ELPAÍS/Madrid* : La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación del pabellón de deportes El Plantío de Coslada en 2006 por la anterior corporación municipal, encabezada entonces por el ex alcalde del PP Raúl López. La concesión investigada contó con un presupuesto inicial de 27,8 millones, que se elevó posteriormente hasta los 33 millones. La oferta ganadora era la quinta según la cuantía, más de cinco millones de euros por debajo de la mejor clasificada. El concurso para la construcción del pabellón de Coslada que investiga la Fiscalía Anticorrupción se resolvió gracias a que la sociedad ganadora prometió acabar la obra en 64 semanas, un periodo muy por debajo del previsto por el resto de empresas. Al final la obra se demoró más de año y medio respecto a lo previsto, pese a que la sociedad que se adjudicó este contrato se había comprometido a finalizar los trabajos 30 semanas antes que lo previsto por otras empresas.
El criterio temporal hizo posible que la unión temporal de empresas encabezada por Constructora Hispánica se hiciera con esta jugosa adjudicación. El propietario de Hispánica era entonces el empresario Alfonso García Pozuelo, imputado en el Gürtel como presunto autor de sobornos millonarios a numerosos políticos del PP. Recientemente García Pozuelo ha ingresado 20 millones de euros en la Agencia Tributaria, al mismo tiempo que ha decidido colaborar con la investigación del caso Gürtel.
Para esclarecer la adjudicación del pabellón, el Ministerio Público ha enviado varios requerimientos al Consistorio solicitando información sobre este polémico expediente que se adjudicó por la vía de urgencia. El PP, con el apoyo del Partido Independiente de Coslada (PIC), otorgó esta jugosa obra a la quinta mejor oferta de las seis presentadas, y por un precio inferior (27,8 millones) al previsto en la licitación, que era de casi 37 millones.
El primer requerimiento de Anticorrupción se envió en noviembre de 2009, y en él la fiscalía solicita numerosa documentación del expediente del pabellón de El Plantío. En este sentido, tanto el ex alcalde del PP, Raúl López, como el concejal de los independientes, José Huélamo, negaron haber sido citados a declarar por este caso.
Entre la documentación que obra en poder de la fiscalía se encuentra el acta de la reunión de la mesa de contratación celebrada para adjudicar el pabellón, la principal obra de Coslada en la anterior legislatura. Este documento demuestra que en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2006 el presidente de la mesa de contratación del Consistorio en su condición de concejal de Hacienda, el independiente José Huélamo, defendió la decisión del Consistorio pese a que era la quinta mejor oferta económica: "Está claro que no es una subasta y no tiene que otorgarse a la más económica". Sin embargo, Huélamo destacó en su intervención en la mesa de contratación que el Ayuntamiento había previsto que la obra se finalizara en 24 meses, mientras que la empresa ganadora se comprometía a hacer el pabellón en 16 meses. Este punto del expediente le otorgó a Hispánica 10 puntos más, algo que fue determinante en el concurso. Según el concejal, fue una estrategia de la empresa para obtener la mayor puntuación en este apartado. "Saben que en la práctica luego no pasa nada porque tarden más en ejecutarlas. Por eso debemos limitar el plazo mínimo para que las ofertas fuesen coherentes con lo establecido en el proyecto y los pliegos".
El arquitecto municipal aseguró, según el acta al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la reducción en plazo de la ejecución que presentan las empresas "está justificada" en las propuestas técnicas, y que en esta obra la puntuación que se otorgaba al plazo de ejecución era "muy poca" en relación con otras obras municipales.
No obstante, el edil Huélamo se lamentó de que los pliegos que regían la adjudicación favorecían a las grandes empresas: "Que no dicen la verdad en cuanto a los plazos de ejecución, medios materiales y medios técnicos. Aunque te los justifican, porque saben que luego no se suele comprobar ni exigir responsabilidades". Para evitar esta situación, Huélamo abogó por poner unos techos máximos más realistas en cada una de las puntuaciones establecidas en los pliegos de condiciones, como por ejemplo en los plazos.
La declaración del concejal independiente provocó que el interventor municipal explicara la necesidad de "vigilar" las obras y comprobar que realmente los técnicos adscritos sean los que se incluyen en la oferta. Pero el concejal del partido independiente volvió a pedir la palabra asegurando que la diferencia entre la mejor y la peor oferta económica era de alrededor de tres millones de euros: "Con ese dinero se podían haber realizado multitud de mejoras".
* El País - 3.12.10
Foto: Coslada (Madrid), ayuntamiento - diariodelhenares.com
.................................... Leer más...
IDEAL* : La Fiscalía ha mantenido la petición de pena de once años de inhabilitación para el ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo por un delito continuado de prevaricación por la supuesta contratación irregular de obras como concejal de Urbanismo en Ogíjares. El juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Granada, ha evaluado los presuntos hechos delictivos cometidos a partir de julio de 2005 cuando Del Ojo, aprovechando que era alcalde en funciones, habría encargado una serie de obras divididas como menores en el pueblo, así como la adjudicación a UCOP de la Casa de la Cultura. En los trabajos en calles y dependencias municipales de Ogíjares adjudicadas a García Mejías como obras menores, el fiscal ha destacado, tras elevar a definitivas sus conclusiones, que se eludieron los requisitos de contratación pues Del Ojo "reconoció que se entregaban verbalmente".
"Todos han aducido que no había contrato", incluido el imputado, ha destacado el representante del Ministerio Público.
Respecto de la construcción de la Casa de la Cultura por UCOP, ha recordado los testimonios que indicaron que el ex diputado "hacía y deshacía" y que, pese a lo que él manifestó, no era enemigo del responsable de esta empresa: Eran "enemigos solo políticos", ha aseverado el fiscal.
El abogado de la defensa ha pedido al presidente de la sala que examine, por si pudiera existir "falso testimonio en causa criminal", algunas de las declaraciones de los testigos que han pasado estos días por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, quienes se han contradicho, según el letrado, con los hechos.
Certificaciones
En su opinión, sí hubo certificaciones, presupuestos y facturas de las obras, todas ellas "con las firmas del secretario, la interventora y el alcalde" de entonces.
La acusación particular, que ha mantenido su petición de 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, ha incidido en que "quedó claro" que el ex concejal "manejaba la ley".
"En seis años da tiempo a aprenderse el procedimiento de arriba abajo", ha respondido la defensa, que ha recordado que el acusado es médico.
Haciendo uso del derecho a una última intervención, y dejando al lado unas cuartillas que tenía escritas, el acusado ha lamentado "profundamente" el dinero perdido por la justicia en este proceso y ha señalado que "aquí ha quedado patente que no se busca la verdad", sino su "inhabilitación como político".
Antes de la lectura de los informes definitivos han declarado varios testigos que han trabajado en el Ayuntamiento o en alguna de estas empresas, así como un perito aportado por la acusación particular, que ha explicado las consideraciones a tener en cuenta para que una obra pueda ser fraccionada o no en otras menores.
* Ideal - EFE - 2.12.10
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
.................................... Leer más...
CLARÍN/BuenosAires* : El sistema de protección para los edificios con valor patrimonial que rige en la Ciudad de Buenos Aires es el centro de cada vez más cuestionamientos . El tema volvió a ser noticia cuando se supo que el Gobierno porteño había autorizado la demolición de La Cuadra, un antiguo stud de estilo francés contiguo a La Imprenta, en Palermo, para que se construya un edificio de 14 pisos. En la Ciudad rige, al menos hasta fin de año, una ley que establece que, cuando se pretende demoler un edificio anterior a 1941, el pedido debe ser examinado por un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Ese organismo, integrado por instituciones públicas y privadas, dictamina si debe autorizarse o no la demolición.
Sin embargo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) se retiró de la CAAP “a raíz de nuestras objeciones a las normas con que el Gobierno de la Ciudad procura preservar inmuebles con valor patrimonial”.
Margarita Charriere, miembro del CPAU dijo a Clarín: “Estamos en desacuerdo porque no necesariamente lo viejo es bueno. El sistema debe preservar, pero lo que hace es destruir . Hay 140.000 parcelas en Buenos Aires que tienen edificios anteriores a 1941. En medio de semejante volumen, puede pasarte un elefante por adelante y no lo ves. Así, pasaron de largo La Cuadra y La Imprenta, que tal vez no tengan valor arquitectónico original, pero sí lo tienen en términos de lo que significan para la identidad del barrio ”.
El CPAU es crítico de la catalogación, que prohíbe demoler 140.000 edificios en la Ciudad. “Hay que rehabilitar, no catalogar . Si no hay políticas públicas para impulsar el reciclado de edificios antiguos con valor arquitectónico, se terminan derrumbando solos”, dijo Charriere.
La que sí permanece en el CAAP es la Sociedad Central de Arquitectos, cuyo presidente Daniel Silberfaden, la defendió, sin excesivo entusiasmo, al calificarla como “la única opción de un organismo reconocido oficialmente para discutir la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad”. Silberfaden, de todas maneras, recordó que la CAAP no “analiza el valor histórico de un inmueble y por eso no se objetó la demolición de La Cuadra y La Imprenta, que han sufrido tantas modificaciones a lo largo de los años y ya prácticamente no tienen vestigios de su arquitectura original”.
La ley que protege los edificios anteriores a 1941 vence el 31 de diciembre. Ayer se esperaba que la Legislatura tratara su prórroga por dos años más, pero finalmente se levantó la sesión. “No se trata de oponer a una demolición indiscriminada una conservación igualmente indiscriminada sino más bien dar con estos dos años de extensión el tiempo de evaluar puntualmente el significado patrimonial de un edificio para decidir si su conservación es valiosa para la Ciudad”, dijo el diputado Martín Hourest (Igualdad Social) que impulsa la prórroga.
El subsecretario de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad, Héctor Lostri, explicó anoche a este diario que “en caso de que termine el año y la Legislatura no vote la prórroga, en el Ejecutivo vamos a encontrar un mecanismo para que el sistema de protección continúe”.
Lostri defendió las normas vigentes: “En la Ciudad de Buenos Aires nunca estuvieron tan bien protegidos los edificios. Hoy tenemos 140.000 y teníamos 1.200 en 2007”.
* Clarín - 3.12.10
Foto: Buenos Aires, edificio en venta para demolición - EFE
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Vizcaya* : La alcaldesa de Zamudio, la peneuvista Sorkunde Aiarza, no podrá presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, en las que su partido ya había decidido que optase a la reelección. La Audiencia de Vizcaya ha ratificado en su integridad el fallo dictado el 31 de mayo pasado por un juzgado de Bilbao, que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación (adoptar una decisión injusta a sabiendas). Aiarza estaba acusada de "múltiples irregularidades" al ordenar el derribo de una obra de un vecino. La inhabilitación se refiere a cargos públicos en "corporaciones locales u otro análogo", lo que afectaría también a las Juntas Generales de Vizcaya. El PNV le había incluido también en su plancha electoral foral.
La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado lunes y contra la que ya no cabe recurso ordinario, concluye que la regidora actuó "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad" y de "forma arbitraria".
El caso se remonta a octubre de 2006, cuando el dueño de una finca de Zamudio pidió una licencia municipal para unas obras de delimitación de sus terrenos. Ante la falta de respuesta municipal y amparándose en el silencio administrativo positivo, acometió los trabajos en mayo de 2007. Nada más ejecutarlos, Aiarza ordenó por decreto que los retirara en cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado.
La Audiencia explica que, entre otras infracciones, figura el derribo sin contar con informes jurídicos y técnicos, así como hacer caso omiso de dicha denuncia. "Era su última oportunidad para reflexionar", apunta el tribunal, pero Aiarza la "despreció". "Lo razonable era esperar a la decisión del juzgado", añade. El fallo le condena también a indemnizar al vecino con 2.000 euros y rechaza los argumentos de la defensa de que se ocupaba suelo público, porque, en ese caso, el consistorio no habría exigido "la regulización de la falta de licencia".
La Audiencia también desestima que se trate de un asunto menor, ya que el vecino "tiene derecho a demandar que la actuación se ajuste a la legalidad vigente".
* El País - 3.12.10
Foto: Zamudio (Vizcaya) - urbitur
.................................... Leer más...
LAOPINIÓN/Marbella* : Dos jueces de lo Penal de Málaga, concretamente de los juzgados 9 y 4, se han opuesto a la extinción de varias causas por delitos contra la ordenación del territorio por las que ya ha sido condenado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, cuyos asuntos pendientes en este terreno superan el centenar.
En abril de 2008, la Fiscalía y los ex ediles implicados en temas de este tipo llegaron a un acuerdo, de forma que éstos reconocían la autoría de los hechos y entraban en prisión según los casos pendientes: seis, nueve o doce meses. Al tener muchos de ellos más de tres procedimientos por prevaricación, se aplicó la figura de la acumulación, de forma que el castigo a aplicar sería el triple de la pena mayor. Por tanto, el periodo de cárcel establecido, según el número de casos por edil, fue el siguiente: 18, 27 o 36 meses de prisión.
Éste fue el tiempo que el ex regidor marbellí estuvo entre rejas: desde julio de 2006 a octubre de 2008, mientras que el pico restante, ya con el tercer grado, sólo durmió en el Centro de Inserción Social (CIS).
Por tanto, el otrora mano derecha de Jesús Gil se había quitado así, de un plumazo, alrededor de cien procesos, la mayoría de ellos por dar licencias a edificaciones ilegales en Marbella, una pesada carga que arrastra aún hoy la ciudad. El pacto recibió muchas críticas, pese a que era perfectamente legal: la acumulación se da en todo tipo de procesos penales, desde los robos a los asesinatos. Y la administración de Justicia se ahorró efectuar cerca de 100 juicios.
Pero la salida de la cárcel de Julián Muñoz se debe sobre todo a una argucia legal de su abogada, Diana Hinojosa, quien, aplicando una novedosa interpretación del artículo 76 del Código Penal, logró que un juzgado accediera a la acumulación de dieciocho de esas causas. «Eso motivó que saliera del centro penitenciario de forma inmediata», explican fuentes judiciales.
Consecuencias
Pero nadie previó que los procesos iban a seguir bajando, dado que los jueces debían dictar sentencias sobre ellos con la conformidad de los encausados. Eso ha ocurrido e Hinojosa trató, según las fuentes, de que los magistrados declararan, una por una, la extinción de las mismas. Si no se podría dar el caso –extremo y poco probable, sin duda– de que tuviera que entrar en la cárcel para pagar por algo que ya ha sido castigado.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga declaró extinguidas varias de esas causas, pero ahora, al solicitar lo mismo de los órganos 4 y 9, sus titulares se han opuesto a ello con el siguiente razonamiento: «No ha lugar, puesto que no es posible procesalmente».
Lo cierto es que la petición de la defensa liderada por Hinojosa contó con el informe favorable de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga, pero los jueces no se atuvieron a los argumentos de ambas partes. La letrada llegó a recordarle a los togados la existencia del pacto, pero no tuvo éxito.
Ahora, la jurista ha pedido una nueva acumulación de doce causas al Juzgado de lo Penal número 9, con el objetivo de que éstas se sumen a las ya penadas y así el ex regidor pueda seguir fuera de la prisión, una situación que no le trae buenos recuerdos precisamente.
De hecho, cuando la letrada reclamó la acumulación muchos de los abogados de otros ediles, que pasaron más tiempo de la cuenta en la cárcel, esgrimieron lo mismo.
Pese a ello, el horizonte penal de Julián Muñoz es complicado, dado que asiste estos días a los juicios de los casos «Malaya» y «Minutas», en breve habrá de responder por el asunto de blanqueo de capitales en el que también está acusada Isabel Pantoja, y siguen en instrucción varios asuntos por convenios urbanísticos supuestamente irregulares.
Diana Hinojosa no quiso hacer declaraciones a este periódico.
* La Opinión Málaga - 3.12.10
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : En matices difieren, pero comparten la misma idea: la Lonja está bien donde está. Un grupo de arquitectos valencianos valoró ayer el cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento de Valencia de la Lonja de Pescadores, en el barrio de El Cabanyal de Valencia, para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. Se trata de un edificio de más de 100 años. "Cambiarla de ubicación es un destarifo alucinante y absurdo", critica Lourdes García Sogo. "Los valencianos no tenemos por qué pagarlo", añade. Para la arquitecta, el cambio responde a un interés "político, populachero y fuera de la realidad económica de la ciudad". Carles Dolç abunda en que resulta inapropiado. "Sería un despilfarro", apunta, "puede que sea viable técnicamente, pero es una aberración; además, si la prolongación de Blasco Ibáñez prospera, hay otras soluciones, como construir una rotonda y desviar el trazado", indica.
El plan municipal para El Cabanyal pasa por llevar Blasco Ibáñez hasta la playa por mitad del barrio. La avenida pasaría justo por la Lonja, por lo que el Gobierno local pretende trasladarla a un solar cercano. En todo caso, el plan de prolongación está paralizado, ya que el Ministerio de Cultura lo suspendió por considerar que suponía un "expolio" del patrimonio.
A Francisco Taberner le parece que el error yace en cómo se concibió el plan de prolongación. "Si el paseo fuese recto y no hiciese el quiebro que hace al final, no atentaría contra el edificio", argumenta. Taberner opina, sin embargo, que hay varias opciones. "La mejor es dejarla donde está, pero de hacerse, o habría que desmontarla por trozos, o trasladarla ladrillo a ladrillo o incluso instalar una plataforma de hormigón sobre raíles bajo el inmueble para deslizarlo a su futura ubicación". Manolo San Juan, por su parte, entiende que si se hace, opción que desaconseja, debe estudiarse extraordinariamente bien, pues las posibilidades de destruirla son muy grandes.
* El País - 3.12.10
Foto: Una vista de la Lonja de Pescadores del barrio valenciano de El Cabanyal, que el Ayuntamiento de Valencia pretende trasladar para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.- elpais
.................................... Leer más...
