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Ecologistas en Acción* ha presentado alegaciones al Plan Parcial de “Cabo de Plata”, en el municipio de Tarifa. Este Plan se basa en el desfasado PGOU de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se suma ahora la urbanización colindante de Cabo de Plata -promovida por Atalaya desarrollos Inmob., Atlanterra A.G. y Cortijo del Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 de viviendas y 1.372 plazas hoteleras...
... y la intención de recalificar el Cortijo del Moro, promovido por la inmobiliaria Grupo Veintidós, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras, y dos campos de golf en una actuación que provocaría un gigantesco impacto ambiental y territorial. Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como Suelo Urbanizable en el PGOU en base a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista.
Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con los planes y leyes urbanísticas que ha venido aprobando la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz estos últimos años, como la Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa en vez de adaptar este PGOU obsoleto a los nuevos criterios de ordenación del territorio, de conservación del litoral y de la política turística, sigue promoviendo un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa. Estos planes especulativos se basan en la “burbuja inmobiliaria”, que ya se ha desinflado, y que sólo ha favorecido la economía del “ladrillo” y el empleo temporal y de baja cualificación. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha sido la principal causa de la crisis económica que padece nuestro país. Pero el Ayuntamiento de Tarifa parece no querer enterarse.
Resulta paradójico que el mismo Ayuntamiento que ha apoyado y potenciado la urbanización de Atlanterra, justifique esta nueva urbanización en base a la falta de equipamientos. Esta falta de equipamientos justificaría la construcción de los mismos en el interior de Atlanterra o en su periferia, pero no es admisible construir más para intentar “compensar” el déficit de equipamientos existente.
El PGOU de Tarifa se aprobó sin Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no se ha tenido en cuenta su impacto sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el territorio. Especialmente grave es que se pretenda aprobar esta nueva urbanización sin tener garantizado el abastecimiento de agua. A pesar de que Tarifa es un municipio que ha tenido problemas serios de suministro de agua, el Ayuntamiento, o mejor dicho la empresa privada Aqualia, certifica que hay suficientes recursos para abastecer a la urbanización Cabo Plata. Dichos informes son manifiestamente fraudulentos por varias razones: quien debe certificar legalmente la existencia de recursos hídricos no es un Ayuntamiento ni una empresa privada, sino la Agencia Andaluza del Agua; se han falseado las demandas que se requieren, pues aseguran que serán 250.000 m3/año cuando sólo el campo de golf necesitará el doble; y ni siquiera se mencionan normas de obligado cumplimiento como el Plan Hidrológico del Barbate. Ecologistas en Acción entiende que sería gravísimo que tanto la Agencia Andaluza del Agua como la Consejería de Medio Ambiente aprobaran este Plan Parcial, y se podría incluso incurrir en un presunto delito de prevaricación.
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Tarifa que:
1. Proceda a rechazar el Plan Parcial SA-1 “Cabo de Plata”, por entender que no respeta la actual normativa urbanística y medioambiental, no garantiza los recursos hídricos necesarios, carece de las infraestructuras viarias imprescindibles, no incorpora las subsanaciones exigidas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2007, consagra un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general, y generaría graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico de Tarifa.
2. Que se inicie el proceso de desclasificación de los terrenos incluidos en este Plan Parcial declarándolos Suelo No Urbanizable de Especial Protección, como inicio de una nueva política urbanística y medioambiental en base a criterios de sostenibilidad.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 26 de agosto 2008
Foto: Tarifa (Cádiz), urbanización Atlanterra - mma.es
Tarifa: Oposición a la nueva urbanización junto a Atlanterra
La nueva dirección del área de Urbanismo de Dénia está ligada al sector inmobiliario privado
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LEVANTE/Alicante* : El jefe de Ordenación Urbanística tiene dos empresas de servicios de arquitectura y el coordinador de obras está vinculado a través de dos firmas con las principales promotoras. La desaparición de la actual Gerencia de Urbanismo, programada por el pentapartito para el pleno mañana, lleva consigo una profunda reestructuración de este importante departamento municipal.
El pasado jueves, el edil de Gent de Dénia Miguel Llobell fue el encargado de anunciar que la alcaldesa, la popular Ana Kringe, había decretado que el arquitecto municipal, Rogelio Mira, pasaba a ser el Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística (lo que en otro momento se llamó gerente de Urbanismo) mientras que el ingeniero municipal, Jesús Escolano, comenzaba a desempeñar la dirección, coordinación, control y evaluación de programas y proyectos del Servicio de Obras del departamento de Urbanismo.
El argumento utilizado por el gobierno de concentración, aupado al poder por una moción de censura, ha sido la austeridad y la buena gestión para mejorar -según ellos- la situación del urbanismo generada por el anterior equipo de gobierno formado por PSPV y Bloc, lo que ha significado todos los cambios en el área y la colocación en los puestos de mando de funcionarios del consistorio.
Levante-EMV ha podido saber que el Jefe de Ordenación Urbanística, Rogelio Mira, cuenta con dos empresas de asesoramiento inmobiliario cuyas sedes sociales están ubicadas en la misma calle: Corokia S.L. y Arquimazara S.L. Ambas, según reza en el registro mercantil, se dedican al "negocio inmobiliario".
El coordinador de proyectos del Servicio de Obras, Jesús Escolano, aparece como administrador de le empresa Deniastur Ingeniería Civil S.L. y como consejero de otra mercantil llamada Meridian Gestión Urbanística. Esta última tiene como accionista a la constructora Blauverd, promotora que en el mandato de PSPV y Bloc intentó sacar adelante el PAI de l'Almadrava-Molins, con 4.000 nuevas viviendas y que cuenta con un millón de metros cuadrados en la ciudad. La presidencia de Meridian Gestión Urbanística la ostenta Ignacio Barceló Lillo que es apoderado de la misma Blauverd y también de otra mercantil con fuerte arraigo en Dénia; Desarrollos Urbanísticos Las Marinas S.L., presidida por el promotor dianense Enrique Pla, secundado también por el empresario local Juan Riera y por Vicente Girbes (gerente de Blauverd).
El Plan General de Ordenación Urbana deberá definir el urbanismo en un momento de crisis para el sector de la construcción y tras una convulsa moción de censura que dio la alcaldía al PP.
* Levante-EMV - 27 de agosto de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Los cuatro 'cabecillas' de la trama de Estepona seguirán en la cárcel
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ELCORREO/Andalucía* : Los cuatro cabecillas de la presunta trama de corrupción de Estepona seguirán en la cárcel dos meses después de ser detenidos. La jueza denegó la libertad al ex jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y al edil del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo. El ex alcalde, Antonio Barrientos, y otro edil del PES, Manuel Reina, también seguirán en prisión.
Ha pasado algo más de dos meses desde que en Estepona (Málaga) se destapara el pasado 17 de junio una red de corrupción urbanística calcada a la de su vecina Marbella. Una trama presuntamente urdida por el que fuera alcalde de la localidad de la Costa del Sol, el ex socialista Antonio Barrientos, que se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, a cobrar comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. Grandes sumas pagadas por grandes promotores y empresarios locales, que iban a parar a una caja b y que los principales implicados podrían haber estado utilizando para su lucro personal o incluso para financiar a sus partidos políticos, el PSOE y el Partido de Estepona (PES), heredero directo del GIL.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, sigue avanzado en el caso Astapa. Se espera que en otoño, cerca de octubre, levante parcialmente el secreto de sumario y se puedan conocer más detalles de esta trama discípula aventaja de Malaya. De momento, la jueza ha decidido mantener en prisión a quienes parecen ser los cuatro protagonistas de la presunta red corrupta. Según se difundió ayer, ha denegado la puesta en libertad del que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y del edil del PES José Ignacio Crespo, informó Efe. El Ministerio Fiscal también se había opuesto a que salieran a la calle.
A finales del pasado julio la magistrada tomó la misma determinación para el ex alcalde, por considerar que existía riesgo de fuga y que podía intentar influir en las declaraciones de los imputados en el caso. También sigue en prisión el otro ex edil del PES, Manuel Crespo. A todos se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. A Reina también el de fraude. Ellos cuatro se perfilan como los protagonistas de una red que cuenta con 41 imputados –siete de ellos miebros de la corporación municipal–, 17 en libertad sin medidas cautelares y otros 20 en la calle tras depositar una fianza.
Medidas económicas. A pesar de que los principales imputados no saldrán de la cárcel, la jueza sí que ha revocado –siguiendo la orden de la Audiencia de Málaga– las medidas cautelares de tipo económico que había adoptado. Únicamente no se tocarán las fianzas personales que habían pagado los imputados para evitar la cárcel y que suman 2,3 millones de euros.
Sí se han alzado las medidas que impedían a los implicados disponer de sus bienes rústicos y urbanos, las cuentas bancarias de los imputados han quedado desbloquedas y el dinero que algunos depositaron para hacer frente a responsabilidades patrimoniales si fueran declarados culpables en el juicio deberá ser devuelto. La Audiencia de Málaga advierte de que estas medidas se habían adoptado de forma indiscriminada contra todos los imputados sin que se pudiera determinar la responsabilidad patrimonial concreta de cada imputado. Por ello ordena revocar de las medidas económicas sólo para tres imputados que presentaron recursos, aunque la jueza ha decidido acatarlo y extenderlo a todos los imputados.
* El Correo de Andalucía - 25/08/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Valverde Térmica No presenta una moción para la no recalificación de terrenos para la central térmica
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EXTREMADURA24h* : Tras varias reuniones mantenidas con los representantes públicos del pueblo de Valverde de Mérida, la Plataforma ciudadana Valverde Térmica No quiere hacer público que presentará una moción de censura para que no se recalifiquen los terrenos para la central térmica.
La alarma social que causa entre la población de Valverde de Mérida y pueblos cercanos el proyecto de Central Térmica de Ciclo Combinado situado en nuestro término, motiva a la Población a una movilización continuada si no se asegura por parte de dichos representantes la efectividad de sus promesas y compromisos electorales respecto a este tema.
Tanto el Grupo Popular como el Grupo de Independientes del Ayuntamiento de la localidad mostraron su rechazo a este proyecto y se comprometieron con sus votantes a utilizar todos los medios legales para impedir la instalación de dicha Central y la del resto de las proyectadas en el entorno.
El Alcalde de Valverde de Mérida, a petición de la Plataforma Ciudadana va a presentar una Moción para el próximo Pleno en los siguientes términos.
Que el Ayuntamiento en Pleno de Valverde de Mérida se compromete a no iniciar ninguna modificación o revisión de la normativa urbanística de este municipio con el propósito de recalificar y adaptar los usos de los terrenos donde pretende ubicar Mérida Power SL la Central Térmica de Ciclo Combinado proyectada en este término municipal, tanto si se tramita o no como un proyecto de interés regional.
Que con tal fin el Ayuntamiento de Valverde de Mérida pondrá de inmediato este acuerdo en conocimiento de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Extremadura, así como de la empresa promotora de la Central Térmica de Ciclo Combinado, Mérida Power SL"
Nos congratulamos de esta decisión que es consecuente con la voluntad del Pueblo y esperamos que sirva para hacer desistir de su pretensión al promotor de dicha Central.
La Plataforma Ciudadana Valverde Térmica No así como el resto de Plataformas englobadas en la Federación Térmicas No Extremadura seguirán en lucha contra este tipo de instalaciones para nuestra tierra.
* Extremadura 24 horas - 26/08/2008
Foto: Valverde de Mérida (Badajoz), manifa contra térmica - valverdetermicano.blogspot.com
La contaminación por dióxido de nitrógeno se dispara en Madrid
ELPAÍS* : Se acaban las vacaciones, vuelven los coches a la ciudad y, con ellos, la contaminación. Dos estaciones de medición del centro, la de la plaza de Gregorio Marañón y la del paseo de Recoletos, registraron en la noche del lunes al martes niveles muy altos de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico causado por el tráfico y que irrita las vías respiratorias.
Las dos superaron, entre las diez y las doce de la noche, los 220 microgramos por metro cúbico (µg/m3) que la legislación europea considera "límite para la protección de la salud". Marañón llegó a marcar 320; Recoletos, 291.
La media de toda la red -con 25 estaciones operativas- también fue anormalmente alta: 153 µg/m3. La noche anterior, a la misma hora (23.00), marcó 78, es decir, la mitad. Ecologistas en Acción atribuyó ayer este "preocupante" repunte a la "vuelta de miles de automóviles a la capital". El portavoz de Calidad del Aire de la organización, Juan García, apuntó también a otra causa: el buen tiempo. "Cuando hay estabilidad atmosférica, como ahora, el aire no se renueva", explicó. Eso provoca que los gases contaminantes que emiten los tubos de escape no se despejen. Además, señaló, por la noche se produce el fenómeno conocido como inversión térmica: durante el día los gases se almacenan arriba porque pesan menos, pero al bajar las temperaturas por la noche el aire limpio se enfría, las masas de aire se intercambian y el contaminado baja a ras de suelo durante unas horas.
Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid reconoció ayer que los niveles de contaminación son "altos", pero aseguró que no se consideran alarmantes ya que están "dentro de la normalidad". "No hemos superado el nivel de alerta", precisó, "por lo que no es necesario avisar a la población". El umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m3 que tienen que registrarse durante tres horas seguidas en "lugares representativos de la calidad del aire", según la legislación europea, traspuesta a España en un real decreto de 2002.
La media de Madrid incluye estaciones céntricas, que habitualmente registran valores altos, como Marañón y Recoletos, y otras en los que los niveles suelen ser muy bajos, como Casa de Campo. García no recuerda que se haya superado nunca el umbral de alerta, pero sí que a principios de este año se sobrepasaron los 400 microgramos en dos estaciones del centro de Madrid. El Ayuntamiento no avisó a la población, puesto que no está obligado a ello.
La normativa europea fija que no pueden superarse los 220 µg/m3 en más de 18 ocasiones en un año. La estación de Recoletos ya ha marcado por encima de ese nivel en 34 ocasiones, según los datos que recoge diariamente Ecologistas en Acción a partir de la información que cuelga en su web el Ayuntamiento de Madrid. Las últimas fueron la noche del lunes: 226 a las 22.00, y 291 a las 23.00. Gregorio Marañón lo sigue de cerca, con 27 superaciones. Las últimas, a la 1.00 del lunes (230), a las 23.00 (320) y a las 24.00 del mismo día. La estación que hay al final de la calle de Alcalá lleva 20; la del paseo de los Pontones, 14.
Y lo peor, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción, está por llegar. Este invierno podrían repetirse los registros del anterior. A finales del pasado enero, la estación de Recoletos superó 12 veces los 220 microgramos en sólo cuatro días.
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 27/08/2008
Foto: Madrid es una de las ciudades más contaminadas (archivo) - EFE
El PP de La Vila cobró 1,5 millones en licencias de obras sin estar aprobadas
ELPAÍS/Alicante* : El anterior gobierno de La Vila Joiosa, con mayoría absoluta del PP, cobró a varios promotores anticipos por las licencias de obras por planes parciales en fase embrionaria. Esos planes parciales están todavía paralizados, mientras el dinero que se recaudó se ha "esfumado" de las arcas públicas.
El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, explicó ayer que su departamento ha contabilizado más de 1,5 millones de euros que se facturaron a varios promotores "antes de las elecciones municipales de 2007" por la "necesidad imperiosa de contar con liquidez para afrontar pagos", dada la precaria situación económica del consistorio. Serra asegura que "todavía no han podido iniciar las obras en sus parcelas", y algunas licencias no se han concedido.
Según el edil, el cobro tuvo lugar en plena precampaña electoral. En marzo de 2007 la empresa Edival, SL, abonó 418.952 euros por "licencia urbanística y canon ecológico" por una parcela en el plan parcial 4, en la partida Jovades, que "todavía se encuentra en período de exposición pública, según Serra. En ese mismo mes la mercantil Grupo Inmobiliario Luz, SL, abonó 147.672 euros por dos licencias urbanísticas sobre dos parcelas en el plan parcial Barberes Nort. Ambas licencias todavía no han sido concedidas. El edil de Urbanismo asegura que el PP gestionaba de forma "irregular".
El caso más llamativo fue el pago de 1 millón de euros que efectuó la empresa Provitae Centros Asistenciales, SA, con fecha 10 de enero de 2002 al Ayuntamiento en concepto de licencia urbanística para construir un edificio destinado a complejo asistencial en el plan parcial de Cales i Atalayes. "Lo curioso es que, en abril de 2007, cinco años después, un informe técnico de Urbanismo concluye que dicha licencia podría ser concedida una vez aceptado un plan de mejora que se había venido cumplimentando por parte de la empresa entre los años 2003 y 2006", añade el concejal. Serra se pregunta "qué pagó el PP con ese más de millón y medio de euros". El secretario general del PP, Jerónimo Lloret, atribuyó estas declaraciones a "una rabieta" e instó al edil a denunciar los hechos ante la Justicia.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 27/08/2008
Foto: La Vila-Joiosa - comunitatvalenciana.com
