ELMUNDO/Granada* : Una promotora granadina pide 20 millones de indemnización al Ayuntamiento de Alhendín por haberle paralizado una obra 'ilegal' en la urbanización Novosur, que invadía la servidumbre aérea de la vecina base de Armilla. El Consistorio, dirigido por el socialista Miguel Ángel Gamarra, ha anunciado la intención de enviar esta petición, "improcedente y alegal", al juzgado que investiga el 'caso Marchelo', que afecta al antiguo alacalde, el 'popular' José Guerrero, y a su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, imputados por presunta corrupción urbanística. De hecho, el Ayuntamiento de Alhendín se encuentra personado en la causa, al considerarse parte perjudicada.
El Consistorio ha decidido aportar como "prueba" la documentación que remitió la promotora Frai para justificar su reclamación, en la cual pide, basándose en un informe pericial, en 19,95 millones de euros, y que podría causar un "daño irreparable" a la entidad local, a juicio de su alcalde. De tener que abonar esta reclamación, la trama, ha dicho el alcalde, habría ocasionado a las arcas municipales un quebranto económico total de 45 millones de euros.
Los cinco delitos urbanísticos por los que irían a juicio los 15 imputados -cuatro ediles, incluído el alcalde, el arquitecto municipal y un total de hasta 10 empresarios- incluirían la vulneración de la servidumbre aérea a la base militar de Armilla al autorizar la construcción de edificios de seis plantas más ático en la urbanización Novosur en 2007, después de haberse estipulado cuatro plantas más ático en el convenio de la Junta Local de Gobierno en 2003.
Un largo proceso lleno de obstáculos
Frai proyectó un total de 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la Base Aérea desoyendo los avisos del Ministerio de Defensa, los primeros con fecha marzo de 2006, cuando gobernaba el PP. Las licencias de Novosur fueron paralizadas por la invasión de las servidumbres, si bien a finales de 2007, ya gobernando el PSOE, el Ayuntamiento consiguió desbloquearlas.
La instrucción del caso concluyó en octubre de 2009 y aún espera el señalamiento de juicio, en tanto las partes aún tienen que redactar sus escritos de acusación y defensa provisionales.
El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, José Robles, ha considerado, por su parte, que si alguien es responsable de la concesión de la licencia de obra de Novosur, esa es la Consejería de Obras Públicas, en tanto aprobó el PGOU de Alhendín y el plan parcial donde se levantaría la urbanización, además de no recurrirlas posteriormente "como ha hecho en otros casos, como el del Nevada".
Robles afirmó que su formación "acatará las responsabilidades penales" que se deriven del 'caso Marchelo' pero se ha preguntado por qué la Junta no recurrió unas licencias que supuestamente eran ilegales. También criticó que Gamarra haya hecho público la reclamación de la promotora justo cuando el Ayuntamiento pasa dificultades económicas que no garantizan el pago de las nóminas a los trabajadores municipales, techándolo de "cínico".
* El Mundo - 16.11.10
Foto: Alhendin -ideal digital
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SUR/Málaga* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en vigor desde hace casi medio año, establece un sistema de compensaciones para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en la ciudad. El método dispuesto para la normalización de inmuebles refleja el espíritu del nuevo ordenamiento a la hora de proteger a los llamados compradores de buena fe frente al posible derribo de edificaciones irregulares y avala ahora el dictamen elaborado por el Ayuntamiento para no ejecutar las 900 sentencias judiciales con carácter firme que anulaban licencias urbanísticas otorgadas en la 'era GIL'.
El Gobierno municipal acordó ayer informar a los tribunales de la «imposibilidad legal» del Consistorio para cumplir estas resoluciones judiciales, que afectan a cerca de 5.000 viviendas irregulares, al tratarse de inmuebles que serán normalizados por el PGOU, según anunció ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. «No es que no queramos cumplir las sentencias firmes que anulan las licencias de obras, sino que el Plan prevé otra realidad y estamos absolutamente convencidos de que el futuro de Marbella pasa por ahí», señaló la regidora.
La medida adoptada en Junta de Gobierno Local establece que la Administración local «hace suyo» el dictamen elaborado por la asesoría jurídica de la delegación de Urbanismo con objeto de plantear incidente de ejecución en cada uno de los procedimientos judiciales en los que existe una sentencia firme que anula la licencia de construcción. El acuerdo incluye dar traslado del mismo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La iniciativa no es nueva, dado que el Ayuntamiento ya hizo lo mismo en algunas causas urbanísticas antes de que se aprobara el Plan. La diferencia es que entonces se correspondía con casos aislados y el argumento del Consistorio ante los tribunales era la necesidad de esperar a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento. Ahora se trata de actuar de manera global en los 900 procedimientos judiciales y de «hacer ver», según explicó Muñoz, que el nuevo PGOU ya contempla la regularización de las viviendas, por lo que no tiene cabida la ejecución de las sentencias que declaran nulas las licencias de estos inmuebles.
«Es un paso decisivo en el camino que iniciamos hace tres años y medio para la recuperación de la credibilidad y la normalización institucional», afirmó la alcaldesa, que recordó que, a la hora de redactar el PGOU, el Consistorio y la Junta de Andalucía consensuaron establecer «un sistema que nos permitiera una alternativa que no fuera la demolición» y que, al mismo tiempo, compensara la pérdida de suelo que en materia de equipamiento y zonas verdes había sufrido el municipio durante lustros con la construcción de edificaciones ilegales.
«No tendría ningún sentido demoler 5.000 viviendas, sobre todo cuando se encuentran habitadas por familias, terceros de buena fe, que han tenido todos los parabienes de las diferentes administraciones», indicó Muñoz, que destacó que «ahora que tenemos un Plan que permite esa alternativa no podemos ejecutar esas sentencias». Por ello, según apuntó la regidora, el Ejecutivo local planteará a los tribunales que la situación urbanística en Marbella ha cambiado y que no se pueden llevar a cabo las resoluciones judiciales «porque se ha aprobado un Plan General que está vigente, que es legal y que contempla otra salida».
En cuanto a la posible réplica de la Sala, la alcaldesa no mostró ninguna duda. «Estamos absolutamente convencidos de que la respuesta por parte de los tribunales seguirá el mismo planteamiento y aplicará el sentido común», apuntó. En este sentido, Muñoz recordó que el TSJA «ha percibido durante los últimos años la voluntad del equipo de Gobierno para desbloquear la situación» y expresó su confianza de que «entenderá la postura de este Ayuntamiento a la hora de dar una alternativa a lo que ocurría antes de aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana».
Nuevo orden jurídico
El portavoz del Gobierno municipal, Félix Romero, defendió también la actuación y explicó que «la finalidad de una sentencia es la reposición de la legalidad, la restitución del orden jurídico que se ha alterado». En el caso de Marbella, según resaltó el edil, «tenemos un nuevo orden jurídico que viene definido por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo ámbito es precisamente donde se establecen las fórmulas de reposición de la legalidad».
«Lo extraño sería la ejecución de una sentencia que ya no tiene un soporte legal, sin tener en cuenta la nueva situación legal», aseveró Romero, que señaló que la pretensión del Ayuntamiento, por tanto, es «poner en conocimiento de los tribunales que existe un nuevo marco legal que establece de forma general y pública las fórmulas para reponer la legalidad a la situación previa de manera que nadie pueda sentirse agraviado o, incluso, perjudicado».
* Sur - 17.11.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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ELPAÍS* : La parte más fea de la política, la corrupción, ha llegado a los dos grandes partidos catalanes, CiU y el PSC, poniendo fin al mantra que rezaba que "en Cataluña no hay corrupción urbanística". En apenas tres meses, el año pasado se sucedieron dos casos que hicieron mella donde más dolía a cada una de esas formaciones. El caso Palau trasladó a los juzgados las presuntas comisiones por obra pública que presuntamente requirieron los Gobiernos de Jordi Pujol a la constructora Ferrovial y resucitó el fantasma del 3%, que parecía estar enterrado desde que lo mentó el ex presidente Pasqual Maragall. La Operación Pretoria, que puso en marcha el juez Baltasar Garzón, se llevó por delante al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, uno de los ediles más populares y con más tirón del cinturón rojo de Barcelona, además de dejar imputados a una veintena de cargos públicos y empresarios.
Los casos del Palau de la Música y Santa Coloma de Gramenet se han convertido, por su dimensión, en los epicentros de la corrupción en Cataluña. La primera causa tocó de lleno a una de las instituciones y uno de los apellidos más ilustres del catalanismo, el de Fèlix Millet, instalado en las principales entidades y consejos de administración catalanes, y homenajeado hasta la saciedad en los últimos años. Lo que empezó siendo, sin embargo, un caso de presunto expolio del Palau para el enriquecimiento personal de Millet ha acabado por acorralar a Convergència por el presunto cobro de comisiones procedentes de la constructora Ferrovial con Millet como intermediario.
La Oficina Antifraude de Cataluña y los peritos de Hacienda emitieron sendos informes en los que apreciaron "indicios" de que el dinero de Ferrovial, disfrazado de patrocinio al Palau, iba a CDC por varias vías: de forma directa a través de sus tesoreros, mediante la Fundación Trias Fargas -hoy denominada Catdem- y usando a empresas de mercadotecnia electoral que facturaban cantidades al Palau por trabajos que presuntamente nunca realizaron. Y también concluyeron que esos pagos correspondían a supuestas comisiones por grandes obras, como las de la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. A raíz de esos informes, la Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez instructor que impute al tesorero de CDC, Daniel Osàcar. El ministerio público ha pedido encausar, además, al secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom, quien admitió haber cobrado de Millet 75.126,51 euros.
El PSC también se ha visto salpicado por el caso por la polémica operación que tenía como fin construir un hotel junto al Palau de la Música, por la que el ex secretario general de Presidencia y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, ha sido imputado por el juez.
Si el emblemático inmueble modernista era la imagen de la corrupción en la capital catalana, en Santa Coloma de Gramenet lo era Cubics, un edificio todavía en construcción que simbolizaba un salto adelanto para una ciudad gobernada con mayoría absoluta por el PSC. A raíz de esa operación iniciada por Garzón fueron arrestados el alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz; su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; el ex diputado Luis García Sáez, Luigi, y los ex altos cargos de Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, una veintena de empresarios y cargos públicos están imputados y la investigación ha arrojado multitud de informes que proporcionan abundantes pruebas de irregularidades administrativas que podrían constituir varios delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales o cohecho.
Tras el escándalo de Pretoria, el PSC lanzó un plan contra la corrupción para frenar el desgaste que supuso el caso para el tripartito y la desafección ciudadana. El líder del partido, José Montilla, incluso salió a pedir perdón a los ciudadanos y admitió el daño que la trama había hecho a sus siglas. Los imputados fueron expulsados del partido y García-Bragado fue apartado de su cargo. Convergència, en cambio, defendió la inocencia de Prenafeta y Alavedra, que se dieron de baja del partido, hizo lo mismo con Osàcar y atribuyó el caso Palau a una conspiración para dejarles fuera del acceso a la Generalitat.
* El País 15.11.10
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
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ELPERIÓDICO* : Los ayuntamientos ya no deciden solos el planeamiento urbanístico. La constitución, ayer, del nuevo Consejo de Urbanismo de Aragón completa la formación de los distintos órganos urbanísticos establecidos en la nueva Ley de Urbanismo, del 2009, que, a partir de ahora, "aprobarán definitivamente" los distintos planes generales de ordenación urbana de los municipios aragoneses. Junto con los consejos provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, estos órganos colectivos de participación se encargarán de dictar los informes preceptivos sobre el planeamiento general, los planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones, que serán vinculantes. No así su desarrollo.
Las competencias que asumía el antiguo COTA (Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón) se han dividido en dos. De manera que este órgano conserva las referidas a la ordenación del territorio, y las urbanísticas pasan al nuevo Consejo de Urbanismo de Aragón, que ayer celebró su primera sesión.
Los informes de estos Consejos Provinciales de Urbanismo tienen carácter vinculante en todos los municipios --excepto en las capitales de provincia y en los planes conjuntos de varios municipios de distintas provincias, que corresponde al Consejo de Urbanismo-- sobre los planes parciales que delimiten y ordenen suelo urbanizable no delimitado; y en municipios con población inferior a 8.000 habitantes respecto de planes parciales que ordenen suelo urbanizable delimitado.
LA MUELA "Con esta nueva norma, el caso de La Muela, por ejemplo, no habría ocurrido. Porque el ayuntamiento hubiera necesitado del informe vinculante del Consejo Provincial de Zaragoza que certificase que se está cumpliendo la ley", afirmó ayer el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, minutos antes de entrar en la reunión constitutiva.
Otras funciones del Consejo de Urbanismo de Aragón son la de aprobar los planes especiales de las capitales de provincia "que tengan por finalidad el establecimiento de reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo", cuando sean promovidos por la Administración autonómica.
O el de informar sobre "la ejecución de grandes obras de ordenación territorial o cuando concurran razones de urgencia o de excepcional interés público en el supuesto contemplado en la Ley de Urbanismo de Aragón", señaló el titular del departamento.
E incluso el de informar de "la suspensión total o parcial de la eficacia de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico" regulado en dicha ley.
* El Periódico - 16.11.10
Foto: El Consejo de Urbanismo de Aragón se reunió ayer por vez primera.- elperiodico
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ELDÍA/Tenerife* : El denominado "caso Arona" ha dado otra vuelta más con las declaraciones del concejal de Arona y actual consejero del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra, y del ex edil de Parques y Jardines en dicho ayuntamiento sureño en el pasado mandato, Juan José Alayón, ambos imputados por un presunto delito de prevaricación, en el Juzgado de Instrucción nº4 de Arona. En este sentido, Juan José Alayón reconoció ayer ante la jueza que una de las prácticas de la Junta de Gobierno en el Consistorio aronero era la de prorrogar licencias de obra mayor "ya caducadas", según ha podido conocer este periódico.
Las fuentes señalan que el ex edil afirmó que "nunca" había votado a favor de aquellos expedientes que se traían con advertencia de ilegalidad por parte del secretario municipal. Sin embargo. las actas de las Juntas de Gobierno reflejan lo contrario, lo que es causa de su imputación.
Dicha apreciación no la recordaba el actual consejero del Cabildo tinerfeño y concejal, Félix Sierra, quien dijo no acordarse de si el secretario hacia constar los supuestos vicios de ilegalidad en las sesiones de la Junta de Gobierno del pasado mandato.
Además, el edil negó haber participado en la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) que está pendiente de entrar en vigor. Sin embargo, el documento de la aprobación inicial del PGO fue elaborado cuando ostentaba la concejalía de Urbanismo, en 2003, se asegura.
Las fuentes consultadas también resaltan que "son inconcebibles algunas de las afirmaciones que se dijeron en la sala porque si bien los dos imputados argumentaban que no recordaban absolutamente nada, curiosamente después matizaban asuntos concretos en las unidades de actuación".
Además, expresaron que las declaraciones de Sierra y Alayón "fueron muy minuciosas porque se analizaron cada una de las licencias de entre 2006 y 2007".
Mientras Félix Sierra declinó pronunciarse públicamente, el ex concejal Juan José Alayón aseguró que cuando se tuvo que marchar del ayuntamiento salió "con la cabeza bien alta", por lo que no tiene "nada que ocultar", aunque se negó a responder a las preguntas de la acusación particular.
* El Día - 16.11.10
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
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M.LÓPEZ PRADO* : La suerte está echada si no cambian las cosas. En el próximo mes de febrero el Concello de Vigo, a través de su Gerencia de Urbanismo y por orden del alcalde, procederá a la voladura y derribo de unos bloques de viviendas, 180 apartamentos nada menos, en el corazón de la emblemática playa de Samil. Un proceso legal que duró una quincena de años toca a su fin. El TSXG dio la orden de derribo, una más sobre otras ilegalidades en Vigo, y el concello no tiene triquiñuelas para salvarlo, bien incluyéndolo, como otros, en el nuevo plan, o reformando in extremis con derribos parciales. Pero el caso Samil parece no tener esas singulares salidas. Con licencia para apartahotel, cinco edificios con esas 180 viviendas se vendieron como tales, como residenciales, y no como servicios hoteleros en primera línea de playa. Si llega el momento, el acto es digno de ser televisado en directo para toda Galicia y no por la posible espectacularidad de este – voladura controlada, etc.– sino por lo que supone de ejemplo para todos los concellos gallegos en permanente ilegalidad urbanística de siempre.
Si se lleva a cabo, repito, habrá un antes y un después en los comportamientos políticos, en sus concesiones ilegales, en una irresponsabilidad que nunca les cuesta nada. Estamos hablando de una ciudad como Vigo en la que hay casos escandalosos con órdenes de derribos de grandes construcciones, pero que podemos extender a otras ciudades y a concellos pequeños donde la postura de alcaldes y concelleiros de aplicar la política de “ti vai facendo que eu non miro para aí” ha hecho posible auténticas aberraciones e ilegalidades urbanísticas por todo el territorio galaico.
Las sentencias del TSXG son incumplidas desde hace tiempo. La actuación del alto tribunal también tiene sus sombras que deben de pesar sobre sus conciencias jurídicas.
Por un lado, los largos procesos judiciales permiten consolidar con el tiempo la finalización y ocupación de casas y viviendas, sin que haya vigilancia y se incumpla, por parte de los concellos, las órdenes de paralización de obras. Luego que una vez es sentenciado el caso, el TSXG, o incluso el Supremo, se encuentran casos de viviendas ocupadas por familias que en su día compraron sus pisos con todas la de la ley y luego se encontraron que quien la había infringido fue el equipo de gobierno que en su día dio la licencia. ¿Se ponen en la calle con sus enseres a esas familias?
Luego la discriminación e impotencia en los casos de derribo. En Vigo, por ejemplo, son cientos la órdenes de derribo que existen que no se ejecutan, pero sí se llevan a cabo son las primeras, las viviendas del rural unifamiliares las que pueden sentir el dolor de la piqueta. Nunca los grandes edificios o urbanizaciones.
El caso Samil, con la orden de derribo para febrero ya conocida no ha hecho más que empezar. Los vecinos y propietarios se defienden como gato panza arriba y pedirán indemnizaciones. Pero si un día asistimos al espectáculo televisado del gran derribo en la playa de Samil, que nos lleve a todos a reflexionar que la política urbanística hay que cambiarla de plano y que las infracciones e ilegalidades no tengan cobijo con cambios de leyes y planes circunstanciales para saltársela. Justicia para todos.
* Xornal - Opinión - 15.11.10
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