LEVANTE/Valencia* : La plataforma ciudadana Fórmula Verda, que engloba a varias asociaciones ecologistas, consideró hoy que el circuito urbano de F-1 de Valencia es "una aberración" en tiempos de crisis económica, y exigió una auditoría pública para "valorar" la rentabilidad económica y social del proyecto, según informaron en un comunicado fuentes de Ecologistes en Acció.
Esta organización ecologista subrayó que, "ya que no hubo el debate previo a la construcción del circuito, al menos ahora se debe llevar a cabo una auditoría independiente --en la que Ecologistes en Acció y el resto de colectivos de la plataforma ciudadana Fórmula Verda puedan participar a través de expertos y auditores-- "a fin de valorar los impactos ambientales, sociales, urbanísticos y económicos del circuito".
En este sentido, la plataforma apuntó que "si el circuito es tan rentable para la ciudad como se dice, no debería haber problema en asumir este compromiso. Pero, si se demuestra lo que es palpable, que no es sino es un tremendo despropósito, las consecuencias deberían ser su desmantelamiento y la asunción de responsabilidades políticas", señaló.
Por otro lado, Fórmula Verda también exigió el "cumplimiento de la legalidad y de las múltiples promesas incumplidas" con respecto a este proyecto "tan duro urbanística y económicamente", del que consideró que está "alejado de las necesidades reales de la población y de la calidad ambiental".
Esta organización ecologista también afirmó que la puesta en funcionamiento del circuito urbano de F-1 en Valencia "ha vulnerado, y lo sigue haciendo, la legislación autonómica, estatal y europea". "No en vano, --continuaron-- el asunto acaba de ser admitido a trámite en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a través de una denuncia de Ecologistes en Acció", explicó.
Desde esta plataforma también argumentaron que, además de las "deficiencias" existentes en la tramitación del proyecto, "como el hecho de que no se justificara adecuadamente la declaración de interés general", otro problema es la "fortísima contaminación acústica", así como las "emisiones contaminantes que empeoran el ya malsano aire valenciano, la ocupación del antiguo cauce del Turia, la vulneración del Plan General de Ordenación Urbana, y así una larga lista", señalaron.
No obstante, calificaron de "sangrante" el "tremendo dispendio de fondos públicos en momentos de crisis que supone este circuito". En este sentido, aseguraron que "clama al cielo que, mientras se gastan decenas de millones de euros con el circuito, se creen enormes problemas a barrios que ni siquiera tienen un centro de salud, como es el caso del Grau".
En este sentido, afirmaron que con la construcción de este circuito "se ha perdido la gran oportunidad de abordar racionalmente la urbanización de la ciudad". Asimismo, criticaron que el dinero para construir este tipo de proyectos "cuesta mucho, sale de las administraciones públicas, pero los beneficios se los llevan unos pocos".
El Congreso de Ecologistas en Acción, que se celebrará en Valencia entre los días 5 y 8 de diciembre, tratará, entre otras cuestiones, los temas de urbanismo y movilidad urbana "con una mayor prioridad, dada su gran incidencia sobre la calidad de vida de la población", señalaron las mismas fuentes.
* Levante-EMV - Europa Press - 21.11.2008
Foto: Valencia, vista circuito F1 - levante-emv.com
Fórmula Verda ve ´aberrante´ el circuito en tiempo de crisis
El Juzgado imputa al alcalde de Orxeta un delito de prevaricación
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Villajoyosa, imputa al alcalde de Orxeta, Vicente Llinares Sellés, de un presunto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia presentada por dos vecinos del municipio por permitir el funcionamiento de una planta de transformación de áridos y fabricación de hormigones en el paraje de la Foieta Blanca, a la que en su día se le denegaron los permisos para iniciar su actividad.
La planta está emplazada en unos terrenos que el primer edil de Orxeta vendió a la empresa propietaria de la hormigonera, calificados de Interés Comunitario. La planta no pudo obtener permiso por los informes medioambientales desfavorables, pese a lo cual está funcionando desde hace quince años, aunque ahora tiene una orden judicial de cese de actividad y desmantelamiento de la industria.
El auto del Juzgado de Instrucción número dos de Villajoyosa se ha conocido ahora y obedece a que el abogado de Vicente Llinares presentó un recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado por desobediencia contra Hilario Cañadas, el propietario de la hormigonera, y contra el alcalde de Orxeta. En este este sentido el Juzgado estima el recurso de reforma, al considerar que "los hechos calificables como desobediencia le son imputables a D. Hilario Cañadas, ya que en cuanto a D. Vicente Llinares Sellés, los hechos que se le imputan podrían constituir un delito de prevaricación".
La denuncia contra el alcalde de Orxeta por presunta prevaricación fue presentada por dos vecinos del municipio, afectados por el funcionamiento de la planta hormigonera sin ningún tipo de autorización : Arnaldo Jaime Sellés Lloret y Francisco Llorca Lucas.
En este sentido, en un pleno celebrado recientemente en Orxeta, ante la alarma suscitada al solicitar la empresa Hormigones Orxeta S.L. un certificado de compatibilidad urbanística con el fin de solicitar licencia ambiental para una industria, sin determinar la naturaleza de la misma, el alcalde explicó que el Ayuntamiento no tenía medios ni fuerzas policiales para paralizar la citada hormigonera, sobre la que pesa una orden judicial de cese de actividad, y que reclamó en su día la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente para que tomara medidas y cerrara la industria, una actividad que se vienen manteniendo de forma irregular desde hace quince años y para la que la propia mercantil ha pedido un plazo de tres meses para poder atender "las obligaciones de suministro contraídas con clientes", antes de cerrarla.
* Información - V. ZARAGOZA - 22.11.2008
Foto: Una imagen tomada la pasada semana de la planta hormigonera de Orxeta en la partida de Foieta Blanca - V. ZARAGOZA, diarioinformacion.com
Anticorrupción investiga ya cincuenta casos en Málaga desde 2004
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LAOPINIÓN* : Hace años que los informes especializados sitúan al urbanismo en una relación de convivencia con la corrupción. La cercanía de Gibraltar, el gran desarrollo inmobiliario y la proliferación de urbanizaciones hacen de la Costa del Sol un lugar propicio para que florezcan estos fenómenos. Tal era el caldo de cultivo, que los resultados no se han hecho esperar.
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado 50 casos en la provincia desde que se nombró al primer delegado del área en Málaga, Juan Carlos López Caballero, en diciembre de 2004.
Aunque el caso más destacado tal vez sea ´Malaya´, un caso de corrupción política e inmobiliaria en el que han sido procesadas, por ahora, 86 personas -la mayor parte de ellos concejales y políticos-, este área de la Fiscalía se ha enfrentado a asuntos muy complejos: en ´Ballena Blanca´ se trataba de desmantelar un despacho de abogados que ´lavaba´ el dinero de otras organizaciones criminales; en ´Hidalgo´, hermano menor de la anterior causa, el objetivo era el mismo; en ´Troya´, los fiscales intentaban deshilachar una trama política en Alhaurín el Grande que cobraba a los promotores y empresarios por el desarrollo ilícito de sus proyectos -han sido imputados el alcalde y su edil de Urbanismo-; y en el caso de los agentes de la Udyco, se persigue la corrupción policial, al igual que ocurre con la trama de Ronda.
A esta retahíla de asuntos se unen el tema de las estafas nigerianas, ´Nilo´, en el que han sido procesados 200 naturales del país centroafricano; las investigaciones que se desarrollan en torno a 27 convenios urbanísticos ilegales de Marbella, por los que se realizaron pagos ilícitos, y el asunto de los honorarios presuntamente ilegales que percibió José María del Nido como abogado del Ayuntamiento de Marbella.
En ´Astapa´, la corrupción política ha sido muy evidente y, aunque los golpes han sido más suaves que en Marbella, la corporación municipal saltó por los aires.
Lo que ha quedado claro en cuatro años de actuación de esta Fiscalía especial es que urbanismo y corrupción han ido de la mano. El promotor necesita del alcalde ávido de ganar dinero para concretar sus proyectos en las zonas más apetitosas.
Juan Carlos López Caballero asegura que el número de causas aumenta cada año un 10% y que los éxitos han sido posibles por las nuevas formas de investigación: antes se acudía a la persecución del soborno en sí, mientras que ahora los investigadores estudian el patrimonio del imputado. Si el desfase entre ingresos y gastos es evidente y no puede explicarse, hay gato encerrado. "Nosotros actuamos contra la corrupción y, en este caso, los logros vienen de perseguir el beneficio del delito", dice.
"Al ritmo que crece el volumen de trabajo en breve hará falta otro fiscal Anticorrupción", aclara. Y ya serían cuatro: él mismo, Valentín Bueno y Francisco Jiménez Villarejo.
Para investigar de esta forma, muy laboriosa y compleja, hacen falta técnicos de Hacienda y expertos en urbanismo. Esos recursos existen, pero hay que pedírselos a las administraciones competentes, lo que resta eficacia a los operativos. "Medios hay, pero debería haber más. Y también lo he dicho por escrito. Tenemos que contar con equipos de apoyo de las Fuerzas de Seguridad, expertos de la Agencia Tributaria y en urbanismo", subraya.
Estos fiscales también prestan atención al crimen organizado. "Sí, estoy satisfecho con el trabajo realizado", concluye el fiscal.
Cárcel. Ayer se conoció que los ex ediles marbellíes Alberto García, Tomás Reñones y José Luis Troyano entraron en prisión para cumplir nueve meses de prisión tras el pacto alcanzado con la Fiscalía.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 21.11.2008
Foto: Corrupción. La policía tomó el Ayuntamiento de Marbella cuando estalló ´Malaya´. - Arciniega, laopiniondemalaga.es
La Guardia Civil desentraña la trama urbanística de Granadilla
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CANARIAS7* : El ex concejal de Hacienda de Granadilla, Fidel Rodríguez, tiene un patrimonio millonario nada acorde con los ingresos que percibió cuando estaba en el gobierno municipal. Ésta es la conclusión del informe que la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa del juez que investiga la supuesta trama urbanística del municipio en la que está implicado todo el anterior gobierno.
La conclusión a la que llega la Guardia Civil arranca de la investigación exhaustiva llevada a cabo sobre el patrimonio del ex concejal socialista después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra toda la anterior junta de gobierno local de Granadilla de Abona, del Partido Socialista (PSC), como consecuencia de una denuncia presentada por la ahora alcaldesa nacionalista Carmen Nieves Gaspar.
Fidel Rodríguez, que en la actualidad es secretario general del PSC de Granadilla, creó, según la investigación ordenada por el juzgado, la promotora Inversiones Costa Atlántica (ICA) en el año 2002 y fue administrador único de la misma hasta el año 2005, compatibilizando su actividad mercantil y privada con la de edil de Hacienda y, lo más significativo, como consejero delegado de la empresa púbica que gestionaba todo el urbanismo del municipio, Grasur. El ex concejal se ha mantenido, sin embargo, hasta la actualidad como socio de ICA y, por tanto, ha participado de todas sus decisiones.
ICA realizó varias promociones de viviendas y recibió la licencia de primera ocupación de otras siendo Fidel Rodríguez edil, pero, además, la Guardia Civil detectó la compra por parte de la empresa de tres fincas cuyo valor, es en un caso de 1,7 millones de euros y en otro, de 1,6 millones. El juzgado de Granadilla que instruye el caso ya tiene el informe de la Guardia Civil.
* Canarias 7 - R.R / ACN Press - Santa Cruz de Tenerife - 21.11.2008
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es
