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MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la organización Ecologistas en Acción contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Los Molinos por la construcción de viviendas en suelo protegido.
La sentencia del TSJM dictamina que la Comunidad de Madrid ha incurrido en "desvío de poder y actuado ilícitamente" al no reconocer -por estar obsoletas, argumentaron- y negarse a publicar las normas de planeamiento de Los Molinos de 1991.
"La no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas", subraya Ecologistas, puesto que en Los Molinos, desde 1991, existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco para proteger el piedemonte serrano y el entorno del río Guadarrama.
Según la organización, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables el piedemonte -lugar donde nace la montaña- de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, en plena Sierra de Guadarrama, así como los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximos al río Guadarrama.
Recurso a la orden
En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden del consejero de Medio Ambiente (en ese momento Mariano Zabía) por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La organización solicitaba, en su recurso, la anulación de la mencionada Orden y que se consideraran válidas y de aplicación las Normas de Planeamiento de 1991.
De este modo, de acuerdo al artículo 70 de la Ley del Suelo de la Comunidad, el Tribunal reclama a ambas administraciones la publicación de las Normas de planeamiento de 1991.
"Fuerte varapalo"
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, pues a su juicio "supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional, en la Sierra de Guadarrama".
Por ello, solicita a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, que reconduzca a la legalidad y al respeto al medio ambiente, la actividad de la Consejería que dirige.
La Comunidad de Madrid negó que esté construyendo viviendas en suelo protegido en Los Molinos y anunció que presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula las Normas Transitorias aprobadas en el 2007.
El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre aseguró a través de un comunicado que las Normas Transitorias del municipio de Los Molinos, aprobadas por el Consejo de Gobierno en 2007, "garantizan la protección por razones medioambientales de más del 85 por ciento del territorio municipal". Desde la Comunidad de Madrid explicaron que, aplicando el artículo 70.3 de la Ley del Suelo y a solicitud del Ayuntamiento de Los Molinos, puso en marcha en el año 2005 la elaboración de las Normas Transitorias para este municipio con el fin de dotarlo de la protección necesaria de la que carecía el Plan General de 1969.
Vacío legal
"La Comunidad evitaba de esta manera el vacío legal provocado por la anulación del plan urbanístico municipal por parte de los tribunales mientras el Ayuntamiento elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal", señalaron. Las mismas fuentes recordaron que las Normas Subsidiarias de Los Molinos, aprobadas en 1991, fueron anuladas por el TSJM en una sentencia de diciembre de 2002 por no ajustarse a derecho, quedando en vigor la antigua normativa urbanística de 1969, "cuyos criterios de calificación de suelos no coinciden con los actuales". "Igualmente, los niveles de protección medioambiental de la antigua normativa no se adaptan a los exigidos hoy en día", añadieron.
Ante esta situación de vacío legal, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio redactó unas Normas Urbanísticas Transitorias que "garantizasen un desarrollo urbanístico sostenible". Éstas "reducen considerablemente el número de viviendas que se podrán construir en la localidad ya que mientras que en el Plan de 1969 estaba prevista la construcción de 2.025 viviendas, con las Normas aprobadas en 2007 el número se reduce a 128, de las que el 70 por ciento serán protegidas". El Plan de 1991 preveía 646 viviendas de nueva construcción.
Respeto al planeamiento
El Ejecutivo regional negó tajantemente las acusaciones de Ecologistas en Acción al afirmar que no está construyendo ninguna vivienda en suelo protegido del término municipal de Los Molinos. "Las Normas Transitorias respetan las calificaciones del planeamiento de 1991, restringiendo su desarrollo dado que suspende todo su suelo urbanizable y únicamente admite el desarrollo del suelo urbano existente y el Suelo Urbano no consolidado de La Marina, que ya estaba calificado en los dos planeamientos anteriores", especificaron.
En cuanto a las afirmaciones de Ecologistas en Acción en las que se dijo que la Comunidad de Madrid pretendía declarar ciertas zonas urbanizable, como el piedemonte de la Sierra, las mismas fuentes regionales tacharon de "absolutamente falsas" las declaraciones porque "no hay suelo urbanizable aprobado".
* Madridiario - 04-08-2008 - MDO/EP
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
El TSJM ve "desvío de poder" y "actuación ilícita" en el urbanismo de Los Molinos
Varios colectivos ciudadanos pedirán a la justicia que paralice el POTLA
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IDEAL/Almería* : Las asociaciones de la Red Almeriense en Defensa del Territorio están dispuestas a acudir a los tribunales para paralizar el Plan de Ordenación del Levante Almeriense-POTLA si el Gobierno regional no tiene en cuenta sus alegaciones y permite que se construya en suelo protegido y se masifique la comarca.
Varios colectivos ciudadanos integrados en dicha red están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa dicho plan, al igual que han hecho con los planes de ordenación y uso y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Los afectados aseguran que en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Levante Almeriense no se les convocó a participar, algo que consideran antidemocrático, «teniendo en cuenta que hemos presentado numerosas alegaciones y ni siquiera han sido contestadas».
Los ecologistas y otros ciudadanos que luchan por la defensa medioambiental del Levante aseguran que el plan de ordenación de esta comarca «es un plan de desorden territorial y un instrumento para la especulación masiva al servicio de las promotoras inmobiliarias y sus intereses y que atenta contra los intereses básicos de los ciudadanos».
Aseguran que dicho plan «supone una barbarie medioambiental y urbanística sin precedentes que integra varias irregularidades de extrema gravedad, como la pretensión de construir en suelo protegido» y el desarrollo de un plan urbanístico en Carboneras «en los terrenos protegidos de Torre del Rayo y la construcción de una macrociudad de 5.300 hectáreas que abarca siete municipios, que podría albergar 400.000 personas; así como tres campos de golf nuevos».
Denuncian que «no se pone freno alguno a las pretensiones de urbanizar todo el territorio de municipios como Vera y se ignoran o niegan deliberadamente las necesidades urgentes de renovación total de infraestructuras de saneamiento en toda la comarca».
Peor calidad de vida
Dicen que si el Gobierno regional permite que este plan se lleve adelante tal y como está, sin incluir las alegaciones de los ecologistas, «los ciudadanos se exponen a que su calidad de vida se encarezca y se vea disminuida, al tiempo que se masifica el último espacio alternativo a la masificación del litoral español y se destruye de forma irreversible su medioambiente». Critican que el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, «no haya mencionado ninguna de nuestras alegaciones» y que su reciente intervención pública «se halla centrado en satisfacer los intereses de unos ayuntamientos que sólo defienden un desarrollo especulativo insostenible y destructivo, que dejará devastado nuestro litoral».
* Ideal - 03.08.08 -ROGER DÍAZ
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org
Los concejos asturianos dedican el 58% de los ingresos del suelo a fines no previstos en la ley
ELCOMERCIODIGITAL* : Los ayuntamientos asturianos destinan el 58,5% de los ingresos obtenidos por la venta de suelo a fines no recogidos en la ley. Así consta en el informe que sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo ha elaborado el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.
El documento, que toma datos de 2004, último ejercicio fiscalizado, destaca el alto porcentaje de fondos que los consistorios dedican a actividades «sobre las que no puede afirmarse que se encuentren dentro de las previstas en las correspondientes legislaciones autonómicas», y que en principio deberían invertirse en la construcción de vivienda pública o en otras iniciativas de interés social. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha son las autonomías que más incurren en esta política, según constata el estudio aprobado en fechas recientes.
Bajo el título 'Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo en el ejercicio 2004', el Tribunal de Cuentas analiza a qué dedican los ayuntamientos españoles el suelo público o los ingresos que han obtenido de él. Y la conclusión principal es que una quinta parte de esos recursos -en concreto, el 18,4%- se gastan en actuaciones que las leyes autonómicas no contemplan, aunque eso no quiere decir que sean ilegales. En cualquier caso, el tribunal señala que buena parte de ese patrimonio, en lugar de dedicarse a la construcción de edificios protegidos o a fines sociales, se orienta hacia «inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros».
Ese 18,4% antes mencionado corresponde a la media nacional, porque las diferencias entre comunidades autónomas son bastante significativas. En concreto, el informe identifica nueve regiones que destinan los ingresos de la venta de suelo a esos fines no previstos por la ley. A la cabeza está la Comunidad Valenciana, que dedica a estos gastos un 65,8% del dinero. Cataluña (61,9%), Asturias (58,5%), Castilla-La Mancha (51,8%) y Aragón (38,7%) lideran la estadística. Andalucía (24,4% de los ingresos), Murcia (23,1%), Galicia (16,9%) y La Rioja (0,1%) la completan.
Edificación
La radiografía del Tribunal de Cuentas, sobre una base de 144 ayuntamientos que acumulan el 48% de la población española, incide además en una cuestión especialmente relevante. Haciendo caso a la legislación vigente, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección debería ser el principal destino del patrimonio municipal del suelo. Los datos revelan que no es así. Del valor total de ese patrimonio, los ayuntamientos sólo orienta a la edificación de pisos públicos un 16,3%. El dato refleja una media nacional, porque también aquí, como en el caso de esos 'fines imprevistos', se aprecian destacadas diferencias.
En este capítulo, los ayuntamientos asturianos se sitúan en un estadio intermedio y destinan a la vivienda protegida un 31% de los recursos del patrimonio del suelo. No parece un mal dato, sobre todo si se compara con los casos de Madrid (8,1%), País Vasco (5,2%), Andalucía (4,5%), Galicia (3,9%) o Extremadura (1,3%). En el otro lado de la balanza están las autonomías que más priorizan en sus políticas la edificación pública: Aragón (44%), Castilla-La Mancha (42,7%) y La Rioja (42,7%).
El análisis del órgano fiscalizador precisa que la mayor parte de los recursos del patrimonio del suelo, un 35,8%, tuvieron como finalidad el apartado de «fines, usos y actividades de interés social». Se trata de una materia regulada de forma diferente por las distintas leyes autonómicas, lo que equivale a que en cada región se pueda destinar el suelo o los ingresos que se obtienen de él a iniciativas muy diversas. Aquí aparecen, por ejemplo, las obras de urbanización o la construcción de equipamientos públicos, así como la planificación urbanística, la mejora y conservación del patrimonio histórico y cultural o determinadas operaciones de promoción económica. Un marco, pues, enormemente amplio y con límites difusos.
La normativa asturiana, por ejemplo, ya recoge en este capítulo la construcción de vivienda protegida. Quizá sea esa la razón de que el Principado no ocupe un puesto especialmente relevante en la estadística de ayuntamientos que orientan el gasto hacia estos fines sociales. Para Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco o Extremadura, por contra, se trata de algo prioritario en su política de suelo.
Conservación y gestión
Hay una última categoría a la que los ayuntamientos dedican una parte de sus ingresos. Es, quizás, la menos relevante, ya que concentra las actuaciones de conservación, gestión o ampliación del patrimonio. De hecho, en siete autonomías ninguno de sus municipios invirtió un solo euro. Curiosamente, Cantabria concentró aquí el 86,6% de su gasto. Castilla-La Mancha, por contra, el 0,6%.
El tribunal concluye su análisis del patrimonio municipal del suelo con un reproche final a los ayuntamientos. La mayoría de ellos, apunta, no cuenta con sistemas de control o seguimiento que permitan conocer en qué se ha empleado el suelo público o el dinero que se ha obtenido a través de él. Por tanto, el órgano fiscalizador asume que los datos facilitados por las corporaciones locales no pueden ser plenamente fiables.
* El Comercio Digital - 04.08.08 - Gijón, ANDRÉS SUÁREZ
Foto: Un edificio en construcción en el barrio gijonés de Tremañes. / E. C.
Roca empieza a tirar de la manta
ELPAÍS/Marbella* : "Señoría, he decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado". Si prosigue la confesión, el cambio de estrategia del supuesto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, será pura dinamita procesal. Tras esa frase mágica, Roca confesó hace dos semanas haber sobornado al juez Francisco Javier de Urquía con 73.800 euros "en dos sobres".
Al día siguiente reconoció un delito de tráfico de influencias y aceptó nueve meses de cárcel por licencias irregulares en el caso Belmonsa. De Urquía será la primera de las víctimas del arranque de sinceridad del ex asesor de Urbanismo de Marbella. Hay otros 85 imputados que habrán padecido malas digestiones: políticos, empresarios, promotores, abogados, marchantes de arte, policías...
El nuevo horizonte es consecuencia de los 848 días que Roca, de 55 años, lleva en prisión. Y es que su calvario pasa por más de 40 procesos pendientes. Hace sólo dos meses alegó ante el juez que sus meticulosas anotaciones, identificadas por los investigadores como sobornos, "podían o no ser reales, y en todo caso no eran cantidades para torcer voluntades". La reflexión veraniega ha dejado estas declaraciones, en las que negaba todo, en papel mojado.
En su último encuentro con los ex concejales marbellíes, les resumió elocuente su espectacular giro: "A todo el mundo le va a llegar su momento y hora". De momento, la próxima gran parada de sus comparecencias judiciales será en septiembre en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo Ien el que está acusado junto a otros cinco imputados del supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio andaluz a empresas privadas entre 1991 y 1995.
La pasada semana, Roca logró una gran rentabilidad de su confesión, y tras el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal rebajó su petición de tres años de prisión a uno al aplicar un supuesto de cohecho más leve, estipulado para cuando se comete "a petición de un funcionario público". Sin embargo, para De Urquía y su amigo común, Arnaud Fabrice Albouhair, la fiscalía aún pide tres años.
La primera revelación de Roca cogió por sorpresa a todos, incluido su abogado. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, le pidió que se acercara al micrófono. "Mi cliente no tiene muchos conocimientos jurídicos", excusó a Roca su abogado, José Aníbal Álvarez, ante el desconcierto de la juez. "Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió. Y dejó boquiabiertos a todos.
Ahora, el letrado empieza a asimilar el viraje de su cliente. "La pelea es divertida, pero son sus huesos los que están en la cárcel", recuerda. "Si eres dentista y el paciente te dice que le quites la muela, aunque quieras empastar... se la quitas. No puedes desobedecer a tu cliente", se excusa. Álvarez enumera las razones del cansancio de Roca: el tiempo en la cárcel, el ser un preso "perseguido" que a los diez días de estar en libertad regresó a prisión con tres millones de fianza, la detención de su hija y de su mujer, y la intervención judicial de su patrimonio.
La sospecha de un pacto con la fiscalía es rechazada de momento. "Que tire de la manta y ratifique la contabilidad de pagos de Maras Asesores , la madre del cordero, es muy importante, pero aún debe ratificarse caso por caso", apuntan fuentes de la Fiscalía del Estado. Para un acuerdo, Roca debe reconocer su culpabilidad. Está imputado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. "No queremos ser un instrumento en manos de un imputado. No hay pacto, y si alguien quiere moverse somos todo oídos", reiteran desde la Fiscalía Anticorrupción de Málaga con cierto enfado ante los insistentes rumores.
Las defensas del resto de imputados están convencidas del acuerdo. "Aunque la fiscalía lo niegue, la única lógica jurídica sería un pacto global. La confesión no tiene sentido a cambio de nada. Es una estrategia de quien lleva mucho en prisión", opina Ernesto Osuna, abogado de Marisol Yagüe. La estrategia de la práctica totalidad de los acusados para salir airosos (nadie inculpa a Roca y el ex asesor tampoco carga contra nadie), parece desmoronarse porque la carta más valiosa ya no lo ve claro. Hasta ahora, el agujero de 500 millones en el Ayuntamiento marbellí y los convenios con constructores que devoraron colegios, zonas verdes y centros de salud, habían sido sólo "negocios urbanísticos".
El protagonismo de Roca en el caso es indudable. Su apellido aparece en el auto en 2.770 ocasiones. Hace un año, el consejero de la Presidencia andaluza, Gaspar Zarrías, retó a Roca "a tirar de la manta, de la colcha o de la sábana". Está por ver si el máximo imputado recogerá el guante.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 04/08/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
