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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 ha llamado a declarar como imputado también al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, por el caso de las presuntas comisiones derivadas del proyecto Eivissa Centre. Marí Ribas, que fue gerente de la empresa mixta Itusa y acusado por el ex secretario general de los socialistas pitiusos Roque López en su querella, ha sido citado para el próximo 22 de octubre a petición del abogado de López.
En el mismo auto, el magistrado también señala la declaración del presidente de Brues, Antonio Pinal, para el 29 del mismo mes.
No son estos los únicos avances del caso, ya que, según el extracto del auto que el abogado del ex secretario general de los socialistas facilitó a los medios, el magistrado informa de que ya se ha recibido el informe pericial sobre las grabaciones que hizo Roque López y que ha realizado la Unidad Central de Criminalística de la Policía Científica. Según este análisis de la sección de acústica forense, se deduce que en los registros «no se observan signos o indicios de alteración y que las grabaciones tomadas son compatibles con el MP3» de López. Asimismo no se observan manipulaciones en el CD-1, por lo que «no parece pensable» que la pericial pendiente (las supuestas alteraciones del ordenador) arrojen otro resultado.
Según el magistrado, la querella por falsedad en las grabaciones quedaría «desvirtuada» por lo que no procedería «imputar» a López por este motivo. Eso sí, todavía queda pendiente la prueba del ordenador, con lo que se esperará para tomar una resolución en este sentido.
En lo que respecta a la declaración como imputado de Pinal, que en principio quería responder a las preguntas del juez vía videoconferencia, el magistrado considera que deberá comparecer en la isla. En este caso se basa en que las acusaciones de Roque López adquieren «visos de importancia» tras el resultado de la pericial. Por ello considera que la presencia personal del empresario es más conveniente, además que recuerda que Brues tiene sede en Eivissa, por lo que se supone que viajará hasta aquí con frecuencia. En principio, los señalamientos de Pinal y de Marí Ribas son los únicos que prevé el juez y, en función de su resultado, se harán nuevas declaraciones.
Según explicó ayer el abogado de Roque López, Luis Romero, su cliente está «satisfecho», porque se está demostrando «que no es un montajista». Romero considera que «el Juzgado le da la razón respecto a la corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales». El letrado también quiso dejar claro que López «no está imputado». También consideran victorias el hecho de que se hayan estimado sus peticiones y que se rebajara la fianza de personación como acusación popular desde 21.000 a 1.500 euros.
«También hay que destacar que hay importantes cargos políticos y públicos del PSOE en Eivissa que han manifestado públicamente estar en contra de cómo reaccionó el PSOE a nivel nacional, autonómico, insular y local, en relación con la denuncia de Roque López de cobros de comisiones en el proyecto Eivissa Centre. Así por ejemplo, Sandra Mayans, quien ha manifestado hace poco tiempo que se debería haber oído a Roque López antes de iniciar el expediente disciplinario contra él», dice Romero.
El letrado también insistió en que el expediente abierto por el PSOE a su cliente está lleno de irregularidades.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 28 de septiembre de 2007
Foto: Sant Josep de Sa Talaia /San José (Ibiza), Cala Vedella - mma.es
El juez imputa también al alcalde de Sant Josep por las presuntas comisiones
Presentación de las jornadas Algunas Claves de la Corrupción Urbanística en España
CRÓNICASDELANZAROTE* : El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, indicó este miércoles, durante la presentación del curso Algunas Claves de la Corrupción Urbanística en España, que “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”, tal y como advertía un informe de la ONU publicado en 2006. Gómez lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener el urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.
El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y director de estas jornadas, Fernando Jiménez, empezó el curso con fuerza al afirmar que “cada español lleva dentro a un concejal de Urbanismo”. Jiménez arrancó su ponencia contando una anécdota que refleja a la perfección la situación que se da en muchos ayuntamientos de España. En ésta, un concejal de Urbanismo de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario, que necesita su voto para aprobar una operación urbanística, preguntaba “¿Qué recibiría yo?”. El promotor le contestaba: “Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.
El escenario de la corrupción exige, según Jiménez, tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. Y en España ,tal y como apuntó, se dan las tres.
La primera jornada del curso se completó con una mesa redonda, abierta al público, en la que intervinieron la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, Ana Linares, y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Éste afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.
Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia. Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los ayuntamientos. “El Derecho Administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.
La Administración no funciona
“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. “Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona”, dijo.
Linares, muy crítica con los ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”, concluyó.
* Crónicas de Lanzarote - 27 de septiembre de 2007
Foto: Anabel Navarro - cronicasdelanzarote.es
Nuevas denuncias en Vigo por presuntos sobreprecios en Navia
ELCORREOGALLEGO* : La empresa de construcción pontevedresa ConstruCuatro, participada en un 33 por ciento por el dirigente del PP de Pontevedra Telmo Martín, y el intermediario J.T., están en el ojo de la investigación policial y judicial en fase sumarial dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de Vigo, por las denuncias presentadas en 2006 por dos compradores de viviendas de promoción pública en San Paio de Navia ante el presunto cobro de sobreprecios de hasta 30.000 euros.
En la documentación aportada a la jueza figuran grabaciones realizadas por la Policía, con la correspondiente orden judicial, donde se constataría cómo en la sede en Pontevedra de la constructora se consumó el pago del dinero que no figuró en las escrituras por ser viviendas de precio tasado. En este mismo acto se habrían dado instrucciones a los compradores de no comentar la situación.
A las dos denuncias presentadas en diciembre de 2006, con el objetivo de sus promotores de dejar al descubierto la presunta trama orquestada entre la constructora y el intermediario, para percibir sobreprecios de entre 19.000 y 30.000 euros, que se sumaban a los 104.000 del más barato y 146.000 del de mayor precio, se adherirán el próximo mes de octubre ocho nuevas demandas de compradores afectados, según confirmó ayer a esta redacción el abogado de Vigo que dirige desde el pasado mes de agosto la acusación particular.
El empresario y portavoz del PP en Pontevedra, Telmo Martín, rehusó realizar declaraciones sobre la denuncia.
La Consellería de Vivenda explica que con estas nuevas denuncias por los presuntos sobreprecios en pisos de protección autonómica de San Paio de Navia seguirá el mismo procedimiento que con las de VigoLar. Éste dio lugar a un expediente administrativo que concluyó con una multa de 3.600.000 euros y con la exigencia de devolver a los 49 denunciantes las cantidades cobradas fuera de las escrituras. En el caso de esta promotora, quedó inhabilitada hasta 2013 para construir viviendas de promoción pública.
* El Correo Gallego - VIGO - 25 Sep 2007
Foto: Vigo, Navia - wikimedia.org
Vecinos y ecologistas denuncian que el circuito de fórmula 1 se "camufla" como una calle
ELPAÍS/Valencia* : El proyecto del circuito de fórmula 1 de Valencia avanza con rapidez. La Generalitat ya ha adjudicado los dos tramos en que se divide la obra. Así lo anunció ayer en las Cortes el consejero Mario Flores, mientras a las puertas de la sede de Infraestructuras se reunían miembros de Compromís pel Territori, Ecologistas en Acción, Greenpeace y vecinos de El Cabanyal para protestar por la falta de respuesta a su petición de información sobre el proyecto. La consejería no ha contestado a la carta que estos colectivos remitieron el 1 de agosto para conocer el circuito, cuyas obras está previsto comiencen el 1 de octubre.
Las entidades vecinales y ecologistas entregaron ayer otra misiva en la que piden personarse en el expediente y hablar con los responsables del proyecto. La consejería prometió respuesta esta semana.
La tramitación de la pista de carreras "se está llevando a cabo en el más absoluto oscurantismo, vulnerando la legalidad y burlando a la opinión pública", denunció Vicent Torres en nombre de Compromís. Los colectivos consideraron que se trata "de una tramitación fraudulenta". Así, los tramos se han adjudicado como un proyecto ordinario de avenidas anchas, y no como un circuito de fórmula uno, por lo que se ha obviado una evaluación ambiental estratégica exigible a un plan de esta envergadura, sostienen. "Se quiere camuflar como una unión entre calles", criticó Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción. Los impactos urbanos del circuito son evidentes, incidió Arribas, ya que "no se trata sólo del ruido, sino de la ocupación de una parte del jardín del Turia", y de depósitos de carburantes. Los vecinos de Natzaret, que apoyaron el escrito entregado, se han dirigido al presidente Francisco Camps para exigir medidas contra el ruido e información, ya que el circuito se aprobó "sin consultar" a los barrios implicados. En la misma línea, Vicent Gallart, de la asociación de El Cabanyal, resaltó que estos proyectos se consultan a empresarios, pero "no a los vecinos directamente afectados".
Flores aseguró que se prepara un plan de ruidos para evitar "en lo posible" las molestias y se declaró "sorprendido" por la protesta porque la consejería ha recibido a los vecinos. La consejería ha adjudicado por un total de 41,2 millones de euros los tramos de prolongación de la avenida de Francia y de la calzada en la dársena interior del puerto a las UTE de Fomento de Construcciones y Contratas, Pavasal y Becsa, por un lado, y por Obrascón Huarte Lain, Ecisa y Construcciones Luján, por otro.
* ELPAIS.com - Valencia - 27/09/2007
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Canela Fina. Crisis en la corrupción
CARMEN MERINO* : Nada más desalentador que escuchar a los responsables de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera en la lucha contra la corrupción en el mundo, que será la crisis del sector turístico y de la construcción el remedio para rebajar los índices de prácticas corruptas en España, ligados íntimamente al urbanismo, a la acción municipal y a la financiación de los partidos políticos. Dicho de otra manera: si las cosas siguen así en la economía, aquellos que nos iluminan el camino y satisfacen nuestras necesidades, nuestros próceres políticos en suma, tendrán que buscarse otra manera de ponerse fielmente a nuestro servicio que no pase por facturar ilegalmente una parte de las obras públicas para su propio beneficio partidario.
¿Muy duro? Después de oír a Maragall en el Parlament de Catalunya y de observar cómo se resolvió la crisis del 3% entre los partidos catalanes no creo que nadie se pueda asustar de la claridad de ideas, por fuertes que estas suenen o golpeen el papel. Ni siquiera hace falta irse a la otra punta de España para cerciorarse de que estamos suficientemente curados de espanto como para no disfrazar las cosas: por aquí se está hablando ya de pisos francos donde se oculta documentación relacionada con presuntos casos de corrupción como en otros lugares se persigue esta clase de escondite para desmantelar la intendencia de las actividades terroristas. Espeluznante en uno y otro caso.
Pero lo más paradójico es el papel que juega en el precio de la vivienda la práctica del maletín, maletín cuyo contenido, no lo duden, los constructores revierten en el precio de la vivienda que más tarde adquiriremos nosotros o cualquier otro panoli. España es el país de la OCDE donde más ha subido el precio de la vivienda en los últimos años y es precisamente la corrupción la que dispara su precio.
Así que, los que son en su medida culpables de la carestía de ese derecho fundamental que es la vivienda, son los mismos que intentan embaucarnos después para perpetuarse en el poder con ayudas a la adquisición de inmuebles que, al fin y a la postre, alimentan por igual a los constructores y a los propios partidos que darán en su momento el correspondiente bocado.
De locos. Y lo peor es que es mentira que la corrupción sea un hecho aislado producto de la debilidad o la ambición propia de la condición humana. Si hemos de hacer caso, que no veo por qué no, al informe que para la sección de España firma el profesor Manuel Villoria, de la Universidad Juan Carlos I de Madrid «el problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada».
¿Qué hace Zapatero, el del nuevo y más honrado país, mirando distraídamente hacia otro lado?
* Canarias 7 - Opinión - Las Palmas de Gran Canaria 27/09/2007
