LAPROVINCIA* : El Gobierno central promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en su litoral, por entender que vulnera la Ley de Costas.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer, de acuerdo con el Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la citada ley, normativa que de alguna forma intentaba salvar algunas edificaciones situadas en franjas costeras y que, atendiendo a la legislación estatal, deberían ser derribadas.
En él Archipiélago hay distintos asentamientos que se encuentran en estos supuestos. Algunos ya fueron o están siendo derribados, como los de Cho Vito, en Tenerife, y Los Molinos, en Fuerteventura. Pero otros siguen sometidos a controversia, como Tufia y Ojos de Garza en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote están El Golfo, en el municipio de Yaiza; La Santa, en Tinajo; y Los Ancones y Las Caletas en Teguise. En Fuerteventura se contabilizan los asentamientos de Majanicho y El Jablito, en La Oliva; Jacomar, en Antigua, y el Puertito en Pájara.
Con la decisión ratificada ayer por el Consejo de Ministros, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma sobre la que se propone interponer un recurso por vulnerar la Ley de Costas. Según la información facilitada por el Ejecutivo central, la ley canaria que se va a recurrir ante el Constitucional atribuye a la Administración autonómica el establecimiento unilateral y de forma autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuando ésta debe fijarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Costas y su reglamento, y su deslinde corresponde a la Administración del Estado.
Pero la ley canaria también entra en la cuestión competencial para defender sus posicionamientos. Así, argumenta que la regulación contenida en la legislación estatal de costas pretende sustituir en territorio insular el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de las competencias para ello.
Asimismo, el Estado denuncia que la norma impugnada pretende modificar la Ley de Costas vigente para configurar un nuevo supuesto en los casos en que la Ley y el reglamento de Costas previeron una reducción a veinte metros de la servidumbre de protección. De este modo, la normativa que se recurrirá "olvida" las distinciones que la Ley de Costas y su reglamento realizan según existiese clasificación urbanística o no en los asentamientos que puedan encontrarse en estos supuestos.
Con el recurso anunciado por el Estado se abre un claro frente entre la Administración central y la Comunidad Autónoma canaria, que ahora se judicializa y llega hasta el Tribunal Constitucional.
* La Provincia - 25.07.09
Foto: Derribo de casas ilegales en la playa de Los Molinos, en la isla de Fuerteventura. LP/DLP
Canarias: Madrid lleva al Constitucional la Ley de Ordenación territorial
Acusan al Villarreal de hacer obras sin licencia ni contrato
,+campo+f%C3%BAtbol+El+Madrigal+-+marca.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : La constructora Estructuras, Viviendas y Carreteras (EVC), encargada de las obras de remodelación del estadio de El Madrigal y la ciudad deportiva del Villarreal SAD, presentó al cobro en algunos casos facturas por trabajos no realizados. En otros, cuando los servicios fueron prestados, se hincharon precios, horas de trabajo y materiales.
Y no acaban ahí las presuntas ilegalidades detectadas por la Agencia Tributaria en su inspección al club y a la constructora. Una parte de las obras facturadas no contaba, además, con ninguna cobertura técnica, ni legal que sustentara encargos en los que también se apreció una inflación en las facturas.
"No existe ni licencia de obras, ni proyecto técnico, ni contratos, ni presupuesto", sostiene en una de sus conclusiones el informe de la Agencia Tributaria que ha servido a la Fiscalía de Castelló para ahormar la denuncia por facturación falsa (delito contable, contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil) presentada contra el consejo de administración del Villarreal, con Fernando Roig al frente, y todo un entramado de subcontratas acusado de defraudar al menos 525.440 euros por descuento fraudulento del IVA. El documento de Hacienda, al que ha tenido acceso Levante-EMV que ha alimentado la actuación de tres fiscales destapa "obras de gran envergadura" sin cobertura legal.
Tampoco hubo modificados
"Únicamente [existen] facturas y certificaciones sin firmar", apunta el delegado de la Agencia Tributaria en Castelló, que rubrica el informe. Y va más allá al denunciar que los trabajos que se acometieron en el estadio El Madrigal en 2004 y los de la ciudad deportiva en 2005 carecen hasta de proyecto, por lo que mucho menos podía estar visado.
¿Y los presupuestos de los proyectos técnicos sellados por el Colegio de Arquitectos se corresponden con lo finalmente facturado? Pues tampoco. Con todo, esta desviación entre previsiones y actuación final es un aspecto que entra dentro de lo habitual. Muchísimo más extraño resulta, sin embargo, que, viendo que las unidades presupuestadas "no se corresponden ni en número ni precios a las finalmente facturadas y certificadas" y dado que las "desviaciones" fueron "tan importantes" no existiera ni un "proyecto modificado, ni unas mediciones de obra realmente ejecutada al finalizar la misma". Si raro es -"difícilmente inteligible", dice Hacienda- que no hubiera modificado, no lo es menos que la "certificación final de obra y los libros de órdenes y visitas visados por el Colegio de Arquitectos" no casaran de ninguna forma con la facturación.
Ambos planos "se contradicen", subraya la inspección tributaria, para rematar: "El hecho de adjudicar directamente las obras, no firmar ningún contrato, no presentar los proyectos técnicos o elaborar otros donde las magnitudes de las mediciones y presupuestos no coinciden con la obra realmente ejecutada, no firmar ni una sola de las certificaciones emitidas por EVC para dar conformidad a las partidas (...) sólo es posible para una obra de esta envergadura si existe una relación de total confianza entre el promotor y el constructor, donde el primero, el Villarreal CF, controla directamente las obras y no hace falta siquiera firmar las partidas ejecutadas". Hacienda y la Fiscalía denuncian connivencia para entre el club y las constructoras EVC y Spain Gespro SL para urdir el fraude. Ambas firmas están relacionadas y la segunda era la principal subcontrata de la primera. Lideraba el llamado tercer escalón de la trama.
El juzgado 4 de Vila-real decidirá si imputa a Roig y a otros 25 implicados
De la investigación judicial de esta presunta trama de facturación falsa para defraudar IVA, urdida por el Villarreal SAD "en connivencia con los administradores" de EVC y Spain Gespro S. L., principal subcontratista, se encargará el juzgado de instrucción número 4 de Vila-real, según informó ayer el TSJ valenciano. En ese juzgado se investigará la participación de los once consejeros del club en 2004 y 2005 en ese supuesto entramado, así como la del arquitecto, Juan Antonio Villasante, los responsables de las dos principales firmas implicadas (EVC y Spain Gespro S. L.) y otras personas físicas como Carlos Barrio, Roberto Serrano, Tomás Martínez, Antonio Martínez, Florina Neacsu, Tecu Robert, Lopataru Vasile, Nita Valerica o Guita Florea, a quienes el fiscal pide que se llame también a declarar como imputados. Las facturas falsas cobradas por EVC al club alcanzarían los 3.809.440 de euros, según Hacienda: 187.840 euros en 2004 (facturas por 1.361.840) y otros 337.600 en 2005, correspondiente a 2.447.600 facturados.
* Levante_EMV - FRANCESC ARABÍ - 25.07.09
Foto: Villarreal (Castellón), campo fútbol El Madrigal - marca.com
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo encarga una investigación preliminar sobre las sentencias de derribo
EUROPAPRESS/Santander* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos que confluyen en el problema de las sentencias de derribo. La Comisión de Peticiones ha admitido a trámite la petición que le trasladó la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y para poder continuar con el estudio de la petición ha solicitado esta investigación.
Así se explica en una carta que el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, ha dirigido a la asociación después de que AMA compareciera en la Comisión de Peticiones para pedir soluciones a los afectados y mayor seguridad jurídica.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, dio hoy a conocer esa carta en una rueda de prensa a las puertas del Gobierno de Cantabria en la que presentó la quinta Marcha a Santander, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.
En el escrito, del que la asociación repartió copia a los periodistas, la Comisión de Peticiones señala que los afectados tienen derecho "a su propiedad adquirida legítimamente" y "toda perdida debe ser compensada adecuadamente".
Vilela, al que acompañaban otros miembros de la Junta Directiva de la asociación, que portaban una pancarta con el lema 'Legalización y justicia', subrayó la importancia de esta decisión de la Comisión de Peticiones y recordó algunas de las reivindicaciones que los afectados plantearon ante dicho órgano.
Lo que pide la asociación es que se cree un registro de demandas público, se obligue a los notarios a comunicarlo cuando exista alguna demanda sobre la vivienda que se compra, y que las administraciones informen también sobre la situación legal de las viviendas.
Junto a ello, la asociación reclama que los ciudadanos "no tengan que soportar" las condenas que recaen sobre las administraciones; pide la regularización y legalización cuando sea posible; o en su defecto, la permuta de viviendas "presuntamente ilegales" por otras que cumplan la legalidad vigente. Y en todo caso, solicitan que haya un acuerdo previo con los afectados antes de cualquier actuación que "minusvalore su patrimonio".
Para AMA, a la luz de la resolución del Parlamento Europeo, pero también de la aprobada en 2007 en el Parlamento cántabro y del informe del Defensor del Pueblo del año 2005, todos ellos pidiendo soluciones, esas actuaciones tienen que materializarse "lo antes posible".
En este sentido, Vilela consideró que el Plan de derribos presentado por el Gobierno regional "puede ser una herramienta útil para buscar esas soluciones" y confía en que se pueda "llevar a buen puerto".
QUINTA MARCHA A SANTANDER
En cualquier caso, en lo que sigue insistiendo la asociación es en la necesidad de dar soluciones con la mayor rapidez posible y eso es lo que va a reivindicar en su quinta 'Marcha a Santander'. Según recordó Vilela, el problema dura ya "más de 15 años" y las soluciones "no acaban de aparecer".
La 'Marcha a Santander' partirá del Ayuntamiento de Argoños el 31 de julio, a las nueve de la mañana, para dirigirse hacia Arnuero, donde llegará sobre las diez. Después seguirá hacia la plaza de Galizano, donde habrá una comida campestre, y terminará la primera etapa sobre las seis de la tarde en el polideportivo de Latas, donde se pasará la noche.
El 1 de agosto, sábado, se reanudará la marcha a las nueve de la mañana hasta el embarcadero, donde se cogerán las lanchas hasta Santander. Y una vez en la ciudad, se dirigirán primero a la sede del Parlamento, donde llegarán sobre las 11.30 horas, y después a la sede del Gobierno (sobre las 12.30).
En el Parlamento mantendrán reuniones con representantes de los grupos parlamentarios y esperan que también les pueda recibir el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio; y en el Gobierno explicaron que ya les han confirmado que les atenderá el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón.
En Cantabria, según los datos de AMA, hay 4.000 afectados por las sentencias de derribo y 1.165 familias pueden ver su vivienda demolida. De hecho, ya hay 200 viviendas con autos de inminente derribo. Vilela también resaltó que hay 27 sentencias que "condenan a las administraciones" y cuatro por daños morales, y por ello insiste en que los afectados no paguen las "penas" impuestas a la administración.
* Europa Press - 23.07.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
