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ELPAÍS/Almería* : Vecinos del municipio almeriense de Roquetas de Mar integrantes del colectivo Manos Limpias por el Urbanismo denunciaron ayer un "pelotazo urbanístico" aprobado por el PP en un pleno municipal celebrado el pasado julio. Este acuerdo permite construir en una rambla contigua a unos terrenos de la empresa Mayfranktour y cuadruplica la edificabilidad del terreno inicial.
El Ayuntamiento también permitirá que el 30% de vivienda protegida correspondiente al sector sea trasladado a varios kilómetros, a un terreno ya consolidado. A cambio, la empresa ofrecerá al Ayuntamiento 21 millones de euros para el nuevo hospital, así como soterrar la rambla.
En los terrenos propiedad de Mayfranktour se construirán, previsiblemente, tres torres con una edificabilidad de 83.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más de lo permitido. Uno de los portavoces de Manos Limpias, Jesús García, desveló "vinculaciones directas" entre esta empresa y otras como Predios del Sureste o Inmaculada Algaida, "relacionadas a su vez con familiares de Gabriel Amat, alcalde del municipio".
Los terrenos de Mayfranktour, de 30.000 metros cuadrados, pasan gracias al convenio a tener una edificabilidad de 1,3 metros cuadrados de techo por metro de superficie en lugar del 0,5. Además, el Ayuntamiento otorga edificabilidad a la rambla contigua.
Los denunciantes también advierten del peligro de cubrir la rambla, según un informe de la Agencia Andaluza del Agua. "Esta rambla se cataloga de riesgo grave porque lleva 497 metros cúbicos de agua por segundo. Los técnicos recomiendan en un informe que no se cierre de ninguna forma", indicaron.
En relación con la cuota que por ley debe ofrecer la parcela para vivienda protegida, Manos Limpias denunció el traslado de las 216 viviendas correspondientes hasta el edificio del mercado de abastos, a varios kilómetros de distancia. "Trasladan las VPO a otra parcela ya consolidada que no tendrá aparcamientos ni zonas verdes para esas nuevas familias y lo convertirán en un gueto", remacharon miembros del colectivo.
El convenio fue aprobado en pleno municipal el pasado julio con los votos favorables del PP. El PSOE se abstuvo e Indapa votó en contra. El delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, Luis Caparrós, ya ha adelantado que desde su departamento no existe "ninguna atadura" en relación al convenio firmado entre Salud y el Consistorio para la construcción del hospital.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, firmaron en junio de 2005 un convenio para la construcción de un hospital de alta resolución que prestará servicio a 100.000 habitantes de la comarca. Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Roquetas se comprometió a realizar los trámites y gestiones necesarios para disponer de unos terrenos que reuniesen las características técnicas "necesarias", y abordar la construcción y equipamiento del centro "según el plan funcional definido".
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 25/09/2007
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
Vecinos de Roquetas denuncian la aprobación de un "pelotazo"
Casas vacías
FRANCISCO J. LAPORTA* : Tras el proyecto de ley de vivienda de la Junta de Andalucía nos llega el programa de medidas de la nueva ministra de Vivienda. La buena noticia es que parece optar por animar el alquiler en lugar de incentivar la depredación constructora. La mala es que se centra obsesivamente en el mecanismo de la subvención. Su presentación ha sido, en efecto, un discurso que sonaba a aquellas viejas letanías de los vendedores ambulantes que ofrecían más y más. Todo un programa de incentivos y subsidios que incluye también alguna medida que afecta a los propietarios de todas esas casas vacías que parece haber en las grandes ciudades. Se pretende con ellas animarlos a que las pongan en venta o arrendamiento. La mentalidad que lo preside es, supongo, la misma que impulsó esas llamadas Sociedades Públicas de Alquiler cuyo objetivo era dinamizar el mercado y sacarlo de esa nueva especie de "manos muertas".
Hay, en efecto, cientos de casas vacías que los propietarios no se animan a alquilar, y con estos incentivos y otras medidas jurídicas varias que se improvisen aquí y allá, se pretende estimularlos a que lo hagan como un modo posible de paliar el problema de fondo. Afortunadamente no se han mencionado ahora cosas como impuestos especiales o expropiaciones dirigidas a amedrentar a los propietarios. Es mucho más un discurso de subsidios y garantías. Pero no voy a detenerme en esos pormenores porque me parecen ser irrelevantes. Lo que pretendo es simplemente recordar a nuestros bienintencionados gobernantes que su política no se centra en algo que es, sin embargo, fundamental, para la vivienda y para otras muchas cosas más, y que, sin embargo, tiende a ignorarse, y a lo que, en todo caso, no se dedican con la misma creatividad, alegría y fervor.
A cualquiera que haya pensado un poco en ello se le ocurre inmediatamente cuál puede ser la causa de que los propietarios de viviendas vacías, incluso aquellos que las han comprado como mera inversión, adopten un comportamiento tan estúpidamente antieconómico como el de tenerlas vacantes e improductivas, cargando además innecesariamente con todos los gastos que su tenencia y cuidado comportan. La causa es que el alquiler es una opción de alto riesgo en un país donde el cumplimiento de los contratos se protege por una organización que funciona lamentablemente. Esa organización es la administración de justicia y por lo que respecta a estos temas es un desastre. Si el arrendatario no paga la renta o destroza la vivienda no le pasa absolutamente nada. Se marcha tranquilamente y aquí paz y después gloria. Nuestra decrépita justicia, arrastrándose lentamente y con no pocas arbitrariedades y goteras, nos devolverá el inmueble tras un juicio verbal de esos "rápidos" que en las artríticas condiciones en que se mueve durará probablemente más de un año. A los perjuicios de no cobrar la renta anterior a la demanda se añaden por sus diligentes señorías los de no cobrarla quizás durante un año más.
No estoy exagerando. No hay más que espigar aleatoriamente en los juicios de desahucio de una gran ciudad, que es donde se da el problema, para cerciorarse de ello. Los términos y plazos que aparecen en la ley son puro papel mojado, porque con la ley en la mano un procedimiento de desahucio por falta de pago debería durar menos de dos meses, y la realidad es que llega fácilmente a un año.
Por si esto fuera poco hemos ideado novedades procesales que parecen calculadas para defraudar la confianza del ciudadano en la justicia. Llevando las garantías hasta extremos decididamente estúpidos, se produce en éstos y otros pleitos la siguiente situación perversa: como es obvio, el inquilino tramposo se marcha de la vivienda sin decir esta boca es mía, y, por supuesto, sin ser tan cándido como para dejar un domicilio para que le notifiquen y persigan. Y entonces empieza el festival de los despropósitos: citación aquí, citación allí, búsqueda en registros públicos, etc., todo se intenta antes de que el pobre demandado quede desamparado por la justicia. El casero, al parecer, no necesita tanto amparo, y ve cómo pasan por delante de él semanas y semanas hasta que el juez, agotados todos los recursos que exige el más esmerado de los garantismos, acaba citando por edictos. En todo este engorro se van fácilmente tres meses. Y por supuesto que no cita para mañana ni pasado. Dada la sobrecarga de trabajo bien puede citar para dentro de cuatro o cinco meses: el juicio verbal rápido sigue así su vertiginoso curso. Al fin se celebra la vista, a la que el demandado, como es obvio, no asiste. Y con ello se llega al fallo.
¿Creen ustedes que ahí acaba todo? Naturalmente que no. Hay que hacer las cosas bien. El demandante no puede ir así como así a un cerrajero y abrir la puerta. Eso sería poco jurídico. Hay que ejecutar la sentencia -lo que resulta ser ahora un nuevo pleito con nuevas minutas de abogado y procurador- y proceder después al lanzamiento. Lo contrario sería tomarse la justicia por su mano. Para empezar hay que publicar la sentencia en un boletín oficial porque no sabemos dónde notificársela al fugado, y aquí surge una nueva y sorprendente invención. No se sabe bien por qué, unos jueces ordenan la publicación de toda la sentencia, otros en cambio sólo del fallo. La diferencia puede ser de algunos cientos de euros que, naturalmente, tiene que pagar el demandante. La justicia, como se ve, es realmente ciega; todo depende del azar: según qué juzgado te toque te sale más caro o más barato el mismo asunto. Además, las páginas del tal boletín no están como para hacer las cosas de hoy para mañana; otro buen mesecito puede pasar hasta que salga publicada. Si se quiere acelerar hay que pagar el doble.
Pero con paciencia y dinerillo la justicia va adelante renqueando. Por fin sale. Ha llegado el ansiado momento del lanzamiento. Pero claro, hay mucho trabajo en todos lados, y no se pueden hacer las cosas tan corriendo. Se señala el lanzamiento, sí, pero se señala para algunos meses más tarde. Sigue el vértigo. En conclusión: como poco, un año entre la demanda y la recuperación del inmueble. Y puede que la cosa no pare ahí, pues cuando llega la comisión a desalojar el piso cabe la posibilidad de que se encuentren pertenencias sensibles que, dado que sólo se ha citado por edictos, no pueden dejarse en la calle o a la custodia de cualquiera, y tienen que trasladarse al depósito municipal; por supuesto, a costa del propietario. O una familia con niños, y entonces las cosas se complican aún más. Doce o catorce meses que no se cobran, mil desperfectos que no se reparan, y muchos euros en trámites kafkianos. He aquí cómo funciona la garantía judicial de los contratos en nuestro Estado de Derecho.
Lo que ponen al descubierto esas políticas novedosas, con sus soluciones autóctonas y milagreras, es, ni más ni menos, que tenemos que prescindir de los jueces porque ya aceptamos tácitamente que es imposible reparar todos los boquetes y averías que tiene la justicia civil entre nosotros.
Por lo que respecta a los alquileres y su eficacia, los procedimientos judiciales no sirven, más bien generan efectos perversos que hay que tratar de corregir a golpe de impuestos o incentivos. El poder ejecutivo avanza una vez más hacia el proscenio para sustituir la desoladora impotencia del sistema judicial. Y así, nos disponemos a improvisar medidas en lugar de hacer lo que han hecho todos los países en los que este problema simplemente no existe: celeridad en los pleitos y un tipo de seguro privado para los propietarios, que aquí, naturalmente, no prospera por la que está cayendo en los tribunales.
Lamento haberme entretenido en minucias de procedimiento y lo que pueden parecer anécdotas forenses, pero sólo he querido expresar con un ejemplo lo que es un problema de Estado del que hemos renunciado ya hasta a hablar. Ese problema es la razón de fondo por la que cientos de propietarios de viviendas prefieren no alquilarlas, exigen avales gravosos o piden rentas excesivas. Y por eso es un escándalo que alguien sugiera, como alguna vez se ha hecho, que les van a cobrar más impuestos por tenerlas vacantes.
Tener una administración de justicia lenta y burocrática, conviene repetirlo una vez más, no es una cuestión de abogados y pleiteantes que no atañe a los demás. Se trata de una condición necesaria para el funcionamiento eficiente del sistema económico en su conjunto. El caso de la vivienda viene a mostrarlo una vez más. Y es crucial para incentivar el alquiler. Ahí es donde deben tomarse las grandes medidas.
* Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
* ELPAIS.com - Opinión - 22/09/2007
Los tribunales suspenden la licencia del mayor complejo urbanístico promovido en Lanzarote
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EP/Canarias* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha accedido a la petición del Cabildo de Lanzarote de aplicar medidas cautelares y ha suspendido la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza a Costa Roja, S.L., para la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en Playa Blanca. La licencia, ahora suspendida, amparaba la construcción de un núcleo de población con más habitantes que Tinajo, la mayor promoción en la historia de Lanzarote y, probablemente, de Canarias, a pesar de que su título consistía en un escueto "Conjunto Residencial".
El Juzgado de lo Contencioso reconoce la pretensión del Cabildo de suspender la mencionada licencia, dado que la misma "autoriza un proyecto que va en contra de los parámetros urbanísticos globales que para dicho suelo se establece en el Plan General, al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, a lo que se suma el hecho de que dicha licencia autoriza un uso distinto al establecido (uso turístico) mientras que el proyecto autorizado lo es para uso residencial, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle". De lo que se deduce que la licencia suspendida violenta el propio Plan General de Yaiza.
La magistrada señala que "aparece, por un lado, el interés del Cabildo Insular de Lanzarote, que representa un interés supralocal o supramunicipal, de establecer una regulación regional del uso del suelo y ordenación del mismo, y del otro lado, está el interés del Ayuntamiento y del titular de la licencia de que se ejecuten las obras por ella autorizada".
En este sentido, la sala reconoce, una vez más y de manera clara y contundente, la capacidad de intervenir del Cabildo en su calidad de responsable de la ordenación insular, posibilidad ésta negada sistemáticamente por la defensa jurídica de los promotores y ayuntamientos infractores, contra los que la primera Corporación ha interpuesto diversos procedimientos judiciales.
En cuanto a los intereses en conflicto, el auto recoge que "frente a la alegación de que debe valorarse igualmente los beneficios de todos los vecinos, los cuales se verán favorecidos por la creación de puestos de trabajo y de riqueza, no se comparte dicha tesis, en el sentido de que la hipotética creación de riqueza deba erigirse en un interés más digno de protección que la legalidad urbanística; y ello porque la riqueza, como patrimonio de una sociedad determinada, no se mide sólo por el número de edificios destinados a vivienda que existan en un municipio, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico".
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, manifestó la enorme satisfacción que le produce el presente auto y destacado la urgencia con que atendió este asunto, una vez ocupó la presidencia insular, dando instrucciones al letrado del Cabildo para que solicitara la suspensión cautelar. A su juicio, "se ha logrado paralizar la construcción de un proyecto delirante, mientras se avanza en el procedimiento contencioso-administrativo, impidiendo que se consolide la transformación del suelo por la vía de los hechos consumados".
La concesión de esta licencia supuso un verdadero escándalo público hace meses, toda vez que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ocultó la misma al Cabildo y a la propia corporación municipal.
* Yahoo Noticias - Europa Press, lunes, 24 de septiembre
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
"La situación urbanística en Cádiz, fuera de control"
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ELPAÍS* : En el apartado referido al urbanismo y la ordenación del territorio, la Fiscalía General del Estado se hacía eco de la "magnífica memoria" presentada por el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez. Según este representante del ministerio público, los ataques a la legalidad urbanística son tantos y tan graves que "no resulta exagerado calificar la situación -que es enormemente preocupante- como de fuera de control". Núñez destaca que "todo sucede sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".
El fiscal subraya el incremento de investigaciones por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos. Estos delitos se concretan en dar informes favorables o conceder licencias de obra contrarias al planeamiento vigente. Según Núñez, el planeamiento urbanístico se está convirtiendo en "un mero instrumento de regularización" de las infracciones ya cometidas.
El fiscal detecta la extensión de una práctica puesta en marcha por el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Se trata de la "torticera utilización del silencio administrativo como instrumento para conceder licencias manifiestamente ilegales".
Núñez cree que el hecho de que no se demuelan las construcciones ilegales "fomenta la convicción de que, una vez finalizada la construcción, se van a poder legalizar las irregularidades en todos los casos". Esta "sensación de impunidad" provoca dos efectos perversos: por un lado, los dueños de viviendas ilegales se han constituido en "grupo de presión" para obtener cambios en los planes urbanísticos que legitimen sus casas. Por otro, la falta de demoliciones produce un "efecto llamada para nuevas construcciones ilícitas".
La "ineficacia de la Administración" hace que muchos delitos no lleguen siquiera a conocimiento de la Fiscalía, lo que está generando "bolsas de impunidad", según Núñez. El fiscal reclama en su informe que los juzgados y tribunales decreten el derribo de las casas contrarias al planeamiento. "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?", se pregunta.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 24/09/2007
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
Los concellos y la Xunta incumplen todos los plazos que dicta la legislación urbanística gallega
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LAVOZDEGALICIA* : A falta de un trimestre para que la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 9/2002 cumpla su primer lustro, ni la Xunta ni la práctica totalidad de los concellos pueden presumir de cumplir con el calendario que se estableció en esa legislación para la puesta en marcha de las principales medidas diseñadas con el objetivo de preservar el paisaje del caos urbanístico. Pese a que todos los procesos están en marcha, con la previsión de que esas herramientas puedan aplicarse a corto o medio plazo, todos los plazos se han rebasado con holgura.
Directrices del territorio
Según la Lei 9/2002, las directrices deberían elaborarse en un año desde su entrada en vigor. Ese plazo finalizó el 1 de enero del 2004, pero el Gobierno anterior las dejó pendientes y Galicia sigue aún sin directrices de ordenación del territorio. La Xunta espera presentarlas y someterlas a aprobación antes de que finalice este año.
Ordenación del litoral
El plan integral para ordenar el desarrollo en la costa tendrá un recorrido paralelo a las directrices del territorio, si bien las expectativas para su aprobación se extienden en este caso al primer semestre del 2008. Si se cumple ese calendario, el plan del litoral comenzaría a aplicarse tres años después del plazo establecido en la Lei 9/2002, que remató en enero del 2005.
Planeamientos
Es la mayor incógnita. El plazo marcado por la ley autonómica finalizó en enero del 2006, pero sólo 17 concellos cuentan con planes adaptados. De ellos, solo dos costeros, A Pobra do Caramiñal y Zas, cuentan con planeamientos listos para recibir la aprobación definitiva.
* La Voz de Galicia - 24/9/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
Noticia relacionada: La ley del litoral provoca la revisión de planes urbanísticos municipales /La Voz de Galicia
