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COTIZALIA/Barcelona* : La recalificación de los últimos terrenos agrícolas de la localidad de Hospitalet de Llobregat, lindante con Barcelona, afectará a intereses de potentes empresarios inmobiliarios catalanes. El nombre más conocido que aparece es el de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, pero no es el único ni, mucho menos, el más importante inmobiliariamente hablando. La asociación Els Verds Esquerra Ecologista pidió esta semana al Ayuntamiento la expropiación de los terrenos que tiene Laporta en la zona para preservar la zona agrícola.
El área afectada por el proyecto tiene una extensión de casi 539.000 metros cuadrados, de los que 403.000 pertenecen a Hospitalet de Llobregat y el resto a El Prat. De ellos, 21,6 hectáreas -es decir, 216.000 metros cuadrados- se destinarían a un parque público y el resto se recalificaría para convertirlo en zona de servicios: ahí podría construirse un concesionario de coches de lujo, un hotel de alto standing y siete u ocho edificios de oficinas. Por contra, desaparecería toda la actividad agrícola que hay en la zona y se enterraría para siempre la promesa que había realizado el actual ministro Celestino Corbacho cuando todavía era alcalde de la ciudad: que aquello se convertiría en el Parque Agrícola del Llobregat. Una parte de estos terrenos pertenecen a la compañía Hakerson International, propiedad, entre otros, de Laporta. En ella participan también dos altos cargos del club azulgrana (los vicepresidentes Alfons Godall y Joan Franquesa) y Anna Maria Lloveras, esposa del alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder.
Xavier Arbós, socio de Laporta en su despacho de abogados y también accionista de Hakerson International, desmintió a El Confidencial que esta firma haya realizado ninguna operación especulativa en la zona. “Se están diciendo muchas mentiras, como que hemos comprado los terrenos en el 2004. Pues bien, en realidad, un grupo de diez amigos decidimos comprar los terrenos en el año 1993... ¡hace 16 años! Entonces, todo aquello era campo abierto. No había edificios ni mucho menos se pensaba que se iba a recalificar”.
Arbós subraya también que “nuestra propiedad es ínfima, porque sólo compramos 3 hectáres (30.000 metros cuadrados), como consta en el registro de la propiedad. Además, jamás hemos hablado con el Ayuntamiento sobre la recalificación de los terrenos, puesto que hay otras empresas que tienen más intereses que nosotros y que son los que se han interesado por el tema. Yo mismo, jamás he estado en los terrenos de Hakerson”. El abogado subraya también que “la recalificación no es urbanística, es decir, no se recalifican los terrenos para que pasen a ser urbanizables, sino para un área de servicios, por lo que el impacto económico es mucho menor de lo que quieren dar a entender”.
Asociación de intereses
Sin embargo, las firmas que más intereses tienen en la zona, según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, son Grup Inmobiliari Castmor SL, Luidan SA y Focio SL. La primera fue fundada por Félix Castilla Yáñez y ha llevado a cabo una intensa actividad inmobiliaria en Barcelona, de la mano de David Castilla Mora como consejero delegado. En la capital catalana, dispone de varios edificios, entre ellos uno en la céntrica Gran Via con esquina Aribau, destinado a oficinas, que se encargó de rehabilitar y al que añadió tres plantas subterráneas de parking. Otro se encuentra en Gran Via esquina Roger de Llúria, que vendió posteriormente a Standard Life Investment por 20 millones de euros y que acabó siendo alquilado por la Generalitat de Cataluña.
Castmor gestiona dos edificios de viviendas en pleno Paseo de Gracia, una de las zonas más caras de la capital catalana, así como varios inmuebles con oficinas. La empresa cambió recientemente su sede a este enclave, a un edificio ubicado enfrente de La Pedrera: allí tiene 4.300 metros cuadrados, 17 pisos y tres locales comerciales. En Barcelona, dispone también de un hotel de cuatro estrellas en Gran Via, con 8.940 metros cuadrados de superficie, aunque rehabilitó tres más en Rambla de Catalunya, Aribau y Reina Cristina. También compró un hotel en París. Castmor se creó en 1998, pero la familia propietaria llevaba ya décadas dedicándose al negocio inmobiliario y amasó una considerable fortuna dedicándose a este negocio en la comarca del Maresme, al norte de Barcelona. Lentamente, y sin grandes aspavientos, se ha situado en el sector como un modelo de referencia en construcción y rehabilitación de alto standing.
Por su parte, Luidan está presidida por Antonio Benosa Baeza, un empresario vinculado a Valentín Bascuñana, ex presidente de Filo y accionista de Aisa, dos de las inmobiliarias estrella de las últimas décadas y ambas envueltas en polémicas. Luidan tiene como consejeros a Benosa, Huibert a Bish y José Colls Alsius. Este último es un abogado con importantes contactos en el mundo de la automoción, ya que forma parte del consejo de varias de las firmas punteras catalanas, como Talleres Autolica, representante de Mercedes Benz; Leonauto, concesionario oficial de Peugeot en España; o Infiauto. Las tres compañías de automoción pertenecen a Quadis, la mayor red de concesionarios de España y una de las mayores de Europa. Por ello, según indican algunas fuentes, ya hay marcas de lujo interesadas en instalarse en la zona agrícola de Hospitalet. Pero los múltiples intereses de Colls pasan también, por ejemplo, por la presidencia de Italco, que tiene la representatividad de Ermenegildo Zegna en España, y de Ezeti, vinculada también a la firma italiana.
Castmor y Luidan compraron a medias gran parte de los terrenos afectados por el plan de recalificación. Ambas, según la documentación del proyecto, tienen alrededor de 250.000 metros cuadrados en Hospitalet y 135.000 metros cuadrados en El Prat de Llobregat -la totalidad de los terrenos afectados de este municipio-. Focio, por su parte, está administrada por Carmen Santillán Algaba.
Las asociaciones de vecinos de la zona, partidos políticos y organizaciones ecologistas, sin embargo, han puesto el punto de mira en la empresa de Laporta, conscientes de que su nombre es mucho más goloso que el del resto de empresarios que intervienen en la operación. El pasado viernes, las asociaciones que crearon la Plataforma Salvem Can Trabal y que se opone al proyecto del Ayuntamiento, celebraron una reunión para valorar la manifestación convocada a finales de mayo y preparar acciones en el caso de que el consistorio decida, finalmente, dar luz verde a la recalificación.
Firmas de protesta
De momento, ya han suscrito un comunicado rechazando el proyecto. En una campaña realizada a través de Facebook, ya han recogido más de 2.100 firmas, entre las que se encuentran las de los diputados de ERC Anna Simó (portavoz republicana en el Parlamento autonómico), Uriel Bertran, Pere Aragonès y Patrícia Gomà. Curiosamente, entre los firmantes se encuentra Alfonso Salmerón, reponsable de Medio ambiente del Ayuntamiento de Hospitalet y concejal por ICV. Otros firmantes del manifiesto son el portavoz republicano en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella; el director de la Agencia Catalana para el Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, David Minoves; el secretario general de las juventudes de ERC, Gerard Coca; el músico Gerard Quintana, ex líder de Sopa de Cabra; el director de cine Joan Cruz,; el diputado en el Congreso Joan Tardà; el senador de ICV-IU Joan Josep Nuet; o el entrenador de baloncesto Manel Comas.
Durante las próximas semanas, según declaró a El Confidencial el portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista, Antoni García, los opositores al proyecto harán visitas guiadas a la zona. “Y estaremos atentos a lo que diga el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, cuyo informe es preceptivo. Si da luz verde, pasaremos a las movilizaciones. De momento, ya hemos previsto un calendario de actuaciones para finales de verano, comenzando por las fiestas del barrio de Bellvitge, que es donde se ubican los terrenos, y que son la primera semana de septiembre”, añade García. Esta organización ha pedido esta semana al Ayuntamiento de Hospitalet que expropie los terrenos propiedad de Hakerson International. El motivo es que en ellos se encuentra la masía Cal Masover Nou, una construcción barroca del siglo XVIII que se encuentra en ruinas.”Las otras dos masías que se ven afectadas por el proyecto están en buen estado e incluso están ocupadas por agricultores de la zona”, explica el dirigente ecologista.
Els Verds también había denunciado ante la consejería de Cultura de la Generalitat la degradación de la construcción de Laporta, que está catalogada. “Hemos pedido que actúe para que no se acabe de hundir. Lo que tendría que hacer la administración es, por lo menos, rehabilitarla y luego pasar la factura a los propietarios, que es el procedimiento que se suele seguir en estos casos”, dice García. Varias plataformas ciudadanas han comenzado también contactos para realizar actuaciones conjuntas en el futuro, ya que en la comarca del Baix Llobregat hay diversos conflictos similares: uno de ellos afecta a Gavà, donde se quiere urbanizar una zona en una reserva natural; otro, en Viladecans, donde el FC Barcelona quiere construir un complejo deportivo en zona verde; y otro, en Esplugues, donde se pretende urbanizar otra zona verde lindante con el Tibidabo.
* Cotizalia - Antonio Fernández - 08/06/2009
Foto: cotizalia.com
Potentes empresarios inmobiliarios participan en el “pelotazo” de Hospitalet de Llobregat
El transporte público, lejos para 600.000 madrileños que no tienen un buen servicio
20MINUTOS* : Hay vecinos que tardan hasta 30 minutos en llegar a una parada. La sierra norte y las nuevas urbanizaciones,los que más lo padecen. Ana y Juan viven en Moralzarzal (11.318 habitantes) y acuden a Madrid en tren, pero para llegar a la estación de Villalba necesitan usar su coche. En el pueblo hay bus interurbano, pero la parada les pilla "a diez minutos de casa andando deprisa".
Algo similar les ocurre a los vecinos de Robregordo (62 personas), donde sólo una línea "con poca frecuencia" conecta el municipio con la capital. Ellos son algunos de los 600.000 madrileños (el 10%) que carecen de un adecuado servicio y que pueden tardar hasta 30 minutos en alcanzar una parada de transporte público, según explican desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Pero no sólo son las zonas pequeñas o los municipios de la sierra norte los que padecen estos problemas. "Las zonas urbanizables de Madrid se han incrementado un 49,2%, sobre todo en el anillo de la M-40 y la M-50, y esta población no tiene acceso al transporte público", explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
Según dice, esto afecta especialmente a las "decenas de urbanizaciones que han crecido estos años en torno al anillo metropolitano, como Las Tablas o Sanchinarro". En una de ellas vive Jorge, un ingeniero de 38 años que confirma que su zona "está mal comunicada y todos nos movemos en coche".
A 600 metros de casa
Pero la Consejería de Transportes rebaja considerablemente el número de madrileños que no tienen transporte público cerca de casa. Según la última Encuesta de movilidad de la Comunidad de Madrid (de 2006), sólo un 2% de la población (120.000 madrileños) carece de una parada de transporte público (metro, bus o Cercanías) a menos de 600 metros de su domicilio.
Proponen una especie de taxis colectivos para cubrir las necesidades de movilidad
El resto, es decir, el 98% de la población, sí dispone de una parada a menos de esa distancia, y el tiempo necesario para llegar a ella no supera los diez minutos, aplicando la regla que establece que andamos un metro por segundo, aseguran desde la Consejería.
No obstante, los datos municipales del primer Informe del estado de la movilidad en la ciudad de Madrid 2006-2008 (fechado en febrero de 2009) parecen confirmar que hasta los madrileños de la capital tienen problemas para moverse en transporte público.
Según la encuesta de consumo, realizada entre abril y noviembre de 2008 a 3.516 personas, el 12,5% reconoció no disponer de transporte público en su zona, y un 10,6%, tener a "excesiva distancia las paradas o estaciones".
Desde el Foro de Movilidad Sostenible aseguran que el mayor problema "lo tienen los núcleos pequeños de la región" y proponen una especie de "taxis colectivos" para cubrir las necesidades de movilidad de estas zonas.
En primera persona
Mariela Sánchez 36 años, vecina: "Uso el coche para todo". Desde hace seis años reside en la urbanización Club de Campo, en la carretera de Burgos, y está acostumbrada a "usar el coche para todo" porque "con niños no puedo depender de un bus tan alejado y poco frecuente", asegura. En casa, ni ella ni su marido utilizan el transporte público, que queda fuera del recinto residencial. De hecho, a diario aprovecha su viaje a la calle Padre Damián de Madrid (donde trabaja) para dejar a su hijo de cuatro años "en el colegio". Por sus empleadas sabe que, además, el interurbano "es muy caro".
Verónica Bonilla 33 años, trabajadora: "Tengo 20 minutos hasta la casa". Su viaje empieza cada mañana en San Agustín de Guadalix (donde vive) para terminar en la urbanización Ciudalcampo (en la A1, donde trabaja). Cuando baja del autobús 193 sabe que aún le espera un buen trecho para llegar a su destino. "Tengo 20 minutos hasta llegar a la casa y siempre voy andando", explica. Dentro de la zona residencial hay una ruta, pero... "suelo perderla porque el autobús no es puntual y coge muchos atascos", cuenta resignada. A la vuelta, "si pierdo el interurbano, tengo media hora hasta que vuelva a pasar", dice.
* 20 Minutos - S. GOZALO. 08.06.2009
Foto: Mariela Sánchez, vecina de la urbanización Club de Campo, dice que está acostumbrada a "usar el coche para todo". - JORGE PARÍS, 20minutos.es
Marbella tardará 20 años en ver revisadas las licencias ilegales
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella es ya un ejemplo de legalidad para el Consejo Consultivo de Andalucía, el máximo órgano de consulta jurídica para las administraciones públicas de la comunidad autónoma. No todos opinan lo mismo. El grupo Ecologistas en Acción calcula que la ciudad quizá lo sea dentro de más de 20 años, fecha para la que se habrán revisado los 994 expedientes de obras ilegales autorizadas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL)...
El Consejo resolvió 771 asuntos de diversa índole de los 808 planteados por instituciones en 2008, tal y como figura en su memoria anual. Es decir, dos al día. De todos ellos, 65 pertenecían a materia urbanística, "el 8,4% del total que le quedan por revisar tan solo a una localidad andaluza, Marbella", indicó.
Espacio. Este ritmo le preocupa al grupo ecologista. Con esta gestión, "solo hay espacio para la preocupación de los ciudadanos normales y la tranquilidad de los corruptos", indicó el portavoz de este colectivo en la localidad costera, Rafael Ávila. Aunque no son simplemente los datos los que considera alarmantes.
Las afirmaciones del presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Buesa, suponen un auténtico "balón de oxígeno" para todas aquellas personas que estén imputadas por un delito urbanístico, añadió.
Cano Buesa celebró la pasada semana con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de testigo el "retorno" a la legalidad de Marbella y Estepona, ciudades que han protagonizado los casos de corrupción mas escandalosos de España e incluso de Europa.
Para ello, se basó en la importancia de la revisión de las licencias concedidas por los gobiernos que permanecen aún bajo sospecha y pendientes de juicio. "Si van contra la Ley, estos permisos son nulos de pleno derecho", afirmó. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el Ayuntamiento marbellí se ha limitado a trasladar al órgano jurídico que preside tan solo un centenar de expedientes en dos años. "Su mayor parte en nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", concretó Ávila.
No obstante, éstas no son las declaraciones mas "sorprendentes", de acuerdo con los ecologistas. El titular del Consejo Consultivo de Andalucía llegó a considerar que el buen y regular funcionamiento de las administraciones públicas es mucho mas un problema de conocimiento que de mala fe. Una afirmación realizada en el año en que mas alcaldes, concejales y técnicos presuntamente corruptos han sido investigados y puestos a disposición de la justicia. "Cuanto menos es un ejemplo de peligrosa ingenuidad", advirtió el portavoz de la asociación de defensa de la naturaleza.
Nada que ver con la actitud de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que manifestó su alegría por las declaraciones de Cano Buesa. "Son un aliciente y orgullo para seguir en la misma dirección de trabajo", declaró.
Una dirección que, para Ecologistas en Acción, va camino de legalizar 30.000 viviendas sin buscar culpables y ponerle un sencillo punto y final a los peores 15 años de la historia de la ciudad de la excelencia turística y la escasez de equipamientos públicos.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 8.06.09
Foto: Símbolo. El arco de Marbella, puro hormigón para dar la bienvenida a la ciudad. P. S., laopiniondemalaga.es
La OCU denuncia que las 'cláusulas suelo' de las hipotecas se aplican sólo a la baja
ELMUNDO* : La organización de consumidores y usuarios (OCU) ha denunciado que las denominadas 'cláusulas suelo' que las entidades incluyen en los contratos de las hipotecas se aplican, en su mayoría, sólo cuando el Euribor baja limitando su impacto, y no cuando sube, por lo que la medida es "abusiva" y "asimétrica".
La OCU señala que, con las recientes bajadas de tipos de interés y del Euribor, esta 'cláusula' se está convirtiendo en una práctica habitual, y las entidades tras aplicar el diferencial al índice de referencia obtienen un tipo de interés más bajo que el fijado en el contrato como tope, sin embargo, aplican el tope e impiden al cliente beneficiarse de las bajadas adicionales del índice.
Según la OCU, para que este tipo de cláusulas resulten equitativas el límite debería ser simétrico tanto al alza como a la baja, y esto no ocurre en la mayoría de los contratos, por lo que las cláusulas podrían ser consideradas "abusivas".
Por esta razón, la OCU recomienda a los consumidores que acudan a su entidad para intentar negociar la no aplicación de la cláusula y les recuerda que si la entidad se niega y el perjuicio que sufre es elevado porque el tope de bajada sea muy alto, puede cambiar el préstamo a otra entidad, realizando una subrogación en la que se elimine dicha cláusula.
La organización subraya que el ahorro que puede lograr el consumidor si actúa de este modo es muy elevado, ya que con un préstamo de 150.000 euros, a plazo de 20 años, revisable con Euribor (1,664% en junio) más 0,5%, pero con un límite a la baja del 3,5% paga una cuota de 870 euros mensuales, pero sin límite la cuota baja hasta los 769 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros al mes y más de 1.200 en un año.
Además, advierte al consumidor que tenga en cuenta que si en algún momento un tribunal declarara que esa cláusula es abusiva, podría solicitar la devolución de los intereses cobrados excesivamente por su aplicación.
Más supresiones fiscales
Por otro lado, la organización se ha referido al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (un gravamen que se aplica a los actos formalizados en documentos públicos, inscribibles y con cuantía económica como las compraventas de viviendas y las hipotecas), sobre el que ha solicitado su supresión en todos los casos, y no sólo cuando se modifique una hipoteca. La OCU contestaba así al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que procederá a una nueva reducción de impuestos al eliminar los gastos fiscales para modificar hipotecas.
La portavoz de la asociación, Ileana Izverniceanu, ha abogado por suprimir estos gastos fiscales "no sólo en casos de ampliación y renovación, sino también en los de constitución". A su juicio, estos impuestos son "un estorbo para la activación de la compraventa de viviendas" y "sobran".
Finalmente, la OCU considera que, por muchos impuestos que se quiten, la economía estará "de capa caída" mientras los bancos no den crédito. "De nada sirve que se eliminen impuestos si no se puede acceder a la financiación", concluyó.
* EL Mundo - AGENCIAS - 5.06.09
Foto: casa-euro - eleconomista.es
