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ELPAÍS* : Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, trasladó ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecución de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal.
En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicación de dicha medida cuando así se haya establecido por sentencia".
Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopción de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y también de acciones preventivas ante una actuación que pueda significar un daño irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un daño irreparable a la ordenación del territorio o al patrimonio histórico, el fiscal considerará la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acción que ocasionaría un daño, que se iniciarán acciones penales", se detalla en el documento.
El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscalía en estas materias, también se refiere a la relación con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades autónomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acordándose que dichas circunstancias no deben suponer obstáculo alguno para que por parte de la sección de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempeño de su función como policía judicial genérica".
Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripción de protocolos de colaboración o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligación de colaborar con la Administración de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/01/2008
Foto: Varias urbanizaciones con sentencia firme de derribo en Liencres (Cantabria)- SANTOS CIRILO, elpais.com
La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales
"España está a la cabeza del incumplimiento ambiental en Europa"
CONSUMER/Entrevista* : Luis Jiménez Herrero dirige el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), un organismo autónomo cuyo objetivo es analizar y estimular los procesos de desarrollo sostenible. En marcha desde 2005 gracias a un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá, donde tiene su sede, el OSE ha publicado diversos estudios. Del tercer informe sobre sostenibilidad en España, dado a conocer recientemente, Jiménez destaca que se han producido avances modestos en ciertas pautas, sobre todo en algunos aspectos económicos, pero en mucho menor grado en los aspectos ambientales, territoriales y sociales. "La bonanza de estos años ha permitido un crecimiento económico fuerte, pero emparejado a importantes impactos ambientales y sociales", asegura.
¿Se les está dando solución a los aspectos negativos que destaca el informe?
Se está en una línea acertada. Por ejemplo, hay un indicador clave, la intensidad energética (el consumo de energía por unidad de producto), que ha disminuido en los dos últimos años. Esto significa que somos capaces de mejorar el proceso productivo consumiendo menos energía. En contra tenemos que la distancia con los otros países europeos es también muy grande, porque son mucho más competitivos al producir más bienes y servicios con menos energía. Nos queda mucho camino por recorrer, aunque la tendencia es esperanzadora.
La construcción en España es una de las bestias negras del medio ambiente, pero también uno de los motores de la economía.
En los últimos años se ha construido de forma desproporcionada, no tanto para atender una demanda social sino como inversión alternativa. De las 800.000 viviendas que se han hecho en los últimos años en España, prácticamente la mitad han sido viviendas de residencia no habitual, especialmente en las costas, que ha sufrido un fenómeno de "litorización" en forma de construcción de rápido crecimiento. No obstante, en el último año hemos visto en el informe que este sector crece un poquito menos, y el sector industrial se recupera, lo que produce un cierto reequilibrio del sistema productivo.
¿Y qué se le puede decir al ciudadano que ha comprado una casa que está afectando al medio ambiente?
Si ha sido una compra ilegal, estamos hablando de cuestiones en las que interviene la Justicia. Otra cosa es que las personas tengan cierta conciencia de que su inversión, aunque sea legal, tiene un determinado impacto ambiental. En cualquier caso, todas las formas de consumo siempre tienen un impacto ambiental que dependen de nuestra racionalidad para que puedan ser más sostenibles. Si hubiera una mejor información y más transparente, los consumidores podríamos estar más concienciados, tomar decisiones más racionales y tener una participación más responsable.
El informe también señala que España destaca con respecto a otros países por el aumento de delitos y procedimientos abiertos por cuestiones ambientales. ¿Cuáles son los más graves?
Sobre todo en los ámbitos urbanístico y territorial, con esta expansión descontrolada del urbanismo en los últimos años, en muchos casos con síntomas de corrupción difusa. El 34% del primer kilómetro de las costas españolas está totalmente artificializado, y va llegando incluso hasta el décimo kilómetro. Aunque también hay otros incumplimientos de normativas ambientales, lo que nos hace estar a la cabeza del incumplimiento ambiental en la UE.
¿Qué retos son los más importantes para conseguir la sostenibilidad?
España tiene que tomar como referencia el marco europeo, donde ya se ha diseñado una estrategia de desarrollo sostenible, pero también hay que tener en cuenta las singularidades de nuestro país. Los retos principales son el cambio climático, la energía limpia, el transporte y el consumo sostenible, la salud, la gestión de los residuos, etc. En el caso español, el cambio climático y la energía son elementos aún más trascendentales. Por una parte, somos el país más vulnerable del continente europeo al cambio climático. Por otra parte, tenemos una dependencia energética de casi el 85%, consumimos muchos combustibles fósiles y emitimos por tanto muchos gases de efecto invernadero (GEI). Si la solución pasa, como parece, por las energías renovables, podremos disminuir las emisiones contaminantes y la vulnerabilidad energética. Asimismo, los aspectos territoriales, con la litorización de la que he hablado, o la presión turística, son aspectos más relevantes en España que en la UE.
Vistos los datos del informe, parece que los consumidores no están dispuestos a asumir pautas sostenibles en su vida cotidiana. ¿Por qué cree que es así?
En teoría mucha gente estaría dispuesta a pagar más por proteger el medio ambiente, incluso a pagar impuestos ambientales, pero en la realidad, cuando hay subidas de tasas de basura, tarifas de agua o canon de recogida de residuos, la predisposición no es tanta. Insisto, es un tema de información, formación y participación.
¿Cómo pueden elevarse esos niveles de participación?
Con el convenio de Aarhus, los ciudadanos tienen un mayor y mejor acceso en materia de medio ambiente y pueden participar activamente. En definitiva, la gestión del medio ambiente es una cuestión de corresponsabilidad de todos los actores sociales.
¿Qué les diría a quienes piensan que cambiar los hábitos de consumo de los españoles es muy complicado por no decir imposible?
Los cambios se logran cuando hay incentivos. En este caso, los incentivos pueden llegar de varias maneras. La participación, la información, la transparencia... pueden ayudar como ya he dicho. Pero también esos incentivos pasan por el mercado, por la necesidad de pagar por el medio ambiente. Los recursos naturales son finitos, escasos, y no son gratuitos; hay que pagar por ellos, sobre todo por el mal uso y el abuso. En consecuencia, los precios de los productos deberían reflejar la "verdad ecológica", internalizar los costes externos para una mejor gestión del medio ambiente. Tanto los mecanismos normativos como los de mercado hay que complementarlos para que trabajen a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
¿Por qué los precios no reflejan esa "verdad ecológica"?
Hay una cierta resistencia al cambio. No obstante, las empresas y los consumidores empiezan a apreciar que internalizar esos costes no es perjudicial. Las empresas más competitivas ahora y en el futuro son las más limpias y eficientes, ahorran agua y energía, lo que les ayuda por ejemplo a pagar menos por los seguros al tener menos riesgos ambientales. Los acuerdos voluntarios, como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también contribuyen a mejorar las empresas.
No obstante, parece que al final es el consumidor el que tiene que hacerse cargo de los gastos que supone cuidar del medio ambiente.
Es verdad que al final el consumidor siempre paga. Incluso cuando hay subvenciones para que las empresas contaminen menos, el consumidor como contribuyente tiene que hacerse cargo.
La calidad del aire urbano ha centrado otro de los informes del OSE. ¿Cuál es la situación del aire de nuestras ciudades?
No es muy favorable. El análisis de las 56 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes muestra que una gran parte de la población se encuentra sometida a niveles de contaminación atmosférica por encima de los límites marcados por la UE. La calidad del aire afecta a la calidad de vida, a la salud, deriva una pérdida de bienestar y sostenibilidad urbana. Y es aun más preocupante en las grandes ciudades, donde la contaminación atmosférica es mayor, sobre todo por el tráfico rodado que incluye especialmente al coche privado, lo que supone un problema de modelo urbanístico y de movilidad. La contaminación de las ciudades ya no se produce en general por los focos industriales, como hace unos años, sino por el transporte basado en el coche privado.
¿Cree que la nueva ley de calidad del aire contribuirá a su mejora?
Sin duda. Hay una estrategia de calidad de aire a nivel europeo y español, y esta nueva ley se hace con un enfoque más integrador, para reducir no sólo los niveles de emisión de contaminantes, sino también para que las ciudades de más de 250.000 habitantes cuenten con planes de movilidad y planificación urbana.
El agua y la desertificación son también preocupantes en España. ¿Qué rasgos principales destacaría?
A España le afecta especialmente el "cambio global", formado por el cambio climático, la desertificación y la pérdida de diversidad biológica. En el caso del agua vamos a hacer un informe en 2008, y participaremos en la Expo de Zaragoza. Este estudio tiene un enfoque dirigido a la funcionalidad de los ecosistemas fluviales. Nos interesa mucho saber cómo funcionan las cuencas de los ríos, y rescatar la cultura del agua, un recurso cada vez más valioso y escaso en España, y agudizado por el cambio climático, lo que supondrá un mayor estrés hídrico.
¿Puede apuntar algunos datos de su próximo informe?
Antes del informe anual, que se publicará a últimos de 2008, haremos uno breve sobre sostenibilidad local teniendo en cuenta la dimensión urbana y rural. A veces hablamos de sostenibilidad en términos generales, pero hay que hacer una aproximación local. El mundo rural son unos 14 millones de personas y sus condiciones para un desarrollo sostenible son diferentes. Por ello, hay que tenerlas muy presentes a la hora de diseñar una estrategia nacional de desarrollo sostenible, y tratar de establecer un nuevo diálogo entre campo y ciudad. En cuanto al informe anual, lo haremos comparando los países europeos, para hacer un seguimiento de los principales indicadores y ver si las estrategias europeas y españolas de desarrollo sostenible están dando sus frutos.
* Consumer - Alex Fernández Muerza - 6 de enero de 2008
Guateque: Un tendero al que exigieron 72.000 euros destapó la 'trama de los conseguidores'
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ELPAÍS/Madrid* : El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque.
La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.
El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".
En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".
Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.
* ELPAIS.com - JOSÉ A. HERNÁNDEZ / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 10/01/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
Ávila: Ya hay calendario para la declaración de los imputados por la Ciudad del Golf
ÁVILADIGITAL* : Las declaraciones por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués se retomarán el martes con la comparecencia de quince nuevos imputados. Entre ellos están el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo; el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y Francisco Gómez Henández ‘El Paloma’, el representante de Residencial Aguas Nuevas, la empresa promotora que compró los terrenos a la Sociedad Montes de Las Navas para construir la Ciudad del Golf, que ha pedido declarar en Ávila y cuya comparecencia aún no está fijada.
Todos ellos fueron propuestos por los ecologistas y la Fiscalía por su presunta implicación en la recalificación de un Área Crítica para la cigüeña negra en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y por la tala de cientos de pinos que se inició tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano.
Ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno, se sentarán el 15 de enero, a las 10,30 horas, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Hontoria; Arturo Menduiña, arquitecto; y Sabas Yagüe, técnico de la Junta que ya declaró en el mes de abril como testigo.
Y el miércoles 16 de enero prestarán declaración, a partir de las diez de la mañana, tres de los imputados que votaron a favor de la recalificación en la Comisión Territorial de Urbanismo. Se trata del entonces jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo Velasco; Tertulino Fernández González, como representante de la Administración del Estado; y José Crespo, del área de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez Herrero, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila; Juan Antonio Chamorro Sánchez e Ignacio Rodríguez, vocales de libre designación; y José Antonio Pérez Suárez, que entonces era diputado provincial por el PP, declararán el 21 de enero a las diez de la mañana.
Y en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid comparecerán, el 23 de enero, a las 10,30 horas, Noelia Díez y Yolanda Lorenzo, y el día 24, a las 9,30 horas, el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y José Ignacio Molina, otro de los técnicos de la Junta que ya prestó declaración como testigo en abril.
Dos testigos más
En cuanto a los testigos, el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez Blázquez, que entonces era secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, tendrá que presentarse en el Juzgado número 5 de Valladolid el día 6 de febrero a las 9,30 horas junto con María Gavilán Pimentel.
Su comparecencia estaba prevista inicialmente para los días 26 y 27 de noviembre, y se unirá a las del alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario, Carlos de la Vega; el ex director de Medio Natural, Mariano Torre; y el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo.
* Ávila Digital - María Cuenca - 10 DE Enero 2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
Ni Seseña ni Benidorm
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI* : El dilema entre crecimiento y crisis es recurrente. En la ciudad suele corresponderse con épocas de desorientación teórica e ideológica, que buscan acuerdos para superar las contradicciones. Estamos en una crisis, o lo que se podría llamar una acelerada desaceleración económica del sector de la construcción, tras una larga fase de desorbitado crecimiento que, a su vez, preludiaba un estancamiento inmobiliario. Desde el segundo semestre de 2006 es difícil que veamos un repunte al alza, al menos hasta bien acabado el segundo semestre de 2008.
La situación de alarma es tan inusitada como la fuerte reacción de prudencia de los compradores ante la información asimétrica que recibieron antes -como potenciales consumidores- y después, durante la previsible crisis de demanda frente a una oferta saturada en segmentos concretos. Se trata de un efecto de la subida de los tipos de interés y de las incertidumbres económicas provocadas por la marcha de la economía norteamericana y del mercado hipotecario en general. Esa incierta evolución, entre otras razones estructurales de mayor peso, abre un debate sobre la sostenibilidad general del sector de la construcción en nuestro país y su influencia en el PIB, en el que la edificación residencial ha llegado a alcanzar cuotas de casi el 16%, con un número de unidades de vivienda producida que no habíamos conocido nunca.
Ese debate coincide también con dos factores muy entrelazados: por un lado, la nueva percepción del cambio climático como una realidad inapelable desde el punto de vista científico y, por otro lado, con la relación directa que tiene la construcción y la vida de la ciudad, precisamente con el aumento o la disminución de ese cambio. Estas circunstancias se suman al persistente debate acerca de las torres en la ciudad y la pugna entre lo que se ha dado en llamar ciudad densa o -en otro sentido- compacta, frente a la despilfarradora ciudad difusa, basada en la cultura del despilfarro y del predominio irresponsable del automóvil y la movilidad insostenible.
En un país de tan grande y profundo crecimiento económico y edificatorio, las torres arquitectónicas de media y alta envergadura se proponen como una solución responsable para conseguir la densidad suficiente para equilibrar los costes ambientales y las cargas del metabolismo urbano en materia de energía y recursos, porque la experiencia del sprawl, producido por los suburbios alimentados por urbanizaciones de baja densidad y viviendas adosadas constituye una tara inaceptable para una ciudad equilibrada. El crecimiento metropolitano de estos años ha sido tan intenso que lasconurbaciones surgidas a su calor han producido todo tipo de desastres en baja y media densidad -unifamiliar y plurifamiliar-, tanto en la costa como en los desarrollos de ciudades del centro de la Península.
En todas las ciudades se solicitan, proyectan y promueven rascacielos más o menos altos y, en algunos casos, simplificando al extremo, se propone la ciudad turística de Benidorm como una alternativa sostenible o, al menos, como un mal menor, frente al caos conglomerado por el desarrollo espasmódico de las ciudades españolas. La simplificación proviene tanto de estudiar la construcción en altura como un caso singular y aislado, como de eludir los contextos en que se produce o debería producirse. Medidas como la limitación de plantas en algún territorio como Madrid aumentan el desconcierto, alimentado por la sensación de que las torres de firma resuelven el crecimiento deslavazado de las periferias, o mejoran a priori la vida en los centros.
Sin embargo, reducir el problema de la densidad al de la construcción singular en altura es doblemente engañoso. Al menos, lo parece tanto como sería, de forma sarcástica, considerar las 13.000 viviendas nacidas en el municipio de Seseña -al albur de decisiones administrativas sin amparo ambiental ni ordenación territorial digna de nuestro tiempo- como un ejemplo de construcción compacta y en altura, al menos mayor de la habitual. Semejante razonamiento serviría para argumentar que tales alternativas constituyen una solución al problema de la densidad de la ciudad compacta que un crecimiento sostenible delimita y requiere. Al margen de la ocultación de que tales experimentos, Seseña y Benidorm -como ejemplos relevantes de impostación de la densidad y la altura-, lo son de islas en el territorio, la exacerbación de estos modelos u otros parecidos quiebra un principio de información racional. Este principio exigiría informar a la ciudadanía acerca del hecho de que el territorio así construido ni constituye ciudad (aunque cuente con los equipamientos legales) ni favorece la soberanía de los ciudadanos sobre el espacio colectivo, y menos aún sobre el espacio público (aunque responda a un plan).
Con frecuencia creemos que ser ciudadano es ser peatón o habitante, consumidor... o turista. Sin embargo, la condición de ciudadanos la otorgan realmente otros atributos que están en el Gobierno, la decisión, el uso y el disfrute de la ciudad, plenos e iguales para todos. La doble simplificación consiste asimismo en hacer creer que no hay modelos de ciudad densa, sostenible y compacta que rebajen las cargas ambientales y contribuyan al confort urbano: y eso aunque estas ciudades existan y se desarrollen en las alturas convenientes, con los espacios libres necesarios (y no sólo reglamentarios), con los sistemas de usos y transportes adecuados (y no sólo suficientes o discriminatorios para edades, sexos o minorías), con los aportes de mezclas de usos, de accesos y de transferencia social responsables (y no sólo con las suficientes reservas de vivienda pública). Y, sobre todo, con la calidad de vida, el intercambio de flujos económicos y la dignidad estética y arquitectónica que tienen o intentan tener muchas ciudades españolas.
Vitoria, Santiago, Córdoba, Pamplona, Sevilla, Gijón, Girona o León..., por citar sólo unos pocos ejemplos a los que habría que añadir Sarigurren o Valdespartera (como nuevos barrios eficientes), van por ese camino. Las ciudades españolas luchan por la calidad de vida y contra el cambio climático, desde la nueva visión del transporte público, mediante la densificación ordenada del territorio para la residencia en relación con otros usos y desde la implicación de la ciudadanía que las dirige y regula. No desde la promoción de islas temáticas y desarrollos sin contexto urbano, en el que la carga ambiental se multiplica.
Simplificar o amplificar, siquiera irónicamente, los dudosos modelos de Benidorm y Seseña que -en mi opinión profesional- pertenecen claramente a un pasado obsoleto o propugnar, sin límites claros, la construcción de islas en altura es exagerado. En ese aspecto, las boutades de algunas afirmaciones poco matizadas vuelven a esconder la tentación dogmática de los arquitectos hacia la ciudad, sujeta a movimientos pendulares y cíclicos. Tales actitudes desmesuradas crecen o entran en crisis a la par que los discursos teóricos y económicos sobre la ciudad. A veces se olvida que los profesionales del urbanismo y la arquitectura podemos caer en involuciones gremiales o endogámicas extemporáneas. Especialmente, si llevamos a la opinión pública presunciones -más allá del bien y del mal- que medien acerca de proyectos o teorías exentos de responsabilidad social (o ambiental); lo que a todas luces, además de falso, es inaceptable en una democracia madura.
* Carlos Hernández Pezzi es arquitecto y presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
* ELPAIS.com - Opinión - 09/01/2008
