DIARIODECÁDIZ* : La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una trama dedicada a la especulación urbanística en Chiclana de la Frontera, donde han imputado a nueve personas por delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
Este operativo, según ha informado el instituto armado en nota de prensa, fue llevado a cabo en colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, tras tenerse conocimiento de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal de Chiclana de la Frontera, concretamente en el camino de La Peligra.
La trama consistía en conseguir que un técnico competente emitiera un certificado de antigüedad superior a los cinco años, plazo de prescripción de las infracciones administrativas en el ámbito urbanístico, sobre unas construcciones que no existían.
Con esta práctica se consiguió inscribir cuatro viviendas en el Registro de la Propiedad, ya que de otra manera no se hubiera podido realizar dicha inscripción por estar calificados los terrenos jurídicamente como suelo urbano no consolidado en el Plan General de Ordenación Municipal de Chiclana de la Frontera.
Una vez realizado este trámite concertaban con varios tasadores para que éstos emitieran informes de tasación sobre las viviendas inexistentes y de esa forma conseguir préstamos hipotecarios sobre las mismas, cuyo importe era utilizado para la financiación de la parcela y posterior construcción de las viviendas.
Asimismo, habían construido sobre suelos de especial protección por estar destinados a viales, según el citado PGOM de Chiclana.
Por tales hechos, han sido imputadas nueve personas por los delitos de falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.
* Diario de Cádiz - EFE - 10.04.2008
Foto: Chiclana aérea - uca.es
Nueve imputados en una trama de especulación urbanística en Chiclana
Ya son 20 los imputados y siete los detenidos por corrupción urbanística en Zurgena
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EFE/Almería* : Las diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente ha elevado a 20 el número de imputados por presunta corrupción urbanística en Zurgena (Almería), después de que la Guardia Civil detuviese hace una semana al alcalde, Cándido Trabalón (PA) y al edil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), así como a dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos, todos en libertad con cargos y sin fianza.
Fuentes cercanas al caso precisaron que practicó un séptimo arresto en el marco de la operación 'Costurero', el de la ex secretaria municipal Trinidad Lidueña, a la que se acusa de prevaricar y delinquir contra la ordenación del territorio en la tramitación de expedientes desde el año 2004 para autorizar la construcción de más de un millar de viviendas sobre suelo rústico, en seis pedanías del término municipal de apenas 2.800 habitantes.
La investigación, que continúa abierta, imputa a 13 de los implicados los mismos delitos que a la ex funcionaria del Ayuntamiento zurgenero, a cuyos concejales en la anterior corporación --tres más del Partido Andalucista y cuatro del PSOE-- señalan como implicados por haber emitido voto favorable en pleno a los proyectos urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento y 25 empresas.
A los siete detenidos, que deberán personarse ante el juzgado una vez al mes, se les imputa prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio, a los que se suman, en el caso de los ediles los de cohecho, y en el caso de Zurano el de desobediencia ya que no acató la orden de paralización de una promoción, impugnada por la Junta de Andalucía.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 10.04.2008
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
El alcalde de Mogán admite que planeaba negocios al amparo de sus contactos como alcalde
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Aprovechar los contactos que se hacen cuando se accede al cargo de alcalde y que Onalia Bueno -teniente de alcalde- se dedicara a investigar a una comisaria de policía -"sus razones tendría"- no supone, según el alcalde de Mogán, Francisco González, delito alguno.
Durante una multitudinaria rueda de prensa convocada por González tras la desclasificación de parte del sumario del caso Góndola, el primer edil negó rotundamente que fuera a dimitir, "y mucho menos porque me lo pida el caradura ese", en alusión, presumiblemente, a Juan Fernando López Aguilar. "No voy a dimitir porque me siento tranquilo e inocente", aseguró el alcalde.
Francisco González, que estuvo arropado en la rueda de prensa por la práctica totalidad de los concejales del municipio sureño, aseguró que "en otro fascículo más de la telenovela [en referencia al sumario judicial], se hablaba de que hay una conversación, con mi amiga Onalia, en la que estamos hablando de la posibilidad de que algún día tengamos que dejar la política, algo que es evidente. Tenemos que pensar en nuestro futuro, y pensando en nuestro futuro teníamos pretensiones de adquirir alguna propiedad, para cuando dejemos la política hacer nuestros pinitos también en el mundo privado. Eso es muy lícito, porque en este país existe, afortunadamente, el derecho a la propiedad privada, porque no estamos ni en China ni en Cuba, estamos en España, y los políticos, como cualquier ciudadano, también tenemos nuestros derechos", dijo.
PRIVILEGIO. Para redundar más en la idea de que no actuaba de forma ilícita, el alcalde de Mogán afirmó: "Cuando digo que tenemos que aprovechar la situación en la que estamos para promocionarnos a nivel personal, lo digo porque estamos en una situación de privilegio, porque tenemos muchas amistades, conocemos a mucha gente y tenemos muchos contactos..."
Y con absoluta claridad, González dijo: "Si quieren, le anticipo a la policía hasta las parcelas que queríamos comprar, para que no pierda el tiempo y se dedique a garantizar la seguridad de los ciudadanos y no a perseguir a políticos, sobre todo a los del Partido Popular".
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 10 de abril de 2008
Foto: mogan puerto - puertosdecanarias.com
Mantienen y amplían las acusaciones a tres imputados del 'Caso Faycán'
EFE/Gran Canaria* : El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Telde, Javier García, ha mantenido las acusaciones contra tres detenidos que declararon hoy ante él en el marco del "Caso Faycán" sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de ese municipio, a los que ha ampliado los delitos que les imputan.
Así lo anunció esta tarde en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que informa de que el más conocido de los cuatro imputados a los que se citó hoy para declarar en el juzgado, el ex concejal de Urbanismo Guillermo Reyes, acusado de prevaricación, no llegó a prestar testimonio "porque su defensa no ha tomado conocimiento de una pieza separada que es imprescindible".
Por tanto, "se le citará próximamente" otra vez para que declare finalmente y Javier García pueda tomar una decisión en cuanto al futuro de su imputación, precisa el Tribunal Superior.
En cuanto a los otros tres imputados citados para hoy, acusados inicialmente de tráfico de influencias, detalla que a uno de ellos, José Luis Gutiérrez Galindo, se le ha añadido la imputación por delitos de cohecho y maquinación para alteración del precio de las cosas, además del ya citado.
También se mantiene la imputación por tráfico de influencias para Antonio Medina Guedes, cuya acusación se amplía, además, con un delito de maquinación para la alteración del precio de las cosas, y para Fernando Verona Sanabria, al que se le agrega una acusación de cohecho, conforme al escrito.
* Canarias 7 - EFE - 10 abril 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
NOTICIA RELACIONADA: El juez investiga la relación entre empresarios y políticos - Canarias 7 - 10 abril 2008
Nueve detenidos en una operación contra el expolio del patrimonio en Córdoba
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PÚBLICO* : El primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba), Luis Castro Erencia (PSOE), hará hoy pública su renuncia al acta de concejal después de que ayer fuera interrogado por la Policía en el marco de la operación desarrollada en la provincia contra el expolio arqueológico.
Castro, según se especifica en una convocatoria de prensa remitida hoy por el PSOE de Córdoba, dará a conocer los motivos que le han llevado a decidir abandonar el Ayuntamiento de Castro en un encuentro con los medios de comunicación, a las 20.30 horas y en el propio edificio consistorial de la localidad, donde le acompañará el secretario de Organización del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán.
A esta situación se ha llegado a raíz de que ayer la Policía Nacional detuvo en Córdoba capital y en las localidades cordobesas de Castro del Río, Baena y Bujalance a nueve personas, de las que cuatro están ya en libertad con cargos, por su presunta implicación en la comisión de delitos contra el patrimonio histórico, por el expolio y tráfico de restos arqueológicos y obras de arte.
La operación, coordinada por la Brigada de Investigación de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y ordenada por un juzgado de Madrid, se desarrolló a lo largo del día de ayer en la capital cordobesa y en las localidades mencionadas. Se practicaron once registros domiciliarios, incautándose numerosos restos arqueológicos, documentación y también algunas obras de arte. El juzgado ha decretado el secreto de sumario para la operación, que sigue abierta.
En Castro del Río, donde se produjo el mayor despliegue policial, se llevaron a cabo al menos cuatro registros domiciliarios, entre ellos la casa de un abogado y la del ya indicado teniente de alcalde de Urbanismo, al que no se llegó a detener, aunque sí que fue interrogado.
Aficionado de tercera
El letrado ha asegurado que no tiene relación con ninguna red delictiva y que no se explica por qué ha sido relacionado con este asunto. Según sus propias declaraciones, durante la tarde de ayer se presentaron en su despacho agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le pidieron que le acompañaran a su domicilio, donde le requisaron una colección de más de 200 monedas y algunos trozos de cerámica.
El letrado ha precisado que su colección es la de "una aficionado de tercera" y no entiende por qué se le ha requisado, ya que no cree que tenga especial valor puesto que nunca ha pagado mucho dinero por ellas.
Ha recalcado también que nunca ha tenido problemas de ningún tipo relacionados con las piezas de su colección y que no conoce al resto de los implicados en esta operación ni al denominado grupo de aficionados a la arqueología Oxido, con el que se relaciona a algunos de los detenidos por este asunto.
Actividad particular
El operativo desarrollado en la provincia cordobesa forma parte de una operación ejecutada a nivel nacional y que, al parecer, se ha saldado en distintos puntos de España con numerosos detenidos, que pueden formar parte de una red organizada, dedicada al expolio y tráfico de restos arqueológicos y también de obras de arte.
El origen de la investigación está en Valencia y las principales sospechas apuntan a la citada red nacional, dedicada a la compra y venta de obras de arte y de restos arqueológicos obtenidos de forma ilícita. Al parecer, en red pueden formar parte importantes compradores y destacados arqueólogos, encargados de tasar las piezas obtenidas de forma ilícita.
Los implicados en Córdoba podían estar relacionados con los últimos expolios denunciados tanto en el yacimiento íbero de Torrepredones, como en el recinto arqueológico de Ategua, una antigua ciudad fortaleza romana ubicada en las proximidades de la pedanía cordobesa de Santa Cruz.
* Público - AGENCIAS - Córdoba - 09/04/2008
Foto: Castro del Río (Córdoba) - rutasdelsur.es
Feijóo aprobó el Plan Xeral de O Pino pese a los informes en contra de Cultura
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ELPAÍS/A Coruña* : La Consellería de Política Territorial que presidía Alberto Núñez Feijóo aprobó de 2003 el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del ayuntamiento de O Pino, pese al dictamen en contra de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura de su propio Gobierno que informó desfavorablemente contra el citado plan.
El informe del departamento de Pérez Varela aludía el 25 de abril de 2003 a la necesidad de proteger en el planeamiento del ayuntamiento coruñés "aquellos espacios que por sus valores deben ser objeto de una especial protección arqueológica" y requería al gobierno local para que incluyese "un catálogo completo y pormenorizado de los yacimientos" así como "una ordenanza de suelo rústico de protección de Patrimonio".
Ninguna de estas medidas fueron adoptadas por el Ayuntamiento que preside Manuel Taboada Vigo, pero dos meses después, en junio, Política Territorial dio luz verde al PGOM de O Pino. Medio año más tarde, el mismo regidor tampoco encontró trabas en la Xunta para sacar adelante el plan parcial del polémico polígono industrial de O Pino, pese a que el documento tampoco recibió el preceptivo aval de la Dirección Xeral de Patrimonio del Gobierno gallego.
Este suelo industrial se encuentra ahora paralizado por una doble resolución de la Consellería de Cultura para proteger la ruta antigua del Camino de Santiago y de la Consellería de Medio Ambiente a raíz de una denuncia del Seprona que advertía sobre los efectos que las obras de desmonte estaban causando en varios arroyos del municipo. Por este motivo, Medio Ambiente ha sancionado a la promotora Fadesa que desarrolla el polígono, por carecer de permiso para realizar estas obras.
La polémica por el polígono llegó ayer al Parlamento gallego, después de que el PP denunciase la persecución que en su opinión está haciendo la Xunta al alcalde de O Pino, una afirmación que fue desmentida por la Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, y los portavoces de PSOE y Bloque.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 10/04/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Se autorizan campos de golf y macrourbanizaciones mientras se anuncian restricciones de agua
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : La Sierra de Cádiz afronta un verano con amenaza de restricciones a causa de la sequía. Pese a contar con importantes reservas y escasa población, llama la atención que en esta comarca haya problemas de abastecimiento que van camino de ser crónicos. Si el año hidrológico es bueno no hay problemas, pero si no lo es, entonces aparecen las restricciones.
Se puede hablar de varios tipos de sequía; coyuntural, cuando las lluvias son escasas y se resiente el campo, los cultivos, los ríos…; y estructural, cuando no hay agua en los embalses y los acuíferos está por debajo de su capacidad de explotación, o cuando se consume más agua de la que hay. En el caso de la Sierra de Cádiz, este año se han entrecruzado los dos tipos, falta de lluvias y consumo por encima de las disponibilidades. Estas restricciones afectan o pueden afectar a diez pueblos: Puerto Serrano, Prado del Rey, Bornos, Villamartín, Ubrique, El Gastor, Zahara de la Sierra, Grazalema, VIllaluenga y Benaocaz.
La causa de esta paradójica situación –la Sierra de Cádiz es el sitio que más llueve de España y algunos de estos pueblos están a orillas de pantanos- está, además de en la falta de lluvias, en el uso descontrolado, y a veces ilegal, del agua en la Sierra de Cádiz. El mal uso de las reservas subterráneas en los últimos tiempos, especialmente en Villamartín, Puerto Serrano y Arcos de la Frontera, ha hecho mermar la cantidad y calidad del recurso disponible, disminuyendo la capacidad para afrontar periodos de escasez. Además, los pueblos de la sierra han experimentado un notable crecimiento urbanístico ligado a la segunda residencia, muchas de ellas con piscinas, que hace que la población flotante en periodo de vacaciones aumente notablemente, con el consiguiente incremento del consumo de agua. Así, el crecimiento incontrolado del “diseminado rural” en estos municipios y los pinchazos fraudulentos de muchos cultivos de regadío han mermado las aguas subterránea de la sierra, y cuando aparece el fenómeno recurrente de la sequía, afloran los problemas de abastecimiento.
Si un año de sequía ha creado esta alarmante situación, ¿qué pasará si se repite la sequía del 90-95? Con el cambio climático todos los expertos auguran una disminución de los recursos hídricos, por lo que es una increíble irresponsabilidad seguir aprobando urbanizaciones turísticas y campos de golf como si el agua fuera infinita. Hay que recordar que este tipo de modelos urbanos consumen más agua (más zonas ajardinadas, piscinas, pistas deportivas, etc.) que el modelo tradicional de asentamiento de los pueblos de la sierra, por lo que entran en conflicto con un medio en donde el agua es un bien escaso.
Paradigmático es el caso de Prado del Rey, donde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han aprobado un PGOU que triplica la superficie urbanizable, con campo de golf incluido, que supondrá duplicar el consumo de agua; mientras, ¡el pueblo lleva seis meses de restricciones! La Agencia Andaluza del Agua, en un informe claramente fraudulento, aseguró que Prado tenía agua para este crecimiento urbanístico y el campo de golf. El primer campo de golf de la sierra, Arcos Garden, usa de forma irregular agua del acuífero Arcos-Bornos-Espera, que se encuentra sobreexplotado, y pese a que ha sido denunciado por Ecologistas en Acción hace ya cuatro años a la antigua Confederación Hidrográfica –ahora Agencia Andaluza del Agua- y a la Consejería de Medio Ambiente, a día de hoy seguimos sin respuesta. ¡Para esto quiere la Junta de Andalucía las competencias sobre el agua! Además, este caso clama al cielo cuando resulta que, para garantizar la seguridad del abastecimiento a Arcos, la Agencia Andaluza del Agua se va hacer un nuevo sondeo en ese acuífero ya sobreexplotado. Llegados a este caso, el mejor sondeo que pueden hacer el cerrar los pozos que tiene el campo de golf y obligarle a regar con el agua de la depuradora de Arcos, que además es lo que están obligados a hacer según uno de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental.
Ante esta situación desde Ecologistas en Acción volvemos a exigir que se paralicen los planes urbanísticos que prevean desarrollos urbanísticos que puedan comprometer el futuro del abastecimiento en la sierra y que puedan aumentar la presión sobre la calidad y cantidad de los recursos y sobre los ecosistemas acuáticos. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán justificar que poseen agua para satisfacer las demandas, tal como les exige la última modificación de la Ley de Aguas y el POTA, y si en la actualidad difícilmente se cubren las necesidades de los municipios de la comarca, será imposible dar cobertura a los nuevos desarrollos que se basan en más viviendas secundarios y en campos de golf. Es por ello que exigimos a la Agencia Andaluza del Agua mayor seriedad y rigor, y que en los sucesivos informes certifique la situación de escasez de recursos en la sierra. Igualmente, exigimos que se denieguen nuevos proyectos de campos de golf en la Sierra de Cádiz, y se ponga fin a esta actividad económica tan derrochadora de agua y que conlleva tantos impactos ecológicos, ambientales, sociales y territoriales.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 8 de abril 2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
Caso Guateque: los ediles mediaban en las licencias, dicen dos testigos
PÚBLICO/Madrid* : El director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y su predecesor, Manuel Tuero y Ramón Sánchez López de Luzuriaga respectivamente, confirmaron el miércoles como testigos ante el juez del caso Guateque dos hechos incómodos para el gobierno de Gallardón: que algunos concejales y gerentes de distrito “se interesaban” por ciertas licencias en tramitación para que se agilizaran...
... y que algunos informes técnicos no constan en los expedientes, es decir, en los dossieres que deben contener la ruta seguida por cualquier solicitud de licencia.
Ambos se esforzaron por despojar de sospecha la intervención de concejales y gerentes, sin precisar nombres. Mediaban, argumentaron, ante la situación de colapso y para acelerar licencias relativas a proyectos de interés social. Algunos de los expedientes que investiga el juez SantiagoTorres constatan que al menos siete ediles ordenaron acelerar licencias de nulo interé s social. Por ejemplo, para un gimnasio, una heladería, un restaurante o un salón recreativo.
Según fuentes jurídicas, Tuero admitió que los informes técnicos encargados [desde 2006] a la empresa pública Tragsatec con el objetivo confeso de paliar el colapso no se incorporaban a los expedientes. Esa ausencia dificulta, por tanto, la tarea de verificar si los funcionarios –30 de ellos están imputados por presunto cohecho a cambio de remover obstáculos para las licencias– seguían las recomendaciones de Tragsatec a la hora de informar cualquier proyecto sujeto a evaluación ambiental. Tuero dijo que supone que los “trabajos materiales” de Tragsatec quedaban archivados en la empresa. Supone también que de ellos queda constancia en los servicios municipales.
Firmas en solitario
Tuero contó que cuando en junio de 2007 llegó a la dirección general, cinco meses antes de que estallara el caso y cuando el juez ya investigaba, el atasco era total. Modificó el sistema de tramitación y, a partir de entonces, todos los informes llevaron la firma de funcionarios seguida de la suya. Su antecesor, Ramón Sánchez, hoy director general de Obras, sí había firmado informes en solitario, práctica poco común en la Administración. En uno de ellos avaló una solicitud para transformar en bar-restaurante un salón de banquetes de Tirso de Molina.
Meses antes, él mismo se había opuesto a la pretensión inicial de los dueños del local para convertirlo en sala de fiestas, negocio vetado en la zona. Sin presentar nuevo proyecto, los propietarios pidieron el cambio de uso para bar-restaurante, y Sánchez accedió pese a que la causa de denegación -el ruido- persistía, como él mismo se encargó de consignar. Según fuentes jurídicas municipales, sustentó su cambio de criterio en un informe de Tragsatec del que, según el PSOE, no hay rastro.
Enfado judicial con el Gobierno de Aguirre porque no paga a los peritos
La negativa de la Consejería de Justicia de Madrid a facilitar fondos a los peritos judiciales que investigan el patrimonio de los imputados en el caso Guateque ha desatado el malestar en el juzgado número 32 de Madrid, que instruye las diligencias.
El miércoles, fuentes próximas al juez Santiago Torres advirtieron de que la Comunidad de Madrid “debe cumplir con su deber” y facilitar los fondos necesarios para que los peritos designados por el Juzgado puedan realizar la auditoría económica y patrimonial de los imputados. Las mismas fuentes subrayaron que si los peritos no reciben provisión de fondos tienen la potestad de renunciar a su encomienda. De cumplirse esa hipótesis, se crearía “un problema” para la investigación del caso, sostiene el entorno de Torres. El pasado 22 de noviembre el juez envió un oficio a la Consejería de Justicia, que dirige Alfredo Prada, donde solicitaba que se proveyera “lo necesario para que se libren los fondos y honorarios que resulten precisos a fin de que puedan desarrollar la prueba pericial de auditoría económica y patrimonial acordada” en el procedimiento, informa la agencia Efe.
Según fuentes de la Consejería de Justicia citadas por la misma agencia de noticias, la subdirectora general de Política Interior y de Régimen Económico envió al Juzgado un informe para informar de que la Comunidad no puede adelantar los fondos hasta que no haya una resolución firme que fije las costas procesales.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 09/04/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Corrupción en Canarias
SANTI PEÑA* : Hay que reconocer que tienen razón aquellos que afirman que las nuevas tecnologías facilitan la delincuencia. Y no sólo aquellas como la pederastia, el terrorismo internacional, el tráfico de armas, drogas o personas sino otras formas de guante blanco como son los delitos de carácter económico y corrupción que suelen tener una mejor prensa si no hasta una especie de heroicidad para quiénes la cometen.
Habría que decir, como descargo a las cosas buenas que las nuevas tecnologías nos traen, que la base de la delincuencia no está en el despliegue de éstas sino en las personas que las usan y que cometerían delitos igual si sólo existiera la escritura cuneiforme sobre tablillas de barro antes que redes de datos de alta velocidad.
Y es que los correos electrónicos y las llamadas a móvil han estado en boca de muchos estos días con los sumarios del Caso Eólico, adjudicación irregular en 2004 de explotaciones de energía eólica en el archipiélago, y de la Operación Góndola por un asunto de saltar la moratoria turística en la construcción del complejo Anfi Tauro por el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla.
Este sábado salió en la primera página del diario El País, es el hecho que este caso afecte al PP por lo que ha salido en un lugar tan destacado, un artículo sobre las escuchas del que fuera director general de industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y varios empresarios en las que se pueden encontrar varios delitos de posible cohecho. Puestos a pedir se pedían hasta 12 mil euros por kilovatio adjudicado. La fiscalía pide para este imputado algo más de siete años de cárcel algo que es una pena ridícula para la gravedad de un delito como es el de corrupción política. La impresión que da Celso Perdomo es que este no es más que un pringado que en petit comite se ha jactado de tener documentación que inculpa a personajes más altos no sólo de la consejería de industria en aquellos días sino del Partido Popular.
Las filtraciones de las transcripciones de las llamadas de la Operación Góndola, en las que hay una entre el ex presidente Adán Martín y el empresario Santiago Santana Cazorla, dejan los pelos de punta. No sólo por lo que se puede leer en ellas, que ya es mucho, sino por el pobre léxico coloquial, por algún lado se cuela un haiga, del mismo Martín, Santana Cazorla, Salvador Miguel Iglesias Machado que fue asesor del presidente y Domingo Berriel ex consejero de medio ambiente. Y es que la reacción de hooligan el otro día del Presidente del Parlamento de Canarias, el segundo cargo institucional más importante de Canarias después de la presidencia de gobierno, no es la excepción sino probablemente la norma por la que los cargos electos del archipiélago se comportan en privado y ahora en público. Es seguro que jamás nadie en su vida privada tiene un estilo de habla cervantina pero el analfabetismo funcional que encontramos en las palabras de estos personajes, lo tuyo estaba medio parado dice Salvador, da mucho qué pensar en relación a la clase de personajes que nos han estado gobernando o que tienen en su mano la mayor parte de la economía de las islas. Y es que el asesor no sólo es capaz de predecir la presidencia de Paulino Rivero al que prefieren segundo de las elecciones para poder pactar con el PP sino que en la conversación de Santana Cazorla con Adán Martín nos damos cuenta para quiénes han estado gobernado Coalición Canaria esta década larga. El ex presidente afirma que la nueva RIC servirá para que se meta dinero en la renovación de la planta hotelera y con ello se puede dar una vuelta de cojones. La RIC, reza la Ley 19/1994, tiene como objetivo la creación de empleo y no la de que un individuo pegue un pelotazo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha encontrado indicios de delito en estas conversaciones y con todo el debido respeto a la justicia, aunque imperfecta es lo único que a los ciudadanos nos da garantías en un estado de derecho, pienso que los magistrados deberían comprarse una gafas nuevas y tirar las que tienen pues quizá éstas hagan que vean las cosas en el son que las circunstancias marcan.
En estos años en Canarias han sonado muchos casos de corrupción como el de las prospecciones mineras de Tindaya que nunca se hicieron, el del ICFEM, la playa de Las Teresitas, los ayuntamientos de Telde o Mogán, las ilegalidades de una tercera parte de los hoteles de lujo en Lanzarote, los abusos del Marqués de La Oliva, el encarcelamiento de Dimás Martín ex presidente del Cabildo de Lanzarote, la totalidad del anterior grupo de gobierno de Arona imputado o las corrupciones del PSOE en el Sur de Tenerife, la isla de La Gomera o el municipio de El Rosario. Un dato económico que ha salido estos días a la palestra es que el 20 por ciento de PIB que se genera en el archipiélago, viene a representar un 4 por ciento del nacional, no se podría explicar sin la economía sumergida. Quizá en estos casos se pueda dar una explicación bastante plausible de dónde se genera este dinero negro que aparece reflejado en el PIB de Canarias. Es bastante probable que la corrupción en el archipiélago sea de carácter estructural y afecte a los tres partidos, PSOE, CC y PP, de manera proporcionalmente caciquil a su expansión y raíces territoriales.
Estos días se han estado dando movimientos desde medios como el periódico El Día o la Autoridad Portuaria para el comienzo de las obras en lo que será el mayor pelotazo de la historia de Canarias que es la construcción del puerto de Granadilla y el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz para crear centros comerciales, de ocio y turísticos. La tenacidad por sacar adelante esta obra que se ha demostrado hasta la nausea que no sólo no es eficaz sino devastadora es inversamente proporcional al hecho que la Fiscalía Anticorrupción no haya sido capaz de meter manos en el asunto. Tendrá otras cosas mejores que hacer o puede que determinadas circunstancias se lo impidan. Lo que está claro es que el asunto debe contar con muchos correos electrónicos y llamadas de móvil todo ello envuelto en el lenguaje chocarrero que caracteriza al habla canario.
* Canarias24horas - 06 de abril de 2008
