ELPAÍS* : Mariano Álvarez, un mendigo que salva sus días entre deambular y pedir monedas por el distrito de Chamberí, opina que la relación de los sintecho de la zona con el Ayuntamiento está "peor que nunca". Veinte años durmiendo al raso le otorgan suficiente autoridad para, al menos, escuchar su balance. Cuenta que las visitas de la Policía Municipal son "algo de siempre", pero ha advertido que desde el pasado verano, los agentes y los servicios de limpieza urgente del Consistorio (Selur) han incrementado sus intervenciones. No se explica por qué. Asegura que vienen al menos una vez a la semana, les piden la documentación y se llevan en sus camiones todo lo que tienen para poder "aguantar en la calle": "Colchones, sacos, mantas, cartones, ropa, bolsas de comida, documentos...", enumera. Añade que a veces también pasan a recoger lo que dejan escondido en algún rincón de la calle durante el día. "Así que cada vez que se acercan, vuelta a empezar con lo de buscar cosas para aguantar el frío", se resigna. "Lo peor es cuando en vez de venir por la mañana, acuden de noche, porque ya no tienes tiempo para buscar algo de abrigo para pasar la madrugada".
El caso es que Álvarez no es el único que se queja de esto. La decena de indigentes a los que visitó este periódico en distintos puntos de Chamberí (hay alrededor de 25 en el distrito, según voluntarios de la ONG Solidarios) cuentan la misma versión. "Antes se llevaban tus cosas, pero te despertaban con cierta educación", aporta J. M., otro indigente que lleva dos años habitando el pavimento. "Pero ahora ni educación ni nada. Te despiertan, cogen tus cosas y se van. Sin dar la más mínima explicación". Tan lejos ha llegado el problema que los afectados, con ayuda de algunos particulares que les atienden, han reunido alrededor de 400 firmas para remitir una carta a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, alertándola de la situación. "Hemos empezado a estudiar el caso", aduce la institución.
El Ayuntamiento, por su parte, niega rotundamente las acusaciones de los sintecho. "Jamás se ha quitado ni un solo objeto personal a estas personas", alega la portavoz de la Policía Municipal.
3El Consistorio sostiene que la versión que dan los denunciantes es falsa. Según la portavoz policial, las intervenciones que se realizan desde el gobierno municipal son siempre "coordinadas". "Cuando acudimos a visitar a personas que viven en la calle se realiza una actuación articulada en tres patas, que acuden al mismo tiempo: el Samur Social, que les atiende; la Policía Municipal, para evitar problemas, y el Selur, para limpiar la suciedad que pueda haber donde duermen. Pero nunca nos llevamos sus objetos", explica. Los portavoces del Samur Social y del Selur suscriben esta versión.
Los que no están de acuerdo son los propios indigentes. "Cuando viene la policía les acompaña el Selur, pero nunca el Samur", asegura J. M. "En dos años que llevo en la calle, solo he visto acercarse al Samur cuando les hemos llamado expresamente porque alguno se ha puesto muy mal", añade José Martín, otro sintecho de 58 años, "pero no están cuando nos quita las cosas la policía".
La portavoz de los agentes insiste en su versión. Argumenta que, cuando se acude, la mayor parte de las veces es "a petición de los vecinos y los comerciantes de la zona". "Es que está prohibido dormir en la calle", afirma, "porque eso es hacer un uso privativo del espacio público. Y estas personas deben comprender que existen unas normas de convivencia, y que a los demás también les puede molestar que estén ahí. Tienen que irse a los albergues que el Ayuntamiento dispone para ellos".
Los lugares a los que se refiere la portavoz son las 1.841 plazas (entre los cuatro centros oficiales habilitados y las camas concertadas en centros hosteleros) destinadas a albergar a los sintecho. Pero muchos se niegan a ir. "En esos sitios duermen un montón de personas en el mismo cuarto. No hay una revisión médica antes de entrar, así que si el de al lado tiene tuberculosis... Además, no puedes ni ducharte, porque como dejes tus cosas solas, te desaparecen. ¿Tú crees que es plan dormir en sitios así?", cuestiona J. M.
Fabián (nombre ficticio), que duerme solo a las puertas de un banco de la zona, y que lleva 15 años haciéndolo así, ha optado por evitar el problema en la medida de sus posibilidades. Durante el día carga con saco, ropa, cartones y demás objetos personales para evitar que los agentes se lo requisen mientras él no está. "Lo malo es cuando me lo quitan a mí directamente. Ahí ya sí que no puedo hacer nada", dice encogiendo los hombros. Mariano recuerda lo que le dijo en una ocasión a un agente que le requisaba sus cosas: "No nos quedan fuerzas para conseguir más mantas. Vais a conseguir que un día un titular cuente que nos hemos muerto de frío". "Ese no es mi problema", asegura que le respondió.
* El País - 22.12.10
Foto: Madrid, sin techo (archivo) - adn
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ABC/EFE* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de León ha dictado hoy un auto por el que paraliza de forma cautelar las obras de integración del trazado ferroviario de FEVE a su paso por la capital leonesa, a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción. Aunque no es una resolución firme, el Juzgado ha dictado un auto por el que paraliza estas obras de forma cautelar, en tanto emita un fallo definitivo, una vez que se celebren la vista prevista para mañana, a la que están citados a declarar las partes, entre ellas FEVE, como ejecutora de la obra, y el Ayuntamiento, como parte implicada, según han dicho hoy a EFE fuentes de Ecologistas.
Dichas fuentes han afirmado que estas obras se sustentan en un convenio que, a su juicio, es nulo de pleno derecho, porque supuestamente contempla en su exposición de motivos la cesión de los aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento, correspondientes a un sector de suelo no consolidado, a FEVE para que éste ente ejecute el proyecto del tranvía.
Los ecologistas, entre otras razones, alegan que esta obra no está prevista en el PGOU, que aún no se ha revisado, ni modificado, para tal fin.
A su juicio, y tal como figuran también en las alegaciones que presentaron el pasado día 16 de diciembre en el Ayuntamiento de León, esto supone una clara vulneración del artículo 438.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Desde Ecologistas en Acción no han querido valorar el auto judicial en tanto sea definitivo.
Por su parte, tanto fuentes de FEVE, que es el que ejecuta la obra, como del Ayuntamiento de León, que declarará como parte implicada, han confirmado este auto, si bien tampoco han querido de momento entrar a valorar el mismo.
* ABC - 21.12.10
Foto: Feve estación - leon-virtual
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La juez Juana María Hernández, titular de Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife, ha emitido un auto en el que da diez días a la fiscal de delitos medioambientales, Inmaculada Violán, para que formule el escrito de acusación sobre el denominado caso mamotreto, relacionado con el edificio de aparcamientos de la entrada de Las Teresitas y cuyas obras se mantienen paralizadas. De Violán depende ahora que se abra el juicio oral, se amplíen las investigaciones o se archiven las diligencias abiertas por la denuncia presentada en 2008 por el PSC y el colectivo Amigos de la Playa de Las Teresitas. En este proceso están acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística siete altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz: la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón; el ex director de la Gerencia de Urbanismo y hoy teniente de alcalde, Manuel Parejo; el exconcejal del área ahora retirado José Domingo Pastor; el exconcejal de Infraestructuras y Obras que ahora ocupa el área de Fiestas, Norberto Plasencia; así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2007 cuando el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, presidido por Luz Reverón, aprobó una modificación del proyecto de aparcamiento en la entrada de la playa de Las Teresitas, que ya había recibido un primer visto bueno de ese organismo en junio de 2006, y la adjudicación a la constructora Obrascon Huarte Lain (OHL). Este proyecto modificado se aprobó sin haberse dictado las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Medio Ambiente, al extenderse las obras a la zona de dominio público marítimo terrestre, ni de la Comunidad Autónoma, al afectar a la servidumbre de protección, según explica el auto en los antecedentes de hecho.
Además, en el documento, firmado el pasado 16 de diciembre, se detalla que dos informes realizados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural y por el Servicio del Litoral Occidental, ambos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, confirman que parte de la estructura de la obra ya realizada del mamotreto, concretamente la fachada del frente que da a la caseta de la Cofradía de Pescadores, afectan a la servidumbre de protección en unos 7 metros de fondo por 60 metros de frente.
Asimismo, la zona de acopios invade tanto la servidumbre de protección como la zona de dominio público marítimo terrestre. En cuanto a la parte del edificio aún no construida, resultaría una ocupación del dominio público marítimo terrestre de 1.223 metros cuadrados, según el deslinde aprobado por orden ministerial en febrero de 2009.
De las diligencias practicadas no consta que el proyecto cuente con la concesión administrativa ni con las autorizaciones preceptivas de la Dirección General de Costas, en los trabajos que afectan al dominio público marítimo terrestre, ni de las de la Comunidad Autónoma respecto a los que invaden la servidumbre de protección. "Las obras siguen siendo inviables y no autorizables", según el auto, debido a que la concesión no podía otorgarse por la Dirección General de Costas al no haberse firmado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condicionado a la delimitación del dominio público y a la aprobación del nuevo deslinde.
Gloria Gutiérrez, la diputada regional socialista y abogada que redactó la primera denuncia, explicó ayer que este auto significa que el caso se aproxima al juicio oral. Para ella, se trata de un asunto "muy grave", pues las presuntas irregularidades afectan a un proyecto con un montante total de 35 millones de euros de dinero público, cofinanciadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital. "Se ha atentado contra el territorio, se ha jugado con dinero público y se multiplicó considerablemente la superficie que se podía construir", dijo Gutiérrez.
La vía administrativa
La diputada precisó, sin embargo, que esta última decisión judicial no afecta a la intención de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de legalizar el mamotreto, pues "este caso va por la vía administrativa, mientras la investigación judicial va por la vía penal, y una no afecta por ahora a la otra".
De cualquier manera, puso en tela de juicio la actuación del consejero regional Domingo Berriel, quien en el pleno del Parlamento de Canarias del pasado día 15 insistió en que el proyecto "es susceptible de legalización".
Paralelamente está por ver si se ejecuta finalmente el acuerdo plenario de derribo del edificio de aparcamientos. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el 18 de septiembre de 2009, con el voto en contra de CC y CCN, la demolición del conocido popularmente como mamotreto, así como abandonar el proyecto del arquitecto Dominique Perrault para urbanizar la playa, también afectado por todo este embrollo judicial y administrativo.
Según la moción, presentada por el PSOE y que obtuvo el respaldo del PP y de Ciudadanos de Santa Cruz, el proyecto de Perrault y el mamotreto –un aparcamiento privado de pago de 400 plazas que también iba a albergar centros comerciales– suponen un coste desmedido, no se adecúan al entorno y mantienen un peso "desproporcionado" de la "parte lucrativa y de negocio" en una playa que debe conservar su carácter familiar.
* La Opinión Tenerife - 12.10
Foto: Mamotreto las Teresitas - eldia
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LAOPINIÓN/Marbella* : El exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca no tiene miedo escénico. En sus intervenciones, pisa fuerte, habla de forma contundente y, en ciertos lances verbales, revela un amor casi obsesivo por los detalles que ahora le permite desgranar una defensa solvente en el juicio del «caso Malaya», pero que antes, quizás a lo largo de la instrucción, le dio algún que otro dolor de cabeza, como cuando se encontraron las agendas con las iniciales de quienes lo sobornaron y de aquellos a los que él supuestamente untó. Ayer, en la decimosexta sesión del plenario, se presentó como un simple tornillo de una maquinaria, el Ayuntamiento, mucho más amplia y bien engrasada. Él era un simple mandado: la eminencia gris la encarnaba el alcalde Jesús Gil y Gil.
Y eso explica lo que muchos analistas piensan del papel que el exregidor Julián Muñoz ha jugado en toda esta historia: que era un simple mandado que le prestó la firma a quienes disponían. Así, dijo que el exalcalde se limitó a firmar el convenio urbanístico de la operación «Crucero Banús», el acuerdo que permitió que la edificabilidad de la parcela pasara desde los 500 hasta los 11.000 metros cuadrados, incrementando exponencialmente las ganancias de quienes compraron el terreno en 2001 por cuatro millones y se deshicieron de él, un año después, por diez millones de euros.
Gil «no firmaba nada»
Así, Muñoz sólo fue a firmar el acuerdo urbanístico, porque Jesús Gil «no firmaba nada». Un dato importante: ayer apareció un convenio anterior que había rubricado también Muñoz y que favorece a las tesis defensivas, dado que su inspirador es el anterior propietario, Yassin Dogmoch, que negoció con Gil, y los aprovechamientos urbanísticos que debía recibir el Consistorio son mucho menores a los que ingresó después.
Ese primer convenio, de 1996, establecía el pago de 60 millones de pesetas por parte de los promotores; en el segundo, el que propicia el ex teniente de alcalde Pedro Román, se establece el abono de 240 millones de pesetas, lo que ha usado Roca para presentarse como defensor de las esencias municipales. Es Jesús Gil, por tanto, el que inspiró ambos acuerdos. Por cierto, el segundo convenio ha sido entregado estos días por el Ayuntamiento, de cuya existencia dudaba el mismísimo abogado municipal, Alberto Peláez.
Roca también señaló que nunca ha sido funcionario ni empleado del Consistorio, sino «el gerente de Planeamiento 2000». «El modelo de ciudad respondía a una voluntad política y lo decidían los políticos en la revisión del PGOU; yo era un simple técnico, eran los políticos quienes daban las licencias», señaló, para indicar después que los convenios se hacían en su departamento, pero jamás la Junta de Andalucía impugnó ninguno.
También se hizo un careo entre dos antiguos socios de Roca en el pelotazo: Pedro Román y Juan Hoffmann, todo ello a cuenta de si el exasesor concretó su aportación inicial en cuatro cheques y 50.000 euros en metálico –como defiende– o fueron sólo tres talones los aportados. Ambos coincidieron en que entregó la cantidad que le correspondía, «hasta la última peseta», pero no se acordaban de los detalles.
«Ha quedado acreditado que mi participación la he pagado con fondos que no tienen ninguna duda, porque precisamente fuimos los imputados los que solicitamos al juzgado que se averiguara el origen de los fondos», apuntó.
Una vez más, la defensa de Juan Hoffmann, ejercida por José Manuel Vázquez, trató de demostrar que Roca no tenía antecedentes penales cuando se hace el convenio, en octubre de 2001; el Jefe volvió a incidir en que se están archivando las diligencias por delitos contra la ordenación del territorio que existían contra él, precisamente porque, como repitió de nuevo, no era su cometido dar permisos de obra.
Hizo hincapié, además, en que a Pedro Román, por indicación del regidor, se le endurecieron las condiciones: debía pagar 240 millones de pesetas a las arcas municipales.
Conocimiento del sumario
En numerosas ocasiones, Roca, que tenía una libreta totalmente llena de anotaciones manuscritas, corrigió a los letrados de la acusación, especialmente al del Ayuntamiento, a quien llegó a decirle: «Letrado, se lo voy a explicar por cuarta vez...», indicándole continuamente: «No se preocupe, yo se lo explico».
Asimismo, Roca reconoció que entre los años 1992 y 2006 tuvo otra actividad distinta a la que desempeñaba en las entidades municipales: «Llevaba mis sociedades personales», pero, agregó, no existían incompatibilidades.
El tasador José Mora, imputado por el Consistorio, reconoció, a preguntas del abogado de Hoffmann, que ya él era concejal de Urbanismo por el PSOE en 1986 y que ese PGOU no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta 2000. «A mí me contrataron después por mi trayectoria, sin ser del Gil. Si yo hubiera visto algo lo habría denunciado», apuntó. Hoy responderá a su defensa.
* La Opinión - 22.112.10
Foto: Juicio malaya - laopinion
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LEVANTE* : La histórica llegada del AVE a Valencia el pasado sábado ha permitido comprobar a vista de pájaro (véase la fotografía facilitada por Adif de este artículo) cómo la estación Joaquín Sorolla, a la que se le ha empezado a caer la etiqueta de provisional, ocupa casi la mitad del ámbito del Parque Central. El mismo elemento (la alta velocidad) que hará posible que el gran jardín de cerca de 300.000 m2 proyectado por el ayuntamiento hace un cuarto de siglo vea la luz se ha convertido en nuevo condicionante en forma de estación provisional.
Con el edificio central con cafeterías y tiendas, el aparcamiento de 650 plazas y los tres andenes de 230 y 410 metros de longitud la estación Joaquín Sorolla, ubicada en la calle San Vicente Mártir, se come la mitad de los terrenos del futuro jardín. Esto es, una de las dos "orejas" del parque Central, según la expresión acuñada por la alcaldesa, Rita Barberá.
La pastilla de terreno ubicada al otro lado de la estación es la única dónde se podría empezar a ejecutar el diseño ganador del cuarto concurso de ideas del Parque Central. No obstante, podría quedar afectada a medio plazo por la necesidad de espacio para las obras de la Estación Central, del túnel pasante, los desvíos ferroviarios y la posible instalación de la tuneladora. Este subámbito está ocupado por antiguas naves ferroviarias protegidas, un aparcamiento de camiones y huertos.
Antes de que la crisis volatilizara toda la planificación de infraestructuras del Ministerio de Fomento, se daba como fecha para la construcción de la nueva estación, con sello de César Portela, el año 2014. Los plazos ahora no están claros ni para la nueva estación, ubicada a espaldas de la histórica y modernista Estación del Norte, ni para el túnel pasante que atravesará la ciudad para conectar con la línea de Valencia-Barcelona.
El soterramiento de las vías permitirá poner en marcha una operación de transformación urbanística sin precedentes en pleno corazón de Valencia. La pregunta es cuándo. La sociedad Parque Central, formada por el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, sostiene que el pulmón verde se hará "en fases".
El planeamiento del Parque Central, aprobado por la Generalitat en 2007, comprende una superficie de 656.000 m2, la mitad destinada a parque. Incluye cuatro torres de 25 alturas en las esquinas, dotaciones y un bulevar (García Lorca) de 80 metros de ancho, el doble que la gran vía Fernando el Católico.
* Levante - 21.12.10
Foto: El AVE deja sin espacio el Parque Central - adif
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ELPAÍS/Cádiz* : Los propietarios de viviendas ilegales de Zahora, Caños de Meca o San Ambrosio, pedanías de Barbate (Cádiz), podrán tener suministro eléctrico normalizado aunque no puedan legalizar todavía sus casas. Es la principal conclusión de una ordenanza que su Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acaba de sacar adelante. Sigue el ejemplo de la localidad sevillana de Marchena (PA-PP), referente para otros municipios con similar problema, que fue el primero en acogerse al artículo 53 del reglamento de disciplina urbanística de la Junta de Andalucía. Este punto permite dotar de algunas licencias a casas consideradas fuera de ordenación. Marchena tiene 18.000 habitantes y 2.000 casas ilegales. Barbate, se mueve en cifras similares. 22.000 habitantes y algo más de un millar de viviendas construidas sin permiso. Ambos consistorios cuentan ya con unas ordenanzas que permiten dar licencia de primera ocupación, requisito básico para poder obtener contratos de servicios básicos como la luz o el agua, a casas que están construidas en zonas no urbanizables.
Ha pasado tanto tiempo desde que fueron levantadas que ya no se les puede aplicar medidas disciplinarias pero el limbo legal en el que se encuentran lleva a sus habitantes a sufrir constantes trastornos. En Barbate, por ejemplo, la compañía eléctrica ha amagado varias veces con cortes de luz para exigir la normalización del servicio y para protestar por los numerosos enganches ilegales.
Los pioneros en buscar una solución fueron los responsables municipales de Marchena. El nuevo reglamento de disciplina urbanística, aprobado en marzo de este año, contempla en su artículo 53 la figura de régimen de fuera de ordenación, en el que se pueden inscribir "los actos de uso de suelo y, en particular, obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y de restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en la ley", que es de cuatro años. Esta norma permite a los ayuntamientos conceder licencias a estas casas para darle el uso pretendido de la edi-ficación, es decir, la habitabilidad. Marchena, y ahora Barbate, han decidido aplicarlo para poner fin a una reclamación vecinal y atender una demanda social. "Hay un conflicto socioeconómico y hay que darle una solución", explica el concejal de Urbanismo de Barbate, Antonio Domínguez. "Esto no quiere decir que permitamos nuevas construcciones. De hecho, aquí marcamos una raya y no consentiremos ni un solo ladrillo más. Tendremos tolerancia cero contra las viviendas ilegales", añade.
La iniciativa impulsada por Marchena ha llamado la atención de otros municipios con idénticos problemas. Es el caso de propietarios de viviendas ilegales en El Puerto de Santa María (Cádiz), que han solicitado a su ayuntamiento, gobernado por el PP, que apruebe una ordenanza similar para que ellos también puedan contar con suministros básicos. El Consistorio portuense se ha negado. Aduce que el artículo 53 sólo se puede aplicar a casos donde el planeamiento urbanístico municipal lo consienta. Y El Puerto mantiene que su plan no permite dar una licencia de primera ocupación a casas construidas en suelo no urbanizable.
Otros municipios han preferido optar por un camino más largo. Chiclana y Vejer, también en la provincia de Cádiz, han preferido regularizar antes las casas para que puedan tener acceso a esos suministros básicos. El proceso, que acaba de iniciarse en ambos casos, conllevará que sean los vecinos los que paguen por contar con servicios básicos, aunque esta medida no ha estado exenta de conflictos. De hecho, algunos dueños de casas ilegales de Chiclana han llegado a crear un partido político para oponerse a este proceso.
* El País - 20.12.10
Foto: Barbate (Cádiz), Caños de Meca - García Cordero (El País)
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