ELPAÍS/Valencia* : A las 2.30 de ayer un hombre se acercó a la casa de la alcaldesa socialista de Turís, vertió dos botellas de gasolina en la puerta principal y le prendió fuego. En su interior dormían Pilar Blasco, que gobierna el municipio desde 2003, su marido y sus tres hijos. La mujer se despertó al oír ruido y dio la voz de alarma. El fuego fue sofocado rápidamente y el presunto agresor fue detenido en cuestión de dos minutos, gracias a que el retén de la policía local se encuentra a pocos metros de la casa. Lo de presunto puede parecer, en este caso, un formalismo: un agente le vio salir corriendo del lugar y las cámaras instaladas en el exterior de la comisaría grabaron su acción con todo detalle, según explicó la alcaldesa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. La hipótesis más consistente apunta al urbanismo como causa del ataque.
Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.
El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.
El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. "Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz", afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: "Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos". Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina."La suerte", siguió Blasco, "es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar". El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.
El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.
Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.
El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.
¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.
No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.
* El País - 22.01.11
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos
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IDEAL/Granada* : La Fiscalía pide 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación para el exalcalde de Gójar y diputado provincial Francisco Javier Maldonado (PP) por la presunta concesión ilegal de tres casetas de aperos, la modificación de un informe técnico para darle cabida legal y la alteración del PGOU. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ya ha ordenado la apertura de juicio oral por esta causa, en la que también está imputado el actual alcalde de Gójar, el socialista Pedro Clavero, para quien la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y ocho de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio, imputación que ha recurrido, según ha informado en rueda de prensa. El ex alcalde está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y dos de falsificación (uno en documento público y otro en documento oficial).
La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias (entre ellos el actual alcalde).
Según el Ministerio Público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
Falseamiento del PGOU
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral han sido dadas hoy a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que ha dicho que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella.
La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno, según Clavero, que dice que él se limitó "a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa" pero "en ningún caso" participó de la decisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha llamado al PP a la práctica de una política "limpia y clara".
* Ideal - EFE - 21.01.11
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
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LAREGIÓN/Galicia* : Una mala planificación urbanística y un excesivo desarrollismo son las causas de las inundaciones que con cierta asiduidad se producen en Galicia, según Concepción Gil, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad autónoma. García, en declaraciones a los medios de comunicación, tomó como referencias el desbordamiento del Umia a su paso por Caldas, Ribadumia y Cambados, o las inundaciones en el casco urbano de Vilagarcía cuando coinciden la pleamar y las fuertes precipitaciones. Esta experta consideró que en episodios como los provocados por las últimas lluvias torrenciales en Galicia 'influyen varias circunstancias, pero sobre todo una mala planificación urbanística, así como un desarrollo excesivo', de modo que 'no se prevén las grandes avenidas que se producen cada 25 o 30 años'.
PLANIFICACIÓN
Según la opinión de la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad gallega, al planificar el urbanismo 'hay que tener una visión histórica del paso del agua por determinados sitios', y sin embargo 'hoy se están poniendo demasiadas puertas al campo'.
García hizo hincapié en que las inundaciones 'se pueden evitar' con actuaciones que 'son caras' y recomendó a los ayuntamientos que contraten a ingenieros del mismo modo que cuentan con arquitectos municipales, con el objeto de realizar planeamientos específicos que eviten episodios como los de las riadas de los últimos días en las localidades referidas, que a la postre generan más daños y salen más caros que si se hubieran realzado acondicionamientos de las zonas afectadas.
* La Región - 18.01.11
Foto: Vilagarcía (Pontevedra), inundaciones - lavozdegalicia
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MUCHOCASTRO/Cantabria* : La semana pasada hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula el plan parcial del SUNP-7 en Mioño. Esta sentencia se une a un rosario de anulaciones judiciales que sumadas a las diligencias penales abiertas por diferentes asuntos urbanísticos han colocado al Ayuntamiento en una situación de crisis de difícil alcance, con repercusiones políticas obvias habida cuenta de la cantidad de políticos y técnicos afectados, y que, muy probablemente tengan consecuencias económicas de tal envergadura que dejen hipotecado nuestro Ayuntamiento durante muchos años.
El SUNP-7 entre La Loma y Mioño: Urbanismo especulativo
Paradigma de urbanismo estúpido es el SUNP-7. Se trata de un desarrollo urbanístico sobre una zona que se sitúa entre La Loma y Mioño, en lo que era un eucaliptal de considerable pendiente que desciende hasta la antigua vía del ferrocarril, entre el campo de fútbol de Mioño y el mesón el Túnel; son 75.000 m2 de superficie en los que se prevé construir 176 viviendas en gran medida construidas sobre pendientes que superan los 50º.
El plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos políticos a pesar de las serias reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo, y muy a pesar de que ese plan parcial, tal y como sucede también con las viviendas construidas en La Loma, no tiene garantizado el suministro de agua, que se emplaza a la construcción de un depósito de agua sobre la falda del monte Cueto, en un suelo protegido que en estricta aplicación de la ley no puede albergar ese tipo de edificaciones. Para mayor vergüenza diremos que el Ayuntamiento es quien debe costear el acceso, la urbanización y edificación del depósito, y la conexión con la red general del suministro, en Chinchapapa: estamos hablando de más de un millón de euros a costa de nuestras maltratadas arcas municipales. Urbanismo especulativo que tiene que ser costeado por todos los ciudadanos.
Cuando se aprobó el Plan General en junio del 97, esta zona estaba calificada como Suelo No Urbanizable, es decir, sobre la misma no se podía edificar. Oscuros intereses propiciaron que muy pocos años después se reclasificara, a pesar de las reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo que finalmente cedió y se plegó a la insistencia de una sociedad promotora de Santander, Mipla de Inversiones S. L., aprobando la modificación del Plan General y reclasificando esta zona como Suelo Urbanizable No Programado el 30 de marzo de 2004. Esta clasificación de “No Programado” de acuerdo con la ley del Suelo de Cantabria es equiparable al “suelo residual”, es decir, que no tiene prioridad para su desarrollo, y más concretamente y a tenor del la propia ley en este tipo de suelos “pueden desarrollarse aquellos destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el suelo urbanizable delimitado”. Resulta sorprendente y sospechoso que, a una velocidad rara en los trámites urbanísticos, el Ayuntamiento aprobara inicialmente el plan parcial el 23 de junio de ese mismo año, estafando las propias previsiones de la ley pues ni la zona resultaba prioritaria para las necesidades de desarrollo de la ciudad, ni se habían agotado las posibilidades del suelo urbanizable que por aquel entonces tenía más de un millón de m2 por desarrollar en el municipio. Una vez más se demuestra que el Ayuntamiento ha estado plegado a intereses meramente especulativos.
Desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma.
En la actualidad el Ayuntamiento ha encargado la revisión del Plan General de Ordenación y ya hay una propuesta encima de la mesa. El PSOE se ha limitado a dar a conocer esta propuesta a través de su página web, pero por lo general los partidos políticos, cuando de urbanismo se trata, hacen mutis por el foro. La propuesta del Plan General resulta preocupante, en cuanto que se reincide en los errores más o menos intencionados que ha padecido el crecimiento urbanístico de los últimos años. Es una cuestión que iremos desgranando, y lo tenemos que hacer desde Otro Castro Es Posible con el empeño de que este sea debate para las próximas elecciones municipales. Los ciudadanos queremos saber cual es la propuesta de desarrollo urbanístico que se plantea desde las diferentes opciones políticas. Estamos convencidos de que otro urbanismo es posible; un urbanismo a escala de los ciudadanos y que se apoye en las cualidades del territorio; un urbanismo en el que prevalezca el interés público frente a la especulación; un urbanismo en el que se priorice la protección del medio ambiente.
Concretamente en el caso de La Loma, pedimos que se desclasifiquen los suelos programados que injustificadamente proceden de operaciones de reclasificación y que han metido a este municipio en un problema muy serio. Nos estamos refiriendo al SUNP-7, al SUNP-4, y al SUNP-12, todos ubicados entre la Loma y Santullán. En el caso del SUNP-12 existe además la presunción de sospecha de comisión de delitos de prevaricación urbanística según se desprende de las diligencias penales que instruye el juzgado de Castro Urdiales. Independientemente de los resultados de lo que aún está pendiente de juicio, lo que si sabemos ya es que una ciudad no debe desarrollarse por efecto de la especulación urbanística, o dicho de otra forma, del enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la ciudad.
La desclasificación es una figura incómoda para los políticos, y a decir verdad, poco habitual en la práctica administrativa cuando de ello se deriva la pérdida de plusvalía, es decir, de suelo urbanizable a suelo no urbanizable. La práctica habitual, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ha sido justamente la contraria, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, tal y como ha sucedido en la Loma. Ha sido la jurisprudencia quien ha definido la viabilidad jurídica de la desclasificación. Sobre esta cuestión se litiga si al propietario o promotor le corresponden una indemnización por ver perdida su expectativa de construir. Las fuentes consultadas nos dicen que sólo cabría indemnización en el caso de que el propietario o promotor hubiera cumplido con los deberes urbanísticos, entre ellos costear la urbanización. Esto sólo se ha producido en parte en el SUNP-12, pero sobre este plan parcial pesa como ya hemos dicho diligencias penales que avisan de una tramitación fraudulenta.
Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el Ayuntamiento, vía plan general, actuara por la vía de la desclasificación; sólo es cuestión de voluntad política, seguida de la necesaria claridad para saber cual es el modelo de municipio en el que queremos vivir.
Voluntad política, eso es justamente lo que estamos echando en falta.
* ASOCIACIÓN CIUDADANA OTRO CASTRO ES POSIBLE
* Mucho Castro - 21.01.11
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KAOSENLARED* : El déficit de vivienda popular en Venezuela es gigantesco. Faltan casi 2 millones de casas entre los sectores sociales más debiles de la nacion. Se trata de un agudo problema que no se ha resuelto en los diez años del gobierno del Presidente Chávez, no obstante repetidos compromisos y anuncios gubernamentales. Para empeorar, la actual emergencia invernal ha complicado las cosas en este ámbito de la vida popular. Son miles de familias colocadas en situación de desprotección e interperie, viviendo en refugios improvisados, carpas, ranchos y tugurios callejeros, carentes de condiciones minimas de urbanismo. En los últimos dos meses el Presidente Chávez ha establecido compromisos públicos para resover este grave asunto. Ha fijado la apropiacion de mas 2000 millones de dolares provenientes de un crédito Chino y otros recursos fiscales para construir aceleradamente millones de unidades habitacionales en condiciones de dignidad y equidad para los más pobres del pais.
En su mensaje reciente del pasado sábado a la Asamblea Nacional se fijo como meta entregar 350 mil viviendas en los próximos 24 meses (2011-2012) y el Ministro Farruco, arquitecto encargado en la Presidencia del tema de Vivienda y el desarrollo urbanistico de Caracas para obtener su reconstrucción, ha dicho que en 5 meses estaran listas casi 30 mil viviendas en Caracas.
Agreguese la acción oficial contra la especulación y el atraco descarado de cientos de empresas constructoras que acumulan millones de bolivares con planes de casas y apartamentos que no entregan, despues de años de espera, porque la ausencia de una severa legislación en la materia propicia el mas descarado fraude en las promesas de compraventa, modificadas caprichosamente por los constructores para reajustar de mánera subita y astronómica los precios inicialmente pactados con las familias que canalizan con enormes sacrificios ahorros para adquirir sus viviendas.
Sin quitarle la importancia debida a esta acción gubernamental, ella se torna irreleventa en la solucion global del problema de vivienda descrito, dada la espesa maraña burocrática que todo lo desvia y la incontenible corrupción de los interventores que terminan apropiandose de las casas y apartamentos para repartirlos entre sus redes familiares y clientelares, omitiendo criterios de equidad, transparencia, justicia y solidaridad, frecuentemente invocados en la retorica dominante. Es francamente deplorable la ausencia de mecanismos de control social efectivos que permitan la correcta ejecución de las estrategias presidenciales para prevenir el cáncer de la depredación y la apropiación privada de los bienes públicos que deben ser focalizados para el servicio de los más necesitados, las familias obreras, campesinas y populares venezolanas.
Como el tiempo pasa y las soluciones anunciadas no llegan con la celeridad requerida, las miles de familias destechadas se estan organizando de manera espontanea en los principales centros urbanos del país para implementar esquemas eficaces de urbanismo y vivienda. Los primeros dias del mes de enero del 2011 estan mostrando una amplia movilización popular de los Sin Techo, invadiendo terrenos ociosos y ocupando viviendas y edificios desocupados porque sus dueños, verdaderos terratenientes urbanos, estan esperando el mejor momento para realizar jugosos negocios de venta en complicidad con la burocracia publica. El caso de la ciudad de Valencia ilustra esta situación, pues su muy socialista y chavista (PSUV) alcalde, E. Parra, ha movilizado la Guardia Nacional y los organismos represivos para perseguir y encarcelar las familias que se han movilizado en lucha por su vivienda.
Los Sin Techo es una subjetividad revolucionaria que se agrega al movimiento popular venezolano, que debe ser considerada en la lucha de quienes honestamente se han planteado el objetivo de transformar de manera radical la estructura oligarquica dominante en la nacion.
Los planes y compromisos del Presidente Chávez en materia de vivienda van a fracasar si se dejan en manos de la ineficiente y corrupta burocracia de los ministerios correspondientes, a la cual solo le interesa hacer negocios y amasar inmensas fortunas por cuenta de las necesidades de millones de venezolanos.
Las soluciones de vivienda llegaran de la mano con la más amplia participación de los movimientos de viviendistas y de los Sin Techo. Estos movimientos deben intervenir sin controles burocraticos y sin limitaciones politiqueras para garantizar que los recursos y dineros canalizados para este fin se apliquen honesta y correctamente en la compra de tierras, en la adopcion de los urbanismos complementarios (acueducto, alcantarillado, redes electricas, redes telefonicas, recoleccion de basuras, centos comunales, deportivos, educativos de salud, etc), en el pago de los diseños, en la compra de materiales de construcción, en el pago de salarios y jornales y en la cancelacion de los impuestos correspondientes.
Lo cierto es que este problema del déficit habitacional no da espera y se requieren ya las soluciones. No bastan los simples discursos oficiales. Los bien intencionados compromisos del Presidente Chávez requieren de una titánica voluntad política que supere los obstáculos de las burocracias corruptas e ineficientes.
* Kaos en la Red - Horacio Benítez - 17.01.11
Foto: Venezuela, protesta de los 'sin techo' - kaosenlared
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REGINA GALARZA, AURORA SADA Y PILAR MALÓN* : Durante los últimos años se han ido constituyendo a lo largo y ancho del Estado asociaciones de ciudadanos que luchan contra la especulación urbanística y contra la corrupción, asociaciones que han utilizado el nombre no se vende y que se han agrupado en torno a la Coordinadora Estatal en Defensa del Territorio. Los telediarios nos han hecho asociar el problema con el Mediterráneo pero, desgraciadamente, Navarra no es diferente. Por eso queremos gritar que Navarra tampoco se vende. No se vende a los especuladores inmobiliarios que, acostumbrados a beneficios estrambóticos, pasan por encima de lo que haga falta con tal de conservarlos. Y no se vende a los políticos que por intereses difícilmente confesables les tienden puentes de plata para que puedan asaltar el patrimonio de sus ciudadanos y vecinos. Y que para ello desconocen la legislación por ellos mismos aprobada (ver, por ejemplo, la ETN y los POT en cuanto al patrimonio natural y cultural). En Olite, Urdiain, Estella y en tantos pueblos de Navarra estamos asistiendo, todavía hoy, al intento del mantenimiento a toda costa de un modelo de urbanismo desarrollista, absolutamente insostenible, que atropella los derechos fundamentales de los vecinos y piensa sólo en el beneficio a corto plazo de unos pocos.
Y lo hace, a menudo, utilizando un mecanismo legal que ha sido pervertido y elevado a la categoría de norma general cuando la ley lo prevé con carácter subsidiario. Nos referimos al sistema de cooperación. ¡Qué mejor forma de obtener el dinero necesario para pagar las obras de urbanización que obligar a los propietarios a costearlas!
Ahora que ninguna entidad financiera proporciona fondos para acometer proyectos innecesarios y que no hay dinero público que destinar a esos menesteres, se reparte la factura entre quienes tienen la inmensa suerte de que sus tierras se recalifican de rústicas a urbanizables y a quienes se obliga a urbanizar (haya o no demanda de vivienda) ¡Todo, claro, pensando únicamente en el bien común! Pues bien, no. No lo vamos a consentir. También en Navarra sabemos organizarnos y luchar por unos derechos que el propio Parlamento Europeo ha instado a defender. Y lo haremos sea quien sea quien gobierne en las distintas instituciones locales. Y llegando tan lejos como haga falta llegar.
* Regina Galarza Galarza (Urdiáin), Aurora Sada (Olite) y Mª Pilar Malón Azpilicueta (Estella)
* Noticias de Navarra - Opinión - 10.01.11
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