MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este viernes en Pleno el Plan Parcial para remodelar el ámbito de San Francisco el Grande. Una vecina del distrito de Centro irrumpió en la sala de Plenos al grito de "No queremos cemento en la Cornisa".
La corporación municipal aprobó con los votos del PP esta operación, gestada en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la construcción de cinco edificios propiedad del Arzobispado, varios equipamientos y más zonas verdes, a la espera del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el movimiento vecinal.
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió que el equipo de Ruiz-Gallardón no estaba al frente del Gobierno de Madrid cuando se iniciaron las negociaciones del plan de reforma de la Cornisa, cuyas bases, aseguró, vienen de 1997. Martínez argumentó que el actual Gobierno municipal no ha conferido derechos al Arzobispado que no tuviera adquiridos ya y que sólo ha podido establecer limitaciones y condiciones en beneficio de los madrileños.
Los dos grupos de la oposición acusaron al Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "han autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande "al otorgarle 25.500 metros cuadrados de edificabilidad para levantar cinco edificios en un talud asociado históricamente a la imagen de la capital".
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, subrayó que una vez aprobada esta "fechoría urbanística y atropello histórico" Alberto Ruiz-Gallardón será recordado como "el alcalde que tapó la Cornisa de Madrid". Lucas espetó al alcalde si es que "no se da cuenta de que está destruyendo un espacio histórico y unas zonas verdes a cuya alteración se oponen tajantemente los vecinos, como están demostrando hoy en la Plaza de la Villa".
Tropelía
En nombre de IU, el concejal Ángel Lara, acusó al Gobierno de "destruir la configuración de una zona emblemática" y de no tener en cuenta "jamás" la opinión de los vecinos y de los grupos de la oposición, "que llevan diez años oponiéndose con pasión y sin desmayo a esta tropelía", agregó. Lara calificó el Plan Parcial de "atentado irremediable" contra la Cornisa y dijo que el Gobierno municipal no ha dudado en ceder "a la voracidad insaciable del Arzobispado, a pesar del expolio de zonas verdes que supone para los vecinos".
En la votación final, una vecina comenzó a gritar contra la decisión, una protesta que viene a sumarse a la de decenas de vecinos que se manifestaban desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Villa. Medio centenar de vecinos del distrito Centro se concentraban, mientras tanto, en la Plaza de la Villa para reclamar que el Plan Parcial no siguiera adelante.
'Clero y Gallardón roban un montón', 'Vaticano dos en Madrid no', 'Las calles y los parques son nuestros, ¿por qué no nos preguntan?' fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban.
* Madridiario - 27-02-2009 - Enrique Villalba / Agencias
Foto: Juan Luis Jaén / Enrique Villalba, madridiario.es
La Cornisa de San Francisco el Grande se transformará a pesar de los vecinos
El juez ve indicios de criminalidad por un caso urbanístico en la líder del PP jerezano
LAVOZDIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez ha dictado un auto por el que determina que han surgido «indicios racionales de criminalidad» en el caso de los huertos de ocio contra la popular y por entonces alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. En el escrito fechado el 25 de febrero se alude a un presunto delito de prevaricación administrativa relativo a ella y a «otras personas», al tiempo que se recuerda la condición de parlamentaria andaluza de la imputada, por lo que el procedimiento a partir de ahora tendrá que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El auto apunta a que tanto el 7 de agosto de 2003 como el 18 de noviembre del mismo año García Pelayo no sólo ostentaba el cargo de alcaldesa de la ciudad, sino también el de presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que la relaciona directa e inexorablemente con los hechos juzgados. Las fechas citadas anteriormente corresponden a los días en los que se adoptaron resoluciones presuntamente prevaricadoras en relación al desalojo de las parcelas de los huertos de ocio.
En concreto, el 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por contrato de cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.
El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la GMU dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.
En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 se incide en que todas estas operaciones contaron necesariamente con el beneplácito en forma de firma de la entonces alcaldesa, «con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones con la disponibilidad inmediata de dicha parcela». Dada su condición de aforada al pertenecer al Parlamento de Andalucía, las diligencias tendrán que ser remitidas al TSJA en el plazo más breve posible, «que en ningún caso podrá exceder de tres días».
Así, el órgano jerezano no podrá continuar la instrucción de la causa no sólo en lo que respecta a la aforada sino también al resto de imputados, ante el riesgo de que los trámites que se pudieran practicar de ahora en adelante resultaran nulos de pleno derecho. El documento concluye con la puntualización de que contra esa resolución no cabe recurso alguno, pues ya será la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA la que deberá fijar su propia competencia, como órgano superior jerárquico del de Instrucción.
El abogado de los 35 parcelistas afectados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su satisfacción por que el procedimiento se desarrolla según lo previsto, confiando en que el futuro a nivel judicial siga siendo favorable para sus representados. «Yo creo que estamos por el buen camino», sentenció. No obstante, el letrado quiso aclarar que la inculpación de Pelayo no exime de responsabilidad al resto de los imputados, cuyo número supera la veintena. «El auto se refiere exclusivamente a ella por su condición de aforada, para justificar por qué el procedimiento será remitido al TSJA, pero todo se hará extensivo a los demás e incluso habrá algunos casos en los el delito estará mucho más claro».
Imputados de renombre
Entre los nombres, Pérez Vera volvió a recordar la especial implicación de Pedro Pacheco, que por aquel entonces era el delegado de Urbanismo y fue quien negoció las permutas con Xera Promociones, sin olvidar a personas del actual equipo de Gobierno como el delegado de Fomento, Francisco Lebrero, o la propia alcaldesa, Pilar Sánchez. «Ellos estaban en la oposición, pero habrá que analizar las actas que se dictaron desde órganos colegiados de los que ellos formaban parte y donde de hecho todos votaron a favor, excepto el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle».
El abogado destacó que Pilar Sánchez «ocultó siempre el expediente y la escritura de la operación, porque se opuso desde un principio a esta demanda». No obstante, pretendió tirarle el guante a la regidora jerezana cuando se refirió a que en la actualidad puede tener una segunda oportunidad si facilita los trámites para obtener la nulidad de la permuta.
«Ahora puede demostrar de qué lado está en términos de legalidad, si quiere que se hagan las cosas bien o si prefiere cerrar los ojos. Nosotros tenemos ya los expedientes, pero pediremos que sea el Ayuntamiento el órgano que inicie el procedimiento de nulidad de la permuta. De no ser así, lo solicitaremos por la vía judicial».
* La Voz Digital - 28.02.09 -ALMUDENA DOÑA
Foto: INICIATIVA. Protesta de los parcelistas afectados. / LA VOZ
La trama de Alcaucín vendía viviendas en suelo no urbanizable a extranjeros
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además del alcalde de Alcaucín ha arrestado en la denominada 'operación Arcos' a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
“Pepe, te queremos”
El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, salió a las 12.10 de su casa del pueblo entre gritos de apoyo de una treintena de vecinos: “Pepe, te queremos”. Efectivos de la Guardia Civil han trasladado a Martín Alba al Ayuntamiento, donde desde las ocho de la mañana se registra diversa documentación.
En Málaga, tres vehículos del Instituto Armado continúan en la puerta de la sede de la Diputación Provincial, mientras se investigan ordenadores del Servicio de Arquitectura.
El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha resaltado que la corrupción de la Costa del Sol se ha trasladado al interior de la provincia. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha llegado más lejos y dice que resulta “un escándalo” que la Diputación pueda estar “implicada” en el caso Arcos.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, en Málaga en un acto institucional con motivo de la celebración mañana del Día de Andalucía, ha expresado su “sosegada preocupación” ante la operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín.
El PSOE expulsa del partido al alcalde
El PSOE ha iniciado los trámites de expulsión para el alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, según confirmó a El Confidencial un portavoz del PSOE de Málaga. "Es un asunto privado del alcalde y no afecta a la Diputación Provincial", destacó el portavoz a este diario.
La Operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), informaron en fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
* El Confidencial - A. Rivera.- .- 27/02/2009
Foto: Agentes de la Guardia Civil durante el registro de la Diputación Provincial de Málaga en el marco de la "operación Arcos" (Efe)
Barcelona: Vecinos de Ciutat Vella denuncian la "devastación" de sus barrios
ELPERIÓDICO* : El incremento del precio de los pisos en los últimos años, la marcha de vecinos con rentas más bajas, muchos de ellos jóvenes, la especialización de algunas zonas en actividades de ocio, lo que conlleva molestias nocturnas, y la concentración de turismo. Son algunos de los problemas que entidades de Ciutat Vella denuncian que están "devastando" sus barrios y ante los cuales, consideran, el distrito no ha priorizado a los residentes.
Por eso, ayer, durante la presentación en sociedad de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, la plataforma anunció que prepara acciones contra diversos planes, como la construcción de un hotel junto al Palau de la Música, y enumeró una serie de peticiones al distrito que consideran claves para los próximos años.
Y entre estas, requirieron el compromiso de prohibir la ejecución de desahucios por motivos económicos e incrementar las ayudas sociales al alquiler, la elaboración de un censo público de viviendas vacías de Ciutat Vella, la derogación de la ordenanza de civismo y el aumento de recursos para medidas sociales, como becas de comedores o apoyo domiciliario a los mayores.
Asimismo, los integrantes de esta red ciudadana, participada por entidades como la asociación de vecinos de Ciutat Vella, del Gòtic, del Casc Antic y de la Òstia (Barceloneta), el Taller contra la Violència y la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), exigieron en la jornada que se celebró en la Universitat de Barcelona que el distrito no conceda licencias para nuevos hoteles, apartamentos turísticos ni pisos, así como revise las ya existentes y retire las actividades que causan molestias. También solicitaron la anulación de los permisos de los vehículos turísticos que consideran "invasivos", como los go-cars y los triciclos.
La plataforma, que presentó su web (www.xarxaciutatvella.cat), recordó que se creó el pasado 11 de octubre para "dar la vuelta a la situación actual y poner en la agenda política las prioridades que consideramos clave", por lo que no permanecerá inactiva. De hecho, anunciaron que preparan movilizaciones contra proyectos de la zona.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 25.02.09
Foto: Ciutat Vella - bcn.es
El juez abre 3 investigaciones en Baena por irregularidades
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ELPAÍS/Córdoba* : El juez de Baena encargado de la investigación de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con posibles facturas falsas ha abierto un nuevo frente al encausar a cuatro concejales y ex ediles socialistas del Ayuntamiento -gobernado por el alcalde y senador socialista Luis Moreno- por un presunto delito de uso de información privilegiada, informaron fuentes del TSJA.
A ninguno se le ha tomado todavía declaración.
Estas personas ya se encuentran imputadas en una causa anterior por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Su implicación es consecuencia de las denuncias que presentaron en la Guardia Civil en junio de 2007 el constructor Carlos Arenas, que fue alcalde del PTA entre 1979 y 1983. Su esposa, María Jesús Muñoz, concejal de IU en Baena, y Manuel Luque, guarda del consistorio, también presentaron sendos escritos de denuncia por posibles tejemanejes inmobiliarios. Además, hay tres empresarios y el presidente de una sociedad de cazadores imputados.
Poco menos de un mes después de que se presentaran estas denuncias, un hermano de María Jesús Muñoz que es cabo de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un empresario de carpintería metálica podía estar pagando facturas falsas a funcionarios del consistorio. Tras la denuncia del empresario -que presentó 12 facturas falsas por valor de unos 40.000 euros- y, a pesar de su posterior retractación por escrito, se llevó a cabo una investigación, por la que se intervinieron los teléfonos de los dos trabajadores presuntamente implicados: Rafael Santano, jefe del Área de Comunicación, y de Juan Díaz, trabajador municipal.
* ELPAIS.com - M. J. A - Córdoba - 27/02/2009
Foto: Baena (Córdoba) - baena.es
'V de Vivienda' tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda
ELMUNDO/Madrid* : Un grupo de activistas del colectivo VdeVivienda tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda el martes, 3 de marzo, a las 11.00 horas, para protestar contra las políticas del Ejecutivo de apoyo a los constructores y promotores. En el mismo acto, se informará a los asistentes de la gran manifestación 'Por la vivienda digna', que tendrá lugar el 14 de marzo, a las 18.00 horas en la Puerta del Sol, en la que se exigirá que "los que se han beneficiado de la especulación paguen la crisis y que el derecho de todos se imponga al beneficio de unos pocos".
El colectivo asegura que no existe el Ministerio de Vivienda sino el "Ministerio de la Especulación". "A la ministra Beatriz Corredor parece que le pagaran el sueldo no los ciudadanos de este país, sino los señores del ladrillo, que son los constructores y promotores que se han enriquecido a costa del saqueo de la clase trabajadora", denunciaron.
Así, VdeVivienda plantea un nuevo modelo de política de vivienda, el "Alquiler Social Universal (ASU) que garantice el derecho al alojamiento". "Tenemos más de 25 millones para tan sólo 45 millones de personas, un ratio de viviendas por habitantes excesivo, de ahí que tengamos el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de cuatro millones, y un stock de viviendas nuevas sin vender que supera con creces el millón", criticaron.
La principal medida que propone el colectivo es la expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran "en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes fortunas". Estas viviendas se destinarían a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler social universal por las que habrá que pagar una renta mínima que simplemente garantice la conservación del inmueble.
* El Mundo - Europa Press - 26.02.09
Detienen al alcalde de Alcaucín y a otras doce personas en una operación contra la corrupción urbanística
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SUR/Málaga* : La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, arquitectos, empresarios y personas relacionadas con la promoción y construcción de viviendas.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.
La operación, que también se extiende a la provincia de Huelva, ha sido ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Velez-Málaga (Málaga), según apuntaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En la misma participan también la Fiscalía especial contra la corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
* SUR - JUAN CANO - 27.02.09
Foto: Alcaucín (Málaga) - E. GUZMÁN (Sur)
El caso 'Obra Nueva Puerto' depara detenciones a mansalva
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DIARIODECÁDIZ* : El reciente auto de la Audiencia Provincial, estimando la tesis del fiscal de Medio Ambiente Ángel Núñez de que los profesionales que emiten certificados falsos de antigüedad de inmuebles ilegales deben ser considerados como funcionarios públicos, ampliando de este modo el plazo de prescripción del delito a los diez años, y no a las cinco, como estaba fijado hasta ahora, parece haber abierto la veda.
El caso Obra Nueva Puerto, precisamente el que provocó el recurso del fiscal a la Audiencia, al haber archivado algún Juzgado de la localidad por prescripción algunos de los procedimientos emprendidos, ha comenzado a deparar detenciones a mansalva. Según ha podido saber este diario, en los últimos días han sido más de una veintena las personas que han sido detenidas tras ser denunciadas por la Fiscalía. Se trata de profesionales que habrían rubricado certificados presuntamente falsos de antigüedad de inmuebles ilegales, y promotores o dueños que se habrían beneficiado de estos papeles.
Al parecer, en todos los casos, tras prestar declaración ante la Guardia Civil ( ante el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz, que trabaja por mandato del fiscal de Medio Ambiente) y después, algunos también ante el juez al cargo de cada denuncia de Fiscalía, han quedado en libertad con cargos, imputados en unos casos en un delito de falsedad documental, y en otros, además, en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de viviendas erigidas en suelo no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.
Se prevé que la operación proseguirá en los próximos días con nuevas detenciones . Y es que algunos de los casos de obra nueva fraudulentos fueron además 'legalizados' por decreto emitido por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, fundamentalmente, el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Y con informes técnicos a favor del Jefe de Licencias del Área de Urbanismo de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell.
Trabajo queda para rato: en 2008, la Fiscalía ha cursado 130 denuncias por casos tanto de El Puerto como de Chiclana.
Fue el actual Gobierno del PP de El Puerto el que comenzó a denunciar estos casos (cometidos sobre todo en el mandato 2003/2007) en octubre de 2007. Ya ha enviado más de 150 casos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 26.02.09
Foto: Viviendas construidas al margen del PGOU en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto, donde hay muchos casos. - diariodecadiz.es
Vecinos de Urdiain exigen una moratoria en la ejecución del polígono avalada por 220 firmas
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NOTICIAS/Navarra* : Vecinos de Urdiain se han unido en torno a una plataforma popular en contra del proyecto del polígono industrial Alsasua-Urdiain promovido por el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública Nasuinsa. Fue aprobado como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) en mayo del pasado año, una actuación prioritaria dentro del Plan Navarra 2012.
Posteriormente, en octubre, el Ejecutivo declaró de utilidad pública el Sector S-1, 647.139 metros cuadrados en el término de Urdiain, a efectos de expropiación. Las notificaciones empezaron a llegar el pasado enero.
Este colectivo exige una moratoria, demanda que han apoyado hasta la fecha 220 vecinos mayores de edad, casi la mitad del censo. "Necesitamos tiempo para recoger información real y contrastada del proyecto, para discutir y analizar todas las posibilidades y después poder tomar decisiones. Este proyecto, en las tierras más fértiles, condiciona esta y futuras generaciones de Urdiain. Es una decisión para siempre. Por ello, pedimos responsabilidad a todos los urdiaindarras" señalaron ayer en rueda de prensa. También adelantaron que presentarán esta demanda en el Ayuntamiento y que llevarán el caso al Defensor del Pueblo.
Este colectivo comenzó a gestarse hace unas semanas, después de recibir las notificaciones de expropiación. Al respecto, los allí presentes denunciaron que esa fue la primera noticia que tuvieron del proyecto. "Toda la tramitación se ha realizado con el máximo secretismo, negando a los vecinos y propietarios la posibilidad de presentar alegaciones" señalaron.
Por otro lado, cuestionaron la urgencia del proyecto. "Todos somos conocedores de la crisis económica actual, de casos de deslocalización y EREs. No hay ninguna empresa que haya mostrado interés en ubicarse en Urdiain. Además, en toda Sakana, y también en Urdiain, los polígonos no están completos". También destacaron que en el informe "no hay ningún estudio socioeconómico ni medioambiental". Del mismo modo, criticaron que los costes de la expropiación y urbanización del polígono se hagan con dinero público y que el Ayuntamiento de Urdiain se quede al margen de su gestión.
* Diario de Noticias - nerea mazkiaran - 14 de febrero de 2009
Foto: Unos 40 vecinos comparecieron ayer en la presentación de la plataforma popular.- n.m, noticiasdenavarra.com
Grandes negocios sin licencia se llevan a cabo en suelo público de Santa Cruz de Tenerife
LAPROVINCIA* : Grandes negocios sin licencia relacionados con el ocio se llevan a cabo en suelo público de la capital tinerfeña. Según una denuncia de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife (UCE), que se investiga desde hace ocho meses en la Fiscalía Anticorrupción, el Parque Marítimo César Manrique podría ser el epicentro de una presunta trama que obtiene pingües beneficios mediante la habilitación en suelo público de espacios de ocio que no cuentan con ningún tipo de licencia y ante los que la Administración pública competente podría estar cometiendo un delito continuado de prevaricación por omisión.
Según se recoge en la denuncia de la UCE, y sobre la que ya informó este periódico en la jornada de ayer, en los últimos años se han desarrollado todo tipo de actividades irregularidades en el Parque Marítimo y sus alrededores, una instalación con licencia de apertura para un restaurante, un bar-cafetería y una piscina, pero que sin embargo albergaba fiestas, bodas y otro tipo de eventos y había permitido la instalación de diferentes pubs nocturnos. El suelo del Parque Marítimo es propiedad de la autoridad portuaria, pero existe una concesión administrativa a la empresa Parque Marítimo Santa Cruz S.A., una sociedad al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria.
A su vez, el negocio del ocio en el Parque Marítimo fue puesto en manos de empresarios privados, a través de una cesión de derechos de explotación a Santa Cruz Park S.L., al frente de la cual estaban hombres de la máxima confianza del alcalde Miguel Zerolo, como por ejemplo el que fuera su asesor, Jorge Bethencourt.
Sin autorización de ningún tipo, la concesionaria de la explotación cedió a su vez en 2006 esos derechos a una empresa hermana, Santa Cruz Park Tenerife, S.L., que hasta diciembre pasado llevó a cabo la explotación del negocio "careciendo de licencia municipal", según recoge la denuncia. Y es que en diciembre de 2008 la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife precintó el negocio tras reconocer las irregularidades, que se han podido venir desarrollando desde finales de los años noventa.
La UCE denunció que en el Parque Marítimo "se han desarrollado actividades, contrataciones y obras absolutamente ilegales". En el recinto, de titularidad pública, se habían instalado en los últimos tiempos locales de ocio nocturno sin ningún tipo de control por parte de las administraciones competentes. Estos negocios han podido suponer ingresos millonarios a los empresarios.
* La Provincia - P. GUERRA / D. MILLET - 26.02.09
Foto: Imagen de archivo del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, paralizado el pasado mes de diciembre.- LP / DLP
La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia el despilfarro de los servicios públicos de alquiler
ELMUNDO* : La Plataforma por una Vivienda Digna asegura que los servicios públicos de alquiler son un "despilfarro de dinero", ya que en lugar de garantizar el acceso a la vivienda presentan retrasos burocráticos, carencias de oferta e incluso precios desorbitados. En enero, la plataforma "ciudadana apartidista y sin ninguna afinididad ideológica concreta" publicó el documento '40 propuestas por una vivienda digna', con el que pretende aportar soluciones al problema de la vivienda.
En este nuevo llamamiento, el colectivo ha analizado el funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda, del Plan Alquila (PA) de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Municipal del Alquiler (AMA) del Ayuntamiento de Madrid.
Burocracia y lentitud
El informe destaca que, en un primer momento, el proceso de inscripción se caracteriza por la "burocracia, lentitud y falta de transparencia", lo que acaba generando "peticiones olvidadas".
Además, indica que la oferta de estos servicios "es mucho peor que el de algunos portales especializados de Internet o de inmobiliarias" y, además, que el número de contratos de alquiler que movilizan es "alarmantemente bajo".
Así, la Plataforma asegura que ninguna de estas agencias llega a cerrar más de 350 alquileres al mes y, en el caso de la SPA, esta cantidad se refiere al ámbito nacional.
Precios desorbitados
La organización denuncia también que, si bien los descuentos previstos alcanzan entre el 10% y el 20%del mercado, pudiéndose encontrar pisos de 70 metros cuadrado en Madrid por entre 750 y 870 euros al mes, "los sueldos de la mayoría de los jóvenes rondan los 1.000 euros mensuales".
Por ello, el informe estima que es un "tremendo error" valorar un servicio público de alquiler comparando precios de oferta con los del mercado, en lugar de ponerlos en relación con los ingresos mensuales de los usuarios.
Por último, la organización se queja de que estos servicios protegen más los intereses de los propietarios que los de los inquilinos, especialmente en el caso del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid.
* El Mundo - Europa Press - 25.02.09
Garzón implica al tesorero nacional del PP en la trama corrupta que dirigía Correa
ELPAÍS* : La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz del desmantelamiento de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y a administraciones gobernadas por este partido ha hallado indicios de culpabilidad en el senador del PP por Cantabria y hoy tesorero nacional, Luis Bárcenas. Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos.
De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf), con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
La causa completa para el Supremo
El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.
Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.
FE DE ERRORES
Garzón, a través de un comunicado leído por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, ha desmentido que el portavoz del PP, Esteban González Pons, esté implicado en la trama de corrupción, tal y como ha informado en un primer momento este medio.
* ELPAIS.com - Madrid - 25/02/2009
El TSJ acumula ya denuncias contra medio millar de planes urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : Los jueces valencianos están recibiendo una avalancha de denuncias contra los programas de actuación integrada (PAI) que se desarrollan en la Comunitat Valenciana. Los recursos los están interponiendo la Delegación del Gobierno contra resoluciones de la Generalitat Valenciana, las asociaciones ecologistas, las empresas urbanizadoras y los particulares. El rechazo popular al urbanismo salvaje también está detrás de los recursos de algunos PAI.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está analizando actualmente quinientos recursos contra los PAI, según confirmó ayer a Levante-EMV el TSJCV.
Los magistrados valencianos están trabajando a destajo para dar salida a los casos y que no se colapsen las secciones encargadas de tramitar los asuntos urbanísticos. Los jueces de lo Contencioso del TSJCV resuelven las denuncias en una media de 18 meses cuando los magistrados de otras comunidades autónomas están tardando entre cuatro y cinco años en dictar sentencia. Los jueces eluden paralizar los PAI como medida cautelar al ser conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años si llega al Tribunal Supremo.
La complicada legislación valenciana en materia urbanística está detrás de se se hayan disparado las denuncias contra presuntas irregularidades de los PAI ante los jueces de lo Contencioso. Gabriel Echavarri, abogado especializado en asuntos urbanísticos, recordó que el problema de fondo es que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han abusado de los PAI para desarrollar actuaciones urbanísticas en detrimento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen mayores garantías legales.
Comisión Europea
La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los PAI conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederas: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu).
Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra (Directiva 93/97CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de contratos y servicios (Directiva 2004/18CE).
El Tribunal de Justicia Europeo tarda de media entre uno y dos años en resolver los asuntos. Si los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, España deberá adoptar la ley en el plazo que se dé para que respete la legislación comunitaria. Si el ejecutivo comunitario verifica que no se ha modificado la legislación "puede sugerirle al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una sanción" a España. La multa a un Estado miembro está regulada en el artículo 228 del Tratado de la Unión Europea.
El conflicto con la Comisión Europea se inició hace cuatro años. La Comisión Europea envió en marzo de 2005 la primera carta de emplazamiento para "llamar la atención sobre las incompatibilidades de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea".
Contestación del Consell
La Generalitat contestó con una carta y un proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) como remedio a todos los males de la LRAU. La Comisión Europea reclamó explicaciones sobre la LUV en dos misivas. La Generalitat respondió con un proyecto revisado de la LUV que cambiaba 89 de los 267 artículos iniciales. La ley entró en vigor el 1 de febrero de 2006, pero antes se presentaron una avalancha de planes urbanísticos para evitar la nueva legislación más exigente.
La Comisión Europea abrió formalmente un procedimiento de infracción contra la LUV porque, al menos, trece artículos "violan" las directivas comunitarias. Poco después, la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio con un selecto grupo de promotoras para construir grandes PAI de VPO y renta libre.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando - 25.02.09
Foto: Catarroja. Terrenos del PAI Nou Mil·leni, que es uno de los quinientos que actualmente se encuentra recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. mrw-fotografía aérea, levante-emv.com
Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos
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ELPAÍS/Madrid* : Los vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios escándalos políticos en los últimos años. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insinúan corrupciones... Una ensalada de desaguisados políticos. Por eso, probablemente, no se sorprenderán cuando sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007.
Entre ellos, la ex alcaldesa María del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Martínez Díaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que investiga el caso, también ha señalado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitación del plan general del municipio.
El fiscal presentó en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, "podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales". La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.
Tanto María del Valle de la Poza como Alberto Martínez Díaz pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. Juan Carlos Delgado, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.
El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisición de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ahí se oscurece el asunto. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PAÍS se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoció posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calentón y restó importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situación: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urbanístico". Sobre lo demás no hay comentarios.
La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urbanístico. Un juez anuló hace dos semanas el contrato porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio para ordenar la urbanización de 389 hectáreas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.
Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gestión del plan urbanístico, estaba la expropiación y ordenación de las 389 hectáreas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 más de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC debía reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. También tenía que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permitía a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetización, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urbanístico.
La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ningún tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecución política. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusación y defiende la gestión de su ex compañero Alberto Martínez. "Estábamos en medio de una guerra política", zanja en una conversación telefónica.
El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emitió su voto. El otro 50% del solar pertenecía a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Martínez y su esposa. El ex edil tenía intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz. Este periódico intentó ayer, reiteradamente y sin éxito, contactar con Alberto Martínez. La fiscalía ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Martínez.
Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayoría en los gobiernos de coalición con María de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "difícil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "José Folgado presidió la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".
Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirmó que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporación. Estamos atentos a lo que decida la justicia".
Principales denunciados
- María del Valle de la Poza. Ex alcaldesa de Tres Cantos, entre 2000 y 2007, por el partido Tres Cantos Unido (TCU). Bajo su mandato se aprobó el plan urbanístico. Impulsó la idea de que el desarrollo del plan lo ejecutara una empresa privada.
- Alberto Martínez Díaz. Fue edil de Obras entre junio de 2003 y marzo de 2007. Antes ejercía la actividad inmobiliaria a través de sus empresas del Grupo Montemar. Votó una decisión municipal a pesar de tener intereses urbanísticos.
- Juan Carlos Delgado. Fue director técnico de Urbanismo hasta 1999. Un año después
se convierte en jefe de Gabinete de la alcaldesa. La fiscalía investiga posibles
pagos a promotoras.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 25/02/2009
Foto: Terrenos incluidos como edificables en Tres Cantos- SANTI BURGOS, elpais.com
La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñécar, critica el Referéndum que tendrá lugar en esta localidad
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La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñecar, ante la mascarada de Referéndum que, para el 28 de Febrero propone Benavides, manifiesta: - El Referéndum someterá a consulta un PGOU actualmente inexistente, pues al adaptarlo a la legalidad urbanística, el Plan Inicial ha sufrido múltiples modificaciones.
- El Alcalde de Almuñecar, según se desprende de sus manifestaciones, solo quiere el voto favorable de los almuñequeros para adquirir fuerza y, con el poder del Referéndum que piensa ganar, presionar a las Autoridades Urbanísticas y vencerlas en “el pulso” de la negociación que desea establecer.
- A este dirigente político no le importa gastarse más de 120.000 euros del pueblo de Almuñecar, en un Referéndum no vinculante e inútil por irreal. Todo vale si su “poderío político” sale reforzado.
- La demagogia de este dirigente político raya en lo patético cuando, por su televisión puesta en funcionamiento para el evento, hace llamadas a los almuñequeros para que participen masivamente en el Referéndum, diciéndonos que lo hace para que “el futuro de Almuñecar sea una decisión del Pueblo y de quienes vivimos en el”. Según parece Benavides tiene una memoria frágil y ha olvidado los muchos obstáculos y triquiñuelas legales que usaron en la fase de exposición publica del PGOU, (negar información, rechazar las alegaciones de los no empadronados, ser reacio a adjuntar las alegaciones al dossier del Plan, no contestar ni tener en cuenta lo alegado, etc. y como “broche de oro”, decir ante nuestras mas de 7.000 alegaciones contrarias al PGOU: “mis alegaciones a favor del Plan es mayor que las que habéis presentado en contra”.
- Machaconamente, sirviéndose de la televisión de su hijo, hace propaganda del PGOU en su aprobación inicial, (inexistente después de las modificaciones realizadas al mismo), vendiéndonos como la panacea que acabara con los parados, los campos de golf. Para ello entrevista a los miembros del Régimen Benavidista y a dirigentes del Partido Popular que, según dice el pueblo, colaboran en estrecha sociedad con “el prócer”.
- Según parece, para Benavides la crisis de la construcción no existe. Continua, erre que erre, con su idea de llenar el territorio almuñequero de segundas residencias y continuar con la destrucción del medio físico. Pretende culminar la destrucción que ha practicado en el litoral, con la total urbanización de los valles tropicales y las colinas que lo circundan.
- Se olvida que el Alcalde es el responsable de “la disciplina urbanística local” y critica a La Junta de Andalucía por cumplir la legalidad y parar las construcciones ilegales. Apoya a los constructores con obras paralizadas por no cumplir la legalidad urbanística y dice a los desempleados de la construcción que “están parados porque La Junta no permite que se reanuden las obras”, “que las ilegalidades se solventan en las mesas de negociación”, etc.
A los miembros del Régimen Benavidista y a sus socios del Partido Popular les pedimos que el próximo día 28 cuando ejerzan el derecho al voto, piensen en el futuro de Almuñecar y en los muchos puestos de trabajo y riquezas, agrícola y medio ambiental, que propone destruir el PGOU de Benavides. Que valoren que, para los labradores y empleados agrícolas de Almuñecar, La Vega y nuestras plantaciones de subtropicales son “nuestras fabricas” y que Benavides con sus propuestas urbanísticas, pretende cerrarlas y enviarnos al paro, o lo que es aun peor: “ponernos a recoger pelotas de golf”.
Nuestra Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral quiere un PGOU para el Municipio de Almuñecar, acorde con la legalidad y que contemple en sus propuestas el crecimiento vegetativo de la población y el periodo legal de vigencia de ocho años, que La Ley prevé para estos Planes.
* Rojo y Negro - 24 de febrero de 2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Suances: Una sentencia y decenas de expectativas
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Supremo ordena demoler el pabellón, la plaza de Hinojedo y el Hotel Suances, pero los vecinos piden que se busque una solución. Ante todo tienen la sensación de que están jugando con su dinero y es curioso comprobar como los más jóvenes del municipio conocen al dedillo detalles de una historia que comenzó a forjarse en 2001.
Aquel año, el Ayuntamiento y la sociedad Hotel Suances firmaron un convenio urbanístico según el cual la sociedad hotelera cedía a la Administración municipal un terreno en Hinojedo para que construyera un polideportivo, y a cambio, el Consistorio le permitiría ampliar su volumetría y construir un nuevo hotel. Pero en 2004, el Supremo sentenció que este acuerdo era ilegal y en diciembre, el mismo tribunal ordenaba demoler el pabellón y la plaza pública de Hinojedo para cumplir así como la sentencia que anulaba el citado convenio. Desde que se hizo pública esta orden, los servicios jurídicos del Ayuntamiento no han parado de analizar la situación y el alcalde, Andrés Ruiz Moya, ha reconocido no saber qué hacer para cumplir con la sentencia.
Los que sí tienen claro que el polideportivo «no se puede tirar» son los usuarios del pabellón. Por allí pasan a diario decenas de jóvenes que se estremecen ante la idea de que su lugar de juegos y entrenamiento pueda convertirse en una montaña de escombros. Los martes y los jueves, por ejemplo, un grupo de chavales entrena al tenis entre los que están Ramón Teira, Alberto Díaz, Juan José Medina o Ilia Kornilov. Teira conoce el tema porque se lo ha contado su abuela y dice que «si pudiera hablar con el alcalde le pediría que no tirara el polideportivo porque si lo hace no tendremos donde entrenar». Lo dice con pena, la misma que se le escapa a Sebastián Sancho, el conserje de la instalación desde hace cinco años. Sancho explica además que este es el único de Cantabria con pista de frontón y con un suelo especial para practicar hockey y patinaje.
Cerca del pabellón está Francisco Crespo, un joven de 18 años que vive en Cortiguera. También sabe que el tiene orden de derribo pero dice que «desde que lo empezaron a construir ya decían que algún día tendrían que tirarlo porque es ilegal». Pero va más allá y dice que «no me parece bien que hayan pagado esto con nuestro dinero y que ahora tengamos también que pagar el derribo con nuestros impuestos».
«¿Un bien para el pueblo?»
A quien le da igual que lo echen abajo es a Gustavo Herrera, un vecino del mismo Hinojedo que vive enfrente del complejo deportivo. Reconoce que antes de que lo construyeran podía ver desde su casa todos los Picos de Europa y cree que «si las cosas están mal hechas hay que tirarlas». Pero Herrera va más allá y acusa de cometer «muchas ilegalidades» al que fuera alcalde, José Ignacio Coterillo, y al entonces concejal de Urbanismo y hoy director general de la Vivienda de Cantabria, Francisco Javier Gómez Blanco. Además Gustavo Herrera se pregunta por qué dicen que el polideportivo es un bien para el pueblo. «Si tenemos que pagar por utilizarlo, no veo dónde está el bien». Y respecto a la plaza que también hay que echar abajo, tampoco muestra ninguna simpatía. «Siempre está vacía y sólo se utiliza para la fiesta del Corpus y la de San Saturnino, que organiza la pedanía». En este sentido, el conserje del pabellón no está de acuerdo. «En cuanto empieza a hacer bueno, la plaza se llena de mamás con niños y carritos. Es un lugar muy agradable».
Ya en pleno Suances preguntar sobre las sentencias que pesan sobre el polideportivo y el hotel levanta todo tipo de suspicacias. «Con los políticos que tenemos, ¿qué podemos esperar? Esto es como Marbella pero en pequeño», dice Pilar Casanova. «No exageres -le reprende su amiga Isabel Revuelta-. No es para tanto». En lo que ambas coinciden es en afirmar que no tiene sentido que tiren nada. «Que lo dejen como está y que a partir de ahora que estén listos y no dejen levantar nada sin tener todos los permisos legales», dicen.
Un sinsentido
José Luis Álvarez cree que «no es lógico demoler ni el pabellón ni el hotel. Siempre habrá medidas mejores que tirar el dinero de los vecinos. Creo que en el Ayuntamiento hay gente capacitada para encontrar una solución». Quien ofrece una es Borja García, un joven de 28 años que «es como si fuera de Suances porque estoy casado con una de aquí». García cree que «podrían convertir el hotel en una residencia para mayores, por ejemplo. Lo que no tiene sentido es que lo derriben».
Como él piensan David Aragón, Jerson Andrés y José Carlos Canelo, tres chicos de catorce años que recorren las calles de Suances en monopatín. «Todo este follón es porque un vecino que vive detrás del hotel se ha quedado sin vistas y por eso se ha montado lo que se ha montado». Creen que «si echan abajo el polideportivo tirarían el dinero de los vecinos a la basura y, según el alcalde no tienen mucho».
Los tres saben de lo que hablan porque a pesar de su edad ya se han reunido con Ruiz Moya en su despacho. «Fuimos a pedirle que construyera una pista para patinar porque la gente siempre nos echa la bronca por la calle. Volvimos a verle y nos enseñó los planos de un proyecto pero nos dijo que no tenían dinero para hacerla. Pero claro, tienen dinero para hacer una nueva Plaza de Viares, para cambiar una acera de la playa, para la Vuelta a España...». Los tres jóvenes se alejan en su monopatín con la esperanza de que el pabellón siga en pie muchos años y miran con incertidumbre el hotel, el primero de cinco estrellas del pueblo. El único consuelo que les queda es que no lo tiren y como dice otro vecino: «¿En Cantabria han tirado alguna vez algo?. Pues eso».
* El Diario Montañés - LETICIA MENA - 24.02.09
Foto: Suances (Cantabria) - suances.net
Fiscalía abre diligencias por presunta trama urbanística en Vera
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EFE/Almería* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias para investigar una presunta trama urbanística en el municipio almeriense de Vera, donde el ayuntamiento, gobernado por el Partido Andalucista, habría cobrado comisiones millonarias por parte de Dico por la recalificación de terrenos.
Fuentes del ministerio público han revelado hoy a Efe la incoación de estas diligencias de investigación por la presunta comisión dentro de esta trama de delitos de prevaricación urbanística y cohecho.
La actuación de la Fiscalía de la Audiencia se ha producido después de que la Fiscalía Especial de Anticorrupción y Criminalidad Organizada recibiera a través del sindicato Manos Limpias la denuncia sobre estos hechos planteada por un ex directivo del Grupo Dico.
El denunciante presentó al sindicato su denuncia por el supuesto cobro por parte del ayuntamiento de Vera de comisiones millonarias a través de diversas actas notariales que fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especial, según han apuntado a Efe fuentes del caso.
Recibidos estos documentos, la Fiscalía Anticorrupción dictó en diciembre de 2008 una resolución en la que hacía constar que los hechos puestos en su conocimiento no eran de su competencia, por lo que acordó su remisión a la Fiscalía Provincial, según el oficio al que ha tenido acceso Efe.
Tras lo anterior, la Fiscalía de Almería abrió unas diligencias por las que, por el momento, ha citado a declarar al ex directivo que ha denunciado el supuesto pago de comisiones millonarias por parte de Dico para que el consistorio de esta localidad del levante almeriense, de la que es alcalde Félix López (PA), recalificase terrenos adquiridos previamente a bajo precio por la empresa.
* ADN - EFE - 24.02.09
Foto: Vera (Almería) - ual.es
El Consell de Cultura pide que cese la presión urbanística en L'Albufera
ELPAÍS* : El Consell Valencià de Cultura (CVC) mostró ayer de nuevo su preocupación por el estado de L'Albufera de Valencia y su patrimonio cultural. En un informe sobre la situación del espacio protegido, el CVC reclama a las administraciones afectadas que controlen "por completo la presión urbanística sobre la zona del parque natural".
El organismo que preside Santiago Grisolía insta a "no ceder a los intentos de modificación de los planes de ordenación urbana ante ningún Ayuntamiento, con la finalidad de mantener, en la medida de lo posible, la zona tampón" entre el lago y su entorno. No en vano, L'Albufera está rodeada de infraestructuras y una treintena de términos municipales albergan terreno en el espacio natural, tradicionalmente sometido a la presión de crecimiento de estas localidades y al intento de consolidación de edificaciones declaradas fuera de ordenación.
El informe fue aprobado en la sesión plenaria que el organismo consultivo celebró en el Ayuntamiento de L'Eliana, donde los miembros del CVC fueron recibidos por el alcalde, Josep Maria Àngel, y descubrieron una placa conmemorativa de la visita en el 50º aniversario de la localidad como municipio independiente.
El Consell Valencià de Cultura solicita a las instituciones que intensifiquen las actuaciones para la recuperación de las aguas de L'Albufera, y cita la necesidad de completar la red de depuradoras. La institución urge también a la catalogación o inventario de los bienes culturales existentes en L'Albufera y considera la "posibilidad" de solicitar el grado de protección correspondiente como Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local de estos bienes. Ello reforzaría la protección del patrimonio cultural del parque natural.
De igual modo, el CVC sugiere la conservación tanto de los elementos hidráulicos como de la arquitectura histórica tradicional. En la misma línea, considera necesario que se limpie el fondo del lago y apuesta por un método de destrucción bacteriana, seguida de aspiración de los sedimentos tóxicos, informó Europa Press. Para este proyecto, apunta el documento, se deberán pedir fondos europeos, "presentando esta vez un proyecto mejor realizado", en referencia a otros intentos de limpiar el fondo del lago, una actuación para la que se han barajado varias soluciones científicas.
Este informe sobre L'Albufera será remitido a la Generalitat valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a los organismos rectores del parque natural, al Ayuntamiento de Valencia -dueño del lago- y al Gobierno central. Con el documento, el CVC renueva su interés por el espacio natural, tras alertar en 2005 contra la degradación del ecosistema.
En la sesión de ayer, el CVC acordó plantear la posibilidad de que el Palau de la Música o la futura Torre de la Música alberguen un centro de investigación del patrimonio musical.
* ELPAIS.com - EL PAÍS / AGENCIAS - Valencia - 24/02/2009
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
Vuelve el 'caso Ciempozuelos'
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ELPAÍS/Madrid* : En pleno apogeo del caso Gürtel, el titular del juzgado de Instrucción nº2 de Valdemoro, Teodoro Molino Tejedor, dio ayer un nuevo impulso al caso Ciempozuelos, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los ex alcaldes socialistas de la localidad Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro.
Lo hizo tomando declaración al primero de una serie de seis empresarios que, según el juez, podrían haber utilizado sus sociedades "como instrumentos para adquirir, convertir, transmitir, ocultar o encubrir bienes de origen ilícito". Es decir, podrían ser testaferros de los ex alcaldes. El magistrado pretende aclarar la relación que mantenían con ellos.
Ayer le tocó el turno a Manuel Ramón Martín Peña, responsable de la empresa Comernet Green. Durante su comparecencia reconoció ante el juez su estrecha relación con los dos ex alcaldes. De hecho, tanto Joaquín Tejeiro como la mujer de Pedro Antonio Torrejón, Elena Berrio, trabajaron para él durante "cinco o seis meses en 1999", según fuentes jurídicas. Durante el registro de la casa de Tejeiro, la policía encontró una tarjeta de crédito de Comernet Green a la que el ex regidor habría cargado diversos gastos.
"El empresario mantenía una relación de muchos años con los dos ex alcaldes", explicó ayer el abogado de Joaquín Tejeiro, alcalde de Ciempozuelos entre 1991 y 1995. Pedro Antonio Torrejón lo fue entre 2003 y 2006, cuando se vio obligado a dimitir tras estallar el escándalo en el municipio.
Según los abogados de los dos ex alcaldes imputados, Martín Peña también reconoció al Ministerio Fiscal que recibió más de tres millones de euros de la empresa Bitango por labores de mediación y asesoramiento en la compraventa de suelo en Ciempozuelos.Bitango es una de las constructoras que, según la Fiscalía Anticorrupción, habrían realizado pagos irregulares a Torrejón y Tejeiro. "En ningún momento este empresario ha podido explicar cuáles eran las labores de mediación y asesoramiento que realizaba", señaló el abogado del PP, personado en la causa, Jesús Garzas. Tras la declaración, el magistrado dejó en libertad al empresario, pese a que la Fiscalía había solicitado que se le impusiera una fianza de 18.000 euros.
Próximamente, el juez tomará declaración a otros cinco empresarios: Francisco Javier Marazuela, Juan Ángel Muñoz García, Pedro Manuel Peña, Jesús Rey Martínez y Juan Añover León.
Los abogados defensores de los ex alcaldes insisten en que se trata de una instrucción "repleta de irregularidades" y acusaron a la Fiscalía de manejar documentación "que no está en el sumario", lo que, en su opinión, "contamina el principio de igualdad de las partes".
El caso Ciempozuelos estalló en 2006, cuando los dos ex alcaldes visitaron Andorra y abrieron dos cuentas bancarias. Torrejón ingresó casi 900.000 euros y Tejeiro algo más de 100.000. El banco les pidió que justificasen la procedencia de ese dinero. Tejeiro envió desde la casa de Torrejón un fax a la entidad en el que aportaba un contrato según el cual ambos iban a recibir de la inmobiliaria Esprode alrededor de 40 millones de euros en concepto de comisiones por una recalificación urbanística. Parte del dinero ingresado está hoy en paradero desconocido. La posterior investigación judicial sacó a la luz una presunta trama de cobro de comisiones ilegales. Los dos ex alcaldes se encuentran en libertad tras aportar una fianza de 900.000 euros cada uno.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Valdemoro - 24/02/2009
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org
El Algarrobico, tres años varado
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IDEAL* : El 22 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso nº2 de Almería ordenó parar las obras del hotel del Algarrobico, que construía en la playa del mismo nombre, en Carboneras, la empresa Azata del Sol. Ayer, pues, se cumplieron tres años desde aquella decisión judicial, decisión que sería ratificada en marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pese al tiempo transcurrido, el destino del edificio, considerado por los grupos ecologistas un símbolo nacional de la destrucción del litoral, sigue siendo una incógnita.
El 23 de febrero de 2006, veinticuatro horas después, cuando los operarios trabajaban en un edificio ejecutado al 94% que aspiraba a abrir sus puertas en el verano de aquel año, el ruido de las máquinas cesó en este paraje del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El pasado día 12, y con el fin de recordar la situación, Greenpeace tomó el edificio y cubrió sus 65.000 metros cúbicos de hormigón con una inmensa tela verde sobre la que se leía 'Parque Natural sin hotel ilegal'.
La protesta pretendía acelerar el derribo del hotel, opción a la que la Junta de Andalucía aludió ya en noviembre de 2005, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció el inicio de las gestiones y negociaciones con la empresa, para su expropiación y posterior demolición.
El acto que desarrolló Greenpeace el pasado 12 de febrero avivó la polémica sobre el edificio y suscitó nuevos pronunciamientos de las administraciones, que avanzaron que aguardarían a la resolución del proceso judicial abierto antes de proceder al derribo, así como la necesidad de suspender la expropiación iniciada.
El Ministerio de Medio Ambiente justificó la medida en un informe en el que la Abogacía del Estado apuntaba a su suspensión mientras el TSJA resuelva los recursos formulados al fallo que consideró nula la licencia del hotel al afectar a suelos de especial protección.
Proceso judicial
Paralelamente, el presidente andaluz, Manuel Chaves, que anunció en mayo de 2006 que el hotel iba a «desaparecer», trasladó la «obligación» de la Junta de aguardar a la resolución del proceso judicial que, según él mismo ha apuntado, puede durar hasta 10 años.
Dentro de la maraña judicial que deja en suspenso el futuro del hotel, 2008 fue un año especialmente prolífico en el que se dictaron ocho resoluciones adversas a los intereses de Azata, promotora del inmueble que defiende que se gestó como parte de un plan de reconversión turística aprobado por el Consejo de Gobierno en 2004.
Durante el último año, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional avalaron la orden ministerial que fijó en cien metros el deslinde del Algarrobico, con lo que parte de su estructura además de sus piscinas quedaban dentro de los bienes de dominio público.
Además, el TSJA paralizó cautelarmente la aplicación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este espacio al entender que la nueva calificación del paraje como zona C3 podría suponer la reactivación del hotel. Previamente, el TSJA ratificó la paralización de obras dictada por el juez Jesús Rivera, quien apreció indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta, a la que acusó de modificar al margen de la Ley la calificación del paraje en el PORN de 1994 para incluirlo así en las áreas urbanizables.
Tiempo de espera
Mientras la Fiscalía dirime este asunto, el futuro de este simbólico edificio queda en suspenso a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre múltiples cuestiones, entre ellas el retracto ejercido por la Junta o la convalidación de la resolución de utilidad pública adoptada por el Consejo de Ministros.
Por su parte, la promotora del hotel anunciaba la pasada semana que estaba «estudiando» el nuevo contexto en el que las últimas sentencias judiciales han dejado el conflicto generado por la construcción del inmueble, y anunciaba un posible «cambio de posicionamiento» en la estrategia mantenida desde diciembre de 2005.
* Ideal - IDEAL Y AGENCIAS - 23.02.09
Foto: El Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com
Castro Urdiales: Un Ayuntamiento fuera de control
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ELPAÍS/Cantabria* : Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana.
Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.
De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.
La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.
Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".
Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.
Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.
El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".
El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.
La concejal de los 1.000 euros
Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.
El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Castro Urdiales - 23/02/2009
Foto: Urbanización investigada por estar construida sobre lo que podría ser terreno público- SANTOS CIRILO, elpais.com
Madrid: Una promotora levanta una mansión a gusto de Granados
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PÚBLICO* : El número tres de Aguirre "encargó" el proyecto para una casa de 1.000 metros pero dice que no es suya. La licencia se otorgó a la misma empresa a cuyo nombre estaba el coche que conducía su mujer en 2006. Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros.
¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".
"La citan los martes"
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.
Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.
"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.
Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".
Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.
Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.
Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.
El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.
Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.
El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.
Dos pisos ya "pagados"
Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.
A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".
"Ahora vale 1,2 millones"
Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.
En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 22/02/2009
Foto: M.PATXOT / G.PECOT - La edificación de la casa está muy avanzada.- publico.es
El Gobierno canario no consigue reducir las viviendas ilegales en los últimos 10 años
LAPROVINCIA* : Las agresiones contra el medio ambiente y la ocupación ilegal del territorio en Canarias se mantienen en niveles muy similares a los de hace una década, cuando inició su andadura la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). En 2008 se abrieron 3.348 nuevos expedientes por infracciones, de los cuales un millar corresponden a viviendas y construcciones ilegales, número similar al registrado en 1999.
La indisciplina urbanística sigue siendo más elevada en Gran Canaria, con 413 expedientes abiertos, mientras que en Tenerife se sitúan en 313. La Agencia ordenó 39 demoliciones durante el pasado año, la mayoría de ellas a costa del infractor. Según los datos oficiales, entre 2001 y 2007 se ejecutaron en Canarias 132 demoliciones tras culminar el largo proceso existente entre la apertura del expediente y el derribo final, que se prolonga una media de cuatro años. En la actualidad existen 300 expedientes con resolución firme pendientes para la demolición final.
Aunque las viviendas y edificaciones continúan siendo el atentado más agresivo contra el territorio, la Agencia ha multiplicado el número de expedientes infractores abiertos por el incumplimiento de la Ley de Residuos y por los vertidos ilegales que siembran por doquier los barrancos y costas de las Islas. El propio director de la Apmun, Pedro Pacheco, reconoce que aunque se ha logrado mantener a raya las edificaciones clandestinas gracias a la labor inspectora, no ha sucedido así con las infracciones medioambientales, fruto de la escasa conciencia social que aún existe en amplios sectores de la población sobre el cuidado del entorno.
Los expedientes abiertos en 2008 por vertederos incontrolados, vertidos ilegales, acumulación de basuras, coches abandonados, residuos peligrosos o aceites usados alcanzaron los 1.737. Gran Canaria lidera también este tipo de infracciones, con 532 expedientes abiertos. Resulta llamativo que sea La Palma la segunda isla con más conculcaciones en materia de residuos (325 expedientes), seguida de Tenerife (314) y Lanzarote (286).
Cuando se van a cumplir diez años desde su creación, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tiende cada vez más a concentrar sus esfuerzos en detectar las agresiones sobre el medio ambiente, con el fin de frenar la anarquía que aún existe en el control de los residuos. Pacheco cree que existen suficientes adelantos tecnológicos para detectar las edificaciones ilegales sin necesidad del recorrido físico del territorio por los inspectores. A través de las revisiones aéreas o la detección por láser se puede localizar cualquier movimiento y actuar.
Canarias se mantiene aún entre las comunidades más infractoras sobre el territorio, junto a Andalucía y Murcia. Pedro Pacheco también destaca que el Archipiélago es la comunidad autónoma que está realizando un mayor esfuerzo en la detección y control de la indisciplina urbanística, lo que ha supuesto que entre 1999 y 2008 se hayan abierto 30.626 expedientes, 12.485 de ellos por construcciones ilegales.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 22-02.09
Foto: Demolición de una vivienda construida de forma ilegal. LA PROVINCIA/DLP
