ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León. El juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban como Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente.
La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.
El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.
Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.
Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
* El País - 29.12.10
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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LAVOZ* : Aunque la sangría se arrastra desde la década de los setenta, la crisis está acabando de ahogar a la clase media. Y es que, según los últimos datos disponibles, recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y la consultora Ernst&Young, solo un 42,9% de los españoles pueden considerarse clase media, frente al 56% que se encuadraban dentro de esa definición en el año 1975, que marcó el inicio de la transición a la democracia. Son cuatro décadas en las que la sociedad española ha ido polarizándose hasta llegar a la situación actual, cuando más de la mitad de los ciudadanos son de clase baja (30,4%) o, sencillamente, pobres (20%), rozando ya los datos de la década de los sesenta, «cuando empezaba a despegar el desarrollo», según apuntaba ayer el presidente del Banco Pastor, José María Arias, que remarcó también, durante la inauguración de la jornada sobre El declive de la clase media y la sociedad low cost organizada por la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié, que «las perspectivas no son halagüeñas».
Estado del bienestar
En esa jornada tomaron parte también la escritora y empresaria Espido Freire, y el consultor Ángel Bonet, que hizo hincapié en la importancia de la clase media como pegamento social y garante del Estado del bienestar. «¿Quién va a pagar nuestras pensiones y sostener este modelo, que está basado precisamente en la clase media?», se preguntaba para apuntar, a renglón seguido, otro dato preocupante: hasta el 80% de los hogares han visto mermados su poder adquisitivo, según los datos del Banco de España.
Bonet subrayó que, junto a la bipolarización de la sociedad, «que está engordando el grupo de los más ricos y otro con dificultades económicas», el otro factor que ha contribuido a limar la clase media es la crisis, que ha dinamitado el paradigma del consumo. Así, en los últimos tres años, a la expansión del fenómeno del low cost habría que sumarle lo que denominó lowxury o, traducido, lujo a precios bajos. Y, es que, según explicó Ángel Bonet, «no queremos prescindir del lujo que hemos tocado con la punta de los dedos, pero a precios razonables».
Seis de cada diez, mileuristas
Pero ¿qué se considera clase media? Según la definición más extendida, a aquellos ciudadanos que cobran entre 20.000 y 60.000 euros, un tope cada vez más alejado por el auge del mileurismo.
Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el 65% de los contribuyentes que presentaron su renta el año pasado declararon menos de 21.000 euros anuales por rendimientos del trabajo. Y, en el conjunto de la sociedad (presenten la declaración del IRPF o no, por no sobrepasar el mínimo exento) se estima que los mileuristas suponen el 59% de los trabajadores en activo.
* La Voz de Galicia - 28.12.10
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
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SUR* : Las inundaciones consecuencia de las intensas lluvias en Andalucía han aguado las fiestas navideñas a cientos de familias con sus casas anegadas y enfangadas. Algunas de ellas no han podido volver a sus hogares todavía. Han sido las riadas en poblaciones y zonas ribereñas del Guadalquivir de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, ya inundadas en febrero y que han actualizado las críticas sobre el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos de 2002. Este incluye un mapa de riesgos y actuaciones en los puntos más conflictivos, entre ellos Écija, con cuatro inundaciones en un mes. Las avenidas y riadas han sacado a flote polémicas como la construcción de viviendas ilegales en zonas inundables, los criterios para el desembalse de los pantanos o las obras que no se han hecho en los puntos de riesgo. Tres casos, Écija yLora del Río, en Sevilla, y la zona del aeropuerto de Córdoba, sirven a continuación de ejemplo.
Desembalses Lora del Río
Las inundaciones se han producido en el tronco del Guadalquivir, donde las precipitaciones de los últimos días han caído con más intensidad, hasta recogerse 300 litros en un mes, según informó a este periódico Juan Paniagua, director gerente de la Agencia Andaluza del Agua. La intensidad en poco tiempo ha sido espectacular en algunas zonas, donde se ha pasado de cuarenta y tantos a 1.130 metros cúbicos por segundo. Los 74 embalses andaluces se encontraban el pasado jueves (último de intensas lluvias hasta hoy) al 86,23% de su capacidad, con 10.280 hectómetros cúbicos, «un acopio histórico», según califica el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Casi la mitad de los pantanos se hallan en la cuenca del Guadalquivir, algunos al cien por cien de capacidad. El desembalse de estos (en torno a 50 fueron aliviados) ha originado protestas de alcaldes, agricultores y vecinos, ya que ha provocado que el cauce se desborde y, como dicen los antiguos, enseñe sus escrituras, es decir sus dominios.
La situación ha sido crítica en poblaciones asentadas donde el cauce del río Guadalquivir es más estrecho, como Lora del Río y Tocina, donde la crecida anegó más dos centenares de casas en dos avenidas en diciembre y otra en febrero. Los alcaldes de estas poblaciones han reclamado a la Junta que los desembalses se planifiquen antes de que llegue la tromba de agua.
Tanto Díaz Trillo como Juan Paniagua han defendido la política de desembalses, que gestiona dos centenares de profesionales. «Siempre se hacen por criterios técnicos y para garantizar la seguridad de las personas y de las presas», reitera Paniagua. Más de doscientas personas, entre ellas 60 técnicos, vigilan los pantanos vía satélite para decidir cómo y cuándo desembalsar.
Obras pendientes Écija
El plan de prevención de avenidas estaba dotado con 1.250 millones de euros para realizar obras en aquellos puntos de riesgo con fecha tope de 2015. En Lora esperan desde hace años la construcción de un muro de contención. Lo mismo que en Écija, donde el arroyo Argamasilla ha provocado hasta cuatro inundaciones de calles y hogares, era una obra prometida desde febrero.
El plan de prevención dispuso que la administración hidráulica aportara hasta 2015 un total de 351,6 millones de euros. Paniagua recuerda que se han gastado 342, el 97% de lo «que teníamos que acometer». En Écija, la obra para evitar que el arroyo Argamasilla anegue el casco histórico está presupuestada en 30 millones y estaba previsto iniciarse en noviembre.
Ilegales Córdoba
El asunto que más polvareda mediática ha despertado es el de las construcciones en zonas inundables. Especialmente polémica ha sido descubrir que el aeropuerto de Córdoba y su ampliación puede estar construido en zona inundable, como se demostró tanto en febrero como en diciembre. La Ley del Suelo de 2007 advierte claramente de que los planeamientos urbanos deben incluir un mapa de riesgos naturales, como recordó Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de España.
La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ha explicado que los planes urbanísticos anteriores a esta ley y a la andaluza LOUA no incumplen la normativa. Cruz señaló a los ayuntamientos como «responsables» tanto del cumplimiento de esta norma como de vigilar por las construcciones ilegales en zonas proclives a riadas. Junto al aeropuerto cordobés de Aena hay varias urbanizaciones que han sido inundadas, varias de ellas ilegales. Josefina Cruz critica en este sentido al PP, que antes de las inundaciones abogaba por estudiar la posible legalización de urbanizaciones fuera del planeamiento. «Es una irresponsabilidad». Entonces, qué hacer, ¿ordenar su demolición? En este sentido, Cruz, bastante beligerante con las edificaciones ilegales, fue prudente: «Habrá que ver cada municipio y cada caso», respondió a este periódico.
¿Y qué hacer con las urbanizaciones que sí son legales y se inundan? La Junta tiene previsto protegerlas con infraestructuras. El arquitecto y presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Luis Cano, ha abogado por «expropiar y recalificar suelos urbanizados con riesgo de inundación si no es viable ni posible su protección o si esta es muy costosa», según declaró a Europa Press. Una teoría en parte defendida por los geólogos.
Por lo pronto, el Ejecutivo andaluz, Gobierno y ayuntamientos han creado una mesa de trabajo que trabajará a escala provincial para analizar los problemas de cada punto conflictivo y estrategias para su solución, sean urbanísticas o de construcción de infraestructuras.
* Sur - 26.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones aeropuerto - elpais
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ELPAÍS/A Coruña* : El Tribunal Supremo respalda la tramitación ambiental de Reganosa y da por buena la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) de la Xunta de Fraga, que en 2001, informó favorablemente a la construcción de una planta de gas en el interior de la ría de Ferrol. La sentencia, fechada el 26 de noviembre y notificada estos días a las partes, estima el recurso de casación de la Xunta y Reganosa, y declara inadmisible el recurso de los vecinos de la parroquia mugardesa de Mehá, por una cuestión de forma, aunque no entra a juzgar la validez de los permisos ambientales. Hace nueve años, los opositores a la planta, agrupados en el Comité Cidadán de Emerxencia, cuestionaron la validez de la declaración ambiental (DEA) de la Xunta y reclamaron un pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con una tramitación más exigente. Presentaron un recurso de alzada contra el informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que la Consellería de Medio Ambiente rechazó en marzo de 2002. Entonces, acudieron al juzgado.
Cuatro años después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón a los vecinos, y anuló la decisión de la Xunta de inadmitir su recurso. Sin embargo, el último fallo del Supremo revoca la sentencia dictada por el alto tribunal gallego en 2006, que ahora queda "anulada y sin efecto", y zanja la polémica sobre la tramitación ambiental de la planta, validando la declaración ambiental (DEA) de la Xunta para Reganosa.
Los magistrados de la Sala Tercera del Supremo no entran a valorar si los trámites fueron los correctos, y se remiten a una sentencia anterior de 2008. Señalan que el recurso vecinal era inadmisible "porque estaba dirigido a un acto de trámite -la Declaración de Efectos Ambientales- no susceptible de recurso". Uno de los magistrados hizo valer su voto particular para mostrar su desacuerdo con el fallo, como ya hizo dos años atrás.
La compañía sostiene que esta sentencia confirma la "plena legalidad de los trámites y permisos" ambientales de la regasificadora gallega, y cierra "todas las impugnaciones abiertas". "Todos los procedimientos judiciales con sentencia firme indican que la tramitación administrativa realizada es correcta", destacó Reganosa en un comunicado. La empresa recalca que la validez de la declaración ambiental ya ha sido confirmada por dos sentencias firmes del Supremo -en 2008 y 2010-, y surte, por tanto, "plenos efectos".
Para el Comité Cidadán de Emerxencia, este último fallo no es más que la respuesta a un recurso "que no entra a valorar el fondo del asunto" y que "evita pronunciarse sobre lo fundamental". Bloqueado el frente judicial contra la tramitación ambiental de la planta, la plataforma recuerda que el Supremo tiene todavía que pronunciarse sobre la modificación urbanística que permitió la construcción de la terminal. Una sentencia del TSXG anuló el cambio, pero Reganosa y la Xunta recurrieron el fallo. Calculan que el fallo tardará otros dos años en pronunciarse.
* El País - 28.12.10
Foto: Ferrol, mural Reganosa - K.Delgado - elcorreogallego.es
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LEVANTE/Alicante* : El ex alcalde de Xàbia y actual concejal de Turismo y Servicios Sociales, Juan Moragues, del PP, reconoció en el pleno del jueves que la empresa promotora e inmobiliaria que dirige vende los apartamentos de la urbanización Residencial Mármara, que ha promovido Ecisa en la playa de l'Arenal. Ecisa es también la mercantil que construyó y ha explotado durante apenas tres años los aparcamientos subterráneos del centro histórico. Esos garajes han resultado un negocio ruinoso. Pero la concesionaria tampoco se ha esforzado mucho en hacerlos funcionar, ya que una dudosa cláusula del contrato le garantizaba indemnizaciones si los aparcamientos no eran rentables. Además, ahora el gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) todavía se lo ha puesto más fácil. En ese pleno del jueves, dio luz verde al rescate por 13,2 millones de los dos parkings. La empresa ha aceptado el dinero sin rechistar.
El actual alcalde, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, aseguró que con el rescate la mercantil desistirá de las demandas por responsabilidad patrimonial que tiene presentadas contra el ayuntamiento. Monfort reveló que la constructora exige tres millones de euros.
Ecisa fue la única empresa que se presentó al concurso para construir los aparcamientos y reurbanizar las rondas del centro histórico. El consistorio le abonó por esas obras 18 millones de euros. El rescate libera ahora a la mercantil de un negocio deficitario. Uno de los aparcamientos, el del Portal del Clot, tiene 425 plazas, pero sólo ocho abonados y una rotación de 1,5 vehículos al día. Una ruina.
El actual concejal de Turismo, Juan Moragues, que era alcalde cuando se convocó el concurso de los aparcamientos (el contrato ya lo firmó Monfort), no ocultó en el pleno que su empresa inmobiliaria comercializa los pisos de Residencial Mármara. Explicó que esa promoción tiene entre sus socios a una empresa de Alicante que él pensaba que era Ecisa. En la página web de la empresa Moragues Pons, S. L., se especifica claramente que esa urbanización de la playa de l'Arenal la ha promovido Ecisa.
Fue un vecino el que preguntó en el pleno sobre esa vinculación empresarial del ex alcalde y la concesionaria de los aparcamientos subterráneos. El mismo vecino dejó claro que no tenía ninguna duda de que Moragues actuaba amparado por la ley.
En el pleno, el gobierno local aprobó todo el entramado financiero que hace posible el rescate. Además de la compra por 13,2 millones de los dos aparcamientos, dio luz verde a concertar un préstamo de 12 millones con tres entidades bancarias y recalificar nueve parcelas del sector del Rafalet con cuya subasta se esperan obtener los 1,2 millones para completar la operación. Otro acuerdo fue el de abaratar las tarifas. La hora de aparcamiento valdrá 60 céntimos frente al 1,20 ? que se pagaba hasta ahora.
La viabilidad de los parkings sigue, sin embargo, planteando muchas dudas. El portavoz del PSPV, José Chulvi, ya advirtió en el pleno de que no se ha realizado un estudio de mercado y que, por contra, todos los números que apoyan la futura rentabilidad del negocio proceden del erróneo estudio de viabilidad que se usó para sacar las obras y la concesión a concurso.
* Levante - 27.12.10
Foto: Xabia - lasprovincias.es
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LAOPINIÓN/Málaga/Entrevista* : Se expresa con una precisión tal que obliga al entrevistador a estar muy pendiente de lo que dice; quizás, la meticulosidad, su santo y seña, le ha permitido liderar dos de las investigaciones más importantes del país: «Ballena Blanca» y «Malaya». Ahora toca hacer balance. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero analiza en esta entrevista la situación actual de la lucha contra los fenómenos de corrupción administrativa y política.
-«Ballena Blanca» ya está visto para sentencia y «Malaya» en fase de enjuiciamiento. El inicio de ambas investigaciones debió ser difícil...
-Como toda investigación de delincuencia económica vinculada al blanqueo de capitales. Son complejas por la propia naturaleza de los hechos. Se trata de hacer aflorar determinados patrimonios que se mantienen ocultos y eso lleva implícito una gran dificultad.
-¿Ha servido «Malaya» para atajar la corrupción en la provincia? ¿Qué mensaje se ha lanzando con la operación?
-No, no. Para acabar con la delincuencia ninguna investigación es capaz de tener esa virtualidad. Lo cierto es que, hombre, manifiesta el cumplimiento del Estado de Derecho y de las instituciones en general. Como todo en la vida, todo es mejorable, y me refiero a la lucha contra el fenómeno delictivo, en general, y, en particular, a las conductas relativas a la corrupción.
-¿Pero se puede decir que Málaga, gracias a «Malaya», está mejor vacunada que otras provincias contra la corrupción?
-Yo soy muy escéptico en cuanto a las posibilidades que una determinada investigación puede tener en el conjunto de la criminalidad. En general, y en particular en este campo. El único mensaje que se saca de una investigación de esta naturaleza y de someter a juicio estos hechos es que, en la medida en que seamos capaces de ponerlos de manifiesto, también somos capaces de perseguirlos y de llevarlos a juicio. Esa faceta, aunque sea más limitada en cuanto a lo eficaz, es lo que hay que destacar.
-¿Ha fallado en algo la operación «Malaya» o se han cumplido sus objetivos con solvencia?
-Bueno, está mal que yo aluda a una investigación que está siendo sometida a juicio. Ya veremos a ver qué dice el tribunal cuando decida sobre los hechos que se han sometido a su consideración. Yo repito: se trata de investigaciones complejas, en algunos casos difíciles, y, desde mi punto de vista, es suficiente para someter a juicio una serie de hechos.
-¿Qué mejoras habría que introducir en estas pesquisas tan ambiciosas?
-Cuando me refiero a las herramientas con las que hay que contar lo hago desde una perspectiva egoísta. Estoy centrándome en las necesidades que la Fiscalía tiene como órgano de acusación pública, en este caso, para ser más eficaz en los contenidos de nuestra propia actuación. Lo cual no implica o no es óbice para que se dote de determinados medios personales específicos también a los jueces de instrucción, que son quienes deben investigar los hechos criminales. A nadie se le oculta que en los ámbitos en los que nos movemos y en los tiempos actuales, hay que tener una serie de conocimientos muy específicos sobre determinadas materias que no siempre están al alcance de los operadores jurídicos, y con frecuencia tenemos que acudir al auxilio que nos puedan prestar otras instituciones del Estado. A ello me refiero. Sería muy importante que hubiera órganos de apoyo de estos profesionales cualificados tanto a los jueces de instrucción, que se encargan de realizar investigaciones de esta naturaleza compleja, como a la propia Fiscalía, que, en definitiva, somos los que sostenemos la acusación en el juicio.
-Usted llegó a hablar de que, por ejemplo, se podría premiar penalmente al delator...
-Me parece que serían situaciones atendibles, porque hay que ser prácticos en esta vida, y el concurso de los llamados arrepentidos en la lucha contra esta delincuencia es una práctica que está incluso recomendada en convenios internacionales que ha suscrito España, o sea que no estamos hablando de un invento que se le haya ocurrido a una persona sin preparación. Son instrumentos de política criminal procesal aplicables a esta delincuencia.
-¿Qué piensa de quienes dicen que con estas macrocausas se inflige un severo daño a las garantías constitucionales de quienes las sufren?
Insisto en que eso pueden ser alegaciones desde el punto de vista del derecho de defensa. Desde mi punto de vista, el adjetivo de macrocausa va referido a la existencia de numerosas personas a las que se les imputa un hecho delictivo. A veces no hay más remedio que hacer un enjuiciamiento conjunto, porque la magnitud del hecho delictivo así lo pone de manifiesto. Compartimentar una investigación pues a veces encierra la posibilidad de crear disfunciones, en el propio enjuiciamiento de unos hechos que aparecen como aislados cuando la prueba o el indicio revelan la existencia de comunicación entre más personas. El ideal de enjuiciamiento de una persona un hecho delictivo no deja de ser un ideal. La codelincuencia implica a varias personas. Y la organización criminal a veces determina la existencia de multiplicidad de personas.
-¿Qué debería cambiar en las herramientas de control urbanístico y político para que no ocurra otra vez lo mismo?
Eso me supera. Porque confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico donde se podría ejercitar la acción preventiva. Mi impresión es que, desde fuera, cuando uno analiza la normativa existente del sector, del derecho urbanístico en general, parece que esas herramientas son suficientes. Es un sector donde confluyen distintas administraciones: la local, la autonómica, con una función primordial de control de la legalidad, ya incluso en el planeamiento; y finalmente confluyen también decisiones estatales. Otros instrumentos como dar publicidad a los convenios o que el dinero obtenido en los mismos no se pueda usar y se aplique al patrimonio municipal actual son soluciones correctas y que debieran producir el efecto deseado. El que existan conductas de corrupción vinculadas al urbanismo... ha estado muy ligado también a la expectativa de lucro, en plena burbuja, que era muy importante. Pero no sé qué otras medidas preventivas se podrían arbitrar. Quizás porque no soy especialista, tampoco soy capaz de establecer otras soluciones, porque lo que es evidente es que en la materia urbanística, que es competencia municipal, básicamente, la oportunidad política, el criterio de conveniencia en estricto sentido político es el adecuado. Es decir, cambiar la configuración de un suelo es voluntad municipal. ¿Que eso genera plusvalías? Bien. Habría que establecer en todo caso mecanismos de transparencia y de control y en la normativa actual existen.
-¿La corrupción urbanística ha sido definitiva en el descrédito de la política?
-Eso sí que está estudiado y no aporto nada nuevo. Es una de las graves consecuencias que provocan los fenómenos de la corrupción en el sector público. El descrédito, la deslegitimación de la clase política. Eso está muy estudiado, lo ha puesto de manifiesto la criminología. Los textos internacionales insisten en este particular, y efectivamente es una de las consecuencias más negativas que produce la corrupción en el sector público.
-¿Cómo se puede recuperar la confianza ciudadana?
-No se pueden permitir bolsas de impunidad o de comportamiento delictivo. En la medida en que las instituciones sean capaces de responder al fenómeno delictivo, ésa es la mejor política preventivo-penal, una política de prevención general positiva, que se dice, que es reafirmar al ciudadano normal, porque las instituciones funcionan, y al que se aprovecha de la situación y comete delitos se le persigue y se le castiga.
-Muchos imputados se escudan en la riqueza que generan sus empresas o en el número de empleados para defender su absolución...
-Prescindiendo de los casos concretos, ha habido muchas críticas en la doctrina penal española sobre el castigo del delito de blanqueo de capitales, entendiendo que, en definitiva, casi sería mejor olvidarse de castigar estas conductas porque permiten el afloramiento y la inserción en el circuito legal del dinero de fondos aunque hayan sido obtenidos ilícitamente. No me parecen situaciones justas el permitir que un dinero obtenido ilícitamente se disfrute. Esto, el no perseguir el beneficio del delito, tiene la importante consecuencia de alentar la comisión de delitos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la delincuencia económica por su propia definición sustituye a un medio tradicional de obtener rendimientos, se opta por la vía delictiva. Si no perseguimos el beneficio del delito alentamos que se produzcan más actividades de tráfico de armas, de prostitución, de corrupción, etcétera...
Hacen falta más fiscales Anticorrupción?
-La respuesta es muy clara: por supuesto.
* La Opinión de Málaga - 26.12.10
Foto: López Caballero reclama más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción urbanística. En la imagen, un instante de la entrevista celebrada en su despacho de la Ciudad de la Justicia - laopinion
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía del Área de Alcalá de Henares pide dos años de cárcel al administrador y representante legal de la entidad Hermanos Barral SL, por un delito contra la ordenación del territorio. Ecologistas en Acción está personado como acusación particular. Los hechos se refieren a una serie de construcciones realizadas por la empresa, en suelo no urbanizable espacialmente protegido en la finca La Fontaleda, en el término municipal de Loeches. En el año 2007 finalizaron las obras de varias construcciones, en el término municipal de Loeches, en la finca ”La Fontadela”, en terreno clasificado como No Urbanizable Especialmente protegido por su carácter Forestal. Las obras se realizaron sin autorización y causando un importante daño en la finca en la que existen especies protegidas catalogadas como en peligro de extinción, entre otros el Buho Real. Las construcciones realizadas son: 1º.- Una edificación para vivienda de dos alturas de aproximadamente 1.500 metros cuadrados. 2º.- Instalaciones de carácter deportivo (campo de fútbol, campo de minigolf, dos pistas de paddel y una pista de baloncesto). 3º.- Instalación móvil fijada al suelo mediante solera de hormigón. 4º.- Apertura de un camino.
Por consiguiente construcciones relacionadas entre si y dirigidas, todas ellas, a completar un proyecto edificador en conjunto que se pretende consolidar como zona deportiva y de ocio, con los correspondientes servicios de habitación y restauración.
El responsables de las obras es Ángel Barral Corral, que actuó en nombre de la entidad Hermanos Barral SL. Esta empresa desarrolla actividades de venta de vehículos de alta gama, medios de comunicación local, inmobiliarias construcción-promoción. Todo ello, en la zona del corredor del Henares, especialmente en Coslada.
Los hechos fueron denunciados inicialmente por los Agentes Forestales de la comarca y siguiéndose mediante Diligencias Previas en los juzgados instrucción de Arganda del Rey, que han culminado en la apertura de juicio oral. Ecologistas en Acción se personó como acusación particular en el procedimiento. Los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal).
El Ministerio Fiscal solicita una condena de dos años de prisión y Ecologistas en Acción, actuando como acusación particular, solicita dos años y cuatro meses de prisión. Ambos piden la imposición de una multa de veintiocho meses con cuota de 50 euros día e inhabilitación especial por tiempo de cuatro meses para profesión, oficio, industria o comercio respecto de actividades relacionadas con la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente. Además de la demolición de todas las edificaciones, y la reparación del daño causado, dejando las parcelas como se encontraban antes de las construcciones. Además se pide la imposición de una fianza cautelar para el acusado de 50.000 euros, para cubrir las responsabilidades penales, civiles y de reparación del daño causado, a las que hubiera lugar mencionadas anteriormente.
* Ecologistas en Acción - 27.12.10
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