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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha contratado como asesora jurídica para el departamento de Urbanismo a la abogada Rosa Cusac Crespo, hasta hace poco ligada al despacho de un promotor local con adjudicaciones municipales. El fichaje de la jurista engrosa la lista de cargos de confianza del alcalde del municipio, el popular Manuel Pérez Fenoll.
La abogada experta en urbanismo ha actuado hasta el momento como representante del agente urbanizador de la zona industrial de Benidorm, defendiendo intereses contrapuestos a los del Consistorio en materia de cesiones de terreno, apertura de viales y superficies de la parcela misma.
El Ayuntamiento adjudicó en 2002 a Benipoli, empresa del promotor local Enrique Ballester, este plan parcial, denominado PP 1/3, que posteriormente se subrogó en la sociedad mixta de Ballester con Enrique Ortiz denominada Terra Village Land. Cusac Crespo es cuñada del propio Ballester, está muy vinculada al Partido Popular. "Guarda una cordial relación con Pérez Fenoll", señalan, según las fuentes consultadas.
La letrada, además es cuñada de Juan Manuel Baeza Riojano, conocido militante del PP y directivo de la empresa La Generala, adjudicataria del concurso de mantenimiento de jardines y zonas verdes de Benidorm.
A partir de ahora la nueva asesora jurídica podría intervenir desde el Consistorio en los asuntos de la zona industrial, así como en los trabajos preliminares para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La contratación de la letrada está directamente relacionada con las diferencias existentes entre el actual concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, y el hasta ahora asesor jurídico de dicho departamento, Manuel Francisco López Ocaña.
El nuevo edil de Urbanismo ya trasladó al antecesor de Ocaña, Vicente Saval, al departamento de Seguridad Ciudadana. El fichaje también está vinculado a la polémica cesión gratuita de una parcela de 10.000 metros cuadrados realizada por el consistorio a una empresa privada (Lope de Vega S. A.) a través de un convenio. El secretario general municipal se negó a firmar el convenio y desaconsejó en pleno la autorización del acuerdo.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 29/09/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info
Benidorm 'ficha' a una abogada ligada a un promotor en Urbanismo
Cebreros: Denuncian el “estilo marbellí” en la tramitación de Las Dehesillas
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ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han calificado de “disparate urbanístico” el proyecto de Las Dehesillas, promovido por Vemusa, propiedad del constructor cebrereño Enrique Ventero, y que contempla la construcción de 3.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, hoteles y otras instalaciones en una superficie de 244 hectáreas en Cebreros. Denuncian, además, el “estilo marbellí” en la tramitación de la urbanización.
CCOO, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, Centaurea, la Asociación en Defensa del Alberche y la Asociación Geográfica Ambiental aseguran que “las vigentes normas de planeamiento otorgan la consideración de suelo rústico, y por tanto no urbanizable, al espacio de Las Dehesillas”. Sin embargo, entienden que el Ayuntamiento de Cebreros “ha venido realizando toda una serie de proyectos de actuación y actos de gestión urbanística, sin que esté aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada de los terrenos”.
En este sentido, denuncian que “se ha llegado a la confección de hojas de aprecio y el anuncio de expropiación a los actuales propietarios”.
Fue en 2004 cuando comenzó a arrancar el proyecto, aunque hasta 2008 no se ha dado el visto bueno al proyecto de actuación. El último capítulo ha sido la aprobación inicial, en el pleno municipal (con seis votos a favor del PP y dos en contra del PSOE) de las normas urbanísticas que posibilitan la construcción de Las Dehesillas, adjudicada al empresario Enrique Ventero en el mes de abril.
Parcelas rústicas con “garantías” de ser urbanizables
“El Ayuntamiento se lanza a la aprobación inicial del proyecto de actuación sobre los sectores SUD D-1 y SUD R-10 como suelo urbanizable delimitado, pese a que en las normas vigentes de Cebreros figuren como suelo rústico”, argumentan las organizaciones ecologistas, que señalan que “mientras tanto, la sociedad de Ventero se ha ido haciendo con una multitud de pequeñas parcelas rústicas, sabedor de que goza de la cobertura del Ayuntamiento para su proyecto”. Consideran, a este respecto, que “se adquieren parcelas rústicas que tienen la garantía municipal de ser clasificadas como urbanizables en el futuro”.
Los diferentes colectivos manifiestan, además, que el Estudio de Impacto Ambiental que salió en el mes de agosto a información pública, “es una pura farsa de un procedimiento previamente decidido y determinado por el Ayuntamiento de Cebreros al margen de las leyes, del interés general y de la objetividad a los que se debe de forma constitucional e inexcusable”.
Es por ello que estiman que el procedimiento se está realizando “a la inversa”, de forma que el promotor, a través de la empresa Las Dehesillas de Cebreros S.A.U, “tiene que ejecutar el proyecto y, en función de él, el Ayuntamiento se dedica a formular actos y resoluciones administrativas”. Incluso destacan la “intervención profesional de algunos concejales para persuadir sobre la venta e intermediación de terrenos rústicos de pequeños propietarios” y que la adjudicación del concurso “podría ser un monumental montaje”.
Para estas cinco organizaciones, “es una barbaridad, absolutamente opuesta al desarrollo equilibrado y sostenible”, dado que “pretenden transformar 244 hectáreas de viñedo en una nueva ciudad de 13.000 habitantes”.
Sin autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo
Destacan que los proyectos de actuación en los sectores SUD D-1 y SUD R-10 fueron aprobados en enero y que el Estudio de Impacto Ambiental, que debería haber sido anterior, se hizo público en agosto.
Y también resaltan la “carencia absoluta” de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a pesar de que se plantea la construcción de una presa para el abastecimiento de agua y un puente sobre el río Alberche; en cuanto a los aprovechamientos de agua, calculan que serán necesarios 1.500.000 metros cúbicos para consumo y 300.000 para el riego del campo de golf, que tampoco están autorizados.
* Ávila Digital - María Cuenca - 29.09.2008
Foto: Cebreros (Ávila) , ayuntamiento - pueblos-espana.org
ANSE denunciará los proyectos de construcción de viviendas para segundas residencias en Calblanque
LAVERDAD/Cartagena* : La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) anunció hoy, en un comunicado, que denunciará en la reunión de la Junta Rectora "los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares dentro del Parque Regional de Calblanque para segundas residencias".
A esta denuncia se une, igualmente, "la falta de ejecución de las obras de ampliación de la carretera Portmán-Atamaría, el mal funcionamiento de la Depuradora Sur del Mar Menor y sus vertidos al litoral, el deterioro de las Salinas del Rasall, y la falta de regulación de los cultivos intensivos de la zona norte del espacio protegido".
Todo ello se desprende de las conclusiones a las que llegó la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Aguila, reunida hoy, para tratar asuntos relacionados con la memoria anual de actividades y la declaración de la zona como Reserva de la Biosfera y el Plan Integral de Gestión 2008-2012.
La Asociación lamentó que la Dirección General del Medio Natural "no haya incluido en el Orden del Día asuntos tan importantes como el Proyecto de Adecuación del Entorno de Calblanque presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena el pasado verano, que pretende facilitar aún más el acceso de vehículos y visitantes a diferentes puntos de la zona costera del Parque".
En este sentido, ANSE pidió, como en sucesivas ocasiones, "una política activa de gestión de la afluencia de visitantes a este frágil espacio mediante el establecimiento de un cupo diario de vehículos, especialmente en periodo veraniego".
"Sin embargo, criticó, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes existiendo importantísimas tensiones e impactos relacionados con la afluencia masiva de automóviles y visitantes, sobrepasándose frecuentemente la capacidad de carga del espacio".
Y es que, precisó la asociación, "el proyecto presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena pretende eliminar los únicos factores limitantes obrantes en la actualidad", por lo que, advirtió, "se aumentará de forma notable el número de visitantes y sus impactos, incumpliendo las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila".
Por último, informó que el documento remitido "no incluye un análisis de alternativas que constituye uno de los elementos de partida básicos para cualquier trámite ambiental, resultando imprescindible en la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000".
* La Verdad - EUROPA PRESS - 29.09.2008
Foto: Cartagena, salinas Calblanque - regmurcia.com
Nueve de los 17 alcaldes acusados de corrupción en la pasada legislatura se mantienen en el poder
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LEVANTE/Valencia* : La preocupación de los valencianos por la corrupción es relativamente baja. Lo atestiguan las encuestas y lo confirman las urnas cada cuatro años. Los dirigentes políticos inmersos en escándalos judiciales suelen salir indemnes de su cita con las urnas e incluso reforzados.
Cumplido el primer tercio del mandato surgido de las elecciones del 27 mayo de 2007, nueve de los 17 alcaldes que tuvieron problemas judiciales en los años anteriores, y cuya situación en los tribunales en muchos casos aún no se ha resuelto, mantienen la vara de mando. Trece de ellos, es decir el 72%, logró un apoyo similar o mayor al que tenían.
De la casi veintena de alcaldes y dirigentes que durante la pasada legislatura fueron objeto de acusaciones o imputados por presuntos delitos de corrupción -la mayoría relacionados con la ordenación del territorio- sólo cuatro perdieron la alcaldía en las urnas mientras. Del resto uno ya no volvió a presentarse (Medina en Orihuela) y otros dos decidieron abandonarla tras el primer año al frente del consistorio.
Primero lo hizo el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, imputado en varios delitos, pero que logró la condición de aforado como senador por designación autonómica. Le siguió el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, quien acaba de ceder el cargo a su teniente de alcalde, Sonia Castedo también imputada por los mismos cargos.
La relación de escándalos judiciales en la Comunitat Valenciana ha sido elaborada por la Fundación Alternativas a través de un informe que cita a los 133 alcaldes o miembros significados de gobiernos con problemas judiciales durante la pasada legislatura en toda España. De esos 133 casos que el estudio La democracia en España recoge, 18 de poblaciones de la Comunitat Valenciana, cuatro en Valencia, dos en Castelló y 12 en Alicante. Muchas de las acusaciones siguen pendientes de resolución, y otras quedaron archivadas.
La Comunitat Valenciana, en cabeza
El informe concluye que el 70 por cien de los alcaldes o dirigentes acusados permanece en su cargo, una cifra que en la Comunitat Valenciana se reduce al 50%. Otra de las conclusiones es que las provincias costeras se llevan la mayoría de los escándalos, especialmente en el litoral mediterráneo andaluz y valenciano. Andalucía se lleva casi la mitad con 54 de 113. La Comunitat Valenciana es la segunda con 18 escándalos judiciales. Les siguen las comunidades de Madrid, Galicia, Canarias y Baleares.
Los casos analizados afectan en su mayor parte a cargos del PP, 12 de 18, en cuatro casos el dirigente era del PSPV, en uno de EU y en otro del Bloc. La mayoría de los populares mantuvieron la alcaldía al igual que el del Bloc, que incluso sumó concejales mientras tres socialistas perdieron adeptos y la alcaldía, al igual que el de EU. Los que más reforzados salieron pese al proceso judicial abierto fueron los alcaldes de Nàquera (PP) que logró un 5,8% más de votos, el de Bigastro (PSPV, 7,2% más), el de Riba-roja (PP, 4,6%) o el de Xàbia (Bloc, 4,1%).
También mantuvo la alcaldía el regidor de Torrevieja Pedro Hernández del PP. En cambio perdieron apoyo pero siguieron como alcaldes el de Zarra (ex PSPV) y el de Benissa (PP) y se hundieron en las urnas el ex alcalde de Sueca (PSPV) y el de Petrer (EU).
* Levante-EMV - Carlos Alós - 29.09.2008
Foto: Torrevieja (Alicante) - levante-emv.com
Hacienda halla un desfase de 16 millones en los ingresos urbanísticos de Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona. Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía.
A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".
Las cuentas examinadas corresponden a 2003 y 2004, años en los que el ex gilista Manuel Reina, en prisión preventiva por el caso Astapa, era el responsable de Hacienda. En la contabilidad de 2003, la Agencia Tributaria advierte un desfase de 11,7 millones. A 31 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento esteponero registraba una partida de 8,5 millones por aprovechamientos urbanísticos, mientras que la contabilidad de Empladus recogía aprovechamientos urbanísticos netos de 20,2 millones. En 2004 la diferencia es de 4,6 millones. Mientras el Consistorio anota una partida de 9,4 millones, la empresa municipal declara 14 millones.
"Habida cuenta de las discrepancias de tales cifras con las consignadas en las autoliquidaciones del IVA de 2003 y 2004, se solicita la confección de una nota que analice de modo conjunto las partidas de la ejecución final de los presupuestos y las concilie", recoge un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallan las idas y venidas del inspector de Hacienda a quien encargaron investigar estas supuestas irregularidades. Pero la explicación solicitada nunca llegó.
El inspector trató de recabar información en el Ayuntamiento entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Visitó el Ayuntamiento y después de ser llevado de un lado para otro sin lograr la información propuso que se le abriera expediente al Consistorio por obstrucción.
Una de las personas a las que solicitó información fue al anterior edil de Urbanismo Rafael Duarte. "Quería un informe en el que se le explicase cuál era el criterio que se seguía para cobrar el IVA en unos aprovechamientos urbanísticos y a otro no, pero fue imposible dar con la solución. Ninguno de los trabajadores de Urbanismo o Hacienda acertó a dar estos parámetros por lo que no pude remitírselo, y yo no los conozco porque por esa época no estaba en el Ayuntamiento", ha explicado Duarte, que dimitió como concejal en julio al ser imputado en el caso Astapa. "Hice fotocopias de los convenios para ver si había algún patrón y elaboré un dossier que le entregué al interventor para que se lo remitiera", añade.
El inspector de Hacienda pidió el informe en noviembre y marzo, fecha en la que el interventor municipal alegó "sobrecarga de trabajo" para no entregárselo. El 10 de julio, su superior, el inspector regional de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez Cortesano, acordó imponer una multa de 1.500 euros al Consistorio esteponero por una infracción tributaria grave "por no aportar la documentación solicitada en el plazo concedido en el segundo requerimiento consecutivo".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), vista casco antiguo - estepona.es
Tenerife: La Fiscalía acusa a Urbanismo de modificar el "mamotreto" sin autorización
ELDÍA* : La fiscal de Medio Ambiente del Palacio de Justicia, Inmaculada Violán, ha trasladado al Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife una denuncia, que consta de catorce folios, para que se inicie la fase de instrucción al considerar el Ministerio Fiscal un presunto delito relativo a la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, la fiscal acusa a Urbanismo de realizar modificaciones "sustanciales" en el edificio de aparcamientos y centros comerciales de Las Teresitas sin la autorización de la Dirección General de Costas ni de la Comunidad autónoma, "sin constar que de momento tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico".
Añade, además, que la edificación levantada en estructura no ha afectado de momento a la zona de dominio público marítimo-terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección, "y de llevarse a cabo la totalidad de las obras contempladas en el proyecto aprobado se produciría una invasión de dominio público marítimo-terrestre, tanto en la cabecera de la playa como en el final".
Por ello, la Fiscal solicita que se tome declaración en calidad de imputado al consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre el 17 de diciembre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2007. Hay que aclarar que desde diciembre de 2004 hasta julio de 2006 el concejal de Urbanismo era Manuel Parejo,
y, a partir de esa fecha, se encarga de dicha concejalía Luz Reverón. Ambos podrían ser citados en calidad de imputados para que declaren ante la juez sobre el "mamotreto".
Asimismo, también pueden ser citados los técnicos que emitieron informes favorables previos a las resoluciones de Urbanismo, como son Epifanio Gómez Sánchez, Loreto Ariz Alonso y Candelaria Benítez Pérez, así como José Luis Roca y Esther Pérez Gómez en calidad de testigos. Mientras, Carlos Lamas Rúa y Carlos González de Ara serán citados como representantes de la Agencia de Protección del Medio Urbano.
En la denuncia, la Fiscal desprende que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz inició y tramitó un expediente para la aprobación del Proyecto de Ordenación Frente Marítimo Playa de Las Teresitas, en la zona de San Andrés, y el Proyecto Modificado número 1, aprobándolos sin contar con las autorizaciones preceptivas, "pese a que el mismo significaba en cabeza y final de la playa la ejecución de las obras en zona de dominio público marítimo-terrestre", según el deslinde vigente en la actualidad.
Para ello, añade la denuncia, se debía contar con la necesaria autorización del Ministerio de Medio Ambiente al existir sólo en el proyecto un convenio de colaboración entre las instituciones que aún no había sido firmado y que, por otro lado, estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde, y, además, en servidumbre de protección.
La fiscal dice que el ayuntamiento debía contar con el requerimiento de la Comunidad autónoma, "debiendo añadirse a ello por encontrarse en trámite de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa que afecta a la playa de Las Teresitas". Argumenta también en este caso que "no era posible el otorgamiento de autorizaciones o concesiones, "no sólo por el dominio público terrestre sino también en su zona de servidumbre de protección". La fiscal acusa a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de no haber dado cuenta de los informes sobre la adecuación de los proyectos aprobados. Cabe recordar que la investigación se inicia tras la presentación ante la Fiscalía de un escrito de fecha de 28 de enero de 2008 por parte de José Manuel Corrales (PSC), Pedro Fernández, en nombre de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), y Dolores Jutta, de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas.
* El Día - Ó.MARTÍN/ C. ÁLVAREZ - 28.09.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Urbanismo salvaje
JOSÉ LUIS RUBIO* : Construiría usted una cabaña brasileña en el Ártico o un iglú en El Cairo? No, ¿verdad? Eso sería una grave incoherencia ambiental. A menor escala, pero con las dolorosas consecuencias que se repiten cada año, nuestro urbanismo se ejecuta con un clamoroso fallo de concepción. Básicamente, ignora olímpicamente la torrencialidad de las precipitaciones en la planificación urbanística del territorio. No sé dónde se encuentran los planificadores cuando cada otoño nos cae el habitual diluvio.
Parece que para ellos es como si no lloviera y, como no llueve, el territorio se urbaniza sin tener en cuenta el régimen pluviométrico de elevada torrencialidad, los efectos y consecuencias de la topografía y geomorfología en la génesis de avenidas, las limitaciones en la capacidad de infiltración del suelo, la capacidad de drenaje, el diseño adecuado del alcantarillado, la dinámica de escorrentías superficiales y los factores que incrementan los efectos de riadas e inundaciones. Se entiende que existe una realidad patrimonial que son las viejas ciudades con antiguos cascos urbanos que constituyen una herencia del pasado que no se puede cambiar, aunque sí adaptar en la medida de lo posible. Lo que no se entiende es que aspectos básicos de la planificación y ejecución del urbanismo continúen haciéndose ignorando premisas evidentes y específicas del contexto natural. Esta ignorancia nos cuesta casi todos los años cuantiosas pérdidas económicas, daños materiales en inmuebles e infraestructuras, enormes procesos erosivos y sedimentarios e, incluso, pérdidas de vidas humanas. Esto se produce cada año en una u otra localidad valenciana. De ello saben mucho en Alcira, Carcagente, Gandía, Alicante, Denia, Beniarbeig... y, recientemente, Sueca.
¿Cómo es posible que esta situación se haya cristalizado y continúe repitiéndose? Existe una responsabilidad obvia por parte de las distintas Administraciones, que en última instancia son las que deben evaluar y, en cada caso, aprobar o no todos los planes urbanísticos. A los profesionales urbanistas se les supone competentes en las actividades constructivas en sí mismas; pero, dado que estas se ejecutan en un medio con unas específicas condiciones y limitaciones naturales, sería lógico que estas se evaluaran adecuadamente con el concurso de los profesionales competentes y que se incorporaran en la concepción de los proyectos. Un urbanista-urbano no está obligado a conocer los factores, casuística y dinámica de las riadas e inundaciones pero, adecuadamente asesorado, sí que está obligado a incorporarlas en sus proyectos y, por su parte, la Administración esta obligada a vigilar para que esto se produzca. Esto implica no crear barreras y contenciones a las escorrentías, prever drenajes, facilitar la infiltración, adecuar vías de evacuación, laminar las corrientes superficiales, mejorar y adaptar lo existente, etc.
Algo está fallando estrepitosamente en este tema. Mientras tanto, ¿qué sitio, urbanización, ciudad o polígono industrial quedará anegado en la próxima lluvia torrencial? ¿Cuál será el costo de no actuar? ¿Hasta cuándo se va a perpetuar esta peculiar situación? De momento, mirando al cielo con preocupación, muchas preguntas y pocas respuestas.
* Las Provincias - Opinión - 27.09.08
