masdevallía S.L. y Condeor S.L.. Las citadas parcelas son la denominada H-3, con una superficie de unos 57.000 metros cuadrados, y otras cuatro de menor entidad, dos de ellas de 42.000 m2 cada una, y otras dos de 7.000 m2.
Esos terrenos tienen una superficie total de 155.000 m2 y por su venta llegó a pedir el interventor judicial nombrado por el Juzgado de Marbella una cantidad cercana a los 121 millones de euros (20.150 millones de pesetas).
Al respecto de sus socios vascos, La Verdad ya publicó en noviembre del 2007 que Francisco Javier Arteche Tarascón, un empresario vasco íntimamente ligado a Juan Antonio Roca, tanto por razones de amistad como de negocios, figuraba junto a dos de sus socios habituales, Agustín Aguirre Iguíñiz y Luis María Maya Galarraga, como administrador o apoderado de sociedades que poseen una gran cantidad de parcelas en Torre del Rame.
Curiosamente, estos mismos empresarios vascos son propietarios, junto a la caja de ahorros guipuzcoana Kutxa, de la finca Lo Poyo, cuyo proyecto de construcción de unas 4.000 viviendas y varios campos de golf ha generado una de las mayores polémicas sobre urbanismo de los últimos años en la Región. Roca también ha admitido que hizo de intermediario en la venta de esa finca, por lo que percibió una comisión del 1% del valor total de la transmisión.
SIEMPRE JUNTOS UNO Y OTROS
Documentos que obran en poder de este periódico demuestran que gran cantidad de parcelas de Torre del Rame están en poder de sociedades administradas por estos empresarios vascos, entre las que figuran Basadi Servicios Inmobiliarios S.L., Lubide Servicios Inmobiliarios S.L., Inversán Servicios Inmobiliarios S.L., Irai Servicios Inmobiliarios S.L., Basadi Servicios Inmobiliarios S.L., Otadi Servicios Inmobiliarios S.L. y Ederki Servicios Inmobiliarios S.L..
Las citadas mercantiles son propietarias de parcelas urbanizables que suman más de 125.000 metros cuadrados en Torre del Rame. El valor de estos terrenos asciende a varias decenas de millones de euros.
Junto a Juan Antonio Roca y sus socios vascos, la tercera parte del negocio en Torre del Rame estaba constituida por el empresario Enrique Ventero, en libertad bajo fianza de 200.000 euros por el caso Malaya, y que posee alrededor del 33% de las fincas que constituyen Torre del Rame.
VUELVE A APARECER AYUSO
No deja de ser reseñable que el arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, fuese quien, según la confesión del propio Roca, «intervino en la gestión con los propietarios originales de Torre del Rame, y fue el que se los presentó para comprar las tres partes de ese 95%». La Policía, tal y como se ha publicado, considera que Ayuso era uno de los hombres de confianza, el «eslabón de conexión» entre Roca y la trama de corrupción radicada en el Ayuntamiento de Los Alcázares.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
El Gobierno acusa a los municipios de vulnerar la 'ley anticorrupción'
ELPAÍS* : Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.
Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados en el Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una "persecución implacable" y un "castigo sin paliativos" a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).
Los gobiernos municipales consultados por EL PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración de bienes de alcaldes y concejales.
- Castellón: "Cuestiones legales por solucionar". En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó, el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya que "había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar", en referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen Local.
- Bilbao. "Nadie sabe cómo hacerlo público". En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal, quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de estos datos, porque "la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público. Nadie sabe cómo hacerlo", señaló el mismo portavoz, quien recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web "y se montó un cristo". El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, "ahí tienen los datos", informa Alberto Uriona.
- Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve, informa Reyes Rincón.
- Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña, los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo, disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal, informa Paola Obelleiro.
Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró ayer que se está produciendo la "vuelta a la normalidad" de los precios, un "ajuste" que calificó de "previsible, deseable y necesario". Los últimos datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. "Era injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas", aseguró.
La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado
- "Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades".
- "Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho".
- "Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal".
- "Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público".
* ELPAIS.com - L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 21/06/2008
Foto: corrupción urbanística viñeta ayuntamiento
La jueza envía a la cárcel al alcalde y a su mano derecha por la trama de presunta corrupción en Estepona
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SUR/Málaga* : Antonio Barrientos llegó a los juzgados a la una del mediodía. Siete horas y media más tarde el alcalde de Estepona abandonaba la sede judicial como llegó: esposado y en un furgón policial. La sonrisa con la que atravesó el arco de entrada se esfumó cuando escuchó los abucheos de los vecinos que le esperaban a la salida.
Ya se sabía que la jueza de Primera Instancia e Instrucción 1 había decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. No fue el único. De los cinco detenidos que ayer pasaron a disposición judicial por la presunta trama de corrupción urbanística, tres abandonaron los juzgados camino del presidio, previo paso por la Comisaría. El primero en salir escoltado fue José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía y mano derecha de Barrientos imputado de los supuestos y aún provisionales delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, y blanqueo de capitales. Con gesto serio abandonó la sede judicial a las 20.15 horas entre vítores de familiares, compañeros y amigos y abucheos de más de un centenar de vecinos que se congregaron al otro lado del edificio entre gritos e insultos. La jueza instructora, Isabel Conejo, decretó un tercer ingreso en prisión en la tarde de ayer, el de Manuel Reina, ex edil de Hacienda y actual concejal del PES, imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.
El resto de los detenidos que ayer prestaron declaración, Juan Simón, abogado y miembro de la Ejecutiva del PSOE, y Francisco Zamorano, actual concejal de Hacienda y portavoz del grupo municipal, salieron en libertad con cargos. En el primero caso, con fianza de 300.000 euros bajo la imputación de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el segundo, bajo fianza de 50.000 euros por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, el único en estar imputado por este delito. Fueron los dos primeros en abandonar los juzgados.
Con ellos son ya cinco de los 26 detenidos de la 'operación Astapa' los que ingresan en prisión sin posibilidad de eludirla bajo fianza. Los delitos que se les imputa son muy similares, y en algunos casos, idénticos. Un día antes la magistrada enviaba a la cárcel al ingeniero X W. y al también edil del PES José Ignacio Crespo, imputado igualmente de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.
El resto de los detenidos han salido en libertad, aunque la mayoría bajo fianza de entre 15.000 y 500.000 euros según su patrimonio y la gravedad de los delitos que se le imputan provisionalmente. De no hacer efectiva la cuantía en los próximos días -algunos de ellos han comentado que les será muy difícil reunir el dinero en tan poco tiempo- podrían ingresar en prisión hasta nueva orden. De momento, han anunciado que compañeros de partido, amigos y familiares están realizando una colecta para conseguir el dinero. Muchos de sus seguidores incondicionales se congregaron ayer ante la sede de los juzgados de Estepona para mostrar su apoyo a los detenidos, especialmente a Barrientos, el personaje más esperado en los cuatro días en los que se han desarrollado los interrogatorios judiciales.
La escena se repite
A un lado los amigos, familiares, compañeros de partido y cargos de confianza del PSOE. Al otro, los ciudadanos y curiosos que se agolpaban desde primeras horas de la mañana en la puerta del juzgado de Estepona. La entrada y salida de los cinco detenidos fue muy similar con la única diferencia de que los amigos permanecieron inmutables a pesar del cansancio y el calor frente a los detractores que fueron yendo y viniendo. El alcalde fue recibido al grito de «Antonio, estamos contigo; hemos venido a apoyarte». Eran sus compañeras de gobierno, que ayer salían en libertad tras declarar ante la jueza que instruye el caso. El primer edil, visiblemente desmejorado, agradeció la muestra de cariño de sus compañeros lanzándoles un beso al aire. En el otro bando, le abucheaban e increpaban mientras -con los brazos cruzados para esconder las esposas, y la cara al descubierto- se dirigía hacia el juzgado. «Ladrón», «chorizo», gritaron los presentes, que incluso se atrevieron a lanzar algún objeto al regidor antes de entrar en la sede judicial. La escena se repetía horas más tarde a su salida, pero esta vez su gesto de preocupación lo decía todo.
* SUR - M. J. CRUZADO / M. PERIÁÑEZ - 21 junio 2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Más licencias ilegales en Almuñécar
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Dirección General de inspección de Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía, suspende la licencia urbanística de la urbanización Arroyo Marinos. La licencia concedida COREAL PROCENTRO S.L. para la construcción de 64 viviendas contraviene la normativa urbanística vigente en el municipio de Almuñécar.
El 9 de abril de 2007, Ecologistas en Acción denunció, ante la Agencia Andaluza del Agua y ante Obras públicas, que la urbanización que estaba a punto de finalizar denominada Arroyo Marinos, se enclavaba sobre un barranco con este nombre.
El barranco ha quedado cubierto e incluido dentro de la propia urbanización como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce.
Este cauce, al final de la urbanización se convierte en calle asfaltada de acceso, cubriendo el barranco, que ve mermada su capacidad de desagüe. La Agencia Andaluza aún no ha tenido tiempo de responder, pero sí Obras Públicas, que requirió el 19 de mayo, al Ayuntamiento de Almuñécar, información sobre el caso, que una vez estudiada ha concluido con un requerimiento de revisión de oficio de la licencia de obras y solicitado su suspensión, así como la detención inmediata de los actos que se estén ejecutando a su amparo.
Ahora nos encontramos, una vez más, con la política de hechos consumados, ya que el 5 de junio de 2007 la Junta Local de Gobierno de Almuñécar concedió licencia de primera ocupación.
* Ecologistas en Acción de Granada - 19 de junio 2008
Foto: Almuñécar (Granada), Arroyo Marinos - ecologistasenaccion.org
