HOY* : Ya no es un anuncio, saldrá escrito negro sobre blanco en el Diario Oficial para su entrada en vigor. La Asamblea bendijo ayer por unanimidad la amnistía para miles de construcciones familiares que salpican el campo y ahora pueden legalizarse mediante un acuerdo con el ayuntamiento.Los dos grupos políticos del Parlamento regional, PSOE y PP, aprobaron por unanimidad (62 votos) la reforma en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (abreviadamente, Lesotex), modificación a la que invitaba una sentencia judicial contraria a la Junta pero que se aprovecha para reconocer realidades como la segunda residencia, o cumplir la promesa electoral socialista de elevar el porcentaje de vivienda de protección oficial (VPO).
El nuevo articulado flexibiliza también el número de viviendas que los constructores pueden hacer; en vez de un tope de pisos que obligaba a hacerlos de máximo tamaño, el criterio es la unidad habitable por persona, 33 metros cuadrados.
El resultado es que los promotores podrán hacer viviendas de varias medidas, incluso individuales de 33 metros, y adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente.
La Ley, cuyo esqueleto principal proviene de 2001, reconoce ahora la evidencia de la vivienda de campo que, más grande o pequeña, funciona como segunda residencia y que en la mayoría de casos se ha levantado de manera ilegal; con los años no puede tirarse pero sigue siendo clandestina.
El trámite
La modificación legal, que entrará en vigor 20 días después de su próxima publicación en el Diario Oficial de Extremadura, permite regularizar todas las viviendas hechas en suelo no urbanizable, incluido el protegido, mediante un convenio entre propietarios y ayuntamiento que debe autorizar la Consejería de Fomento.
Necesita tres informes de visto bueno; uno ambiental y otro agrícola emitidos por la Junta, y el de dotaciones necesarias (agua, luz, accesos) hecho por el municipio. Si todo va bien los dueños deben hacer las cesiones de suelo habituales al ayuntamiento, que de mutuo acuerdo pueden sustituirse por dinero.
Obtener y pagar licencia de obra, y crear una entidad de conservación que soporte los servicios necesarios de agua, luz, etc., serán otras obligaciones de los dueños de viviendas a legalizar. Hasta pasados 10 el ayuntamiento no se hace cargo de mantenimiento alguno.
Actualmente los municipios ya podían reconocer viviendas clandestinas en urbanización o aisladas, pero automáticamente quedaban obligados a pagar la llegada de la electricidad, abastecimiento y saneamiento; además había otras exigencias como tamaño mínimo de parcela, distancia a accesos, densidad de edificaciones que impedían algunas regularizaciones.
Con esta reforma legal debe solucionarse un problema «incómodo» que los municipios soportan en sus términos, celebra Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre y vicepresidente primero de la Federación Extremeña de Municipios por el Partido Popular.
En contra de lo que pudiera pensarse, la legalización no es ninguna bicoca económica, los ingresos por licencias, contribución o cesiones «no van a resolver nuestros problemas». En opinión de Barrios más que por el dinero en efectivo los consistorios van a optar por recibir las cesiones efectivas de terreno a fin de poder ofrecerlos a la Junta en solicitudes posteriores de colegios, mataderos y otras dotaciones.
El plan urbanístico de Plasencia va a ser el primero de las grandes ciudades que se adapte a la nueva Ley del Suelo, ya contempla los cambios y la posibilidad de legalizar núcleos residenciales como Santa Bárbara o la carretera del Valle. «Era una realidad que estaba a la vista de todos y es bueno solucionar», celebra también María Victoria Domínguez, delegada de Urbanismo.
Teresa Bravo, portavoz del PP en el debate parlamentario de ayer, ve en la reforma una rectificación urbanística de la Junta en toda regla, al reconocer por ejemplo la autonomía de los ayuntamientos en algunos aspectos. Aun así el texto necesita más «claridad» a base de reglamentos.
* Hoy - 1.10.10Viviendas rústicas por legalizar en Mérida - hoy.es
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Extremadura.- La Asamblea aprueba legalizar las casas de campo clandestinas
El Diputado del Común reprocha a Santa Cruz su silencio en temas urbanísticos
ELDÍA/Tenerife* : El Diputado del Común, Manuel Alcaide, ha enviado un requerimiento oficial al alcalde para que Gerencia de Urbanismo cumpla con los plazos establecidos para contestar a las quejas vecinales remitidas desde la Concejalía de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz, de la que es titular Guillermo Guigou. Concretamente del Distrito Suroeste se han recibido quejas porque hay parcelas que en su día se excavaron para construir edificios y se paralizaron las obras como consecuencia de la crisis, ante lo cual se pone en peligro a los niños y viandantes que caminan por la vía junto a dichas parcelas y por ello se ha obligado a Urbanismo a que valle estos solares.
"Estoy muy satisfecho con mi gestión en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones a lo largo de este año", afirma el concejal.
Este mes se sacará la dotación de dos personas más para atender a los usuarios junto a la que ya hay en la Comisión, aunque el presupuesto es el mismo del año anterior y se hayan aumentado las reclamaciones en lo que va de año en unas mil respecto al mismo periodo de 2009. Asimismo, este mes, durante un pleno se informará, como se viene haciendo cada tres meses, de cómo ha ido la gestión del citado órgano. "Una ciudad como Santa Cruz necesita de la figura del defensor del vecino, la cual es muy importante porque existe una gran falta de coordinación entre los servicios y las áreas", dice Guigou. "Con la implantación a través de un link en la web del Ayuntamiento capitalino para realizar las quejas desde distritos alejados de la capital como es el Suroeste, Anaga y Ofra se ha conseguido agilizar muchísimo el proceso", dice.
Las 25 jornadas informativas que ha realizado la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones para que los vecinos de la ciudad estén informados han sido todo un éxito y los puntos donde se han realizado son los de La Salud, La Gallega, Los Alisios, Ofra y Llano del Moro. Para Guillermo Guigou, estas jornadas informativas han conseguido llegar a los ciudadanos gracias a que se han celebrado con animación donde no han faltado los castillos hinchables y la información y el reparto de trípticos donde se explica a los vecinos dónde pueden ir a reclamar, a quién dirigirse y por qué motivos.
"El diagnóstico inicial es que existía un gran desconocimiento sobre el papel de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y del uso que pueden hacer los ciudadanos de ella. Hay que reseñar que actualmente todas las reclamaciones se están contestando en un plazo razonable. Poder contar con los servicios de gobierno del ayuntamiento para que contesten en 15 días las quejas es fundamental y quien más incumple el plazo es Urbanismo", dice.
El hecho de contar con una nueva sede como es la de la calle de La Noria ha servido para que los ciudadanos a la hora de hacer uso de la comisión tengan un lugar adecuado. Guigou reconoce que contar con la tramitación de las reclamaciones a través de la Secretaría del Pleno "permite agilizar los trámites".
* El Día - 1.10.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
'Malaya'.- «No creo que devuelvan ni un céntimo a la ciudad»
SUR/Marbella* : Por fin llegó el momento que tanto tiempo llevaban esperando los marbellíes, el comienzo del juicio en el que la Justicia señalará a los culpables de la supuesta trama corrupta que dejó temblando las arcas municipales de la ciudad. El inicio de la vista por el 'caso Malaya' alineó ayer las opiniones de todos los ciudadanos consultados por este periódico en torno a una idea: «Todo el dinero saqueado de las arcas municipales tiene que ser devuelto».Para Francisco Vázquez no existen muchas esperanzas de que Marbella recupere las cantidades desaparecidas: «Ojalá me equivoque, pero no creo que devuelvan ni un céntimo de lo que robaron. El Ayuntamiento ya tendría que haber recibido algunas de las propiedades incautadas a los sospechosos como compensación por los daños causados».
Por su parte, Ángel Martínez se muestra más optimista: «Creo que sí nos devolverán el dinero porque nuestro Consistorio lo necesita para pagar las deudas que acarreamos desde entonces», apunta.
En cuanto a la dureza de las condenas que les imputen a los acusados, Francisco Rueda piensa que deberán ser severas, «aunque lo principal es que todo el dinero robado vuelva a su lugar, porque eso es lo que nos puede compensar y no los años que puedan pasar en la cárcel los inculpados».
Vida normal
Pese a la importancia para Marbella del juicio que ayer se celebraba, sus calles presentaban el mismo aspecto de siempre: el de una ciudad que quiere olvidar los fantasmas del pasado y volver a ser una marca turística por excelencia. Para Guillermo Besso, la causa que ayer comenzó en la Ciudad de la Justicia de Málaga tiene que servir para limpiar el nombre de Marbella, «porque durante mucho tiempo hemos sido conocidos sólo por el 'caso Malaya'». De igual forma piensa Luis Pulido, que cree que se volverá a hablar de la localidad en sentido negativo: «Esto solo va a traer mala publicidad. El juicio llega muy tarde y no va a recompensar a los ciudadanos».
Pese a que sólo el juez tiene potestad para señalar a los culpables, los ciudadanos piensan que buena parte de los que se sentarán en el banquillo de los acusados están implicados en la presunta trama corrupta. Por esta razón, la estrategia de los primeros abogados defensores que ayer aparecieron en escena no gustó a los marbellíes. «Todos van a tratar de salir de rositas. Van a alargar el juicio en lo posible para salir mejor parados», afirma Besso. Por su parte, Francisco Vázquez no dudó en tachar de vergonzosos los intentos de la defensa de Roca por anular el juicio y aseguró tener muy claro quienes son los culpables: «Creo que todos conocemos a los responsables de la corrupción en Marbella», añadió.
Juicio paralelo
Entre los ciudadanos con los que SUR pudo contactar se encontraba José Juan López, director general de la Asociación Aspandem, quien explica los perjuicios que la trama 'Malaya' provoca en la actualidad: «El Ayuntamiento está muy lastrado y no puede prestar apoyo a las asociaciones porque las arcas municipales fueron muy maltratadas en la época del GIL». No todos los ediles que gobernaron de la mano de Jesús Gil forman parte de los 98 acusados del juicio que ayer se inició, como es el caso de Mariló Miñones, ex concejala de Cultura, quien a pie de calle negó cualquier implicación con el 'caso Malaya': «En mi delegación todo se hacía conforme a la ley, porque se justificaban todos los gastos. Yo no tengo nada que ver con las personas a las que ahora se juzga», sentenció.
Después de 50 años viviendo en Marbella, Luis Martínez ve el juicio de 'Malaya' como el final de la peor situación por la que ha tenido que pasar la ciudad: «En el tiempo que los hoy imputados gobernaron, no solo desapareció mucho dinero, sino que se perjudicó mucho la calidad de vida de los vecinos. Además, ellos no tenían reparos en gastar dinero a mansalva a la vista de todos para, acto seguido, negar ayudas a las asociaciones», lamenta.
LOS PROTAGONISTAS
FRANCISCO VÁZQUEZ, CRUPIER: «El Ayuntamiento ya tendría que haber recibido alguna compensación»
FRANCISCO RUEDA, EMPRESARIO: «Lo primordial es que devuelvan lo robado, no las penas impuestas»
GUILLERMO BESSO, MÉDICO: «Van a tratar de alargar el juicio en lo posible para salir de rositas»
LUIS PULIDO, EMPLEADO DE BANCA: «Este juicio sólo nos va a traer mala publicidad. Además llega tarde y no nos va a beneficiar»
* Sur - 28.09.10
Foto: Puerto Banús (Marbella) - tvtrip
Vía libre para los 215 chalés que el bipartito paró en Sanxenxo, al no recurrir la Xunta una sentencia
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LAVOZ/Pontevedra* : La Xunta del bipartito ordenó al Concello de Sanxenxo paralizar las urbanizaciones de Major y Montalvo, dos suelos ubicados a pocos metros del litoral y donde se prevé la construcción de 215 viviendas unifamiliares. El gobierno local se defendió con uñas y dientes, al entender que los motivos que esgrimía la Administración autonómica carecían de validez legal.El desarrollo de ambos complejos acabó en los juzgados y en ambos casos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón al municipio turístico de las Rías Baixas. Sin embargo, todavía había un escollo que salvar.
La Xunta tenía un as en la manga y podía formular un recurso contra las sentencias del alto tribunal gallego en torno a los suelos 18 (Montalvo) y 22 (Major). Baza que no jugó, y que, en otras palabras, da la luz verde definitiva al Ayuntamiento para ejecutar ambas urbanizaciones.
«O actual Goberno da Xunta ven de demostrar que o que pretendía o bipartito de PSOE e BNG era unha total inxustiza para co Concello de Sanxenxo e os intereses dos seus veciños», precisó la alcaldesa del municipio, Catalina González (PP).
Para la regidora, la intención del bipartito autonómico de frenar ambas urbanizaciones se basaba simplemente en cuestionar el modelo urbanístico de Sanxenxo. Apuntó que «tendo en conta que o labor de acoso que amosaron dende o Goberno socialistas e nacionalistas era, a todas luces, inxustificada, os responsables actuais refugaron a opción de recorrer unha sentenza que pon as cousas onde tiñan que estar dende un primeiro momento».
Impacto ambiental
En el caso del desarrollo del complejo de 171 chalés en el entorno de la playa de Major (SU-22), el TSXG dio la razón al Concello y rechazó la intención del bipartito de anular los acuerdos plenarios de mayo del año 2007 en los que se daba el visto bueno definitivo al plan parcial.
La Consellería de Medio Ambiente, dirigida entonces por el socialista Manuel Vázquez, recibió la aprobación inicial del desarrollo en agosto del año 2006 y, al no requerir el departamento autonómico someter la urbanización al informe de evaluación ambiental dentro del plazo de seis meses, eximía así al Concello de acometer dicha tramitación. Una vez concluido el plazo, Medio Ambiente remitió una carta al Ayuntamiento requiriéndolo para someter la promoción urbanística al informe de impacto ambiental.
«Arma arroxadiza»
Relativo al suelo de Montalvo (SU-18), la tramitación fue idéntica a la del plan parcial de Major. El desarrollo preveía construir 40 chalés en los aledaños de la playa Montalvo, en un enclave natural envidiable.
El bipartito también paralizó los trámites que seguían, según el gobierno local, «la más estricta legalidad». «O carácter firme das sentenzas dos SU-18 e SU-22 botan por terra os continuos intentos do PSOE e do BNG, tanto a nivel autonómico como local, de manchar a imaxe do Concello de Sanxenxo empregando o urbanismo como arma arroxadiza», recalcó Catalina González.
De acuerdo con fuentes municipales, con la aprobación final de ambos planes parciales, el Concello sumará a su patrimonio 45.373 metros cuadrados de suelo.
* La Voz de Galicia - 30.09.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
C.Valenciana.- Las asociaciones vecinales piden un ente que gestione los residuos sólidos urbanos
LEVANTE* : La Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) ha exigido la creación de un ente público que gestione los residuos sólidos urbanos de los municipios de toda la comunidad autónoma. Esta propuesta es el resultado de los debates que han tenido lugar durante las II Jornadas Medio Ambientales organizadas por esta entidad vecinal en la Universidad de Alicante. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la C.Valenciana, Juan Antonio Caballero, ha subrayado el retraso que presenta la aplicación del plan de residuos de la C.Valenciana como consecuencia de "la falta de financiación, de criterios comunes locales y de concienciación ciudadana".
A su juicio, en una sociedad que genera "dos kilos diarios de basura sólida por habitante se hace imprescindible un organismo de coordinación".
Aunque los participantes en la jornada han destacado "la distribución de responsabilidades administrativas" en materia de residuos, todos ellos consideran que hace "falta ese organismo de gestión que coordine la globalidad del problema".
La jornada no estuvo ausente de autocríticas ciudadanas al comprobar que en las grandes ciudades no se asume el problema de adónde van a parar las toneladas de residuos.
"El ciudadano entiende que al desaparecer la basura del contenedor urbano desaparece el problema y resulta todo lo contrario, en ese momento comienzan los problemas", ha afirmado el presidente de CAVE-COVA.
La petición tiene lugar después de que quince municipios del norte de Castelló hayan anunciado que dejarán de pagar sus cuotas al consorcio de residuos hasta que no se les convoque para darles una solución para enviar su basura, y de que la ciudad de Alicante se negase, por decreto, a admitir en su planta de Fontcalent más residuos procedentes de las provincias de Valencia y Castelló.
* Levante - 28.09.10
Foto: Vecinos de Estubeny protestan por el vertedero que va a construirse en Llanera de Ranes.- levante
¿Héroes?
JOSÉ ANTONIO SAU/Marbella* : La historia está repleta de héroes anónimos cuyas identidades pocas veces se hacen públicas, para regocijo de usurpadores sin escrúpulos que buscan su ratito de gloria a base de ningunear a los primeros. ¿Quién puede calificarse a sí mismo como héroe en relación a la trama de corrupción de Marbella? En mi opinión, pocas personas, muy pocas. Tal vez algunos vecinos que se negaron a transigir con las barrabasadas de Jesús Gil y los suyos. Quizás algunos empresarios que se negaron a pasar por el aro de los sobornos, a pesar de que ese rechazo a entrar a formar parte de la rueda de corrupción pudo poner en un brete a muchos negocios honrados, como de hecho así ocurrió con determinados industriales. También pueden recibir ese calificativo algunos políticos de las anteriores corporaciones municipales que no se dejaron untar. Pero quienes no pueden reclamarlo, sin lugar a dudas, son la Junta de Andalucía ni varios partidos políticos.
Cuando la administración autonómica pidió personarse como acusación particular, el juez se negó a admitirla a trámite al entender que esta institución estaba más cercana a la figura de responsable civil subsidiaria que a la de perjudicada. El Ejecutivo andaluz se ha defendido diciendo que impugnó judicialmente 400 acuerdos municipales relacionados con el urbanismo, pero no es menos cierto que, durante mucho tiempo, hizo dejación de funciones. ¿Cómo se explica si no que el GIL permitiera la edificación de 30.000 viviendas ilegales en Marbella? Su papel es inexplicable, pese a que la ley sea estricta en cuanto a la posibilidad del derribo de casas fuera de ordenación. A lo mejor, deberían explicar con detenimiento qué ocurrió en esa ciudad.
Tampoco puede ser considerada heroica la actitud de los partidos políticos, pues fueron su desidia y la lamentable acción de gobiernos anteriores las que propiciaron que numerosos ciudadanos decidieran entregar su futuro a Jesús Gil y Gil y a su formación populista.
Héroe fue Jorge González, el jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Consistorio, que fue apartado de sus funciones porque se negó a bendecir las licencias de obra otorgadas en base a un PGOU ilegal. Éste denunció los hechos en una suculenta declaración en 2005. Fue también valiente el juez Miguel Ángel Torres, quien con sólo 33 años decidió tirar de la manta y hoy en día sigue alertando a todos los que quieran escucharle sobre las diversas formas de corrupción, entre las que incluye el nepotismo descontrolado que se da en todas y cada una de las administraciones públicas. Y también fue valiente el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que optó por huir hacia delante para acabar con lo que ocurría en Marbella.
Es fácil reclamar ante los ciudadanos que la disolución del Ayuntamiento marbellí fue una respuesta contundente contra la corrupción.
Para que ese discurso fuera coherente tal vez había que haber disuelto también el de Estepona, que está en una situación muy parecida. Y, cómo no, sale gratis acusar al contrario cuando altos cargos de tu partido están implicados en el «caso Gürtel».
El problema de la corrupción es que todos dicen combatirla pero, a la hora de la verdad, se mira a otro lado pensando en las próximas elecciones. Tampoco los ciudadanos de a pie, el común de los mortales, podemos ser considerados como héroes, porque muchos de nosotros elegimos, elección tras elección, a alcaldes y concejales que se han enriquecido gracias precisamente al dinero que les dimos en custodia. Nadie es inocente. «Malaya» es un doloroso recordatorio de la connivencia mostrada por una sociedad hedonista y adormecida para con los corruptos.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 29.09.10
