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CANARIAS7* : Los ocho nuevos detenidos hoy en Lanzarote a consecuencia de la Operación Unión que investiga una presunta trama de corrupción urbanística están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos, según informó la Guardia Civil. La ex alcaldesa de Arrecife de Lanzarote María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, el ex consejero socialista del Cabildo Insular Miguel Ángel Leal, empleados públicos y directivos empresariales son los detenidos hoy, arrestados en una nueva "Operación Jable", se explica en un comunicado nota de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
La "Operación Jable", puesta en marcha tras analizar documentos intervenidos durante la llamada "Unión", ha permitido desmantelar "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", se destaca en la nota.
Añade que "los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
La investigación, que se precisa está bajo secreto de sumario y sigue abierta, está siendo desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
En el marco de la llamada Operación Jable figuran como detenidos, además de María Isabel Déniz y Miguel Ángel Leal, los directivos empresariales Julio Romero, director de una sucursal de La Caja de Canarias; los gerentes de Urbaser Jacinto Álvarez y Stephani Jean Valverde, este último detenido en Madrid, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.
Completan la lista de arrestados el ex dirigente de la patronal turística insular Asolan Francisco Javier Armas, apoderado de FCC; el ingeniero jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha; y un técnico del área de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo Insular cuya identidad no ha sido precisada.
Sus detenciones se añaden a las de María Isabel Déniz, que fue elegida alcaldesa en su momento en las listas del Partido de Independientes de Lanzarote y también ha sido diputada; y de Miguel Ángel Leal, ex consejero del área de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo.
En el marco de la actuación de hoy se están practicando registros en la sede del Cabildo de Lanzarote y de la empresa Urbaser, concesionaria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, así como en una sucursal bancaria y en domicilios y empresas del entramado de corrupción, se especifica en el escrito de la Dirección General.
"La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'Operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil", se agrega en el texto.
* Canarias 7 - EFE - 19.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - diariodelanzarote.com
Los nuevos detenidos en Lanzarote están acusados de cohecho y tráfico de influencias
Ética - Forges
Viñeta: Forges, ética - 20100418 elpais.com
Jueces y fiscales discrepan sobre qué considerar delito urbanístico
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ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de La Viñuela, Juan Millán, acaba de ser condenado a una pena de inhabilitación y multa por conceder tres licencias para construir en suelo no urbanizable. La ex alcaldesa de Cártama, Leonor García-Agua, ha sido absuelta por haber autorizado licencias de segregación de fincas para construir en suelo rústico. El ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia de Málaga, que revocó la condena a un año de prisión que le impuso un juez de lo penal y por la que dimitió del cargo.
Cada uno de estos tres recientes casos con resoluciones tan dispares tiene evidentemente sus particularidades, pero presentan un denominador común, se trata de prevaricación urbanística por autorizar construcciones en suelo no urbanizable y en los tres la fiscalía solicitaba penas de prisión.
La jurisprudencia de los tribunales malagueños no muestra un criterio único en la respuesta a los casos urbanísticos, y deja de relieve la disparidad de criterio entre la fiscalía y la Audiencia Provincial sobre cuándo deben considerarse delito las ilegalidades urbanísticas y aplicar el Código Penal y cuándo basta con la sanción del derecho administrativo.
En una provincia donde hay más de una veintena de alcaldes imputados en causas por este tipo de delitos, el debate se mantiene también en el ámbito político. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, promovió hace dos años un foro que reivindica que no se juzgue en la vía penal la construcción de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable. Sólo en la comarca de La Axarquía se estima que existen más de 10.000 casas en suelo rústico.
El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, recuerda que "el derecho penal se rige por el principio de la intervención mínima", por lo que aboga por dejar el Código Penal "sólo para situaciones extremas". "Cuando las infracciones no son muy groseras y no ha habido cohecho de por medio, entiendo que la intervención debería venir por el derecho administrativo", explica.
Arroyo Fiestas conmina a tener en consideración cuestiones como "ayuntamientos muy pequeños, deprimidos económicamente, que tienen poco asesoramiento y apenas medios", que cuando han autorizado construcciones lo han hecho sin mala fe.
El presidente de la Audiencia sostiene que es la fiscalía la que tiene que marcar un criterio de actuación, ya que los jueces no intervienen en estos asuntos si no es a instancias del ministerio público.
Y la postura que defiende el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, es que hay una respuesta penal justamente porque la extensión de las ilegalidades es lo que hizo que se incluyeran en el Código Penal los delitos urbanísticos para dar respuesta a una situación abusiva. "En una sociedad normalizada, el juego del derecho administrativo frente al penal está bien, pero cuando se exagera y hay abuso hay que tomar medidas más contundentes", explica.
Morales rechaza que se reste importancia a la concesión de licencias en suelo no urbanizable porque se trata de un fenómeno y "no es ya un daño particular o privado, sino que hay un perjuicio colectivo, al paisaje y al medio ambiente, y también tiene consecuencias económicas importantes para la sociedad, que tiene que hacer frente a servicios de saneamiento, agua, etcétera".
El fiscal jefe sostiene que sería "contraproducente" unificar criterios previamente y que conviene actuar caso a caso analizando las circunstancias específicas de cada uno.
Graduación de penas
En la práctica judicial española difícilmente hay dos casos idénticos, por más que lo aparenten. El Código Penal establece para el delito de prevaricación urbanística la posibilidad de penas de inhabilitación, multa económica y prisión. La cuestión está en qué graduación aplicar en cada caso. José Carlos Aguilera, abogado malagueño de dilatada experiencia como acusación y defensa en delitos urbanísticos, se queja de que por lo general las sentencias no especifican la motivación de por qué la pena impuesta entre las posibles. Ello contribuye a la confusión. No es fácil entender por ejemplo por qué permitir dos edificios con 237 viviendas en suelo de sistema general de espacios libres mereció seis meses de prisión ( caso Banana Beach) y un año la licencia para tres unifamiliares en suelo con menos protección del caso Proinsa.
Se supone que la graduación de penas obedece a la gravedad de cada asunto. Pero no sólo las penas, los propios casos en ocasiones parecen algo incomprensibles, como el procesamiento a un alcalde por dar una licencia que posteriormente revisó y anuló y sin que llegara a hacerse obra alguna.
* ELPAIS.com - 19.04.10
Foto: Construcciones diseminadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía, en el término de Alcaucín (Málaga).- JULIÁN ROJAS, elpais.com
El TSJC anula una zona escolar de Torrelles al estar en terreno inundable
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ABC/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado «la nulidad de pleno derecho» de la modificación del Plan General de Torrelles y del Plan Parcial de Can Coll de ese municipio por, entre otras razones, «calificar como equipamiento escolar una zona inundable en una extensión de 209 m2». Junto a la riera de Torrelles están construidos y en funcionamiento una guardería y un CEIP, ya que el proyecto ahora anulado se aprobó el 14 de abril de 2005 y el fallo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se comunicó a las partes el pasado jueves.
La plataforma ciudadana Salvem Can Coll recurrió a los tribunales porque el departamento de Política Territorial y Obras Públicas, dirigido por el conseller Joaquim Nadal, desestimó el recurso de alzada que interpuso contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 13 de julio de 2005. Además de señalar la zona inundable, la Plataforma Salvem Can Coll denunciaba que una parte sustancial de las 198 viviendas que el Ayuntamiento permite construir a cambio de ceder los terrenos junto a la riera para equipamientos escolares, se encuentran en una pendiente superior al 20%, extremo prohibido por la vigente legislación urbanística.
El Ayuntamiento de Torrelles, presidido por Glòria Matas (ERC) con el apoyo del PSC, tiene diez días para recurrir al Tribunal Supremo. Fuentes de la plataforma ciudadana desconocen todavía qué zona escolar ha sido declarada inundable por el TSJC, y señalan que en el caso de que el Alto Tribunal declare firme la sentencia catalana, «el Ayuntamiento tendrá que volver a tramitar la modificación del Plan General y el Plan Parcial de Can Coll, pero partiendo de cero».
Esa circunstancia supone aplicar la ley que prohibe edificar en pendientes superiores al 20%, un extremo que ya apuntan en su fallo los magistrados José Juanola, María del Pilar Martín y Ana Rubira, al señalar que como la modificación del plan parcial se aprobó antes de su entrada en vigor, no pueden considerar la ley de las pendientes.De aplicarse ahora esa norma, rebajaría notablemente el número de viviendas a construir en la zona de montaña, ya que las obras de urbanización y las cesiones de terrenos anticipadas se realizaron en función de una techo edificable planificado ilegalmente.
* ABC - 19.04.10
Foto: Torrelles (Barcelona) - enciclopedia.cat
La crisis llena Granada de promociones 'fantasma'
GRANADAHOY* : Los años dorados del ladrillo cambiaron la fisonomía de las ciudades, transformaron por completo el litoral y auspiciaron la expansión de los municipios del Área Metropolitana. Ahora, dos años después de que reventara la burbuja inmobiliaria, la crisis también ha determinado la apariencia de la provincia. Los edificios a medio terminar, las obras finalizadas y sin apenas ocupación han convertido a algunas zonas de Granada en poco menos que ciudades 'fantasma'. El último censo de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada cifraba en más de 18.000 las viviendas terminadas y sin vender de la provincia.
De ellas, 13.000 se encuentran en el Área Metropolitana, repartidas entre los municipios más relevantes y los más pujantes pueblos dormitorio. Granada (que concentra 2.000 viviendas en stock), Atarfe, Albolote, La Zubia o Las Gabias son algunos de los puntos clave de la radiografía de los inmuebles vacíos, de las promociones 'fantasma' que han aflorado en los dos últimos años.
Aunque la Costa Tropical tampoco se queda atrás, aquejada de la caída de las ventas de segunda residencia que han traído consigo el aumento del desempleo y la contención del consumo. Los municipios de la comarca costera suman, según los datos oficiales recogidos por la patronal de la construcción, 1.829 inmuebles vacíos.
El secretario general de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, explicó que la paralización del sector inmobiliario ha frenado considerablemente la expansión de los principales municipios granadinos. "Lo que ha sucedido es que en los últimos años se ha hecho más planeamiento del realmente necesario porque las expectativas han sido mayores. Además, en algunas zonas la tipología de la oferta no ha concordado con la demanda real", indica Martínez Cañavate.
Viviendas de lujo en pueblos con escaso mercado inmobiliario, promociones de cientos de viviendas en municipios como Láchar o Cijuela, con una población de apenas 3.000 habitantes... Los planteamientos urbanísticos que desarrollaron durante los años del 'boom' inmobiliario muchos ayuntamientos de la provincia y los proyectos alejados de la realidad puestos en marcha por las constructoras y promotoras han tenido un resultado muy claro en la provincia.
Un ejemplo, el último informe elaborado por la Asociación de Promotores y Constructores cifraba en 931 el total de viviendas vacías de los municipios del Poniente (Algarinejo, Chimeneas, Húetor Tájar, Íllora, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Sálar, Villanueva de Mesía y Zagra). Pues bien, según los datos del Ministerio de Vivienda -que incluye la cifra total de compraventas por municipios-, a lo largo de 2009 la comarca del Poniente sólo registró 257 transacciones inmobiliarias. Es decir, que el stock existente en la actualidad podría tardar más de tres años y medio en disolverse, ya que la demanda de vivienda en la zona no logra cubrir la oferta. Es más, tomando como referencia un buen año para el sector inmobiliario, el de 2007, la conclusión es muy similar. En 2007 se vendieron en el conjunto de los municipios del Poniente 613 viviendas, lo que significa que en condiciones similares -cosa poco probable, ya que difícilmente el nivel de ventas volverá al de los años dorados- la demanda tardaría en absorber el stock más de un año y medio. Y esta situación puede extrapolarse a casi la totalidad de las comarcas granadinas.
Atarfe es uno de los municipios más afectados por la proliferación de promociones vacías que ha seguido a la caída de la actividad inmobiliaria. El alcalde, Tomás Ruiz, confirma que la crisis de la construcción ha afectado "mucho" al municipio y cifra en casi dos millares las viviendas vacías que ahora 'reinan' en las principales zonas de expansión de la localidad. "Hay promociones terminadas y sin vender y viviendas que se han dejado a medio terminar por la falta de ventas, sobre todo en la zona de la nueva plaza de toros y junto al tanatorio municipal", explica Ruiz, que apunta que esta situación "repercute bastante en el municipio", ya que lastra la llegada de nuevos vecinos y frena los empadronamientos. Además, por supuesto, de afectar a las arcas municipales. "Algunos empresarios han llegado a acuerdos urbanísticos con el Ayuntamiento y ahora no los pueden atender, lo que provoca problemas de liquidez en el Consistorio".
En Alhendín el problema del stock de vivienda se ha solucionado, sobre todo, recurriendo al alquiler. El alcalde del Ayuntamiento de Alhendín, Miguel Ángel Gamarro, indica que el desarrollo urbanístico del municipio ha dado como resultado el inicio de un gran número de promociones, pero asegura que "lo que no se ha vendido se está dirigiendo al alquiler", por lo que "el porcentaje de viviendas sin vender no es representativo". De hecho, la mayor promoción que se ha puesto en marcha en el municipio en los últimos años, la de Novosur, ya tiene una ocupación del 70%. "Sigue habiendo promociones vacías, pero se siguen alquilando y vendiendo. Es cierto que a menor ritmo, pero hay que tener en cuenta que la vivienda sigue siendo una necesidad".
El concejal de Urbanismo de Motril, José Luis Chica, explica que aunque la crisis también ha afectado al municipio, el stock no es tan pronunciado como en el resto de la provincia. "La zona más afectada es Playa Granada, donde puede haber unas 200 viviendas sin vender. En Motril no hay grandes promociones y la mayoría se han vendido, aunque puede haber alrededor de 300 viviendas vacías", confirma Chica.
Salobreña es otro buen ejemplo de los muchos que afectan a la provincia. El concejal de Urbanismo, Manuel Pérez Cobos, asegura que "hay muchas promociones que se han quedado vacías" como consecuencia de la caída de las ventas, que también ha provocado un grave descenso de los ingresos municipales. Además, Cobos apunta que más de medio millar de viviendas que tienen licencia de obras han sido paralizadas ante la difícil situación que atraviesa el sector.
* Granada Hoy - 19.04.10
Foto: granadahoy.com
La tragedia de El Cabanyal
ÀLVAR PERIS* : Escuecen todavía en la retina las imágenes en El Cabanyal, cuando la policía no tuvo ningún miramiento a la hora de golpear a los ciudadanos que se habían concentrado pacíficamente tratando de parar la acción de las máquinas sobre el barrio valenciano. Naturalmente, también hay que censurar la actuación de algunos manifestantes que lanzaron piedras y otros objetos provocando algún herido leve entre las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, no encontramos una justificación para la desmesurada y excesiva contundencia con la que se emplearon los cuerpos policiales, que obligó a los servicios de emergencias a atender a un par de personas y provocó tensión y ansiedad en numerosos asistentes, que nunca hubieran imaginado verse en una de esas.
Más allá de preguntarnos si éste es el cometido de los cuerpos de seguridad en una sociedad democrática del siglo XXI, el suceso vuelve a situar la problemática de El Cabanyal en primera línea de la agenda mediática y política. La entrada en vigor de la ley autonómica 2/2010, de 31 de marzo, vuelve a plantear una disputa competencial entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, que ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Lo mismo hizo hace unos meses con el decreto ley que retiraba la protección de Bien de Interés Cultural al barrio y que elaboró el gobierno autonómico para contrarrestar la orden ministerial que imposibilitaba la continuación del PEPRI de El Cabanyal por parte del Ayuntamiento. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional aceptó el recurso del Gobierno y las obras tuvieron que pararse. Ahora, mientras se resolvía este segundo recurso, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido echarse al monte y derribar todas aquellas casas que había comprado a través de la sociedad Cabanyal 2010 y que, según fuentes municipales, están fuera del espacio protegido. El reciente pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, con carácter de urgencia, sobre la más que probable inconstitucionalidad de la ley autonómica, pone al gobierno municipal en un nuevo brete. Sin embargo, hasta el momento, nada ha impedido a Barberá y los suyos continuar contra viento y marea un proyecto que, conviene recordarlo nuevamente, es un disparate social y económico.
En primer lugar, y como han explicado en los últimos años expertos de disciplinas muy diversas, la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar, partiendo en dos la trama urbana de los poblados marítimos, no es una necesidad para Valencia. Con la recuperación de El Grau y la desembocadura del cauce viejo del Turia, la ciudad tiene alternativas igualmente válidas de conexión con la fachada marítima sin tener que echar abajo más de 450 inmuebles. Este tipo de decisiones, desde un punto de vista urbanístico, pudieron tener sentido años atrás, cuando la modernidad y el progreso solían estar ligadas a la destrucción de barrios y calles marginales y poco salubres, independientemente de su valor histórico o arquitectónico. En los tiempos actuales, la modernidad y el progreso están unidas a un urbanismo sostenible, que apuesta por la calidad de vida de las ciudades y de sus habitantes y que prefiere la rehabilitación a la destrucción.
Por tanto, el proyecto de ampliación no se justifica en términos urbanísticos. Tal vez se trate de una cuestión mental. En varias ocasiones hemos oído que la culminación de este proyecto supondrá que Valencia "se abra, por fin, al mar". Hasta donde se sabe, desde finales del siglo XIX los habitantes de El Cabanyal y del resto de poblados marítimos forman parte de Valencia, son Valencia. En consecuencia, Valencia, como mínimo desde esa fecha, nunca ha estado de espaldas al mar. Otra cosa es que los habitantes que ocupan esa primera línea marítima sean gente humilde, trabajadores, pescadores y portuarios, y no la gente pudiente, burguesa y adinerada del centro. Hace unos meses, en una tertulia del canal público de noticias 24.9, una periodista se mostró a favor del plan porque así, desde su casa cercana a Viveros, podría ver el mar. Poco le importaba que para conseguir ese sueño se tenga que echar de sus casas a 1.600 familias, en una nueva demostración de cómo los sectores dirigentes pasan por encima de los barrios populares.
Si lo que se pretende, en el fondo, es sustituir a la gente que ahora vive en El Cabanyal por personas con solvencia económica dispuestas a pagar un buen dinero por los pisos que se construirán en primera línea de la futura avenida, que se diga abiertamente. De todos modos, si en algún tiempo el proyecto pudo ser un negocio redondo, en la actualidad esa pretensión no se sostiene. En medio de una de las crisis económicas más devastadoras de la historia, y con más de 60.000 viviendas vacías en la ciudad, no parece que sea buena idea seguir apostando por la construcción como modelo productivo. De hecho, las empresas que debían encargarse de la construcción de los nuevos edificios han abandonado la sociedad Cabanyal 2010 incapaces de seguir aportando el dinero imprescindible para realizar las expropiaciones. En ese sentido, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se han quedado solos en el proyecto. Más les valdría darse cuenta del valor turístico que podría tener la ciudad con unos barrios marítimos perfectamente rehabilitados y protegidos, con servicios e infraestructuras de primer nivel, en los que no sólo se pudiera vivir dignamente sino que el que viniera de fuera también los pudiera disfrutar al máximo.
Explicaba el urbanista Francesc Muñoz en su brillante estudio Urbanalización, que en la época de la globalización las ciudades cada vez se parecen más y hacía especial hincapié en los frentes marítimos. ¡Lo que darían muchas ciudades por tener un frente marítimo con la especificidad de El Cabanyal! Nuestras autoridades locales y autonómicas deberían comprender que en plena globalización, lo que atrae a los visitantes no es la repetición, sino la singularidad: la de una manera de vivir y de entender la vida, la de una arquitectura y una trama urbana peculiar. Eso es lo que la gente quiere ver y que se debe poner en valor.
Por último, el PEPRI de El Cabanyal plantea un debate moral de primera magnitud. Entre las 1.600 familias que tienen que abandonar sus hogares, se encuentran numerosas personas mayores que han pasado toda su vida en esas mismas calles, rodeados de su familia y amigos. Y las tienen que dejar porque sí, porque un proyecto municipal pasa por encima de unas casas llenas de recuerdos, que en algunos casos pertenecen a la familia desde hace varias generaciones y que esperaban entregar a sus hijos. Si acceden a vender sus propiedades a la sociedad Cabanyal 2010, su destino no está en primera línea de la futura avenida sino lejos del barrio, habiendo de hipotecar a sus hijos porque los bancos ya no les conceden créditos. Eso en el mejor de los casos. En el peor, mejor no saberlo. Y algunos de los cargos públicos responsables de esta injusticia aseguran que son cristianos practicantes. Extraña religión esta que siente poco aprecio por el prójimo y el más débil.
Es indudable que, además de la ambición personal de las autoridades municipales, el proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre El Cabanyal esconde unos intereses poco transparentes, que benefician a una parte de la sociedad y no al colectivo. Y todo por esa franja de territorio tan codiciosa que es la primera línea de la costa, antes detestada por ser tierra de mosquitos y malaria, ahora ávida de dinero fácil. Sus habitantes lucharán hasta el final por sus casas, pero saben que están inmersos en una guerra desigual. La privilegiada situación de El Cabanyal puede suponer su muerte. Esa es su tragedia.
* Àlvar Peris es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València.
* ELPAIS.com - Opinión - 19.04.10
Galicia: Tormenta antes del pacto
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ELPAÍS* : Si la política territorial del bipartito tenía un paradigma, se llamaba Barreiros. Si la del Gobierno del PP también lo tiene, lleva el nombre del mismo pueblo. De la paralización de 3.174 viviendas presuntamente ilegales en un municipio de no más de 3.000 habitantes, al convenio que pretende regularizarlas. En medio, la descomposición de la agencia que vela por el control urbanístico, la autorización de piscifactorías en espacios protegidos y una polémica reforma de la Lei do Solo. La política territorial de la Xunta, tachada de liberalista, más que debate ha generado controversia, acotada entre ovaciones cerradas de los promotores y descarnadas críticas de movimientos ecologistas.
El modelo, en definitiva, se agita en vísperas de un pacto territorial que parece alejarse.
Y eso que nadie discute la necesidad de sellar un gran acuerdo urbanístico, algo que no ocurre desde 1995, cuando todas las fuerzas parlamentarias pactaron la Lei de Ordenación do Territorio. "Si algo precisa el debate urbanístico es sosiego. Por eso estamos preocupados, muy preocupados", confiesa el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia. Celestino García Braña combina prudentes silencios con halagos a decisiones como la modificación de las Normas del Hábitat, pero también con críticas veladas a la reforma de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. "Su trayectoria y el director destituido fueron ejemplares, y es uno de esos ámbitos que no pueden estar sujetos al debate político", relata. Ahora lo están, después de que la Xunta de Feijóo incrementara su control de la agencia mediante una modificación estatutaria. Para los ecologistas es un claro ejemplo de "la voladura controlada" de la disciplina urbanística. "De forma premeditada, volvemos a las andadas, al ti vai facendo y al desorden territorial", sostiene Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega.
El caso de Barreiros, otro de los grandes hitos urbanísticos de los últimos meses, provoca coincidencia sólo en la condena de las obras. Pero no falta quien aplauda el millonario convenio que lo legaliza, incluso en el caso de que se nutra exclusivamente de fondos públicos. "Esos promotores tenían unas licencias de edificación, y por lo tanto cobertura legal", precisa Javier Garrido, presidente de los promotores de Pontevedra. "Y hay que tener en cuenta la cantidad de impuestos que pagaron constructores, promotores y compradores". Así que concluye: "La sociedad ha salido clarísimamente beneficiada".
En el extremo contrario de su planteamiento se sitúan especialistas en urbanismo como el doctor en Derecho Enrique Sánchez Goyanes: "Si hay una infracción de la ley, no se puede legalizar con un convenio, porque los derechos que se protegen son menores que los que se ven afectados". Comparte su opinión la arquitecta Ana Fuentes. "Se le está diciendo a los ciudadanos que, en realidad, da igual: si el alcalde es poderoso, le legalización llegará", explica. Y, por supuesto, los ecologistas. "En ese convenio, la Xunta se ha retratado, y espero que haya consecuencias jurídicas", avisa Eirexas.
El decano de los arquitectos aporta algunos matices. "La actuación urbanística de Barreiros es catastrófica, pero tiene una difícil solución". La posibilidad de hacerlo con dinero de la Administración es "tremenda", pero Braña admite que rescatar con fondos públicos a los culpables fue exactamente lo que hicieron los gobiernos con los bancos cuando estalló la crisis económica. ¿Y qué piensan los alcaldes? "Dar servicios a unas viviendas no es una legalización, porque los procesos judiciales seguirán su curso", argumenta el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, del PSdeG, que añade: "¿Alguien está dispuesto a arreglarlo con una demolición masiva? No lo creo". Fernández obvia que el Gobierno de Feijóo, al tiempo que redactaba el convenio, ha empezado a retirar algunos de los contenciosos en los juzgados.
Otro de los grandes debates gira alrededor del Plan de Ordenación del Litoral. Ahí, la principal objeción es de fondo. "Y no es menor, porque afecta a la arquitectura legislativa", advierte el catedrático Sánchez Goyanes. Se trata de la anteposición del plan a las Directrices de Ordenación del Territorio, aplazadas por la Xunta con argumentos poco convincentes. "Es una arbitrariedad administrativa", denuncia, que "adolece además de algo tan elemental como un estudio económico".
Le ocurre al Plan del Litoral como a la propia reforma de la Lei do Solo, aprobada recientemente por el Parlamento: que tiene tantas interpretaciones como analistas. Como explica la arquitecta Fuentes, "la interpretación es tan o más importante que la letra", aunque en el caso de la Lei do Solo "al PP se le ha ido la mano". "Se necesitaba una reforma, pero hemos pasado al otro extremo", lamenta. Los promotores, en cambio, la critican por "poco ambiciosa", y Sánchez Goyanes la tacha de "híperliberalista".
El presidente de la Fegamp defiende la reforma de la ley urbanística por excelencia que partió de los propios alcaldes. Sus efectos sobre la dispersión de la población y la legalización de viviendas sin licencia también generan un fuerte debate, pero en el fondo subyace una decidida apuesta por las competencias de los alcaldes sobre el urbanismo. Y ahí saltan las alarmas, porque los ayuntamientos no andan sobrados de medios técnicos ni económicos. Y en esas circunstancias, como precisa el decano de los arquitectos, lo que les conviene es "conceder licencias con generosidad".
Hitos del urbanismo de la Xunta
- Piscifactoría de Touriñán. El PSdeG quiso ilustrar en Touriñán su politica de defensa medioambiental, y paralizó la piscifactoría nada más llegar a la Xunta. Otro tanto hizo el PP, pero en sentido contrario. "Se pueden hacer piscifactorías en la Red Natura y las haremos", ha declarado Feijóo.
- Convenio de Barreiros. Xunta, Diputación y Ayuntamiento aportarán 14 millones de euros para dotar a las más de 3.000 viviendas ilegales de Barreiros de servicios de los que carecen. De la aportación de los promotores, de momento nada se sabe.
- Axencia de Protección da Legalidade. Instigada por alcaldes, la Xunta incrementó su control de la agencia, le retiró inspectores y competencias y destituyó a su director, principal responsable de la paralización de las urbanizaciones de Barreiros.
- Plan de Ordenación do Litoral. Deja fuera de sus previsiones tanto a las plantas acuícolas como a los parques eólicos. Se le critica por su ambigüedad, por carecer de un estudio económico y por anteponerse en el tiempo a las Directrices de Ordenación del Litoral.
- Reforma de la Lei do Solo. El último gran debate urbanístico. Sus aspectos más polémicos son la legalización de casas y naves industriales sin licencia y la cesión de competencias a los ayuntamientos. No hay acuerdo sobre si combate o fomenta la temida dispersión de la población.
- Relleno de Marín. Suma más de 300.000 metros cuadrados. La Xunta pretende obviar la sentencia del Tribunal Supremo que lo anuló con un informe que considera que el plan del puerto está en vigor gracias a una modificación posterior.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 18/04/2010
Foto: Barreiros (Lugo) - mma.es
