PÚBLICO/Palma* : Los fiscales anticorrupción pedirán mañana medidas cautelares para el ex presidente de Baleares Jaume Matas y su cuñado Fernando Areal por delitos de corrupción, según fuentes jurídicas. Los fiscales no pedirán medidas cautelares para la esposa de Matas, Maite Areal, y su amigo y supuesto testaferro Barlomeu Reus, también imputados en el caso. La declaración del ex presidente de Baleares ha concluido esta medianoche después de más de quince horas de comparecencia.
Cercado por las demoledoras escuchas policiales destapadas el martes por el juez José Castro, Jaume Matas se aferró hasta el final a que la responsabilidad sobre el dispendio del velódromo Palma Arena fue de otros.
Exactamente, de su ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, a quien el ex presidente del archipiélago definió ayer ante el juez, con rotundidad autoexculpatoria, como un "ministro" plenipotenciario que hizo y deshizo y, por supuesto, disparó los costes del velódromo desde los 41 millones presupuestados hasta los 110 que finalmente desembolsó el Ejecutivo. Según medios de la isla, Ballester padece una grave enfermedad.
La prolija investigación desarrollada, primero, por los fiscales anticorrupción de Baleares y, luego, por el juez José Castro, ha puesto a Matas contra la pared. Sobre la mesa, la acusación que pesa sobre Matas de haberse lucrado utilizando dos fuentes de captación de sobornos: Pepote Ballester y la agencia Nimbus, que organizó la campaña electoral del PP balear en 2007.
A Matas se le preguntó por el "trato de favor" que el Gobierno balear habría otorgado a Nimbus durante su segundo mandato, en el cuatrienio 2003-2007. El ex presidente negó la mayor: no hubo trato de favor, enfatizó. Por negar, negó incluso la menor relación con el contrato a dedo de los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que cobraron ocho millones de euros por el proyecto del Palma Arena sin que mediara adjudicación por concurso.
El abogado de un imputado de segunda fila (hay más de 30 en el caso) contó luego a este periódico que él mismo había visto a Matas "a pie de obra" en compañía de los García Ruiz.
Matas llevaba 16 horas declarando ante el juez. Fuentes jurídicas aseguran que el antaño todopoderoso presidente balear intentó demorar todo lo que pudo el momento en que debían comenzar las preguntas más aciagas: las relativas a su patrimonio. Y, dentro de ese capítulo, las preguntas más difíciles son las vinculadas con la compra y reforma, en 2004, del palacete de Palma, por el que Matas asegura haber pagado sólo un millón de euros, casi un tercio de lo que, según Hacienda, costaba realmente.
La Policía, y así lo ha publicado la prensa local, cree que Matas gastó en cinco años entre 2002 y 2007 cuatro millones de euros. La sesión de la mañana, que había comenzado con la exigencia de un cambio de sala so pretexto de que en la habitual podía haber micrófonos, se convirtió "en un frontón", en expresión literal de un abogado de las defensas: el juez leía las declaraciones de testigos y de la treintena de imputados, formulaba las preguntas y estas rebotaban contra el muro de Matas.
En un momento dado, llegó a afirmar que era "imposible" que en la construcción del Palma Arena se hubieran quebrado los mecanismos de control administrativo. En realidad, se quebraron estrepitosamente, como lo demuestra la elección a dedo de los arquitectos García Ruiz. De hecho, fue una auditoría del nuevo Gobierno socialista balear la que destapó el caso y puso en marcha los mecanismos de la investigación judicial.
Ayer, la publicación por el Diario de Mallorca de nuevos fragmentos de la transcripción de las escuchas esclareció aún más que el desorbitado incremento patrimonial constituye el talón de Aquiles de Matas, cuya esposa se negó el miércoles directamente a declarar.
En una de esas grabaciones, captada el 12 de diciembre de 2009, la esposa de Matas corrige al abogado Perera cuando este, de modo automático, habla del piso de lujo que la familia posee en el madrileño barrio de Salamanca. Perera dice: "Que el piso tuyo", y Maite Areal responde así: "De Reus, no mío, Rafael, nos tendremos que ir acostumbrando". Es decir, y eso se desprende de la conversación, todos tendrían que acostumbrarse a sostener públicamente que el piso pertenece no a los Matas sino a Bartomeu Reus, presunto testaferro del ex presidente balear y a cuyo nombre se escrituró esa vivienda.
Otro de los pinchazos, este realizado el 21 de marzo, dos días antes de la fecha fijada desde noviembre para la comparecencia de Matas como imputado, apunta al núcleo duro de la cuestión: Matas y su abogado Rafael Perera hablan sobre el informe económico redactado por el primero de ellos para intentar justificar su vertiginoso tren de vida. Ambos comentan un problema de última hora: el perito que iba a firmar el informe se resiste a hacerlo. Y Perera empuja a Matas para que convenza al perito de rubricar el documento. ¿Por qué? Porque ese informe "es el tema rey".
Nadie a quien culpar
En efecto, si en lo concerniente al Palma Arena Matas puede echar balones fuera culpando a sus subordinados, en el caso del palacete, el piso de Madrid y una tercera vivienda a nombre de la madre del imputado no hay nadie a quien culpar. Los ingresos de Matas como cargo público nunca excedieron de 100.000 euros al año, en números redondos.
Decidido a terminar anoche el interrogatorio de Matas e, incluso, a fijar las medidas cautelares, el caso entra ahora en una fase de consecuencias todavía imprevisibles. Fuentes cercanas al caso admitieron que sería "chocante" que el juez fijara para Matas una fianza inferior a la que ya pesa sobre otros imputados. Por ejemplo, la fianza penal (para evadir la prisión), más alta impuesta en este caso hasta ahora es la de 250.000 euros que abonó el periodista Antonio Alemany, al que se retiró el pasaporte. Pero, la fianza civil (para cubrir responsabilidades económicas) más elevada es la de un millón impuesta a los arquitectos García Ruiz. En el caso de Matas, la gran incógnita reside en el pasaporte: si se le retira, no podrá volver a EEUU, donde trabaja. El ex presidente y ex ministro de Aznar ha contratado también al letrado Manuel Ollé, experto en derecho internacional.
* Público - 26.03.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
La fiscalía pedirá medidas cautelares para Matas por corrupción
Las Asociaciones de Vecinos piden al Ayuntamiento de Valencia un uso público del circuito urbano
EUROPAPRESS* : Las Asociaciones de Vecinos del Litoral de Valencia están a la espera de mantener una reunión con el Ayuntamiento de la ciudad en la que pretenden obtener un "compromiso" del consistorio para que el circuito urbano de Fórmula 1 tenga un uso público. Asimismo, desean la puesta en marcha de medidas que logren "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno.
Las agrupaciones de vecinos Amics de la Malva, Cabanyal, Grau-Port, Natzaret y Pinedo, en la reunión de la Comisión del Litoral del pasado 27 de enero, pidieron a dos representantes de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que solicitara una reunión con el consistorio, explicaron en un comunicado.
Sin embargo, las Asociaciones de Vecinos del Litoral lamentaron que, a tres meses de la tercera edición de la Fórmula 1 en Valencia, que se celebrará del 25 al 27 de junio de 2010, siguen "a la espera" de tener una reunión con el Ayuntamiento de Valencia para.
En este encuentro, los vecinos pretenden obtener un "compromiso de uso público" del circuito urbano-portuario de Fórmula 1. Al respecto, criticaron que el circuito "sólo esta abierto en la zona portuaria y sigue cerrado y abandonado en la parte de competencia municipal del Grau".
Además, destacaron que "se ha convertido en una nueva barrera urbanística que separa aún más a los barrios situados a ambos lados del viejo cauce". Por ello, reivindican la apertura de la pasarela peatonal conectada con un itinerario para comunicar el Grau y Cantarranas con Moreras y Natzaret.
Por otro lado, las asociaciones vecinales persiguen la puesta en marcha de medidas que permitan "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno. Entre estos "impactos", citaron los ruidos, la contaminación atmosférica, el aislamiento de barrios y los desvíos de tráfico.
Además, señalaron el "grave riesgo de colapso circulatorio" que se produce al coincidir los preparativos del evento y los cortes de calles y accesos con la tradicional presencia de "cientos de miles" de personas en el litoral en la Nit de Sant Joan, que se celebra el 23 de Junio.
* Europa Press - 25.03.10
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
La Muela pide la dimisión de su alcaldesa, imputada por once delitos
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ABC/Zaragoza* : Ha pasado un año desde que se destapara la «Operación Molinos», una presunta trama de corrupción urbanística que salpicó a la localidad zaragozana de La Muela. En el caso hay 36 imputados, entre ellos la alcaldesa del municipio, Maria Victoria Pinilla, y dos de sus concejales. A la primera se le imputan once delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses, sin embargo sigue estando al frente de la Alcaldía.
En un encuentro informal con los medios de comunicación, aseguró que «si tuviera alguna duda de haber hecho una gamberrada por mis hijos y mi pueblo me hubiera retirado, pero hoy por hoy soy inocente».No ve razones para dimitir y por eso piensa seguir al frente de la Alcaldía.
Su decisión tiene dividido al pueblo. Cientos de vecinos de la localidad se han vuelto a echar a la calle para exigir su dimisión, piden que abandone su puesto y sea una gestora la que se encargue de dirigir el Ayuntamiento hasta que se convoquen elecciones. No es la primera vez que sus propios vecinos piden su dimisión. De hecho, el pasado mes de agosto, los vecinos entregaron en el Registro General del Gobierno de Aragón más de 9.000 firmas en favor de la disolución del Ayuntamiento.
Un pueblo dividido
Sin embargo, Pinilla dice sentirse arropada. Hay otros muchos que la apoyan. Y es que desde que saliera a la luz la presunta trama de corrupción en el pueblo se han creado dos bandos: por un lado los detractores de Pinilla, que no cesan en su intento de que abandone su sillón al frente de la Alcaldía; por otro sus defensores, familiares y amigos que, a pesar de los once delitos que se le imputan siguen defendiendo su gestión al frente del Ayuntamiento.
El ambiente es cortante, está enrarecido y las diferencias parecen casi insalvables. Cada uno de los actos públicos que celebra el municipio se convierten en la excusa para que unos y otros midan sus fuerzas. Los plenos son un ejemplo de ello. En el último, celebrado la semana pasada, los aplausos y abucheos fueron una constante tras las intervenciones de la alcaldesa.
Por eso, son muchos los ciudadanos que piensan que esta situación se acabaría con la salida de Pinilla del Ayuntamiento. Hace un año, esta localidad se vio invadida por medios de comunicación y decenas de agentes de la Guardia Civil. En apenas unas horas este pequeño municipio zaragozano saltó a primera línea de la actualidad y durante varios días copó gran parte del interés mediático. El caso salpicó a empresarios y miembros del Ayuntamiento. La investigación judicial continúa en su fase de instrucción y, tras un año de indagaciones, el juez que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, ha acumulado casi 50.000 folios.
Pinilla defiende su gestión
«Hace23 años en La Muela había una iglesia medio caída, un frontón en ruinas y las casas de los vecinos». Hoy en día hay cinco colegios, infraestructuras culturales, deportivas y equipamientos sociales, todo ello fruto del esfuerzo, explicó la alcaldesa. En «Zaragón —forma irónica con la que Pinilla se refiere a Zaragoza y a Aragón— molesta que alguien trabaje y se deje en evidencia a otros políticos».
De ahí que asegurara que su situación actual se debe a una «persecución política» para acabar con su carrera. Según ella, el día en el que una encuesta la situó como posible cabeza de lista del PAR en Zaragoza fue consciente de que «iban a ir por mí». Por eso, «esperaba de alguna manera» el momento de su detención. «Había metralletas apuntando a La Muela», concluyó.
* ABC - 25.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Cangas otorgó 69 licencias de actividad a locales comerciales en situación ilegal en el último año
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FARODEVIGO* : Las inspecciones del Concello de Cangas han conseguido regularizar en el último año la situación de 69 locales con actividad comercial que presentaban algún tipo de anomalía, como carecer de certificado final de obra, licencia de apertura, de actividad o, en varios casos, tener orden de cierre por incumplir los requisitos. En el listado hay desde oficinas bancarias hasta floristerías, pasando por tiendas de muebles, salones de belleza, comercios de ropa, librerías, despachos de pan, farmacias, fruterías, bares, panaderías, estancos, ferreterías, video-clubes, carnicerías, gabinetes psicológicos o apartamentos turísticos, entre otros.
Los controles municipales han logrado poner al día la situación, que en algunos casos acumulaba irregularidades desde hace casi una década, ya que hay expedientes abiertos desde 2002. Tres son de ese año; cuatro, de 2004; 11 de 2005; 13 de 2006; ocho de 2007, cuatro de 2008 y uno de 2009, a los que hay que sumar los tramitados en lo que va de 2010.
La inspección incluyó 215 establecimientos, y en uno de cada cuatro la situación no estaba en regla. El Concello optó por comunicar la situación a los propietarios y darles un plazo para subsanar las deficiencias, que se produjo en la gran mayoría de los casos, lo que evitó que se aplicaran sanciones económicas y el precinto de locales en los casos más graves. Desde la alcaldía, que asumió hace meses todas las competencias en materia de Urbanismo, se insiste en que la finalidad de las actuaciones no es recaudatoria, que, en general, ha habido colaboración de los propietarios para poner al día la documentación y que ese paso les servirá también para acceder a diferentes líneas de ayudas y subvenciones de la Administración, de las que hasta ahora quedaban excluidos por estar en situación irregular.
Además de la campaña para que los establecimientos comerciales se pongan al día, desde el Concello se ha actuado también en la inspección de locales nocturnos con el fin de obligarlos a instalar limitadores de sonido. La medida se amplió a otros establecimientos hosteleros, aunque son los primeros los que acumulan más irregularidades. Desde octubre son nueve los locales con limitadores de sonido precintado: Clip, Templo, Electra, Belle Epoque, Fotogramas, Calle Baja, Boxes, Rocasoula y Cangaceiro. Cuatro siguen pendientes: Ambigú, Lúpulo, Oasis y Square. En algunos casos, el plazo para presentar alegaciones aún no finalizó. También se precintaron dos establecimientos nocturnos por incumplir la legalidad.
"Desde hai anos, moitos veciños presentan denuncias polos ruidos que padecen nos edificios; sobre todo nos pisos que están enriba dese tipo de locais", explica la alcaldesa, e incide en que la normativa limita a 80 decibelios el ruido máximo permitido. "Houbo que poñer precintos porque, con moita frecuencia, os responsables dos locais subían ou baixaban o volume para esquivar as inspeccións da Policía Local". Con los limitadores precintados se evita que éstos puedan ser manipulados sin que lo perciban los inspectores municipales.
Otra de las cuestiones que se está certificando es que la actividad realizada coincida con la licencia concedida. La irregularidad que más se repite es ofrecer música en locales registrados como cafetería, donde sólo se permite la señal de televisión. El Concello ya ha actuado contra los dueños de algunos en los que se han producido denuncias reiteradas. Es el caso de un local de la Avenida de Marín donde el ruido de los billares y futbolines molestaba a los vecinos, que pidieron la intervención municipal para solucionarlo. Los plazos concedidos se agotaron y el Concello precintó el establecimiento hasta que se retiraron las fuentes de ruido.
* Faro de Vigo - 26.03.10
Foto: Cangas(Pontevedra)- farodevigo.es
Cercle Obert de Benicalap denuncia al Ayuntamiento de Rita Barberá y al Valencia club de fútbol
KAOSENLARED* : Cercle Obert de Benicalap EXPONE: Que el concejal de Grandes Proyectos Sr. Grau ha manifestado reiteradamente a los medios de comunicación, que los retrasos en la transferencia de los solares que debe recibir el Ayuntamiento de la empresa privada Valencia club de fútbol, se deben a problemas en la inscripción de las escrituras en el Registro, dado que al parecer la propiedad de algunos de estos solares (la mayoría correspondientes a zonas de huerta, donde existen alquerías, algunas de ellas protegidas e inventariadas) no estaba debidamente acreditada con documentos.
Por tanto, nuestra entidad quiere destacar que se está incumpliendo de forma manifiesta el artículo 113 del Reglamento de Bienes de los Entes Locales que obliga a que “Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese”
¿Cómo se ha aprobado la permuta de unos bienes inmuebles entre el Ayuntamiento y el Valencia club de fútbol si parte de estos últimos no constaban inscritos a favor del citado Club?
La Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de Julio 2007 aprobó la permuta del solar de la Avenida de las Cortes, con las fincas que el Valencia club de fútbol había propuesto (por valor del 61,5% del valor total de la parcela municipal), más la cantidad de algo más de 17 millones de euros hasta completar el precio total de la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch.
Nuestra entidad quiere saber si ya se ha ingresado ya la citada cantidad económica a favor del Ayuntamiento?
También queremos saber si se ha concedido un aplazamiento o fraccionamiento del pago de dicha cantidad?
Cercle Obert de Benicalap, ante los años transcurridos y la falta de transparencia en todo el proceso de permuta suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y la empresa privada Valencia club de fútbol, quiere formular las siguientes preguntas a las autoridades locales, dado que la corporación local no vela ni le interesa atender las necesidades de los ciudadanos que habitan en la ciudad de Valencia
¿Se ha solicitado su afianzamiento y/o exigido intereses? Si no se ha ingresado dicha cantidad (17 millones de euros) ni se han entregado todos los solares ¿se ha formalizado la escritura de permuta? ¿Debe entenderse que la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch es todavía propiedad del Ayuntamiento de Valencia? ¿Cuál es la situación registral actual de dicha parcela? ¿Se ha segregado la porción a permutar?
Y si la aprobación de la permuta era preceptiva para obtener la licencia de obras ¿por qué se ha concedido la misma si el terreno es todavía municipal?
Si la empresa privada Valencia club de fútbol no va a proceder a la entrega de los terrenos ni al ingreso de los 17 millones que adeuda desde hace ya 5 años a la corporación local, ¿por qué el Ayuntamiento de Valencia, en vista del tiempo transcurrido, no denuncia ese incumplimiento por la vía judicial?
Desde Cercle Obert de Benicalap, consideramos que han pasado muchos años desde que la empresa privada Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia, tuvieron a bien suscribir un convenio que no han cumplido, atentando contra el interés general y vulnerando la ley en numerosos puntos.
La permuta no se ha perfeccionado y se han cometido numerosas y gravísimas irregularidades e ilegalidades visibles, por parte de ambas entidades, que afectan muy negativamente al bienestar general de los valencianos.
Cercle Obert de Benicalap quiere recordar a las autoridades locales y a la directiva del Valencia, que tampoco se ha construido el polideportivo público prometido en reiteradas ocasiones por la corporación local y la entidad deportiva privada, denominada Valencia club de fútbol.
La construcción del estadio “Nuevo Mestalla” se encuentra desde hace más de un año parado, gracias a los graves problemas económicos que padece el club de fútbol, Valencia SAD, fruto de su mala gestión.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 2000, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia nunca se ha llevado a efecto, a pesar de ser aprobado por unanimidad por la corporación local, Plan que estimamos fundamental para potenciar y favorecer el deporte como un factor de integración y salud entre los ciudadanos.
El fútbol es un deporte importante, pero también lo es velar por los intereses generales y por la transparencia en la gestión pública, aspectos que son descuidados de forma visible por la administración local, tal y como estamos comprobando en el tema del convenio que suscribieron hace tiempo el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Ante la gravedad del tema y ante los incumplimientos efectuados por ambas entidades, Cercle Obert de Benicalap
SOLICITA:
La intervención urgente de la Fiscalía Anticorrupción y el inicio de las investigaciones pertinentes.
Queremos resaltar que, los terrenos donde hoy se construye el estadio denominado “Nuevo Mestalla”, en vista de las declaraciones efectuadas por el concejal Grau, son de titularidad municipal, al haberse incumplido el convenio.
Por tanto, la corporación local tenía el deber y la obligación de denunciar a la empresa privada, Valencia club de fútbol, exigiéndole y reclamándole la entrega de los terrenos y los millones de euros que adeuda a la ciudad de Valencia, más los intereses producidos por el retraso. Nuestra asociación tampoco puede olvidar que el equipo deportivo privado debe construir un polideportivo público a los vecinos de la zona, en compensación por unas recalificaciones innecesarias y que atentan contra el bienestar general, la convivencia y el futuro de los valencianos.
Como el Ayuntamiento de Valencia no quiere defender los intereses de los ciudadanos, dado que ha ignorado nuestras peticiones, denuncias e iniciativas, la entidad Cercle Obert de Benicalap, solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que incoe diligencias de instrucción penal y proceda a investigar la no perfección de la permuta y los reiterados y visibles incumplimientos del convenio suscrito entre el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Valencia, a 24 de marzo de 2010
CERCLE OBERT DE BENICALAP
* Kaos en la Red - 24.03.10
Foto: EL NUEVO MESTALLA, UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS COMETIDAS CONTRA LOS CIUDADANOS - kaosenlared.net
La Lei do Solo y la trampa
XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : El tiempo deja a cada uno en su sitio, y al año justo de gestión de la actual Xunta los hechos desmienten a los que sostenían que este Gobierno no hacía nada (entre ellos yo). Pero el equipo de Feijóo, al igual que quebró las cadenas de la imposición lingüística y devolvió la paz del consenso a las aulas otrora enfrentadas, ahora -pero más calladamente y ni siquiera con la excusa de tener que cumplir una promesa electoral- avanza a marchas forzadas en la restitución del urbanismo de toda la vida: el caos. La construcción ad lib con sus aspectos creativos (aunque incómodos para todos) y enriquecedores (muy enriquecedores, aunque no para todos).
Sobre las consecuencias del caos no hará falta que me extienda, porque están a la vista (Advertía George Sand, hace casi dos siglos, que los médicos pueden enterrar sus equivocaciones, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a su cliente plantar hierba. Un urbanista, ni eso). El big bang, el caos anárquico y desorganizado, surgió en el desarrollismo, propiciado por la necesidad de tener una vivienda y/o deshacerse de la vieja, y amparado por el incumplimiento general de la normativa. Después, en los viejos buenos tiempos del fraguismo, le sucedió el caos orientado según las normas: en los años 90 se centralizó la gestión en la Administración autonómica (para dejar claro quién mandaba), y a la vez se descentralizaba hacia las administraciones locales (para que pudiesen hacer favores). La normativa urbanística era la más cumplida del mundo, o al menos a los tribunales no llegaban casos, con lo que o no funcionaban las leyes o funcionaban las trampas. La Ley Cuiña de 2002 fue un intento de frenar el libertinaje constructivo, y el Gobierno de PSdeG-BNG pretendió delimitar algo más tanta erección creativa y enriquecedora.
Ahora, la nueva Lei do Solo alarma formalmente por permitir la construcción en zonas rurales y protegidas, pero el fondo es peor. No sólo "suaviza" la, al parecer, ruda y áspera normativa bipartita, sino que desmonta los organismos de control de su cumplimiento y permite fijar las excepciones a los ayuntamientos. La elaboración de la nueva normativa ha estado pastoreada por el responsable de urbanismo en aquella década prodigiosa (1990-1997) que, en otra demostración de la creativa y enriquecedora permeabilidad de lo público y lo privado, después se dedicó a defender en los tribunales a los infractores de aquellas leyes que habría tenido que hacer cumplir. En la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no sólo se deshacen del director, un técnico tan radical que había sido subdirector general con Feijóo de conselleiro, sino que se prevé una drástica reducción del cuerpo de inspectores. Casi todo -o al menos la Lei- con la sorprendente anuencia del PSdeG, confirmando la vuelta a los buenos viejos tiempos en los que en el partido mandaban los alcaldes (pero ahora ni siquiera los de las ciudades, sino los de los pueblos dormitorio).
Desmantelar la APLU no obedece al viejo buen principio liberal de "menos Estado", sino al más viejo pero menos bueno de no pisarse la cola entre leones. La Axencia Urbanística fue el organismo público que puso en conocimiento de la fiscalía barbaridades como las de Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes en el que se otorgaron licencias para construir otras tantas viviendas (más). Obnubilados por lo creativo y enriquecedor de esa cementorrea, las autoridades locales no se pararon a ver si donde dejaban construir era rústico o urbano, terreno firme consolidado o marisma edificable, y tampoco se acordaron de hacer o pedir a los constructores equipamientos como calles, agua, alcantarillado y otros detalles menos esenciales que los videoporteros, pero obligatorios desde el punto de vista legal. El alcalde ha argumentado que lo hizo por "el bien del ayuntamiento" y que "sus vecinos lo apoyan". Evidentemente, nadie hace nada en detrimento consciente de la institución que preside, y tampoco los cargos que dependen de los electores suelen dedicarse a enervarlos, pero esos argumentos servirían también para justificar desde el linchamiento a la exención de multas.
No hagamos leña del bosque erigido. Barreiros no es un caso único. En Muxía lo intentaron la pasada legislatura, sobre tierras propiedad de algunos concejales y con el compromiso por escrito del gobierno local de rebajar la línea de protección de la costa. Las trabas legales a estas operaciones de enriquecimiento creativo son las que intenta despejar esa callada labor de gobierno. Y mientras tanto, se retiran los recursos contra las infracciones. Una vez, un popular alcalde que ya no lo es (alcalde), en una de las sabrosas conversaciones que manteníamos a modo de tregua, se empeñó en convencerme de las virtudes del "municipalismo". Los ayuntamientos han hecho muchas cosas buenas y satisfecho demandas ciudadanas que tendrían que haber atendido otros, pero no soy "municipalista" por las mismas razones que adujo James Joyce para negarse a la petición de un fan, que solicitaba besar la mano que había escrito Ulises: "No, ha hecho muchas otras cosas".
* ELPAIS.com - Opinión - 25.03.10
