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DIARIODESEVILLA* : El colectivo Valencina Habitable denunció ayer que el Ayuntamiento de la localidad haya iniciado el proceso de adaptación de su plan general urbanístico a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "sin contar con la participación de los vecinos".
Fuentes del colectivo indicaron que el Ayuntamiento valencinero, encabezado por Antonio Suárez (PSOE), no ha publicado en la web municipal el anuncio de apertura de la exposición pública del documento de adaptación a la LOUA, ni tampoco el contenido de la "normalización" del PGOU a los estándares legales.
Valencina Habitable criticó también que el Consistorio no haya ofrecido "respuesta alguna" a la petición de la asociación conservacionista para dar publicidad al proceso de adaptación de las actuales normas subsidiarias a la LOUA, lo que "ha evitado" que los ciudadanos hayan podido presentar alegaciones.
De este modo, Aljarafe Habitable denuncia que el regidor "se ha olvidado de sus posturas a favor de la participación ciudadana y especialmente en cuestiones urbanísticas" que defendió durante la última campaña electoral municipal, en mayo de 2007.
Valencina Habitable recordó cómo, por contra, "en la anterior legislatura el PP y el PSIV colgaron en la web municipal tanto el anuncio de la exposición pública como los ficheros de las 8.000 viviendas que aprobaron, ejemplo de urbanismo salvaje y depredador del patrimonio arqueológico, paisajísitico y medioambiental, del que al menos pudimos tener información".
Valencina Habitable pidió a Antonio Suárez, que tome "buena nota" de lo que "ha hecho" su homólogo en Salteras, el también socialista Antonio Valverde, cuyo Ayuntamiento "colgó en la web" toda la documentación del PGOU.
* Diario de Sevilla - R. P., valencina de la concepción - 11.01.2009
Foto: Valencina_de_la_Concepcion (Sevilla) - andaluciarustica.com
Valencina: Un colectivo denuncia que la adaptación del PGOU no cuenta con los vecinos
Una Zamora de ficción
JUAN JESÚS RODERO* : Como era más que previsible, el borrador de la revisión del Plan de Urbanismo de Zamora ya se ha filtrado a la oposición, y a la opinión pública por tanto. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Guarido, ha dado a conocer, días pasados, algunas características del atrasado PGOU que han dejado perpleja a una ciudadanía que ya de poco o nada se sorprende. Pero es que hay cosas que parecen rebasar todos los límites. Fíjense, sino. Porque según la denuncia de la coalición izquierdista la revisión del Plan se proyecta hacia una Zamora habitada por el triple de la población actual y con 40.000 pisos más. De entrada, no se sabe si reír o llorar.
Bien está, es imprescindible, que los políticos que nos gobiernan tengan visión de futuro. Pero aquí o no llegamos o nos pasamos. Esto más que futuro es ciencia ficción. ¿Alguien se puede imaginar Zamora como una ciudad de 170.000 habitantes? Ni los más optimistas, imaginativos o visionarios. La capital no se despuebla, como el resto de la provincia, pero bastante hará con mantener su población.
Para tan largo viaje, de más de un año que ha durado la revisión del Plan, no se necesitaban alforjas, porque lo que en resumidas cuentas viene a señalar el portavoz de IU es que, en realidad, lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal con el PGOU ha sido dar un paso atrás y dos adelante. Y encima, la revisión ha costado la friolera de 240.000 euros, que se pagarán, claro, con los impuestos de los zamoranos. El hecho es que este Plan, según Guarido, pretende recalificar más de cinco millones de metros cuadrados, por lo que es tildado por el grupo de la coalición izquierdista como el más especulador que ha tenido nunca Zamora.
El concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, ha replicado de inmediato que las cosas no son así, como se explica desde IU, ni mucho menos, y que este grupo vive en una calumnia permanente. El edil afirma que la revisión recorta un 40 por ciento del suelo edificable previsto anteriormente y que las cifras y datos que expone Guarido son meros cálculos interesados y partidistas. ¿A quién creer? En todo caso, la revisión será rechazada, casi seguro, tanto por IU como por PSOE, que ya hace mucho tiempo que anunciaron sus posturas. Y eso aunque el grupo de gobierno, que no tiene otro remedio, trate de debatir y llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición, lo cual representa su única salida para la aprobación por el Pleno. Se ha llegado, pues, al punto que marcará el devenir municipal de la ciudad. Y serán de nuevo los independientes de Adeiza los que muy posiblemente tengan que decidir con sus dos votos, y esta vez ya no valdrán coartadas, ambigüedades, justificaciones y demás. En política hay que mojarse. O se apoya el Plan o no se apoya. Con todas sus consecuencias en ambos casos.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 11.01.2009
Los tribunales destapan el despotismo urbanístico de Castellón
ELPAÍS* : El PP goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castellón desde 1995. Prácticamente desde entonces, los mayores problemas con los que se ha tenido que enfrentar el equipo de gobierno son relativos al urbanismo. Ahora, los tribunales están destapando las maneras con las que los populares han proyectado la ciudad, sin consideración hacia los ciudadanos, que decidieron acudir a los jueces como única vía para reivindicar sus derechos y propiedades.
Y ha sido precisamente esa desatención a los vecinos la que llevó a estos a acudir a los jueces para solicitar su atención. De momento, eso ha provocado que se anule no solo el mayor y más emblemático programa urbanístico diseñado por el PP, el de Mestrets, sino también el total del planeamiento de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), modificado en 2000. En cualquier caso, estos no han sido los dos únicos asuntos que el Ayuntamiento de Castellón ha perdido en los tribunales. Remodelaciones de calles como Guitarrista Tárrega o Méndez Núñez o el rediseño de la avenida de Villarreal recibieron también un suspenso de los jueces, pese a que las resoluciones, en ocasiones, llegaron cuando los planes ya estaban ejecutados.
Durante cinco años, una veintena de vecinos del barrio Mestrets acudió a los plenos de Castellón para levantar sus pancartas cada vez que hablaba uno de los integrantes del equipo de gobierno del PP. Todos los últimos jueves de cada mes se dieron cita en el salón de plenos para seguir haciendo oír su voz tras la imposición de un programa urbanístico que consideraron contrario no solo a sus intereses como propietarios sino a su forma de vida. Mientras, sus recursos, presentados por vía judicial, siguieron una tramitación que finalizó en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió anular el acto de aprobación del PAI Mestrets. Esta decisión echó al traste el más amplio proyecto presentado por el PP en su programa electoral ya que incluye, además de 3.000 viviendas de protección oficial, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU de Frank Gehry, la Ciudad Deportiva y la Ronda de Circunvalación. Los vecinos han reprochado, a lo largo de este tiempo, la nula capacidad de diálogo del Ayuntamiento que, en cualquier caso, sí negoció con otros propietarios. Aún así, la falta de entendimiento entre los responsables del urbanismo castellonense y estos afectados fue el motivo por el que se recurrió a los tribunales.
Pero por grande e importante que sea el planeamiento, el PP deja vecinos "desatendidos". En el caso del Plan General, anulado por el Tribunal Supremo, el recurso procede también un grupo de vecinos. En su sentencia, el tribunal argumenta su decisión en el hecho de que el Ayuntamiento no otorgó voz a los ciudadanos para que participaran en el procedimiento de elaboración del planeamiento, hurtándoles así la posibilidad de alegar contra el mismo. Así, hace referencia al derecho constitucional por el que todos los ciudadanos han de tener audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Formalmente, la anulación del PGOU no tiene apenas consecuencias prácticas, aunque sí la obligación de volver a realizar la tramitación, incluyendo la exposición del proyecto al público para que los ciudadanos puedan conocer los detalles y, en el caso de que los consideren, realizar alegaciones. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta segunda decisión de los tribunales, que ha llegado apenas dos meses después de conocer el fallo sobre el PAI Mestrets, supone un auténtico varapalo para el equipo de gobierno municipal. Más si se tiene en cuenta que los planeamientos cuestionados salieron adelante cuando el actual alcalde, Alberto Fabra, era el máximo responsable del urbanismo castellonense.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/01/2009
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
El jueves comienza el juicio contra el alcalde de Orkoien, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación
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EUROPAPRESS/Navarra* : El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los hechos que se juzgarán el jueves, a partir de las 9.30 horas, tuvieron lugar en el año 2003. La sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.
El Ministerio Público considera que esta concesión se realizó "omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, no ya solo los participantes en el proceso de selección y que no fueron adjudicatarios, sino otros nuevos que pudieran concurrir en igualdad de condiciones a esas dos personas".
El fiscal añade que, "queriendo dar una apariencia de legalidad" a estos hechos, la Junta General de Iturgain acordó condicionar la entrega de esas dos vivienda a que se estudiase si los adjudicatarios cumplías los requisitos, "sin que conste que se hiciese informe al respeto y en todo caso sin nueva Junta que examinase lo supuestamente informado y decidiese en consecuencia".
El Ministerio fiscal continúa su relato explicando que el 26 de enero de 2006 el alcalde, ante diversas preguntas de un concejal del grupo independiente, reconoció en el pleno del Ayuntamiento que las dos viviendas se habían adjudicado "a dedo".
Ello motivó la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que solicitó a Iturgain que le remitiese la documentación acreditativa del baremo aplicado, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes y puntuación dada a los adjudicatarios, entre otras.
Sin embargo, según señala el fiscal, dicha documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad por la entidad gestora de Iturgain, Aranade S.L..
* Europa Press - 11.01.2009
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com
