CRISTINAVÁZQUEZ*: "Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenación no están para saltárselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro años por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungalós. En poco más de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urbanísticos. Además, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a España para ver si se están corrigiendo las irregularidades.
El urbanismo valenciano de la última década está sometido a un doble juicio. El político, que lidera el Parlamento Europeo tras la petición de amparo de miles de afectados, y el judicial. Sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urbanísticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Además, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública.
Bajo el paraguas de los abusos urbanísticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas prácticas urbanísticas, según los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanización de 1.500 nuevas casas fuera de ordenación, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratificó el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.
La obligación de pequeños propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanización calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de prácticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandalizó a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que atajara lo que está ocurriendo en el litoral, mientras la prensa británica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con viñetas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jardín. "En la práctica es una expropiación por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.
En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano José Díaz Delgado reconocía los problemas de indefensión que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los más llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociación.
Para Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jurídico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.
En 2005, la Comisión Europea expedienta a España por la falta de transparencia en el proceso de contratación pública de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por vía judicial indemnizaciones.
"Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podría darse en España. El abogado recuerda además que la legislación comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dictámentes de la Comisión es posible acudir ya a los tribunales.
Mientras esto se dilucida, otra delegación de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a España de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda está previsto que recorran el municipio madrileño de Galapagar, varios puntos de Almería y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, Dénia, Xàbia, Benicàssim u Oropesa.
CALENDARIO DEL CONFLICTO URBANÍSTICO
1999. La Sindicatura de Greuges destaca en su informe anual las quejas de ciudadanos por las "exorbitantes facultades del agente urbanizador".
2002. Medio millar de residentes extranjeros crean la asociación de afectados Abusos Urbanísticos No. La plataforma pide amparo al embajador del Reino Unido por la aplicación "abusiva" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
2003. 13 embajadores piden al presidente valenciano que corrija la LRAU. Las protestas de los afectados se extienden a la calle.
2004. 17 países piden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabe con los atropellos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. La UE expedienta a España por el mal uso de la LRAU y el Parlamento Europeo envía una delegación para verificar in situ las denuncias de los propietarios.
2005. Segunda visita de eurodiputados a la costa valenciana. La Eurocámara aprueba el Informe Fourtou, que corrobora los abusos urbanísticos y recomienda a la Generalitat una moratoria. La Comisión Europea expedienta a España porque la LRAU vulnera las directivas de contratación pública. El Consell presenta el proyecto de nueva ley Urbanística Valenciana (LUV) y la CE insiste en que sigue sin cumplir las normas europeas. Se aprueba la LUV.
2006. La CE ultima la denuncia contra España ante el Tribunal de las Comunidades Europeas por la LUV. El TSJ paraliza cautelarmente el PAI de Parcent.
*El País, 26/02/2007
Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los últimos 10 años
Una difícil ecuación: urbanismo, vivienda y medio ambiente
GERARDORUIZ-RICO* : "La actualidad política viene marcada últimamente por las secuelas mediáticas y políticas de una corrupción urbanística que, por desgracia, ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de pequeñas corporaciones locales que ha duplicado en pocos años el número de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su término municipal.
La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimación de estos entes locales para disponer de su territorio, como fórmula mágica para un progreso social y económico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicación de este esquema de funcionamiento conduciría sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta última afirmación, pero mientras el cambio climático se podría superar con la contención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la expansión de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauración ecológica sencillo. La sola idea de derribar una construcción ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes públicos pocos quieren asumir el coste político que implica. Visto así, el daño ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.
El problema de aplicar criterios desarrollistas basados en un crecimiento urbanístico desmedido resulta a todas luces inconstitucional. El mandato de nuestra norma fundamental a las Administraciones responsables de garantizar el derecho a la vivienda deja muy clara la metodología que debe emplearse para ese objetivo. La utilización del suelo tiene que responder al interés general para evitar la especulación. Esta es una obligación que no sólo tiene como destinatarios a los agentes económicos privados; su ámbito de proyección abarca por supuesto también al conjunto de los poderes públicos competentes en la ordenación del territorio; es decir, comunidades autónomas y entidades locales.
Pero esas últimas disponen asimismo por expreso reconocimiento de la Constitución de una autonomía para la gestión de sus intereses propios. Es indudable que uno de los elementos y dimensiones más importantes de esa autonomía municipal es la capacidad para planificar su desarrollo urbano. Sobre este argumento no caben discusiones. Sin esa potestad para decidir sobre los procesos urbanizadores, los ayuntamientos se verían privados de un instrumento fundamental para generar expectativas sociales y económicas entre sus ciudadanos.
Sin embargo, la autonomía local no se configura como una potestad absoluta ni incondicionada. Por encima del interés estrictamente local hay un interés más global que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque no seamos residentes en un municipio que ha apostado por el ladrillo y el asfalto. Ninguna corporación municipal tiene legitimidad para rebajar la calidad de vida de la mayoría e hipotecar para el futuro el medio ambiente que es de todos. Tampoco es de recibo la utilización del derecho la vivienda como un pretexto para especular con el suelo.
Por lo tanto, el dilema consiste de nuevo en encontrar un equilibrio que permita armonizar, primero, objetivos constitucionales como el medio ambiente y el desarrollo económico; y después, las competencias de las diferentes Administraciones para regular y ordenar el territorio. En este sentido, entiendo que el principio de sostenibilidad, que aparece por primera vez formulado en el nuevo Estatuto de Andalucía, un texto de envergadura cuasi-constitucional, estaría marcando la pauta a seguir para todos los poderes públicos.
Efectivamente, para lograr una correcta ponderación entre tantos intereses y competencias, garantizando así un urbanismo verdaderamente sostenible, hay que empezar a dotar a las entidades locales de una financiación adecuada a sus necesidades. Los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos, reales sin duda, no pueden justificar la explotación abusiva del suelo. Los partidos deberían controlar mejor a sus élites locales, porque resulta fácil caer en la tentación propagandística que vincula el progreso de una pequeña -o grande- comunidad local especialmente con el crecimiento urbanístico. Así se pueden ganar elecciones, pero se pierde en coherencia política y se destruye la idea, en absoluto utópica, de un mundo algo más racional y menos contaminado de hormigón.
*Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional.
El País, 26/02/2007
Plataformas ciudadanas critican la «destrucción urbana» en Granada
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J.E.GÓMEZ* : "Una veintena de plataformas ciudadanas, protagonizaron una concentración lúdica con el objetivo de informar, alentar a la defensa de Granada y pasar una mañana de domingo en contacto con los problemas de la capital. Convirtieron el entorno de la Fuente de las Batallas en una exposición pública de lo que consideran son los atentados que el Partido Popular ha cometido contra la ciudad de Granada y que han llevado a la «destrucción de la ciudad».
La concentración, que aprovechaba la gran cantidad de personas que cada domingo pasean por Puerta Real, aglutinaba a organizaciones de todo tipo, unas eminentemente reivindicativas de un problema puntual, como la de defensa del camino de la Fuente de la Bicha, otras de carácter ecologista como Salvemos la Vega, Granada al Pedal, Ecologistas en Acción y Salvar los árboles, y otras de carácter pseudopolítico, como Granada, o nunca, y culturales como Granada Histórica.
Junto a ellas, la presencia de personas de marcado carácter de oposición municipal, como los dos concejales de IU, Lola Ruiz y Manuel Morales, y el candidato en las listas del PSOE y presidente de Granada Histórica, César Girón. Esta última organización repartía esquelas mortuorias con Granada como protagonista. «Fallecerá en breve, lo más tardar antes de mayo de 2007» y culpa al concejal de Urbanismo y al alcalde de los diferentes males de la ciudad, como la tala de árboles, el futuro puente en Bola de Oro, el túnel de Severo Ochoa y el de Villarejo, y otras actuaciones como el tapiado de las cuevas de San Miguel.
Otras organizaciones critican las obras de la Gran Vía y todas ellas rechazan las de los jardines del Salón.
Una jornada al aire libre que servía también a asociaciones de vecinos para informar sobre el rechazo a la escuela de golf en La Chana.
También era una de las primeras tomas de contacto de nuevas organizaciones que pretenden hacerse un hueco en el espectro político de la ciudad.
*IDEAL, Lunes, 26 de febrero de 2007
Foto: Torres - 20minutos
Parlamentarios europeos visitan la Comunitat por denuncias urbanísticas
EFE* : "La Comunitat Valenciana centrará la agenda de trabajo de un grupo de parlamentarios europeos que, en respuesta a diversas quejas urbanísticas planteadas por asociaciones vecinales ante la UE, visitará España a lo largo de esta semana, según informaron fuentes de uno de estos colectivos ciudadanos.
De los dieciséis municipios españoles que tienen previsto visitar los diputados europeos, doce están en la Comunitat y, de éstos, nueve pertenecen a la provincia de Alicante.
Según la agenda de esa delegación europea, hecha pública hoy por la asociación alicantina de Veïns de Parcent, una de las entidades que ha denunciado presuntos abusos urbanísticos, los diputados de la UE visitarán las localidades alicantinas de Torrevieja, Orihuela, Catral, Parcent, Rojales, San Miguel de Salinas, Tibi, Benissa y Alicante.
La delegación visitará también los municipios castellonenses de Oropesa y Benicàssim y la ciudad de Valencia, así como Galapagar (Madrid), la propia capital española, Albox (Almería) y la capital almeriense.
Esta presencia de europarlamentarios para estudiar las leyes españolas de suelo y los proyectos de desarrollo urbano, la tercera que realiza en este sentido la Comisión de Peticiones de la UE, fue autorizada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de febrero.
La Asociación Veïns de Parcent manifestó hoy que, según un escrito recibido desde la UE, la delegación europea estará integrada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, adscrito al grupo parlamentario Unión por la Europa de las Naciones (UEN), y el vicepresidente de esta institución, el británico Michael Cashman, del Grupo Socialista Europeo (PES).
Acompañan a ambos los responsables de su Secretaría, David Lowe y Angel Ardaiz, y los asesores Kjell Sevon y Witold Ziobro.
Esta delegación de la UE mantendrá reuniones tanto con vecinos afectados por decisiones urbanísticas como con autoridades locales y regionales, según explicaron las citadas fuentes.
La visita se inicia mañana en Madrid, donde están previstas sendas reuniones con autoridades nacionales sobre "el nuevo marco legislativo referente al planeamiento del uso del suelo" y con los embajadores europeos.
Un día después, los parlamentarios se desplazarán hasta Almería para celebrar un encuentro de trabajo con autoridades locales y visitarán el municipio almeriense de Albox.
Posteriormente, se trasladarán a Orihuela (Alicante) para abordar diversas reuniones con asociaciones vecinales que el pasado año elevaron denuncias de posibles ilegalidades.
La tercera jornada de la agenda de visita, día 1 de marzo, la delegación europea recorrerá las localidades alicantinas de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, para mantener un encuentro de trabajo alrededor de las 13,00 horas en Alicante con la Sindica de Greuges, Emilia Caballero.
Por la tarde, los diputados de la UE se desplazarán hasta Tibi, Parcent y Benissa, municipios donde también mantendrán reuniones.
Al día siguiente, la representación europea acudirá a Jávea (Alicante) para proseguir viaje hasta Castellón, para conocer denuncias de propietarios en Benicassim, Oropesa y Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y posteriormente saldrán hacia Valencia donde está prevista una reunión con autoridades autonómicas.
*Levante, Lunes, 26 de febrero de 2007
http://www.levante-emv.com/
